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La exigencia de registrar las uniones de hecho para acceder a la pensión de viudedad, no vulnera el derecho a la igualdad ante la ley

14 de mayo de 2014 Jurisprudencia Parejas de hecho

El inciso «[l]a existencia de la pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja» del apartado cuarto del art. 174.3 LGSS, no vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.

Absuelto de un delito de estafa el titular de un establecimiento de «santería» abierto al público con todos los permisos necesarios, por el poco éxito de un ritual realizado

Dado el que la actividad realizada por el establecimiento de santería, en el ámbito del esoterismo y facultades paranormales o extrasensoriales, es legal y cuenta con los permisos y licencias correspondientes para su explotación en un negocio abierto al publico, es evidente que la prestación de dichos servicios a quienes acuden de forma voluntaria y con conocimiento de su contenido y de la prestación económica que deben efectuar a cambio del servicio ofertado, no pueden ser objeto de infracción penal.

No constituye intromisión en la intimidad la captación de fotos de una persona para acreditar que resulta injustificada su incomparecencia en juicio

No se vulnera el derecho a la propia imagen por la captación inconsentida de fotografías en lugares públicos y en momentos de la vida diaria de una persona, para aportarlos como prueba documental de que dicha persona no se encontraba impedida para comparecer en juicio. Inexistencia de intromisión ilegítima.

Llamar 'chalado' a un político, en el contexto de un artículo periodístico sobre su gestión, no constituye un insulto.

La expresión "chalado" incluida en un artículo periodístico predominantemente informativo, en el que se expresaba la línea editorial del periódico, crítica con un alcalde que había adoptado una decisión que provocó una situación de crisis en su equipo de gobierno, aunque pueda tener un matiz despectivo, no constituye en sí mismo un insulto, pues existen acepciones del término en el Diccionario de la Real Academia Española admisibles en la crítica a los políticos y gestores de intereses públicos.

Primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra de 2012 a los funcionarios

21 de febrero de 2014 Jurisprudencia Funcionarios públicos

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Real Decreto-ley 20/2012.

Anulada una sanción a un Guardia Civil por haberse vulnerado su derecho a la libertad de expresión dentro de los límites legales

11 de febrero de 2014 Jurisprudencia Guardia Civil

Los guardias civiles tienen derecho a la libertad de expresión "en los términos establecidos por la Constitución, con los límites que establece su régimen disciplinario, el secreto profesional y el respeto a la dignidad de las personas, las Instituciones y los Poderes Públicos". Por lo que no procede una sanción por unas manifestaciones realizadas sin utilizarse términos irrespetuosos , ofensivos o considerados hacia mandos o autoridades del Estado, ni exponiendo nada que no fuera ya de público conocimiento.

Condena a un ayuntamiento a indemnizar a un motorista por el accidente sufrido a causa del mal estado de la calzada

La causa directa del accidente sufrido fue que el abultamiento de importantes dimensiones que existía en la calzada por la que circulaba la motorista. Tal desperfecto un anormal funcionamiento del servicio público municipal" y supone un incumplimiento de las obligaciones municipales en cuanto a la conservación de las vías públicas que da lugar a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento demandado.

Según el TJUE, eludir el sistema de protección de una consola de videojuegos puede ser legal en ciertas circunstancias

06 de febrero de 2014 Jurisprudencia Derechos de autor

La protección jurídica contra los actos no autorizados por el titular de los derechos de autor únicamente abarca las medidas tecnológicas destinadas a impedir o eliminar los actos de reproducción, comunicación, puesta a disposición del público o distribución de las obras no autorizados por el titular de los derechos de autor para los que se exige su autorización. Dichas medidas deben ser adecuadas para la realización de ese objetivo y no deben ir más allá de lo necesario para ello.

El TS hace públicas varias sentencias sobre afectación al honor de personajes públicos: Aznar, Kiko Rivera, Penélope Cruz y los hermanos Rivera

El TS confirmado la condena a María Teresa Campos por intromisión ilegítima en el honor y en la intimidad personal de Aznar y Botella. También condena a Telecinco, por intromisión en el honor de Kiko Rivera. Absuelve a "¡Qué me dices!" de la misma pretensión respecto de Penélope Cruz y a Antena 3 respecto de una demanda de los hermanos Rivera Ordoñez.

El TS ordena la rehabilitación de un funcionario que se apropió de casi 4.000 euros en 1992

02 de octubre de 2013 Jurisprudencia Funcionarios públicos

Aunque el condenado perdió la condición de funcionario se ha tenido en cuenta el informe de la Dirección Provincial de la TGSS favorable a la rehabilitación, que destaca la actuación "personal y profesional" del recurrente. El largo tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos ha contribuido a "difuminar" el impacto de los sucedido.

Auto del TC donde se impone a Euskadi el copago farmacéutico

Conflicto de competencias planteado por el el Gobierno del Estado al entender que el Decreto vasco 114/2012, de 26 de junio, incurre en una inconstitucionalidad mediata, por vulneración de la normativa básica estatal que desarrolla las competencias estatales previstas en los apartados 1, 16 y 17 del art. 149.1 CE. El recurrente entiende que la inconstitucionalidad mediata del Decreto vasco 114/2012, de 26 junio, vendría dada básicamente porque modifica la condición de beneficiario de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos prevista por la norma estatal y porque modifica el porcentaje de aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria respecto de lo previsto la normativa estatal.

Volkswagen no puede oponerse al registro de la marca comunitaria SWIFT GTi solicitada por Suzuki

21 de marzo de 2012 Jurisprudencia MARCAS COMUNITARIAS

El Reglamento sobre la marca comunitaria permite al titular de una marca anterior oponerse al registro de una marca solicitada cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

La Audiencia Provincial absuelve al alcalde de Coslada del delito de prevaricación

La Sección Sexta de la AP de Madrid ha emitido la sentencia por la que absuelve al alcalde de Coslada, Raúl Vaquero López, de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Asimismo, cabe recurso de casación ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo en un plazo de cinco días, a contar desde el siguiente día al de la última notificación de la sentencia.

Los establecimientos hoteleros que difundan fonogramas en las habitaciones deben abonar una remuneración equitativa a los productores

El Derecho de la Unión obliga a los Estados miembros a establecer, en su legislación, un derecho destinado a garantizar que el usuario de un fonograma publicado con fines comerciales que se utilice para su radiodifusión o para cualquier tipo de comunicación al público pague una remuneración equitativa y única. Sin embargo esta remuneración equitativa no se adeuda en caso de «uso privado».

Un dentista que difunde gratuitamente fonogramas en su consultorio privado no lleva a cabo una «comunicación al público» en el sentido del Derecho de la Unión

El Derecho de la Unión obliga a los Estados miembros a establecer, en su legislación, un derecho destinado a garantizar que el usuario de un fonograma publicado con fines comerciales que se utilice para la radiodifusión o para cualquier tipo de comunicación al público pague una remuneración equitativa y única.

Sentencia del caso 'Manos Limpias y Asociación Libertad e Identidad vs Baltasar Garzón' por prevaricación judicial. STS 101/2012

27 de febrero de 2012 Jurisprudencia CASO GARZÓN

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia absolutoria 101/2012 sobre la causa especial 20048/2009 incoada con la querella formulada por la representación del Sindicato de Funcionarios Públicos “Manos Limpias” ”, a la que se acumuló la causa 3/ 20153/2009 incoada por los mismos hechos, en virtud de querella de la representación de la Asociación Civil Libertad e Identidad, en ejercicio de la acción popular contra Baltasar Garzón Real.