Plazo

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Análisis estratégico en la investigación de la criminalidad organizada

20 de noviembre de 2014 Artículos doctrinales

El presente trabajo pone de manifiesto la importancia que tiene el análisis estratégico en la investigación de la delincuencia organizada desde una perspectiva preventiva, tomando dicho análisis como medio eficaz para elaborar productos de inteligencia que posibiliten a medio o largo plazo la resolución de conflictos, la erradicación del mantenimiento y  subsistencia de los ya conocidos o la evitación de la aparición de nuevas amenazas contra la seguridad.

Plazo de pago e interés de demora actuales en los contratos administrativos anteriores al TRLCSP

Dado el rápido y sucesivo cambio legislativo que se ha producido en la contratación administrativa, los contratos o concesiones llevadas a cabo con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva normativa y que aún se encuentran vigentes y desplegando sus efectos por mor de su duración o de sucesivas prórrogas se encuentran en una situación que puede generar confusión, no solo por la sucesiva modificación de las normas que los rigen, sino por las disposiciones transitorias que se han ido introduciendo en las mismas.

Ampliación de los plazos de conservación de la documentación fiscal y laboral

15 de noviembre de 2013 Artículos doctrinales

La sensación de corrupción generalizada y de su relativa impunidad, están llevando al Legislador español a aprobar una serie de medidas dirigidas contra el fraude fiscal y en la Seguridad social que tienen como fin facilitar la transparencia administrativa y la lucha contra esta lacra social. (Nota: Aprovecho para recordar la afortunada referencia: Sin archivos la transparencia es demagogia).

El doble silencio administrativo a la luz de la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia

Conviene precisar de principio el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que lleva como rúbrica general: “Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado”, y en virtud del cual se dispone expresamente: 1.-“En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo”.

El silencio administrativo en las licencias urbanísticas: ¿una cuestión de pasado?

27 de febrero de 2013 Artículos doctrinales Urbanismo

Cuando el silencio administrativo de carácter positivo originado de forma automática tras la falta de resolución de una solicitud de licencia urbanística, era una cuestión legal, doctrinal y jurisprudencialmente asentada en nuestro Ordenamiento Jurídico, entra en vigor "ex novo" el RD Ley 8/2011, de 1 de julio, cuyo artículo 23.2 cambia radicalmente el criterio mantenido hasta entonces, entendiendo desestimada todo licencia urbanística que, instada por un administrado, no haya sido resuelta en plazo por la Administración competente. El citado RD Ley, cuya constitucionalidad queda en entredicho, se opone frontalmente al posicionamiento que sobre esta materia mantienen, hasta la fecha, prácticamente la totalidad de leyes autonómicas en vigor. Se genera un conflicto de normas que intentaremos despejar haciendo uso de los principios doctrinales creados al efecto.

Luces y sombras procesales sobre la tasa judicial.

26 de diciembre de 2012 Artículos doctrinales Tasas Judiciales

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha derogado el art.35 de la Ley 53/2002, y la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación ha hecho lo propio con la Orden HAC/661/2003.

La Retribución mediante participación en beneficios de los Administradores de las Sociedades.

Cuando los medios se refieren al gobierno de las empresas, no hay cuestión empresarial que atraiga más al ciudadano común que la pregunta « ¿cuánto cobran? » los administradores de las sociedades; y así pues, la discusión tiende a centrarse en su control y en su transparencia, pasando las demás cuestiones algunas de mucha mayor repercusión para el éxito a largo plazo de la empresa a un segundo plano. Durante los años de burbuja bursátil, inversores y medios toleraron la cuantía aparentemente ilimitada de las retribuciones de los consejeros, en buena medida generadas con stock options y otros sistemas de remuneración muy opacos, referenciados al valor de las acciones. Pero en los tiempos de malestar económico que vivimos en la actualidad, ha surgido una poderosa corriente de opinión, criticando que, a pesar del colapso de las cotizaciones bursátiles y de la reducción de beneficios, los administradores hayan incrementado sus honorarios.

El mecanismo normal de reparación de resoluciones defectuosas en el ámbito judicial

Cuando alguna cosa esta mal se debe corregir; lo dicta la lógica y la razón. Y así debe ser también en el mundo jurídico; por ello, cuando una resolución judicial o decreto de los Secretarios Judiciales padece algún error o adolece de algún defecto, en un breve plazo tras su dictado y notificación a las partes, podemos llamar la atención de su autor para que proceda a su corrección; también su autor, de oficio, puede proveer a su rectificación. A veces la corrección es sencilla, pues se trata de meros descuidos o pretericiones involuntarias, que se pueden intuir o considerar comprendidas en el fallo de la Resolución; pero que es mejor aclarar y corregir a fin de que el mandato contenido resulte completo y coherente con la resolución. Sin embargo, en otras ocasiones, ni la corrección es tan sencilla, ni el cambio que la aclaración representa es fácilmente asimilable; pero, como veremos, este aspecto dramático de la aclaración también forma parte del sistema o recurso de aclaración.

Usos en edificios en situación de fuera de ordenación en la Ley 9/2002, de 30 de Diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia

01 de marzo de 2012 Artículos doctrinales URBANISMO

El art. 103 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (en adelante, LOUGA) establece el régimen de los edificios en situación de fuera de ordenación, que son aquellos edificios que tienen alguna incompatibilidad con la normativa urbanística vigente, bien por haberse producido un cambio en la que regía cuando se concedió la licencia que amparaba su construcción, bien por haber transcurrido el plazo para que la Administración ejerciese sus facultades de reposición de la legalidad en relación a inmuebles construidos con infracción de dicha normativa.

Análisis y reflexiones sobre el artículo 99.tres de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

El presente trabajo pretende analizar y reflexionar sobre los dos primeros párrafos del artículo 99.tres de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA) y, en concreto, en cuanto al primer párrafo, si es posible dejar a la conveniencia del sujeto pasivo del Impuesto el ejercicio del derecho a la deducción en cualquier momento dentro del plazo de cuatro años desde que se devengó la cuota deducible. En cuanto al segundo párrafo, si es precisa la contabilización previa en el Libro registro de facturas recibidas de las cuotas soportadas para su deducción.

Deficiencias de las acciones de filiación del Código en materia de legitimación activa, plazos y efectos

01 de enero de 2011 Artículos doctrinales FILIACIÓN

En contra de su aparente sencillez, la regulación de las acciones de filiación está cargada de oscuridades; en particular, en materia de legitimación activa, plazos para ejercitarlas así como respecto de los efectos que producen caso de ser estimadas. Las deficiencias del Código llegan a su grado máximo en sede de acciones de impugnación, donde el legislador de 1981 actúo con una torpeza tal que resulta imposible admitir la literalidad de la mayor parte de los arts. 136-141.

Obras de edificación y urbanización inacabadas: caducidad de licencias, sujeción al régimen de edificación forzosa y orden de ejecución de la urbanización en la normativa urbanística valenciana

01 de noviembre de 2010 Artículos doctrinales URBANISMO

A través del presente artículo se aborda el estudio de la problemática surgida en relación con las obras de edificación y urbanización autorizadas por licencia que permanecen inacabadas una vez transcurridos los plazos máximos de finalización y los mecanismos dispuestos por la normativa urbanística aplicable -con especial atención a la normativa urbanística valenciana-, para hacer cumplir por la Administración el deber de edificación y la materialización de la urbanización necesaria para convertir en solar las parcelas correspondientes y poner en funcionamiento los viales cedidos y demás servicios.

Sobre la inexistencia de plazo para recurrir en vía contencioso-administrativa las desestimaciones por silencio administrativo : Breve comentario a la STC 149/2009, de 17 de junio de 2009

La STC 149/2009, de 17 de junio de 2009 (sección 1ª, rec. 4509/2005, ponente Excmo. Sr. D. Manuel Aragón Reyes), concluye que la interpretación de las resoluciones impugnadas, imponiendo al recurrente la obligación de reaccionar en vía judicial contra la desestimación presunta de su solicitud, so pena de incurrir en extemporaneidad, supone una interpretación irrazonable que choca frontalmente con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

Régimen de autorización de gran establecimiento comercial en Andalucía (II): Nuevo régimen de los grandes establecimientos comerciales

El régimen hasta aquí descrito fue afectado por la moratoria en el otorgamiento de licencias de apertura para instalación, ampliación o traslado de GSC, al determinar la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales, Presupuestarias, de Control y Administrativas que durante el plazo de un año a contar desde su entrada en vigor no podrían otorgarse este tipo de licencias, sin que fuere aplicable esta prohibición cuando la solicitud y documentación para informe preceptivo hubiese tenido entrada con anterioridad en cualquier Registro de la Junta de Andalucía.

El cubrimiento a un agujero en la disciplina militar (II): la polémica del cómputo de la fecha de inicio de plazo de procedimiento y de instrucción por falta militar grave: caducidad y prescripción

El artículo publicado en Noticias Jurídicas (mes de febrero de 2007) donde ya se trataba de esta polémica y el trabajo conjunto para consulta de Expedientes ha sido en estas fechas objeto de debate en su propia Unidad de origen: la Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla.

Breves nociones sobre los contratos de formación y los contratos en prácticas

Para la celebración de un contrato en prácticas los trabajadores tienen que estar en posesión de alguno de los títulos habilitantes, que son los establecidos en el artículo 1 del Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto y Técnico o Técnico Superior de la Formación Profesional Específica, así como los títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. En todo caso, no tienen que haber transcurrido más de cuatro años desde la terminación de los estudios. Este plazo será de seis años en el caso de que se trate de trabajadores minusválidos.

Ideas básicas del permiso de conducir por puntos y su incidencia laboral, en especial al Convenio Colectivo estatal de Empresas de Mensajería

Recientes sentencias conllevan el despido del trabajador por la pérdida del permiso de conducir. Hay que diferenciar de la imagen de determinadas empresas que hacen un abuso de los plazos de entrega y la contratación de conductores con permisos extranjeros, imponiéndoles unos horarios y rutas de ida y vuelta en el mismo día, con alto nivel de ingresos para el conductor que cumplía dichos plazos, como detectaron los Mossos de Escuadra en Cataluña , de las empresas y de los conductores que trabajan en el sector y no por ello no cumplen con la legislación vigente.

El CGPJ aprobará un Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial

18 de noviembre de 2014 Noticias Administración de justicia

Las asociaciones judiciales disponen ahora de un plazo de veinte días para realizar alegaciones al texto y, tras ello, la Sección de Riesgos Laborales elevará el documento a la Comisión Permanente durante el mes de diciembre. Finalmente, la Comisión Permanente activará la reunión de la Comisión de Seguimiento que integran el CGPJ y el Ministerio de Justicia para que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales sea definitivamente aprobado antes del fin de enero de 2015.