El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentará alegaciones al Ministerio de Justicia al anteproyecto de reforma de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre las cuales alertará de que privar al detenido incomunicado de entrevistarse con su abogado "merma su derecho de defensa" y sienta una excepción que puede dar lugar a aplicarla indebidamente.

El miembro de la Comisión de Estudios del Consejo de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados, Julio Gabino, ha explicado a Europa Press que es uno de los artículos que los letrados cuestionarán de la reforma del Gobierno, para evitar que haya "discrecionalidad" en la limitación de un derecho fundamental.

El anteproyecto del ministro de Justicia, Rafael Catalá, modifica el artículo 527 de la LECrim para establecer la posibilidad de que el detenido o preso que se halle incomunicado pueda ser privado de su derecho a entrevistarse reservadamente con un abogado o a acceder a las actuaciones, incluido el atestado policial, lo que también se impide al letrado "atendiendo a las circunstancias específicas del caso".

Es necesario clarificar la regulación

Para la Abogacía, es necesario "clarificar" esta regulación, que solo podría estar contemplada en "un caso muy grave", como si el abogado del detenido estuviera siendo objeto de la investigación en ese mismo procedimiento.

"Fuera de eso, la situación de incomunicación ya lleva consigo una merma de derechos, a la que ahora se añadiría una más", ha indicado el experto, para advertir de que esta idea "crea una excepción, que puede ser llegar a ser mal intepretada o mal aplicada".

En cuanto a las limitaciones de acceder al atestado policial, el Consejo de la Abogacía pedirá también la "clarificación" de este asunto con el fin de "evitar arbitrariedades". Respecto a los plazos en la instrucción, Gabino ha apostado por la oficina judicial, el aumento de medios y el número de jueces y fiscales.

Carnicer critica el anteproyecto por ser una "operación de maquillaje"

Por su parte, el presidente de Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha criticado el mismo anteproyecto, del que ha dicho que es "una operación de maquillaje" que crea "problemas".

En particular, Carnicer ha calificado de "barbaridad" el apartado del anteproyecto de ley en la que no se requiere presencia de abogado para la identificación del ADN o para el manejo de materiales biológicos, y "más teniendo en cuenta" que el Tribunal Supremo se manifestó en contra.

 El presidente de la Abogacía, junto con el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, ha afirmado que es necesaria una reforma de la Justicia en la que la instrucción de una causa la haga el Ministerio Fiscal.

Juanes ha sido especialmente crítico con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero también con los anteriores, por no haber abordado esta reforma ya que, según ha defendido, el modelo actual está "agotado" y la reforma es "inaplazable".

En este sentido, el magistrado del Supremo ha defendido que se debe hacer "una reforma inaplazable" para abordar con "profundidad" proceso penal porque la rapidez "no se soluciona sólo con el establecimiento de un plazo" y se debe definir el papel del fiscal. (EUROPA PRESS)