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El Tribunal Supremo fija doctrina para que pueda dividirse una finca sin permiso de los vecinos

23 de enero de 2012 Jurisprudencia DOCTRINA

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación por interés casacional en el que fija como doctrina jurisprudencial la siguiente: «la validezde las segregaciones o divisiones autorizadas por los estatutos de la comunidad de propietarios, sin necesidad de posterior acuerdo adoptado en junta de propietarios, siempre que las mismas se realicen según la previsión contenida en aquellos y no comporten alteración de las cuotas de participación».

El administrador de una comunidad de propietarios no tiene la consideración de administrador social a efectos del delito de administración desleal

04 de noviembre de 2014 Jurisprudencia Administración desleal

Un administrador de fincas es un profesional liberal que tiene por cometido prestar los servicios correspondientes a comunidades de propietarios y vecinos, con los que les une un arrendamiento de servicios, por lo que en modo alguno puede considerarse que las comunidades de propietarios sean sociedades --ni mercantiles ni civiles--, ni el administrador de las mismas puede ser estimado como administrador de la sociedad a efectos del art. 297 CP.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

03 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Despido colectivo

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

Obligación de los locales comerciales de contribuir al pago de la instalación de rampas salva escaleras acordada por la junta de propietarios

El propietario de un local comercial debe contribuir, con arreglo a su cuota, a los gastos derivados de la instalación por la comunidad de propietarios de una plataforma elevadora «salva escaleras» para la supresión de barreras arquitectónicas en el inmueble, incluso si existe una previsión estatutaria en la que se le eximía de contribuir a los gastos de ascensor.

La exigencia de registrar las uniones de hecho para acceder a la pensión de viudedad, no vulnera el derecho a la igualdad ante la ley

14 de mayo de 2014 Jurisprudencia Parejas de hecho

El inciso «[l]a existencia de la pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja» del apartado cuarto del art. 174.3 LGSS, no vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.

La declaración de nulidad por abusiva de una cláusula penal para el caso de desistimiento de un contrato de servicios, no permite la moderación judicial

El TS fija como doctrina jurisprudencial que la declaración de abusividad de las cláusulas predispuestas bajo condiciones generales de un contrato que expresamente prevean una pena convencional para el caso de desistimiento unilateral de las partes, no permite la facultad judicial de moderación equitativa de la pena. Por tanto, una comunidad de propietarios no está obligada a pagar indemnización por la cláusula penal por desistimiento unilateral prevista en un contrato de mantenimiento de ascensores, declarada nula por abusiva.

La Comunidad de Madrid condenada a indemnizar a un médico jubilado forzosamente al cumplir 65 años

20 de marzo de 2014 Jurisprudencia Médicos

La resolución remitida por la Consejería para no prorrogar el servicio activo del recurrente es "parca, abstracta, indeterminada y no acredita las razones objetivas por las que la Administración consideró oportuno no prorrogar la situación de servicio activo y, en consecuencia, procedió a jubilarlo forzosamente", cuando, para justificar la decisión es necesario valorar en cada caso las circunstancias personales de cada interesado y que se "singularicen" las razones por "las que procede o no procede la continuación de un interesado en la situación de servicio activo".

Las actividades docentes realizadas por los religiosos para los colegios de su congregación no constituyen relación laboral

19 de marzo de 2014 Jurisprudencia Contrato de trabajo

Las actividades docentes realizadas por los religiosos no son ajenas a sus compromisos como tales, pues su pertenencia a una comunidad religiosa, en uso de la libertad asociativa, implica la aceptación, además de los trabajos en beneficio de la comunidad, de aquellas otras tareas no genuinamente religiosas como la actividad docente.Dado que no se ha acreditado que la relación entre una religiosa y su congregación tuviese naturaleza laboral, el cese en la actividad docente tras abandonar la comunidad religiosa no se puede considerar despido.

El Tribunal Supremo confirma el pago de 43,3 millones de la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense por incumplir el Plan de Inversiones

05 de febrero de 2013 Jurisprudencia Tribunal Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia por la que desestima un recurso de casación interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y confirma que deberá pagar 43,3 millones de euros a la Universidad Complutense de Madrid por incumplir en el año 2010 el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2011.

El TC anula la libre colegiación de funcionarios aprobada por la Junta por “vulnerar” competencias

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación contra un precepto del artículo 30.2 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002 que establecía que no será exigible el requisito de colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral de las administraciones públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones, “o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas”.