Exclusión de propuesta en un concurso de proyectos con intervención de Jurado por incluir datos que permitían identificar al concursante 17 de julio de 2024 Jurisprudencia CONTRATACIÓN PÚBLICA En los datos de las propiedades del archivo presentado ante el Jurado constaba el nombre y apellido de una persona, quebrándose con ello el anonimato del proyecto, una de las notas características de los concursos con intervención de jurado
Un tribunal administrativo avala la firma de un contrato de suministros a pesar de que el órgano de contratación incumplió el plazo para su formalización 26 de diciembre de 2023 Jurisprudencia CONTRATOS PÚBLICOS A pesar de que no se cumplió el periodo de 15 días pactado en la ley desde la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos para la formalización de los contratos, la Sala no declara la nulidad, ya que la empresa no ha visto quebrantado su derecho a presentar recurso contra la adjudicación y no se ha producido infracción alguna del procedimiento
Aparecer en un directorio juridico no puede ser un criterio de adjudicación de un contrato público 28 de octubre de 2021 Noticias CONTRATOS ADMINISTRATIVOS El estar o no inscrito en estas páginas especialziadas no implica una mejor cualificación del equipo jurídico que desempeñe la asesoría
Problemas para determinar el equilibrio económico-financiero en los contratos públicos 16 de marzo de 2015 Artículos doctrinales Contratación pública Este artículo trata de explicar la problemática todavía existente para determinar el equilibrio económico-financiero en los contratos del sector público cuando se producen rupturas sustanciales de la economía. Inexplicablemente esta importante figura jurídica y en especial sus condiciones de aplicación y su alcance siguen sin perfilarse lo suficiente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni tampoco en la jurisprudencia, lo que sigue provocando a día de hoy inseguridad jurídica en un doble sentido: por uno, el tener que acudir a los tribunales para resolver un concepto técnico (no tanto jurídico) y por otro, desalentar a posibles licitadores por no conocer de forma suficiente las consecuencias que puedan derivarse en casos de ruptura sustancial. Finalmente se plantea la necesidad de regular esta cuestión de forma más específica en la ley, para que esta inseguridad jurídica no repercuta indirecta y negativamente en el interés público.