Según informó ayer el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en su comparecencia ante el Congreso, desde enero han ingresado en los juzgados españoles 4.424.561 asuntos y se han resuelto 4.569.211, mientras que 2.539.665 se encuentran en trámite y se han dictado 846.823 sentencias.
Del total de los ingresados, 3.125.276 se refieren a la jurisicción penal , ha destacado Lemes, y este este ámbito se han dictado ya 379.897 sentencias desde el pasado mes de enero. En la jurisdicción Civil durante el mismo periodo se ingresaron 953.463 asuntos, 106.398 en Contencioso y 229.259 en Social.
Teniendo en cuenta estos datos, el presidente del CGPJ ha destacado que actualmente la tasa de litigiosidad que es del 94,7, es decir, apenas ha sufrido variación. No obstante, la tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 por ciento, lo que según Lesmes supone una "ligera mejoría" de la situación, ya que se ha resuelto un mayor número de asuntos de los que ingresan y se han mejorado "con carácter general, los tiempos de respuesta".
Necesidad de una nueva planta judicial
Dentro de este último ámbito propone que se contribuya a una mejor organización de la Administración de justicia mediante la creación de nuevas plazas y un profundo cambio en el modelo de organización "sin que ello signifique necesariamente una ruptura radical respecto la legislación precedente y actualmente en vigor".
Ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha sido modificada cuarenta veces en treinta años, "los que sinduda la ha hecho perder la eficacia necesaria": Se precisa, a su juicio, una redefinición de la carrera profesional de los jueces, implantar la oficina judicial e insistir en la implantación de las nuevas tecnologías.
También ha propuesto Lesmes a los diputados que es necesaria una nueva planta porque la creación de nuevas plazas no ha significado una reducción de la pendencia.
Ve necesario, igualmente, potenciar la eficacia de la justicia penal, pues la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal "ha devenido en texto complejo, desarticulado e irreconocible", tras 70 modificaciones en tres siglos distintos.
Así, apuesta porque se redefina el papel del juez mediante una "nueva configuración de la actual tarea instructora que fortalezca el derecho de defensa" mediante la regulación de los cometidos de la Fiscalía , la dependencia funcional de la Policía Judicial y la reforma de la acción popular. La fase de instrucción es percibida por la ciudadanía como "interminable", lo que obliga a regular esta fase y dotarla de más medios. (EUROPA PRESS)
