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El TSJ de Cataluña no ve obstáculo para admitir la justificación en IRPF de gastos vinculados a la actividad económica mediante tickets

26 de septiembre de 2019 Jurisprudencia IMPUESTOS

El tribunal critica a escasa argumentación de la oficina gestora que, sin examinar con un mínimo de rigor la vinculación de los gastos a la actividad desarrollada, se limita a afirmar que los tickets presentados no prueban la existencia de conexión de los gastos que se pretenden deducir con el trabajo realizado.  

Reflexiones sobre el sector público desde una perspectiva procesal

La extensión que se viene produciendo en la aplicación del Derecho administrativo al ámbito de las entidades de Derecho privado integrantes del Sector Público plantea numerosos problemas en relación al conocimiento de sus actuaciones por la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de la tradicional limitación de esta jurisdicción a los actos de las Administraciones Públicas en sentido estricto. Igualmente, se suscitan interesantes interrogantes acerca de la naturaleza de sus actos de aplicación de ese Derecho administrativo; todo lo cual debe ser analizado a la luz de la regulación contenida en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.  

La Audiencia de Cantabria excluye el impuesto de AJD de los gastos hipotecarios que debe asumir el banco

13 de noviembre de 2017 Jurisprudencia CLÁUSULAS ABUSIVAS

Confirma que los gastos de notaría, gestoría y registro son por cuenta del banco, ya que la cláusula que establece que todos los asuma el cliente es nula en su totalidad, por su carácter onmicomprensivo y no negociado. No lo son sin embargo el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en aplicación de la norma tributaria, ni el pago del seguro de daños, por se una cláusula proporcional.

La Audiencia de Castellón niega a la banca la posibilidad de reclamar una deuda por una hipoteca cedida a un fondo de titulización

02 de noviembre de 2017 Jurisprudencia SECURITIZACIÓN

Sostiene que la entidad financiera prestamista no está legitimada para demandar al cliente por el impago del préstamo hipotecario. La Sección Tercera dicta una resolución novedosa que se aparta de la línea jurisprudencial mantenida por otras Audiencias Provinciales. Considera que la reclamación por el impago ha de hacerla la sociedad gestora representante del fondo al que se cedió el crédito.

El TS confirma la multa que impuso Competencia a la gestora de derechos de actores por doblar injustificadamente las tarifas que cobraban a las salas de cine

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la multa de 627.855 euros que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia impuso en diciembre de 2011 a Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), por abuso de posición de dominio, por el incremento injustificado de las tarifas que cobraba a las salas de cine por exhibición de las películas.En concreto, según determinó la Audiencia Nacional en la sentencia que desestimó en primera instancia el recurso de AISGE, entre la tarifa aplicada en 2004 y la de 2009, hubo un incremento del 177 por ciento, y del 100 por cien en la tarifa general entre 2004 y 2005.

El gestor de un sitio web puede conservar las IP dinámicas de sus usuarios, con la finalidad de protegerse de ciberataques

19 de octubre de 2016 Noticias Protección de datos

El gestor de un sitio de internet accesible al público puede tener un interés legítimo en garantizar, más allá de cada utilización concreta por un usuario, la continuidad del funcionamiento de su sitio, conservando para ello un registro de las direcciones IP dinámicas de sus usuarios, más allá de la finalización de cada sesión.

Las solicitudes de nacionalidad por residencia se podrán presentar electrónicamente por los gestores administrativos

18 de julio de 2016 Noticias Gestores administrativos

En virtud de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de Gestores Administrativos, los ciudadanos podrán optar entre la presentación de las solicitudes de nacionalidad española, bien en papel en los Registros Civiles y oficinas de la Administración General del Estado o bien telemáticamente, en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, bien por el propio interesado o a través de un representante legal o voluntario.

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