El Consejo de Ministros ha recibido de la Ministra de Igualdad el Informe de tres años de evaluación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. El texto pone de manifiesto las medidas desarrolladas y el trabajo desplegado a los largo de este periodo. De él se desprende que la Ley está cumpliendo con los objetivos para los que fue promulgada, ya que hay más denuncias, más mujeres logran salir de la espiral de la violencia, hay más protección, más asistencia social y más conciencia ciudadana. No obstante, los datos del informe también arrojan la necesidad de seguir trabajando e impulsando más medidas.
Desde su entrada en vigor, el Gobierno de España ha invertido casi 800 millones de euros en la lucha contra la violencia de género. Se han puesto en marcha instituciones específicas de tutela institucional, juzgados exclusivos, fiscalías especiales, cuerpos especializados de seguridad, profesionales especializados en violencia en la atención sanitaria y los servicios forenses, y recursos asistenciales y económicos derivados del reconocimiento de nuevos derechos para ayudar a las mujeres a salir de la situación de violencia.
Medidas en 63 Consejos de Ministros
Asimismo, hay que destacar la intensa labor desarrollada para garantizar la aplicación de la Ley Integral, que se refleja, por ejemplo, en los 63 Consejos de Ministros en los que se han adoptado medidas de implementación de esta Ley. Se han celebrado más de veinte Conferencias y reuniones Sectoriales con las Comunidades Autónomas, en las que se ha abordado este asunto de manera monográfica.
Aunque tres años es un tiempo demasiado corto para hacer una valoración del impacto de la Ley debido a la complejidad del problema al que pretende hacer frente, la base cultural y estructural que sustenta este tipo de violencia, y del Informe se desprende igualmente que queda mucho por hacer, pero también que la Ley es el mejor instrumento para seguir avanzando. La ley por si sola no acabará con la violencia de género. Es imposible que en tan poco tiempo se erradique un problema social tan complejo y tan profundo como la propia estructura de la desigualdad histórica entre hombres y mujeres.
La confianza en la Ley está avalada por los datos que arroja este primer informe. Éste se estructura en tres partes: en la primera se recogen las acciones llevadas a cabo desde el ámbito de la prevención y la sensibilización; en la segunda parte se señalan los recursos y actuaciones puestas en marcha en el ámbito de la protección y los derechos de asistencia social de las víctimas, y, la tercera y última parte nos ofrece la información y los datos disponibles respecto a la evolución de la violencia de género en España.
Prevención
Con respecto a la prevención, se han puesto en marcha medidas de sensibilización y concienciación, a través de campañas, acuerdos con medios de comunicación, medidas educativas, de formación en el ámbito universitario, en el sanitario, de profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etcétera.
Estas medidas han dado lugar a múltiples consecuencias, algunas de las más destacadas son las siguientes:
- Mayor grado de sensibilidad social ante la violencia de género: antes de 2004 la sensibilidad media según el Barómetro del CIS era de 2’6 por 100, y a partir del 2004 es del 3’1 por 100, aunque la única variación significativa se produjo en el año 2004, año de intenso debate por la tramitación de la Ley, que llegó a un 6,7 por 100. La Ley ha introducido una inquietud en muchas conciencias, pero no se ha conseguido un posicionamiento firme y mantenido. Por ello es imprescindible continuar trabajando en conseguir una mayor conciencia social, de ahí la campaña que el pasado martes puso en marcha el Ministerio de Igualdad, con el lema ‘Contra el maltratador, tolerancia cero’.
- Mayor número de mujeres que logran salir de la violencia: En 1999 el porcentaje de mujeres que lograron superar la violencia de género fue del 2,9 por 100 y en 2006 fue de 4’2 por 100.
- Mayor porcentaje de denuncias. Existe una clara tendencia al aumento, desde 2002 a 2006 ha sido del 72.1 por 100.
En cuanto a la protección de las víctimas se pueden destacar los siguientes apartados:
1. Un incremento de las órdenes de protección hasta alcanzar el 89’6 por 100 de todas las mujeres que las han solicitado, desde el 29 de junio de 2005 hasta el 31 de mayo de 2008. En el momento actual son 94.133 las mujeres que tienen algún tipo de medida dirigida a garantizar su seguridad.
2. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han incrementado de manera significativa el número de efectivos especializados, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía, que desde diciembre de 2004 a diciembre de 2008 (según lo previsto) verá aumentado sus efectivos un 163,1 por 100, como en la Guardia Civil, que en el mismo periodo tendrá un incremento del 126,6 por 100; en diciembre de 2007 el aumento de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía era de 122,1 por 100 y los de la Guardia Civil del 121,6 por 100).
Con el aumento previsto hasta finales de 2008 el total de policías y guardias civiles especializados será de 1848, lo cuales realizarán sus funciones junto con el resto de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
3. Esfuerzo continuado por incrementar el número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer que asciende a 458, de los cuales 366 tienen carácter compatible y 92, que serán los que haya cuando acabe el año, tienen carácter exclusivo. Hay que recordar que la Ley sólo preveía la creación de 17 jugados exclusivos.
En cuanto al número de sentencias, la cifra fue de 89.545, de las que 64.346 (el 71,9 por 100) fueron sentencias condenatorias. En lo que respecta a las penas, se han establecido más de trescientas mil penas contra los agresores, entre las que se encuentran 53.282 condenas a prisión. En la fase de instrucción de los casos se han adoptado más de 240.000 medidas, incluyendo más de 4.000 prisiones provisionales. La pena de prisión sigue una evolución ascendente en términos absolutos.
Derechos y asistencia social
En cuanto a los Derechos y la asistencia social de las víctimas podemos destacar el claro incremento en los recursos:
- Contratos bonificados para víctimas de violencia: Hasta mayo de 2008 se han registrado un total de 1.770 contratos.
- Contratos de sustitución: Hasta mayo de 2008 se han registrado un total de 220.
- Renta activa de inserción: En 2006 la obtuvieron 11.235 mujeres, en 2007 13.691 y en el año 2008 hasta mayo 1.1767.
- Movilidad en la función pública: 43 funcionarias de la Administración General del Estado han solicitado en este tiempo movilidad por razón de violencia de género.
Con relación al número de homicidios, si bien en los dos últimos años se ha producido un aumento, la comparación del periodo anterior a la Ley con el posterior refleja que en conjunto se ha producido una disminución global del 8’7 por 100.
Si se tiene en cuenta el aumento de población, comparando la media de la tasa de víctimas mortales por millón de mujeres mayores de quince años antes de la ley que es de 3,8 por 100, con la posterior que es de 3,4 por 100, también se observa que el número de mujeres asesinadas en relación con la población también es menor tras la Ley Integral, con un descenso del 10,5 por 100.
El porcentaje de casos de homicidio en los que existía una Orden de Protección en vigor muestra también una tendencia decreciente, así como los casos producidos en los había solicitada una Orden de Protección o había interpuesta una denuncia.
La Ley Integral contra la Violencia de Género está cumpliendo con los objetivos para los que fue promulgada, aunque hay que mantener una posición crítica ya que muchos de los recursos contemplados están siendo demandados por encima de sus posibilidades, lo cual exige una valoración constante que contemple las circunstancias actuales y las previsiones futuras. Es necesaria una mayor coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales e impulsar una mayor implicación de todas las Administraciones.
Por todo ello, la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará en septiembre, tiene que suponer un nuevo paso conjunto en la lucha contra esta lacra social, desde el análisis crítico y siendo conscientes que es necesario compartir esfuerzos y recursos y sentar las bases de un Pacto de Estado para luchar contra la manifestación más brutal de la desigualdad que es la violencia de género.
