Sumario

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

PREÁMBULO

El Parlamento de Cataluña elige directamente a miembros de los órganos institucionales de rango estatutario, como el Síndic de Greuges, los síndicos de la Sindicatura de Cuentas y cinco de los siete miembros que integran el Consejo Consultivo de la Generalidad, y participa en la elección de otros cargos y miembros de otros órganos e instituciones regulados por las leyes de Cataluña, como el Consejo del Audiovisual de Cataluña o el Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión.Téngase en cuenta que, conforme establece la disposición adicional primera de la Ley [CATALUÑA] 11/2007, 11 octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales («D.O.G.C.» 18 octubre), la Corporación Catalana de Radio y Televisión pasa a denominarse Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

La vigente regulación de la designación de estos miembros establece el proceso de deliberación y votación por el Pleno del Parlamento de las candidaturas propuestas por los grupos parlamentarios, sin regular procedimiento previo alguno de comparecencia parlamentaria.

Por otra parte, el sistema de provisión de altos cargos vigente en Cataluña no otorga al Parlamento la posibilidad de revocar los cargos que este mismo ha designado.

El objetivo de la presente ley es, pues, reforzar los valores democráticos en las instituciones y garantizar la neutralidad política e institucional y la eficiencia de los altos cargos nombrados por el Parlamento. Este criterio se fundamenta en la naturaleza de sus atribuciones, vinculadas, a veces, al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, o en la posibilidad de mediatizar las condiciones de participación igualitaria de los grupos sociales y políticos en el proceso de toma de decisiones políticas.

La representación inherente a los altos cargos designados por el Parlamento demanda una vocación de imparcialidad y de servicio al interés general. Así, a la adecuación a los requisitos de mérito y capacidad que exige el Parlamento a los altos cargos debe añadirse que presenten las debidas garantías de ecuanimidad y la voluntad de consenso necesaria para cumplir las funciones que les demanda la ciudadanía.

Una opción, experimentada con éxito en otros sistemas institucionales, como el de los Estados Unidos de América o el de la Unión Europea, es la inclusión de un trámite de comparecencia parlamentaria de los candidatos propuestos, con carácter previo a la designación, para que el Parlamento pueda valorar públicamente la posición ideológica, la capacidad profesional y los proyectos de trabajo de cada persona candidata a ocupar el cargo.

Por estas razones es preciso un replanteamiento de las funciones del Parlamento en relación con el nombramiento de altos cargos que incorpore la noción de control parlamentario, que ha de evolucionar, a la vez, hacia una función preventiva congruente con la trascendencia de esta elección.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.