Normativa

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Los bancos y cajas podrán acceder a las bases de datos de 'titular real' y de 'personas con responsabilidad pública' del Notariado

El acuerdo entre AEB, CECA y el Consejo del Notariado responde al interés de los bancos de contar con un instrumento que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa de prevención del blanqueo de capitales, de conocer al titular real de cuentas bancarias u otras operaciones, así como de identificar, entre sus clientes, a las personas con responsabilidad pública.

Las tasas judiciales se reformarán en febrero y estarán más cerca de las existentes en 2003 que de las actuales

06 de febrero de 2015 Noticias Tasas judiciales

El ministro de Justicia Catalá ha asegurado a la abogacía que este mes de febrero se adoptaran las medidas normativas para una revisión que supondrá una aproximación a los planteamientos de la Abogacía y que serán más beneficiosas para los ciudadanos que en la situación actual. Se pretende que la propuesta sea más coherente con la legislación existente en 2003 que con la actual.

Los sistemas de videovigilancia de viviendas particulares, que graban también la vía pública, están sometidos a la normativa sobre protección de datos

12 de diciembre de 2014 Noticias Protección de datos

Según el TJUE,  la utilización de un sistema de videovigilancia en la vivienda familiar de una persona física, con el fin de proteger los bienes, la salud y la vida de los propietarios de la vivienda, y cuya vigilancia cubre también el espacio de la vía pública, está incluido dentro del ámbito del tratamiento automatizado de datos personales, pues no puede considerarse como una actividad exclusivamente personal o doméstica excepcionada del mismo.

El anteproyecto de Ley de Colegios profesionales prevé la liberalización de los aranceles de los procuradores

24 de noviembre de 2014 Noticias Procuradores

La última versión conocida del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales prevé que el arancel de los procuradores tenga carácter de máximo y que no podrá exceder de 75.000 euros. Dichos profesionales estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, en el que conste expresamente, en su caso, la disminución ofrecida respecto del tope previsto en la normativa. El texto prevé también mantener la incompatibilidad entre abogados y procuradores.

Las compañías aéreas pueden cobrar a los pasajeros por el equipaje facturado

18 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Transporte aéreo

Una normativa como la española que prohíbe que se fije un precio por el billete de avión, en función de la posibilidad o no de facturar equipaje mediante el título de transporte, es contraria al derecho de los transportistas aéreos a fijar libremente el precio que debe pagarse por el transporte de pasajeros y las condiciones de aplicación de tal precio y puede menoscabar el objetivo establecido por el Derecho de la Unión consistente en hacer posible la comparabilidad real de los precios.

Condenado el dueño de un coto a indemnizar con 675.000 euros al conductor que quedó parapléjico al chocar con un venado, por la indebida conservación del coto

23 de junio de 2014 Jurisprudencia Cotos de caza

El Supremo considera probado que el dueño de la finca incumplió el deber de conservación del coto y ello fue relevante en orden al resultado producido. La infracción de dicha normativa provocó causalmente el daño, pues las posibles y previsibles consecuencias y riesgos que pueden provocar las piezas de caza mayor al cruzar la carretera exigían una diligencia rigurosa que no satisfizo el demandado pese a beneficiarse de la actividad lucrativa derivada de la actividad de la caza.

El Estado no es responsable patrimonial de la indemnización reconocida en favor de los padres de la víctima de un delito, en caso de insolvencia de su autor

El Tribunal Supremo establece que en la actualidad, no existe normativa vinculante que extienda al Estado la obligación de garantizar la indemnización para las víctimas de un delito, ni siquiera en casos de insolvencia del autor. Tampoco puede extenderse el régimen legalmente previsto para las víctimas del terrorismo al resto de delitos violentos, por muy abominables que sean.

El TS modifica su doctrina legal sobre el plazo de notificación de una resolución administrativa ex art. 58.4 de la Ley 30/1992

A los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el intento de notificación queda culminado en la fecha en que se llevó a cabo. Por tanto, si dicho intento de notificación se lleva a cabo en una fecha comprendida dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, quede debidamente acreditado y se haya practicado respetando las exigencias normativas a que esté sujeto, producirá el concreto efecto que dispone ese artículo 58.4 de la Ley 30/1992 , con independencia o aunque su acreditación acceda al expediente cuando ya venció ese plazo.

No pueden denegarse por la junta de propietarios unas obras que faciliten la accesibilidad a la finca de un minusválido si no son dañinas para los demás propietarios

18 de noviembre de 2013 Jurisprudencia Propiedad horizontal

El carácter mayoritario del acuerdo de la junta de propietarios no es motivo bastante para negar la autorización para unas obras que no se ha demostrado --ni siquiera alegado-- que fueran perjudiciales o dañinas para los demás propietarios. La normativa vigente impone unos límites a la propiedad privada, en interés del derecho de los discapaces a poder usar los inmuebles en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

Auto del TC donde se impone a Euskadi el copago farmacéutico

Conflicto de competencias planteado por el el Gobierno del Estado al entender que el Decreto vasco 114/2012, de 26 de junio, incurre en una inconstitucionalidad mediata, por vulneración de la normativa básica estatal que desarrolla las competencias estatales previstas en los apartados 1, 16 y 17 del art. 149.1 CE. El recurrente entiende que la inconstitucionalidad mediata del Decreto vasco 114/2012, de 26 junio, vendría dada básicamente porque modifica la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos prevista por la norma estatal y porque modifica el porcentaje de aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria respecto de lo previsto la normativa estatal.

La Audiencia Nacional, pionera al plantear en Europa el 'derecho al olvido' en Internet

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional plantea al Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial de interpretación sobre la protección de datos de un particular frente a Google. Con su resolución, la AN describe jurídicamente la situación creada ante las nuevas tecnologías que traspasan fronteras y límites temporales y que se han desarrollado con posterioridad a las normativas vigentes.

Nulidad del cuadro de multas de tráfico de la ciudad de Madrid

22 de febrero de 2012 Jurisprudencia TRIBUNAL SUPREMO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de junio de 2009, que declaraba la nulidad y la ilegalidad de la Ordenanza municial relativa al cuadro de sanciones de tráfico por “vulnerar el principio de jerarquía normativa y el de proporcionalidad”.

Tribunal Supremo: Criterios interpretativos de la última reforma de la casación civil

03 de enero de 2012 Jurisprudencia TRIBUNAL SUPREMO

La Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido reformada recientemente por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. Entre los aspectos que se reforman destaca la normativa sobre los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. La novedad más importante es que por primera vez en España se abre el acceso al recurso de casación a todos los litigantes, con independencia de la cuantía económica del pleito.

La «Directiva retorno» se opone a una normativa nacional que impone una pena de prisión a un nacional de un tercer país en situación irregular en el curso del procedimiento de retorno

09 de diciembre de 2011 Jurisprudencia DIRECTIVA RETORNO

Dicha Directiva no se opone a que se impongan sanciones penales, con arreglo a las normas nacionales y respetando los derechos fundamentales, a nacionales de terceros países a los que se aplique dicho procedimiento y que se encuentren en situación irregular sin que exista un motivo justificado para el no retorno.