Sumario

T閚gase en cuenta que el n鷐ero 2 de la disposici髇 adicional segunda de la Ley [CATALU袮] 11/2009, 6 julio, de regulaci髇 administrativa de los espect醕ulos p鷅licos y las actividades recreativas (獶.O.G.C.� 13 julio) establece lo siguiente: 玈in perjuicio de las disposiciones establecidas por la presente ley, siguen en vigor, de forma 韓tegra, la Ley 22/1998 y la Ley del Estado 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el r間imen especial del municipio de Barcelona�.

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

Exposici髇 de motivos

I

Barcelona, capital de Catalu馻, ha sido siempre un s韒bolo de libertad y de progreso. Ciudad de convivencia, hecha en la pluralidad y en la diversidad, ha proyectado al mundo su capacidad de iniciativa, su vocaci髇 de modernidad y su compromiso solidario con la construcci髇 de un mundo en paz, basado en el respeto y la tolerancia. Barcelona, cuna de culturas, ha sido y quiere ser un ejemplo en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos.

A comienzos del siglo XXI, Barcelona quiere otorgarse, partiendo de la experiencia de muchos siglos de estatuto propio, de casi veinticinco a駉s de autogobierno democr醫ico y de acuerdo con el mandato del Parlamento de Catalu馻 y de las Leyes del Estado, una Carta Municipal que refuerce su autonom韆, al servicio de una gesti髇 administrativa eficaz y pr髕ima a las ciudadanas y ciudadanos, de una descentralizaci髇 m醩 amplia, de una potenciaci髇 de las competencias municipales en el marco de una positiva colaboraci髇 institucional, y de una mejora de la calidad de los servicios de la ciudad que se corresponda con las necesidades y ambiciones de todos los barceloneses y barcelonesas.

Una Carta que responda a los anhelos de la ciudadan韆 que, a trav閟 de su participaci髇 e implicaci髇 colectiva, ha hecho de Barcelona lo que es. La Carta profundiza los mecanismos de participaci髇 ciudadana, refuerza la pr醕tica democr醫ica y estimula la cooperaci髇 entre el Ayuntamiento y el movimiento asociativo y los agentes sociales, como factor de progreso y cohesi髇.

Barcelona es el n鷆leo central de un continuo urbano y de un territorio que se expresa en realidades municipales plurales y con valor propio, pero que, por su car醕ter metropolitano, requiere coordinaci髇, entendimiento y la aplicaci髇 de criterios comunes en 醡bitos diversos.

El Municipio de Barcelona dispone desde el a駉 1960 de un r間imen especial, aprobado por Decreto 1166/1960, por el que se regula el r間imen especial de Barcelona, en virtud del cual se introdujeron determinadas singularidades relativas a la organizaci髇, administraci髇 y hacienda municipal en dicho Municipio. Este r間imen especial fue complementado con el Decreto 3276/1974, de 28 de noviembre, de constituci髇 y desarrollo de la Entidad Metropolitana de Barcelona y sus disposiciones concordantes.

Posteriormente, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del R間imen Local, mantuvo vigente dicho r間imen especial salvo en lo que se oponga, contradiga o resulte incompatible con la misma, en virtud de lo dispuesto en su disposici髇 adicional sexta.

Pero m醩 all� de antecedentes hist髍icos, desde la d閏ada de los 80, el Ayuntamiento de Barcelona ha plasmado, en diversos documentos, su inquietud por disponer de una normativa que solucionara las deficiencias que los responsables municipales se encontraban a la hora de gestionar una ciudad de m醩 de un mill髇 y medio de habitantes, pero con un anillo metropolitano que engloba casi tres millones, y ofreciera soluciones adecuadas para la 髉tima gesti髇 de la ciudad. El hito m醩 relevante de este proceso lo constituy� la promulgaci髇 por el Parlamento de Catalu馻, tras su aprobaci髇 por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona por unanimidad en julio de 1997 de un 獳nteproyecto de Ley especial de Barcelona�, de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, norma auton髆ica donde se contempla un r間imen especial para dicha ciudad en lo que se refiere a diversos aspectos referidos en los t韙ulos de la misma, como son la organizaci髇 del Gobierno Municipal, los distritos, la potestad normativa municipal, la participaci髇 ciudadana y los derechos de los vecinos, la organizaci髇 municipal ejecutiva, y, esencialmente las competencias municipales (urbanismo, infraestructuras, vivienda, transportes, movilidad, telecomunicaciones, medio ambiente, salud p鷅lica, servicios sociales, juventud, cultura, deportes, educaci髇, seguridad ciudadana y protecci髇 civil, entre otras).

La legislaci髇 estatal posconstitucional se ha hecho eco de esta necesidad de que las dos ciudades m醩 pobladas de la geograf韆 espa駉la dispongan de una serie de especialidades, justificadas precisamente en las dificultades que la gesti髇 de los asuntos municipales comporta en las mismas.

As�, la disposici髇 transitoria cuarta de la reciente Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernizaci髇 del Gobierno Local, establece que 獷n tanto no se apruebe su r間imen especial, el T韙ulo X de esta Ley no ser� de aplicaci髇 al municipio de Barcelona�.

Por su parte, el art韈ulo 161 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que 獷l municipio de Barcelona tendr� un r間imen financiero especial, del que ser� supletorio lo dispuesto en esta ley�.

Las Cortes Generales, en diversas ocasiones, han destacado tambi閚 la importancia de aprobar el r間imen especial que en esta ley se instaura. En fecha 18 de marzo de 2003, el Congreso de los Diputados adopt� la proposici髇 no de ley sobre las grandes ciudades, las ciudades y sus 醨eas de influencia urbana, en la que se instaba al Gobierno de la Naci髇 para que, a trav閟 del di醠ogo con las Entidades Locales, las Comunidades Aut髇omas y buscando el m醩 amplio consenso con las fuerzas pol韙icas presentes en las Cortes Generales, diera cumplimiento a la moci髇 aprobada por el Senado en sesi髇 de 19 de febrero de 2002, por la que se insta al Gobierno, en el marco de las conversaciones existentes entre 閟te y la Comisi髇 Mixta Generalidad de Catalu馻-Ayuntamiento de Barcelona, y de los acuerdos que en 閟ta se adopten, a presentar, con la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona.

La relevancia de Barcelona en los 醡bitos econ髆ico, social y cultural, as� como su proyecci髇 europea e internacional, motiva la existencia de unas necesidades organizativas y competenciales que difieren, en algunos aspectos, de las existentes en otros municipios espa駉les. Si una de las cr韙icas m醩 reiteradas por la doctrina en relaci髇 con la regulaci髇 de las entidades locales, ha sido la relativa al uniformismo en su tratamiento, en metr髉olis como Barcelona es donde resulta m醩 acusada la necesidad de articular alguna medida que permita a los responsables municipales atender de manera efectiva las demandas ciudadanas. A la voluntad de dar respuesta a esta necesidad obedece la presente Ley, que constituye, junto a la Ley del Parlamento de Catalu馻 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona, la regulaci髇 del r間imen especial aplicable a esta ciudad.

II

La Ley consta de 77 art韈ulos, distribuidos en cuatro T韙ulos, cuatro disposiciones adicionales, una derogatoria y cuatro finales.

El T韙ulo I recoge las disposiciones generales, aclarando el r間imen jur韉ico que resulta de aplicaci髇 al municipio de Barcelona y consagrando la autonom韆 local que garantiza la Constituci髇. De esta forma, se hace eco del principio de subsidiariedad, construido en el Derecho comunitario y plasmado en el art韈ulo 4 de la Carta Europea de Autonom韆 Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, y ratificada por Espa馻 por Instrumento de 20 de enero de 1988.

Asimismo, este T韙ulo I regula una Comisi髇 de Colaboraci髇 interadministrativa, configurada como 髍gano de colaboraci髇 entre las Administraciones estatal, auton髆ica y municipal, que plasmar� sus acuerdos a trav閟 de los convenios que se suscriban en las materias de inter閟 com鷑.

El T韙ulo II recoge las especialidades competenciales del Ayuntamiento de Barcelona, en una serie de materias de directa incidencia en la convivencia ciudadana, tales como el Puerto de Barcelona, el litoral, las telecomunicaciones, la movilidad o la seguridad ciudadana.

La incidencia de la planificaci髇 y de la gesti髇 de las grandes infraestructuras del transporte y de comunicaciones en general en los intereses de la comunidad vecinal municipal se evidencia tanto desde el punto de vista de su calidad de vida como desde el de su promoci髇 econ髆ica. En este sentido, la participaci髇 municipal en dichos 醡bitos es una materializaci髇 del principio de autonom韆 local.

En cualquier caso, el car醕ter de competencia estatal no oculta la interrelaci髇 existente entre la planificaci髇 y la gesti髇 de las infraestructuras estatales y las competencias estrictamente municipales.

La participaci髇 municipal que se instaura en esta materia es compatible con las disposiciones normativas que contemplan la intervenci髇 municipal mediante informes previos a las diferentes resoluciones a adoptar. Adem醩 del an醠isis previo en el momento del informe, se considera conveniente contemplar la presencia de representantes municipales que puedan colaborar en la adopci髇 de decisiones p鷅licas y en la ponderaci髇 de la totalidad de intereses p鷅licos implicados. A esta finalidad responde la previsi髇 contenida en el art韈ulo 6.2, donde se permite incrementar la representaci髇 que corresponde al Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo de Administraci髇 de la Autoridad Portuaria del Puerto de Barcelona, dadas las especiales caracter韘ticas del mismo, donde coexisten, junto a su actividad portuaria principal, m鷏tiples actividades l鷇icas y de ocio.

Similares consideraciones procede realizar en relaci髇 con la previsi髇 de suscripci髇 de un Plan de Gesti髇 integrada del litoral, como f髍mula de colaboraci髇 entre el Estado -a trav閟 del Ministerio de Medio Ambiente-, la Generalidad de Catalu馻 y el Ayuntamiento de Barcelona para la gesti髇 de los bienes de dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre ubicados en el t閞mino municipal.

El cap韙ulo II de este T韙ulo introduce algunas medidas destinadas a facilitar la construcci髇 de viviendas sujetas a alg鷑 r間imen de protecci髇 p鷅lica, tratando de posibilitar la adquisici髇 por parte del Ayuntamiento de inmuebles radicados en el municipio, para que puedan dedicarse a la construcci髇 de esta tipolog韆 de viviendas.

Tal y como se ha se馻lado, la Ley se incardina en un proceso de atribuci髇 de una mayor participaci髇 de los entes locales en competencias que, a pesar de definirse y estructurarse como competencias exclusivas del Estado, tienen repercusiones importantes en el 醡bito local; entre ellas, las telecomunicaciones. Por esta raz髇, se dedica el cap韙ulo III a la regulaci髇 de esta materia, si bien siguiendo el esquema de la reciente Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

El cap韙ulo IV se dedica a introducir una especialidad en los procedimientos de declaraci髇 de bienes de inter閟 cultural sobre inmuebles radicados en Barcelona, estableciendo un informe preceptivo del Ayuntamiento.

El cap韙ulo V se destina a la regulaci髇 de un aspecto tan capital en las grandes ciudades como es la movilidad. En general, los distintos art韈ulos contenidos en este cap韙ulo V del T韙ulo II de la Ley vienen motivados por la necesidad de incrementar y reforzar la autoridad del Alcalde y de sus agentes en materia de tr醘ico, circulaci髇 y seguridad vial en las v韆s urbanas y traves韆s que discurren por el t閞mino municipal de Barcelona.

Tal reforzamiento de la autoridad se justifica por las caracter韘ticas concretas que presenta el tr醘ico en Barcelona, que a su vez causan problemas de movilidad importantes que son espec韋icos y distintos a los que se pueden encontrar en otros municipios espa駉les. Entre tales circunstancias es de especial importancia tener en cuenta los problemas provocados por los efectos de la centralidad de Barcelona, especialmente respecto a los municipios del 醨ea metropolitana, que, atendiendo a la gran densidad de poblaci髇 existente en dicha 醨ea, tiene como consecuencia directa la entrada y salida constante de una gran cantidad de veh韈ulos provenientes de otros municipios.

El fortalecimiento de la autoridad del Alcalde y de sus agentes constituye un paso importante para incrementar el nivel de eficacia en la realizaci髇 efectiva de las pol韙icas municipales en materia de movilidad. Basta tener en cuenta, en este sentido, que Barcelona es una ciudad en la que se imponen, anualmente, m醩 de un mill髇 seiscientas mil multas de tr醘ico, de las cuales apenas se llegan a poder hacer efectivas un bajo porcentaje de las mismas. Este reducido nivel de efectividad de las sanciones, que est� motivado por distintas causas espec韋icas, conlleva, como consecuencia inmediata, un declive de la autoridad del Alcalde y, consiguientemente, un aumento de la indisciplina vial y una dificultad adicional para alcanzar la eficacia deseable en la implantaci髇 de las medidas y acciones de movilidad emprendidas por el Ayuntamiento.

En definitiva, s髄o incrementando las facultades del Ayuntamiento, de su Alcalde y de sus agentes en materia de ordenaci髇, vigilancia y control del tr醘ico y las potestades correspondientes, podr� conseguirse un aumento del nivel de efectividad de las distintas pol韙icas municipales en materia de movilidad.

Finalmente, el cap韙ulo VI versa sobre otra materia de indudable incidencia e importancia en las metr髉olis: la seguridad ciudadana, constituyendo uno de los aspectos que m醩 preocupa a los ciudadanos de las grandes urbes, debido al incremento de las actividades delictivas en este 醡bito. El objetivo de la regulaci髇 en esta materia persigue, por un lado, incrementar la eficacia de las pol韙icas desarrolladas mediante un reforzamiento de las funciones de autoridad del Alcalde y, por otro, asegurar en esta materia la participaci髇 ciudadana y de todas aquellas instituciones con competencias en materia de seguridad ciudadana en la elaboraci髇 y dise駉 de las correspondientes estrategias.

El T韙ulo III consolida la existencia de la denominada 獼usticia de Proximidad�, un nuevo escal髇 judicial dirigido a resolver los conflictos derivados de la convivencia ciudadana, sin los inconvenientes de formalismo y lentitud que en ocasiones sufre la justicia ordinaria. No obstante, y dado que el art韈ulo 122 de la Constituci髇 reserva la regulaci髇 de esta materia a la Ley Org醤ica del Poder Judicial, se difiere la puesta en marcha de los Juzgados de Proximidad a la aprobaci髇 de la modificaci髇 de dicha Ley Org醤ica en este sentido.

Finalmente, el T韙ulo IV aborda la regulaci髇 del r間imen financiero especial del Ayuntamiento de Barcelona al que hace referencia el art韈ulo 161 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dicho r間imen especial recoge aquellas peculiaridades del Ayuntamiento de Barcelona que resultan necesarias por la elevada poblaci髇 del municipio, as� como por sus caracter韘ticas singulares. As�, se regulan una serie de particularidades en relaci髇 a los recursos tributarios, tales como el tratamiento de las bonificaciones, el procedimiento de autoliquidaci髇, el sistema de recursos o la plasmaci髇 del Consejo Tributario, 髍gano existente actualmente en la estructura org醤ica del Ayuntamiento, cuyo balance de funcionamiento ha sido muy positivo, por lo que se desea incluir su regulaci髇 en la Ley, aclarando de esta forma el r間imen jur韉ico de un organismo que interviene en la resoluci髇 de los recursos interpuestos por los ciudadanos en materia tributaria.

Por otra parte, se introducen ciertas especialidades en la regulaci髇 propia de cada uno de los tributos -impuestos, tasas y contribuciones especiales- con la finalidad de mejorar la gesti髇 y funcionamiento de los mismos.

El cap韙ulo III de este T韙ulo regula la participaci髇 del Ayuntamiento de Barcelona en los tributos del Estado, recogiendo fundamentalmente dos especialidades que singularizan al municipio de Barcelona en relaci髇 a otros de equivalentes caracter韘ticas:

La financiaci髇 de instituciones con amplia proyecci髇 y relevancia del municipio de Barcelona.

La existencia 玠e facto� del 醨ea metropolitana de Barcelona. No obstante, la eventual financiaci髇 de la misma se difiere a la necesidad de que la propia Comunidad Aut髇oma, en uso de sus competencias en materia de creaci髇 de las entidades locales no necesarias, proceda a su creaci髇.

El cap韙ulo IV recoge algunas particularidades en materia de planificaci髇 econ髆ica, presupuesto y gasto p鷅lico.

La disposici髇 adicional primera pretende conseguir el objetivo, se馻lado por la Uni髇 Europea, de que las personas con discapacidad puedan estacionar en las zonas reservadas al efecto, con independencia del lugar de procedencia del discapacitado, pudi閚dose acoger a esta medida todos aquellos Ayuntamientos que emitan dichas tarjetas de estacionamiento con arreglo al modelo establecido en la Recomendaci髇 98/376/CE del Consejo, de 4 de junio de 1988, sobre la creaci髇 de una tarjeta para las personas con discapacidad.

La disposici髇 adicional segunda concreta la legislaci髇 aplicable en materia de financiaci髇 del 醨ea metropolitana, para el supuesto de que se proceda a su creaci髇 por la Comunidad Aut髇oma. Asimismo, se contienen en esta parte final otras concreciones, como el plazo de suscripci髇 del convenio al que se refiere el art韈ulo 6.3, o la modificaci髇 de la Ley de R間imen del Suelo y Valoraciones.