La violencia obstétrica, un fenómeno largo tiempo ignorado, ha empezado a recibir atención significativa en España, gracias a la intervención de organismos internacionales y las crecientes demandas de grupos de derechos civiles. Esta forma de violencia, que ocurre dentro del contexto de las negligencias médicas en partos, ha sido objeto de escrutinio y crítica por su impacto devastador sobre las mujeres. Estas prácticas, a menudo normalizadas dentro de los protocolos hospitalarios, incluyen actos como episiotomías sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestesia y la imposición de ciertas posturas durante el parto, lo que ha sido calificado por la ONU como violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
Demandas de la ONU y cambios legislativos
En un reciente caso, de gran repercusión, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó a España en 2023 por no prevenir la violencia obstétrica en el caso de una mujer, quien sufrió 10 tactos vaginales innecesarios durante su parto. Esta intervención se cree que contribuyó a una infección en su bebé. Además, la mujer fue sometida a la administración de oxitocina para inducir contracciones sin una justificación clara y se le negó la posibilidad de adoptar una posición más favorable para el parto, contraviniendo sus deseos. Este fallo del CEDAW subraya la gravedad de la situación y la necesidad urgente de reformas en la atención médica obstétrica en España. Y no se trata de un incidente aislado, sino que refleja una práctica extendida que ha comenzado a ser reconocida y denunciada.
Ante esta realidad, el CEDAW instó a España a implementar una formación adecuada para profesionales de la salud y jueces para evitar tratamientos injustificados, realizar estudios que permitan visibilizar la problemática, y requerir el consentimiento informado para todos los procedimientos invasivos, salvo en situaciones donde la vida de la madre o el bebé esté en peligro.
Desafíos y propuestas para el cambio
Los datos del Ministerio de Sanidad revelan tendencias preocupantes, como un aumento notable en los partos inducidos y un alto porcentaje de cesáreas, que exceden las recomendaciones de la ONU. La Asociación El Parto es Nuestro ha sido una voz crucial en la solicitud de reformas que aseguren prácticas médicas más respetuosas y basadas en la elección informada de las mujeres. Sin embargo, se enfrentan a la resistencia de sectores dentro de la comunidad médica, como la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia, que cuestiona la prevalencia de esta forma de violencia en España.
La pandemia de COVID-19 incrementó estas dificultades, con muchas mujeres enfrentándose al parto sin acompañamiento y con intervenciones adicionales como cesáreas no electivas, simplemente basadas en diagnósticos de COVID-19 positivo.
La violencia obstétrica emana de una cultura patriarcal que afecta a diversos ámbitos, incluyendo las ciencias médicas. A pesar de su larga existencia, ha permanecido oculta y desconocida, incluso por profesionales de la salud. Es necesario cambiar el modelo obstétrico en la formación de los profesionales de la salud para que se conciencien, mediante un enfoque de género, de esta violencia institucional que representa un abuso de poder por parte de las instituciones y de sus profesionales de la salud hacia la autonomía de la mujer.
Este contexto revela que, aunque se ha avanzado, aún queda mucho camino por recorrer para garantizar que todas las mujeres en España puedan experimentar el parto de manera digna y respetuosa, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y salud reproductiva. La creación de ámbitos que fomenten el diálogo fluido, con intercambio de percepciones y perspectivas, y la implementación de programas que visibilicen la violencia de género en el ámbito sanitario son pasos esenciales hacia una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.
Hernán García
Responsable de Desarrollo de Negocio.
MELENDOS
