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16/03/2015 07:39:00 Redacción NJ 2 minutos

La Asociación de Abogados Urbanistas apoya la enmienda al Código Penal de paralizar el derribo de viviendas ilegales hasta ser indemnizados los propietarios de buena fe

Así lo indica María de los Reyes Rueda Serrano, Secretaria General y portavoz de la Asociación Española de Abogados Urbanistas, ante la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Senado y tras conocer el acuerdo al que se ha alcanzado entre los dos grupos políticos PP Y PSOE en la cámara.

La Enmienda recoge textualmente:

“En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, pudiendo el Juez, oída la Administración competente, condicionar temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquellas.”

Con esto se da un paso importante para las personas afectadas, compradores de buena fe, a las cuales no se les podrá demoler sus viviendas sin antes recibir la indemnización correspondiente o se les garantice al menos el cobro de la misma.

Y nos referimos a muchos ciudadanos, un número importante de extranjeros, muchos de ellos británicos, que compraron en Andalucía y en otros lugares de la costa española, creyendo comprar una vivienda dentro de la legalidad, y que posteriormente supieron que no era así al encontrarse en suelo no apto para la edificación residencial, incumpliendo las normas urbanísticas y por tanto la vivienda tenía que ser demolida.

María de los Reyes Rueda añade, la enmienda, da tranquilidad a muchos ciudadanos que viven diariamente angustiados temiendo quedarse sin sus casas y sin ser compensados por la pérdida de sus viviendas. Muchos de los perjudicados habían contactado con la Asociación para recibir asesoramiento y buscar una solución a su caso.

Por lo que la medida adoptada es muy positiva y cuenta con el respaldo y apoyo de la Asociación Española de Abogados Urbanistas. Y añade, los políticos deben ponerse de acuerdo para legislar y dar solución a los problemas de estas personas que compraron de buena fe, como así ha sucedido tras el acuerdo alcanzado en el Senado de los dos partidos PP y PSOE.

No debemos olvidar que nuestro país es receptor de turismo extranjero. Queremos turismo de calidad y que los ciudadanos de los países de nuestro entorno vengan e inviertan en España, por lo que no podemos permitirnos, ahora que el sector Inmobiliario se está recuperando, que esto vuelva a suceder.

Al menos con esta enmienda que se introduce en el Código Penal, se dejará en manos de los Jueces y Tribunales la potestad de condicionar dicha demolición a la previa garantía que asegure el cobro para los compradores perjudicados.

 

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