Contratos

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El Supremo señala que el modo de adquisición del grado personal de funcionarios de carrera es aplicable a interinos

El Acuerdo marco anexo a la directiva comunitaria de 1999 establece que “no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

La legitimación activa del socio respecto de los negocios o contratos celebrados por la sociedad con terceros, pronunciamientos judiciales al respecto

08 de noviembre de 2018 Artículos doctrinales Sociedades

La cuestión que se plantea en el presente es la relativa a la legitimación activa del socio o partícipe, para impugnar judicialmente los negocios, contratos o actos celebrados por la sociedad de la que es socio o partícipe, por lo tanto, la posibilidad de acudir directamente a los tribunales para defender sus intereses, sin tener que acudir a otro tipo de acciones (impugnación de acuerdos sociales, acción individual contra los administradores, etc.).

Un vehículo no retirado oficialmente de la circulación debe contar con un seguro de responsabilidad civil aunque su propietario no tenga intención de conducirlo

05 de septiembre de 2018 Jurisprudencia Contratos de seguro

Los Estados miembros pueden prever que, cuando la persona que estaba sujeta a la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil respecto de un vehículo implicado en un accidente ha incumplido esta obligación, el organismo de indemnización nacional pueda dirigirse contra dicha persona aunque no sea civilmente responsable del accidente.

Reflexiones sobre el sector público desde una perspectiva procesal

La extensión que se viene produciendo en la aplicación del Derecho administrativo al ámbito de las entidades de Derecho privado integrantes del Sector Público plantea numerosos problemas en relación al conocimiento de sus actuaciones por la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de la tradicional limitación de esta jurisdicción a los actos de las Administraciones Públicas en sentido estricto. Igualmente, se suscitan interesantes interrogantes acerca de la naturaleza de sus actos de aplicación de ese Derecho administrativo; todo lo cual debe ser analizado a la luz de la regulación contenida en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.  

Baleares impone la cesión de inmuebles desocupados en caso de demanda de vivienda insatisfecha

La Ley 5/2018, de 19 de junio , reconoce además el derecho de acceso a la vivienda a las personas en situación de especial vulnerabilidad y garantiza el mantenimiento de los suministros energéticos básicos, para lo que crea un fondo específico de atención solidaria. La duración del régimen de protección de las viviendas protegidas, tanto de promoción pública como privada, calificadas a partir de la entrada en vigor del nuevo texto, será permanente, sin posibilidad de descalificación voluntaria.

Arrendamientos de renta antigua: el pago del IBI y el concurso de acreedores

Los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1985 están sujetos a las normas relativas al contrato de inquilinato, es decir a la LAU de 1964, por la cual existe un régimen de prorroga forzosa o lo que es lo mismo, que el alquiler tiene un carácter indefinido para el inquilino de la vivienda (art. 57 LAU 1964). Sin embargo, existen una serie de causas que pueden hacer que el propietario del inmueble tenga el derecho a solicitar la resolución de este tipo de alquileres, las cuales se desarrollan en el siguiente trabajo.

Hacer test conveniencia a clientes no exime a bancos de obligación informar productos complejos

19 de abril de 2018 Jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha anulado cinco contratos de swaps contraídos con el Banco Santander por error en el consentimiento y condena a la entidad bancaria a reintegrar el saldo de las sumas percibidas durante su ejecución. Los contratos incluían una cláusula según la cual los clientes declaraban que habían sido informados por el banco de que la operación no era «conveniente ni adecuada» para ellos.