El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que el Gobierno no tiene «absolutamente ninguna intención» de privatizar el Registro Civil, al mismo tiempo que ha emplazado a los grupos de la oposición a presentar sus enmiendas al proyecto de ley de reforma del mismo, actualmente en el Congreso.
Catalá ha hecho estas afirmaciones durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y en respuesta a la socialista Rosa Aguilar, quien ha avisado de estas supuestas intenciones del Ejecutivo.
Aguilar ha lamentado que con esta reforma del Registro se van a perder empleos, además de ningunear a las comunidades autónomas, aparte de que la privatización de este servicio lo acabarán pagando los ciudadanos de su bolsillo. «Esta operación huele muy mal y a negocio para muy pocos y la falta de transparencia y opacidad son sus señas de identidad», ha sentenciado la portavoz del PSOE en el Congreso en materia de Justicia.
Catalá, por su parte, ha defendido que su intención es modernizar y garantizar el servicio del Registro Civil, agilizando su actividad con el trabajo de funcionarios públicos.
«Que el Registro lo lleven lo registradores civiles y mercantiles es que funcionarios lleven el servicio con calidad. El 50% de las quejas del Defensor del Pueblo en Justicia son sobre el mal funcionamiento del registro civil, ¿tiene sentido que un juez haga anotaciones sobre nacimientos?», ha preguntado el ministro.
Por ello, ha emplazado a los grupos parlamentarios a conocer sus propuestas al respecto, especialmente al PSOE, de quien ha dicho desconocer sus propuestas de cambio al respecto. «Nuestra propuesta está pactada con sindicatos para el mantenimiento empleo, con las comunidades autónomas, y para garantizar que entre todos el servicio va a funcionar con calidad», ha apostillado.
Los Sindicatos de Justicia acusan al ministro de mentir
Los sindicatos CSI-F y CCOO, con representación en el sector de la Justicia, han coincidido en criticar esta intervención del ministro de Justicia.
Por una parte, CSI-F, sindicato mayoritario en el ámbito de la Justicia, ha emitido un comunicado al respecto, en el que lamenta que Catalá haya afirmado que el Registro Civil es el servicio peor valorado por la ciudadanía.
"CSIF no va a tolerar que el Ministro de Justicia siga mintiendo y eche la culpa de su ineficacia a los excelentes profesionales que prestan sus servicios en el Registro civil razonablemente bien como se constata en un informe presentado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la calidad de los servicios públicos dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en mayo de 2013", aducen.
Por ello, el sindicato denuncia la "estrategia intencionada de estrangulamiento del servicio público del Registro civil para justificar su privatización. Un servicio público al que no se le ha dotado nunca de los medios materiales y personales suficientes porque nunca ha importado hasta que se ha descubierto el negocio".
Por ello, la central exige que se paralice de forma inmediata "la opaca privatización del Registro civil y se apueste por los funcionarios de la Administración de Justicia expertos y con potencial suficiente para afrontar la gestión del Registro civil moderno que todos deseamos".
Por su parte, CCOO ha señalado en una nota, que Catalá ha mentido al señalar en su respuesta que había llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre la plantilla tras la privatización.
Por el contrario, la central denuncia que Catalá "ni siquiera ha reunido a las organizaciones sindicales desde hace meses en que se incorporó al frente de la cartera de Justicia".
Añaden que el ministro también ha faltado a la verdad al afirmar que numerosas sentencias expresan que los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos, "cuando sabe perfectamente que las sentencias de la Unión Europea de 2009 dictaminan sin posibilidad de interpretación que dichos profesionales no son funcionarios públicos y que deben cobrar el IVA". (EUROPA PRESS)
