Conocimiento Artículos doctrinales

Obligación de denunciar versus prueba de cargo de la víctima en los delitos de violencia de género

Este artículo reflexiona sobre el conflicto existente entre la conciencia colectiva que anima a las víctimas de violencia de género a denunciar y la frustración en cuanto a expectativas que pueden tener muchas mujeres que sufren una situación de maltrato en sus relaciones con la administración de justicia. Asimismo se hace un análisis sobre la errónea creencia social de que la ley es injusta, pues por el mero hecho de que una mujer presente una denuncia por violencia de género, se supone que siempre sale victoriosa en el subsiguiente proceso penal.

La libertad condicional tras la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo

La libertad condicional, es una forma específica de cumplimiento del período de la pena de privación de libertad impuesta, condicionada a que no se cometa delito ni se incumplan las reglas de conducta impuestas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. En este artículo se analiza esta figura y el efecto que sobre la misma ha tenido la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015.

Novedades legislativas producidas en 2015 en materia de costas procesales

El presente artículo va a tratar sobre las novedades legislativas que las leyes aprobadas en 2015 en el ámbito del Derecho Procesal Civil (Ley 42/2015, de 5 de octubre, y Ley 15/2015, de 2 de julio) han conllevado en materia de costas procesales. Varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil han sido modificados en virtud de estas recientes normas, terminando con ciertas polémicas jurisprudenciales que han estado vivas durante los últimos años y que el Legislador ha decidido dar por finiquitadas.

Obligaciones de "compliance" para prevenir el trabajo forzoso en las empresas. La "Modern Slavery Act" del Reino Unido

La trata de seres humanos, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso son sólo algunas de las formas de la esclavitud moderna.Cada día miles de personas, arriesgan sus vidas cruzando fronteras ilegalmente, en busca de una vida mejor. Sin embargo, muchas de las veces, ese es el inicio de sus peores pesadillas, entrando en el oscuro mundo de la irregularidad, con contrataciones ilegales y explotación, o en el peor de los casos, cayendo en redes de traficantes que explotan a sus víctimas tras la migración.

Las intervenciones telefónicas: doctrina general a la luz de la LO 13/2015, de 5 de octubre

Las denominadas “escuchas telefónicas” –intervención de las comunicaciones telefónicas–, que pueden acordarse como diligencias instructoras en el ámbito del proceso penal –ordinario o abreviado–, requieren, para su adopción, del cumplimiento de una serie de formalidades materiales y procesales que delimitan su aplicación. El Tribunal Constitucional ha desarrollado toda una doctrina jurisprudencial en garantía del derecho fundamental del art. 18.3 CE, de tal manera que el instructor, y con carácter previo a la toma de decisión, se vea obligado a realizar un juicio de proporcionalidad concreto que avale tal injerencia, so pena de nulidad. La nueva regulación normativa viene a colmar un espacio necesario y hartamente demandado por la jurisprudencia, tanto nacional como de la Unión Europea, dando cabida así a la “habilitación legal” de la intervención, en tanto norma fundante de la injerencia en el derecho especialmente protegido.

El concepto de Monte tras la Ley 21/2015. Evolución, definición y clases

16 de marzo de 2016 Artículos doctrinales Montes

Desde el punto de vista jurídico, los montes comprenden una amplia definición, que va mucho más allá de la que, de un modo cotidiano, solemos considerar. A este respecto, la vigente Ley de Montes ha sido profusamente reformada, viéndose afectada en casi todo su contenido, si bien, no ha sido derogada. Este artículo pretende compendiar el origen más remoto del patrimonio forestal, su evolución, la conceptualización de los montes y su clasificación.

La nulidad “radioactiva” de los planes urbanísticos por defectos en el procedimiento de aprobación

Según el Tribunal Supremo cualquier defecto en la tramitación de un Plan urbanístico supone su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. Pero en otros supuestos semejantes, ni el Tribunal Supremo ni el Constitución han efectuado esa interpretación, y han admitido demorar en el tiempo los efectos de su declaración de nulidad, para que pueda subsanarse el defecto en la tramitación. Se expone la novedad que ha representado la previsión contenida en el artículo L600-9 del Código Urbanístico francés. Finalmente, se efectúan unas conclusiones, en las que se propone flexibilizar la rígida posición mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo.

El TJUE establece que la finalización de los contratos temporales en fraude de ley computa a efectos del despido colectivo

La sentencia del TJUE en el asunto C-422/14 valida las soluciones que los Tribunales españoles ya han venido adoptando en estos supuestos, al establecer que la finalización de los contratos temporales en fraude de ley, deberá computar a efectos del despido colectivo. Y en todo caso, la cuestión se aclara en este punto definitivamente.

Primacía del Derecho de la Unión Europea (a propósito de la STC 232/2015, de 5 de noviembre)

En los últimos años de la Jurisprudencia, el derecho de la Unión Europea, tanto sus Directivas como Reglamentos y la jurisprudencia que lo interpreta, ha adquirido una importancia antes desconocida, especialmente el referido a la protección de los consumidores, ya que antes quizás no se le daba la importancia que tiene. En este estudio se analiza el alcance y significado del principio de primacía de la Unión Europea desde los primeros pronunciamientos jurisprudenciales, hasta la reforma y la definitiva incorporación de este principio a la LOPJ que obliga a aplicar el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, convirtiéndose el principio de primacía en canon de interpretación de la norma nacional, hasta el punto de que la norma interna no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión.

Extinción del condominio en los procesos de nulidad matrimonial, separación y divorcio

18 de febrero de 2016 Artículos doctrinales Condominio

En las siguientes líneas se analiza la extinción de la figura jurídica del condominio con un enfoque eminentemente práctico y actual, en el que se trata la evolución de dicha institución en los procesos matrimoniales, haciendo especial referencia a la posibilidad de acumular las acciones de nulidad, separación o divorcio junto a la de división de la cosa común, a la luz de diversas sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como de varias Audiencias Provinciales y Juzgados de Primera Instancia de Cataluña –cuyo Derecho Foral fue pionero en admitir la precitada acumulación objetiva de acciones que, tras ser prohibida en un primer momento, ha sido recientemente admitida en nuestro Derecho patrio–. También se recogen sucintamente una serie de advertencias que por su trascendencia económica y fiscal deben ser tenidas en cuenta cuando se plantea la división de la cosa común (especialmente la vivienda).

El principio de no discriminación y su aplicación a la retribución de los empleados públicos de carácter temporal. Comentario a la STC 232/2015, de 5 de noviembre (I)

Trabajo dividido en 2 partes en que se analiza el régimen comunitario del principio de no discriminación consagrado en la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo marco que incorpora, y su aplicación a las distintas categorías de empleados públicos de carácter temporal, en lo que refiere a los complementos reservados para el personal fijo (parte 1), así como la recepción nacional de dicho régimen y las consecuencias constitucionales de su incorrecta aplicación (parte 2).

La responsabilidad por la no atención o el alzamiento de embargos acordados en el ámbito de un procedimiento judicial: supuestos diversos

29 de enero de 2016 Artículos doctrinales Embargo

El objeto del presente trabajo es el análisis de diversos supuestos que pueden dar lugar a la exigencia de responsabilidad frente a la persona que debía atender y/o asegurar un embargo acordado en al ámbito de un proceso judicial, y las consecuencias (no penales) que pueden derivarse para aquellos que no atiendan, alcen o dejen sin efecto de forma indebida el embargo.