Conocimiento Artículos doctrinales

Abono de la medida cautelar de retirada del pasaporte: equivalencia con la pena de prisión impuesta

Este trabajo aborda la cuestión de si la retirada cautelar del pasaporte es abonable de cara a una futura y posible sentencia condenatoria, a pena privativa de libertad, al igual que ocurre con el abono de la prisión provisional y últimamente, de las comparecencias apud acta. Y la respuesta a esta cuestión no puede ser más que afirmativa.

Alegaciones jurídicas de afectados por las cláusulas suelo

Ante la multitud de demandas que se están presentando ante los Juzgados de lo Mercantil respecto de la nulidad de las cláusulas “suelo-techo”, se hace un repaso de las principales alegaciones que tales demandas deben contener para llegar a una resolución favorable en cuanto a tal declaración, así como a la devolución de los intereses indebidamente cobrados por las entidades financieras.

La atenuación por “arrepentimiento activo” del miembro o colaborador de la organización criminal

Expondremos la evolución, requisito de aplicación y naturaleza jurídica de la atenuación contenida en el art. 376.1 del CP, de especial importancia en la lucha contra la criminalidad organizada en el ámbito del delito de tráfico de drogas. Extraeremos algunas conclusiones en su relación con el art. 369 bis CP, subtipo agravado de pertenencia a organización criminal por parte del sujeto que ejecuta la conducta del art. 368 del CP.

El indefinido no fijo como personal laboral. Últimos giros jurisprudenciales

Este artículo realiza un análisis crítico de la actual utilización de la figura del personal laboral y de la contratación temporal con fines radicalmente espurios, como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia cuando reconoce que los Ayuntamientos se han convertido en “agencias de colocación de los afines, con grave deterioro de lo público al que parece que nadie le importa”.

Las contenidos de WhatsApp como medio probatorio en el ámbito de las diligencias urgentes por delitos de violencia contra la mujer. Cuestiones en torno a su impugnación y a la práctica de la prueba pericial a la que se refiere la STS 300/2015, de 19 de mayo

Los avances tecnológicos nos sitúan ante la presencia en el proceso penal documentos electrónicos como son los derivados de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, cuya aportación es frecuente en las diligencias urgentes. La reciente STS 300/2015, de 19 de mayo, advierte de las cautelas con que ha de ser abordada la prueba de una comunicación bidireccional, dadas las posibilidades de manipulación de los archivos, por lo que considera indispensable que se practique una prueba pericial en caso de que la documental sea impugnada. No obstante, la práctica de esta pericial está rodeada de numerosos obstáculos de muy diversa naturaleza.

La investigación mediante ADN: derecho a la intimidad y derecho de defensa

25 de septiembre de 2015 Artículos doctrinales Prueba de ADN

En los años 80 del pasado siglo XX con la posibilidad del cotejo del perfil genético como medio de identificación las técnicas de investigación policial experimentaron una revolución tan radical como cuando, a finales del siglo XIX se abrió paso el uso forense de la lofoscopia. Desde entonces la comparación de los restos biológicos que el autor desconocido ha abandonado en el lugar del crimen con el perfil genético del sospechoso ha servido para resolver graves casos de violación o asesinatos hasta entonces archivados por falta de autor conocido, pero también ha tenido la virtualidad de exculpar a quienes estaban cumpliendo condena por delitos ajenos. La toma de muestra de ADN al detenido y su inclusión en el registro policial requiere el consentimiento de éste o, en su defecto, resolución judicial motivada. Se discute la obligatoriedad para la validez de la prueba de que la manifestación de voluntad del detenido sea un consentimiento, además de informado, prestado con el previo asesoramiento y la asistencia de un abogado.

Comentario de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2012. Caso Serrano Contreras contra España

22 de septiembre de 2015 Artículos doctrinales TEDH

Comentario de la Sentencia del TEDH de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España, con que concluye el proceso que se inicia por demanda de ciudadano español contra el Reino de España, presentada ante el Tribunal el 29-09-2008, por la excesiva duración del procedimiento en el que se le condena por comisión de los delitos de estafa y de falsedad documental, tras haber sido absuelto en instancia, sin celebración de vista pública y en base a pruebas insuficientes así como violación del art. 6.1 del Convenio, el Tribunal, por unanimidad, considera admisible la demanda en lo que concierne a las quejas planteadas del art. 6.1 del CEDH y considera que ha habido violación en lo concerniente al carácter equitativo y la duración del proceso.

La protección de la maternidad y las políticas de igualdad

Se realiza en el presente trabajo un estudio detallado de las prestaciones derivadas de la maternidad y de la protección de la mujer trabajadora en tales casos. Desde una visión retrospectiva, se destaca la evolución de la atención a la maternidad en la legislación histórica, para conseguir así una mayor comprensión de la institución. La Constitución de 1978, y la normativa posterior, así como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se analizan a continuación, para llegar a la concreción y detalle de las diferentes situaciones protegidas en la fecha actual. En consonancia con ello se estudian las diferentes prestaciones y los requisitos necesarios para tener derecho a las mismas. De modo tangencial, también se toca la defensa de la mujer en las normas sustantivas, sobre todo en el Estatuto de los Trabajadores. Por último se hace mención también a las últimas tendencias legales y doctrinales en esta cuestión y un análisis de derecho comparado.

Crisis económica y la moderna configuración jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus

Las dificultades que la crisis económica está ocasionando en el cumplimiento de determinados negocios jurídicos concluidos en un contexto de bonanza, provocan que en la actual coyuntura su exacto cumplimiento se esté convirtiendo en una pesada e incluso inasumible carga, especialmente en el caso de los compradores de viviendas con problemas de acceso a la financiación, entre otros motivos por la propia depreciación del inmueble. La nueva concepción jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus viene de la mano de la necesidad de dar respuesta a estas situaciones.

Dies a quo de los efectos de la declaración de divorcio

09 de septiembre de 2015 Artículos doctrinales Divorcio

Los efectos de la declaración del divorcio entre los cónyuges tienen plena eficacia desde que se dicta la sentencia acordando el divorcio aunque se formule recurso de apelación por alguna de las partes contra las medidas que se hubieran podido acordar en dicha sentencia. No despliega sus efectos solo en el supuesto de que lo que se recurra sea precisamente la declaración de divorcio de los cónyuges.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de tráfico de drogas

07 de septiembre de 2015 Artículos doctrinales Tráfico de drogas

Expondremos cómo ha influido en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la LO 1/2015 de 30 de marzo. Expondremos cuáles son las personas jurídicas responsables y tratamiento que se debe dar a las sociedades “pantalla” en relación a la comisión de los delitos de tráfico de drogas, con especial mención del art. 369 bis CP.

Procedimientos para la adopción de medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional

Tras la reforma operada por la Nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 de 2 de julio han sido introducidos, dentro de los procedimientos de familia del Libro IV de la LEC, dos nuevos procedimientos: uno para obtener la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional y otro para declarar la ilicitud del traslado o retención internacional de un menor, los cuales van a ser expuestos de modo sistemático en el artículo adjunto.

Organizaciones y grupos criminales

La preocupación de la sociedad actual por el fenómeno de la criminalidad organizada ha llevado al Legislador español a tipificar las organizaciones criminales y los grupos criminales. Doctrina y jurisprudencia han marcado las pautas para diferenciar estas figuras delictivas de la mera codelincuencia, de la coautoría, de la conspiración y del delito de asociación ilícita. En la práctica será frecuente encontrarnos con concursos de leyes y concursos reales de delitos.

La incapacitación: nuevo enfoque jurisprudencial de la protección de personas con discapacidad. Novedades en la Ley de Jurisdicción Voluntaria y en el ámbito penal

Los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales advierten que la sentencia de incapacitación ha de hacer un “traje a medida”, determinando los ámbitos y el grado de la discapacidad en interés y para la protección del afectado, determinando cuál sea el régimen de guarda o tutela que deba designarse en función, no sólo de su enfermedad o deficiencia física/psíquica, sino también de sus circunstancias familiares, económicas, sociales, etc. Del mismo modo, la necesidad de mayor protección y, en general, el respeto por los derechos de las personas con capacidad judicial modificada tiene también su reflejo en los recientes cambios introducidos por el legislador penal.

La responsabilidad por la información facilitada por los acreedores anteriores y preferentes en el marco de la ejecución

Dentro del ámbito de la ejecución, el acreedor anterior y preferente, que tiene inscrito o anotado su crédito en el Registro de la Propiedad, puede verse compelido por el Juzgado, para que manifieste el importe real de su crédito en ese momento. Dicha declaración implica una responsabilidad del acreedor que hace esa manifestación, en cuanto que puede afectar tanto al propio acreedor, como al ejecutante o a terceros que participen en la subasta.

Primeras sentencias aplicando la doctrina del TJUE sobre despidos colectivos

El TSJ del País Vasco, en sentencia innovadora, reconoce a la reciente doctrina del TJUE, sobre el concepto de centro de trabajo y método de cálculo del número de personas trabajadoras despedidas que ha interpretado el apartado 1 del art. 51 ET en conformidad con la Directiva 98/59, considerando imposible tomar como unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio obstaculiza el procedimiento de información y consulta exigido para los despidos colectivos.

El decomiso del art. 374 CP, LO 1/2015, 30 de marzo

31 de julio de 2015 Artículos doctrinales Decomiso

Expondremos como ha quedado regulado el decomiso tras la LO 1/2005 de marzo, haciendo especial referencia a las consecuencias que ha tenido en la regulación de esa figura en relación al delito de tráfico de drogas (art. 374 CP). Analizaremos las distintas clases de decomiso con referencias a la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, origen de la nueva regulación introducida en los arts. 127 y ss. del CP.

El valor del trabajo para el hogar y para el otro cónyuge en los regímenes matrimoniales

La compensación o indemnización a que se refiere el art. 1438 CC no se concede a los matrimonios que se rigen por el régimen de gananciales o de participación. Tiene su razón de ser en paliar las consecuencias del régimen de separación de bienes al tiempo de la ruptura, ya que no existe comunicación alguna entre las masas patrimoniales de uno y otro cónyuge, a diferencia de los otros regímenes. Por el contrario, la  pensión compensatoria que se regula en el art. 97 CC es aplicable a cualquier régimen matrimonial, al igual que es compatible con la indemnización del art. 1438 del CC, aplicable solo al régimen de separación de bienes. Las dos figuras contemplan el trabajo para el hogar y el trabajo para el otro cónyuge como factor de compensación económica. Ambos preceptos parten de una premisa fáctica, la “dedicación a la familia” o “trabajo para el hogar”. Pero el fundamento y finalidad de una y otra institución son distintos, por lo que exigen un tratamiento diferenciado.