El Centro de Estudios Jurídicos, organismo autónomo vinculado al Ministerio de Justicia, celebra durante los próximos días 16 y 17 de junio un curso sobre la “Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, dirigido a fiscales, y abierto a secretarios judiciales y abogados del Estado.

A través de diversas ponencias, impartidas por magistrados, fiscales y sociólogos, se abordarán temas tales como la incidencia de la Carta en las funciones del fiscal, la visión internacional de los derechos del ciudadano, o la traslación de la Carta al ordenamiento jurídico.

En definitiva, se trata de profundizar en esta novedosa materia, que no se queda en una mera declaración de principios sino que ya está teniendo reflejo en el ordenamiento jurídico (por ejemplo en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y otras normas procesales), y generando derechos concretos para el ciudadano.

Asimismo, a través de dos ponencias impartidas por sociólogos se abordará la visión que tiene el ciudadano de la Justicia, su valoración y apreciación de la misma.

Por último, cabe destacar que durante el curso se contrastará el contenido de la Carta de los Derechos del Ciudadano con los Derechos Fundamentales recogidos por la Constitución.

Aprobada por unanimidad

La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada el 16 de abril de 2002 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios del Pleno del Congreso de los Diputados. Este documento, que fue presentado a través de una proposición no de ley, cuenta con 41 puntos y recoge las aportaciones de todas las instituciones y entidades del ámbito de la Justicia.

El texto de la proposición señala que el Ministerio de Justicia, las CC.AA con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los colegios profesionales “adoptarán las disposiciones oportunas y proveerán los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos reconocidos en esta Carta”.

El objetivo que se persigue es que el ciudadano sepa en todo momento en qué situación se encuentra su proceso judicial y que las notificaciones y sentencias sean comprensibles y entendibles, redactadas con un lenguaje claro y sencillo en cualquiera de las lenguas oficiales.

Además, los ciudadanos podrán exigir a los abogados un presupuesto previo para conocer cuánto le va a costar el proceso, así como tener acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado.

El Centro de Estudios Jurídicos está incorporándola de forma progresiva a todos los planes de formación de los Cuerpos de la Administración de Justicia.