Sumario

Exposici�n de Motivos

Desde la aprobaci�n de la Constituci�n Espa�ola en 1978, puede observarse con satisfacci�n como su esp�ritu, principios y articulado han tenido el correspondiente desarrollo normativo en textos de rango legal, impulsando un per�odo de fecunda producci�n legislativa para incorporar plenamente los principios democr�ticos al funcionamiento de los poderes e instituciones que conforman el Estado Espa�ol.

En efecto, el conjunto de los poderes y �rganos constitucionales han sido objeto de leyes que, con posterioridad a la Constituci�n, establecen las pautas de su organizaci�n, competencia y normas de funcionamiento a la luz de la norma v�rtice de nuestro ordenamiento democr�tico.

Existe, sin embargo, un relevante �mbito de los poderes constitucionales al que todav�a no ha llegado el desarrollo legal de la Constituci�n. Tal es el caso del n�cleo esencial de la configuraci�n del poder ejecutivo como es el propio Gobierno. En efecto, carece todav�a el Gobierno, como supremo �rgano de la direcci�n de la pol�tica interior y exterior del Reino de Espa�a, de texto legal que contemple su organizaci�n, competencia y funcionamiento en el esp�ritu, principios y texto constitucional. Tal es el importante paso que se da con la presente Ley.

La Constituci�n de 1978 establece los principios y criterios b�sicos que deben presidir el r�gimen jur�dico del Gobierno, siendo su art�culo 97 el precepto clave en la determinaci�n de la posici�n constitucional del mismo.

Al propio tiempo, el art�culo 98 contiene un mandato dirigido al legislador para que �ste proceda al correspondiente desarrollo normativo del citado �rgano constitucional en lo que se refiere a la determinaci�n de sus miembros y estatuto e incompatibilidades de los mismos.

Por otra parte, el Gobierno no puede ser privado de sus caracter�sticas propias de origen constitucional si no es a trav�s de una reforma de la Constituci�n (�garant�a institucional�). Ahora bien, la potestad legislativa puede y debe operar aut�nomamente siempre y cuando no lleguen a infringirse principios o normas constitucionales.

Por ello, en lo que se refiere a aspectos org�nicos, procedimentales o funcionales, la presente Ley aparece como conveniente; y, en cuanto se trate de precisar y desarrollar las previsiones concretas de remisi�n normativa contenida en la Constituci�n, la Ley aparece como necesaria. Avala adem�s la pertinencia del presente texto el hecho de que la organizaci�n y el funcionamiento del Gobierno se encuentra en textos legales dispersos, algunos de ellos preconstitucionales, y, por tanto, no del todo coherentes con el contenido de nuestra Carta Magna.

Tres principios configuran el funcionamiento del Gobierno: el principio de direcci�n presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices pol�ticas que deber� seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros; y, por �ltimo, el principio departamental que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonom�a y responsabilidad en el �mbito de su respectiva gesti�n.

Desde estos planteamientos, en el T�tulo I se regula la posici�n constitucional del Gobierno, as� como su composici�n, con la distinci�n entre �rganos individuales y colegiados. Al propio tiempo, se destacan las funciones que, con especial relevancia, corresponden al Presidente y al Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creaci�n, composici�n y funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno, �rganos con una aquilatada tradici�n en nuestro Derecho.

En efecto, el art�culo 98.1 de nuestra Carta Magna establece una composici�n fija -a�n con elementos disponibles- del Gobierno, remiti�ndose a la Ley para determinar el resto de sus componentes. En este sentido, se opta ahora por un desarrollo estricto del precepto constitucional, considerando como miembros del Gobierno al Presidente, a los Vicepresidentes cuando existan, y a los Ministros. En cuanto a la posici�n relativa de los miembros del Gobierno, se destaca la importancia del Presidente, con fundamento en el principio de direcci�n presidencial, dado que del mismo depende, en definitiva, la existencia misma del Gobierno. El Derecho comparado es pr�cticamente un�nime en consagrar la existencia de un evidente desequilibrio institucionalizado entre la posici�n del Presidente, de supremac�a, y la de los dem�s miembros del Gobierno. Nuestra Constituci�n y, por tanto, tambi�n la Ley se adscriben decididamente a dicha tesis.

Se mantiene, como no pod�a ser de otra manera, el car�cter disponible de los Vicepresidentes, cuya existencia real en cada formaci�n concreta del Gobierno depender� de la decisi�n del Presidente. No se ha estimado conveniente, por otra parte, aumentar cualitativamente el n�mero de categor�as de quienes pueden ser miembros del Gobierno aun cuando esa posibilidad se encuentra permitida por el inciso final del art�culo 98.1. En este sentido, si bien se contempla expresamente la figura de los Ministros sin cartera, no cabe duda de que su consideraci�n es precisamente la de Ministros. Y desde esa posici�n, desempe�an una funci�n pol�tica, encarg�ndose de tareas que no corresponden, en principio ni en exclusiva, a uno de los Departamentos existentes. No son, en consecuencia, esos otros posibles miembros del Gobierno a que se refiere el art�culo 98.1 de la Constituci�n.

Por lo que respecta a los Secretarios de Estado, se opta por potenciar su �status� y su �mbito funcional sin llegar a incluirlos en el Gobierno. Ser�n �rganos de colaboraci�n muy cualificados del Gobierno, pero no miembros, si bien su importancia destaca sobre el resto de �rganos de colaboraci�n y apoyo en virtud de su fundamental misi�n al frente de importantes parcelas de actividad pol�tica y administrativa, lo que les convierte, junto con los Ministros, en un engarce fundamental entre el Gobierno y la Administraci�n.

El texto regula, asimismo, la Comisi�n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, con funciones preparatorias del Consejo de Ministros, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes.

El T�tulo II se dedica a regular el estatuto de los miembros del Gobierno -cumpliendo el mandato contenido en el art�culo 98.4 de la Constituci�n- y, en especial, los requisitos de acceso al cargo, su nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el r�gimen de incompatibilidades.

Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado; y el r�gimen de nombramiento y cese de los Directores de Gabinete.

En el T�tulo III se pormenorizan, dentro de los l�gicos l�mites que impone el rango de la norma, las reglas de funcionamiento del Gobierno, con especial atenci�n al Consejo de Ministros y a los dem�s �rganos del Gobierno y de colaboraci�n y apoyo al mismo. Tambi�n se incluye una referencia especial a la delegaci�n de competencias, fijando con claridad sus l�mites, as� como las materias que resultan indelegables.

El T�tulo IV se dedica exclusivamente a regular el Gobierno en funciones, una de las principales novedades de la Ley, con base en el principio de lealtad constitucional, delimitando su propia posici�n constitucional y entendiendo que el objetivo �ltimo de toda su actuaci�n radica en la consecuci�n de un normal desarrollo del proceso de formaci�n del nuevo Gobierno.

Por �ltimo, en el T�tulo V se regula el procedimiento para el ejercicio por el Gobierno de la iniciativa legislativa que le corresponde, comprendiendo dos fases principales en las que interviene el Consejo de Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa, en un primer momento, y culminando con la aprobaci�n del proyecto de ley.

Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con especial referencia al procedimiento de elaboraci�n de los reglamentos y a la forma de las disposiciones y resoluciones del Gobierno, de sus miembros y de las Comisiones Delegadas. De este modo, el texto procede a una ordenaci�n de las normas reglamentarias con base en los principios de jerarqu�a y de competencia, criterio este �ltimo que preside la relaci�n entre los Reales Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decretos del Presidente del Gobierno, cuya parcela propia se sit�a en la materia funcional y operativa del �rgano complejo que es el Gobierno.

Finalmente, se regulan diversas formas de control de los actos del Gobierno, de conformidad con lo establecido por nuestra Constituci�n y por nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria, con la finalidad de garantizar el control jur�dico de toda la actividad del Gobierno en el ejercicio de sus funciones.