Terrorismo

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Multa de 1 millón de euros al Santander por infringir la ley de prevención de blanqueo

28 de noviembre de 2016 Noticias BLANQUEO DE CAPITALES

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la sanción impuesta en 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.

La libertad de expresión no ampara ni el discurso del odio, que justifica las acciones terroristas, ni la humillación de las víctimas

14 de julio de 2016 Jurisprudencia Delitos de odio

El castigo de enaltecimiento del terrorismo, que persigue la interdicción de lo que se ha denominado “discurso del odio” o alabanza o justificación de acciones terroristas, no trata de criminalizar opiniones discrepantes “sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democrático establecido”.

El contenido violento de una obra de guiñol puede constituir delito de provocación al odio y enaltecimiento de terrorismo

El contenido de una obra de guiñol, en la que se escenificaron acciones violentas y se exhibió una pancarta con la leyenda “Gora Alka-ETA” provocó la intervención policial y la puesta a disposición judicial de los componentes de la Compañía de títeres. El tribunal rectifica su primer auto y considera que, si bien procede la libertad provisional de los titiriteros, los hechos investigados suponen algo más que una clara mofa y revisten caracteres delictivos, en concreto provocación al odio y enaltecimiento de terrorismo.

La infiltración policial: en el límite del Estado de Derecho. El inminente agente encubierto informático

La paulatina expansión del uso y del significado mismo de las investigaciones encubiertas merece nuestra atención, especialmente con motivo de la prevista introducción de la figura del Agente Encubierto Informático para la investigación de delitos cometidos por medio de Internet. La infiltración policial se abre paso como medio de prevención e investigación, no sólo para los delitos de narcotráfico y terrorismo, y se revela especialmente adecuado para detectar y reprimir la delincuencia en la red.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley para fomentar el trabajo autónomo y la economía social e impulsar el emprendimiento

14 de mayo de 2015 Noticias Trabajadores autónomos

Se establece la tarifa plana de cotización a la S.S.por contingencias comunes en cincuenta euros exactos durante seis meses; se amplía el incentivo a los autónomos que inicien una actividad por cuenta propia y con posterioridad contraten a trabajadores por cuenta ajena, y se extienden los supuestos de la Tarifa Plana Especialmente Protegida a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género. Además, en el caso de las personas con discapacidad, la reducción de la cotización se amplía hasta doce meses.

Contenido y novedades de la Ley Orgánica 2/2015, de reforma del Código Penal en materia de terrorismo

31 de marzo de 2015 Noticias Reforma del Código Penal

La Ley Orgánica 2/2015 pretende combatir singularmente el terrorismo yihadista, el cual, como señala la Exposición de Motivos de la norma, se caracteriza  por haber incorporado nuevas formas de agresión, consistentes en nuevos instrumentos de captación, adiestramiento o adoctrinamiento en el odio, para emplearlos de manera cruel contra todos aquellos que, en su ideario extremista y violento, sean calificados como enemigos.

El Estado no es responsable patrimonial de la indemnización reconocida en favor de los padres de la víctima de un delito, en caso de insolvencia de su autor

El Tribunal Supremo establece que en la actualidad, no existe normativa vinculante que extienda al Estado la obligación de garantizar la indemnización para las víctimas de un delito, ni siquiera en casos de insolvencia del autor. Tampoco puede extenderse el régimen legalmente previsto para las víctimas del terrorismo al resto de delitos violentos, por muy abominables que sean.

Condenados a 31 años los miembros del 'comando Otazua' por atentar contra un escolta

15 de febrero de 2012 Jurisprudencia DELITOS DE TERRORISMO

La Audiencia Nacional ha condenado a 31 años de cárcel a los miembros del "comando Otazua" de ETA Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria por su particpación, el 9 de octubre de 2007 en el barrio bilbaíno de La Peña, en el atentado con bomba-lapa que colocaron en el vehículo de un edil del PSE en el que resultó herido su escolta Gabriel Ginés.

El Estado no es responsable patrimonial de la indemnización reconocida en favor de los padres de la víctima de un delito, en caso de insolvencia de su autor

El Tribunal Supremo establece que en la actualidad, no existe normativa vinculante que extienda al Estado la obligación de garantizar la indemnización para las víctimas de un delito, ni siquiera en casos de insolvencia del autor. Tampoco puede extenderse el régimen legalmente previsto para las víctimas del terrorismo al resto de delitos violentos, por muy abominables que sean.

Condenados a 31 años los miembros del 'comando Otazua' por atentar contra un escolta

15 de febrero de 2012 Jurisprudencia DELITOS DE TERRORISMO

La Audiencia Nacional ha condenado a 31 años de cárcel a los miembros del "comando Otazua" de ETA Daniel Pastor, Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria por su particpación, el 9 de octubre de 2007 en el barrio bilbaíno de La Peña, en el atentado con bomba-lapa que colocaron en el vehículo de un edil del PSE en el que resultó herido su escolta Gabriel Ginés.

El Estado no es responsable patrimonial de la indemnización reconocida en favor de los padres de la víctima de un delito, en caso de insolvencia de su autor

El Tribunal Supremo establece que en la actualidad, no existe normativa vinculante que extienda al Estado la obligación de garantizar la indemnización para las víctimas de un delito, ni siquiera en casos de insolvencia del autor. Tampoco puede extenderse el régimen legalmente previsto para las víctimas del terrorismo al resto de delitos violentos, por muy abominables que sean.