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La decisión del hijo mayor de edad de convivir con uno de los progenitores no es un factor a tener en cuenta al atribuir el uso de la vivienda familiar

12 de diciembre de 2013 Jurisprudencia Divorcio

La decisión del hijo mayor de convivir con uno de los progenitores no debe considerarse factor determinante a la hora de privar al otro cónyuge de su derecho a usar el domicilio familiar, porque carece de sentido que quien salio del mismo vuelva para ocuparlo en un tiempo tasado, y que quien estaba salga por la decisión del hijo de trasladarse a vivir con uno de ssu padre, cuando no está enfrentado a su madre con la que de hecho ha venido conviviendo hasta que decidió residir en la vivienda de su padre.

El Supremo establece que la atribución del uso de la vivienda familiar que no sirve a los fines del matrimonio debe limitarse al tiempo necesario para liquidar la sociedad de gananciales

10 de diciembre de 2013 Jurisprudencia Divorcio

Si bien el artículo 96 del Código Civil establece de manera taxativa que, en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, no resulta posible atribuir a los hijos y al progenitor custodio en calidad de domicilio familiar un inmueble que no sirve a estos fines, más allá del tiempo que se necesita para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos cónyuge.

No se puede exigir el pago de unos supuestos consumos de electricidad atrasados cuando la factura no se emitió en tiempo y forma.

Ante el evidente exceso en la factura, el cliente formuló una reclamación ante el servicio de Consumo, a la que la compañía demandada respondió mediante la remisión de un aviso de impago, con el apercibimiento de rescindir el suministro para el caso de no abonarla, pero sin que, en ningún momento, diera ninguna explicación sobre la naturaleza de la factura, y sobre si ésta se refería a un período anterior no cobrado. La sentencia es firme.

El TS ordena la rehabilitación de un funcionario que se apropió de casi 4.000 euros en 1992

02 de octubre de 2013 Jurisprudencia Funcionarios públicos

Aunque el condenado perdió la condición de funcionario se ha tenido en cuenta el informe de la Dirección Provincial de la TGSS favorable a la rehabilitación, que destaca la actuación "personal y profesional" del recurrente. El largo tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos ha contribuido a "difuminar" el impacto de los sucedido.

Actualización del valor de la indemnización por accidente de tráfico al momento de su percepción efectiva

Cuando la aplicación de las normas vigentes en el momento de producirse un accidente provoca, por el tiempo transcurrido entre el mismo y la efectiva percepción de la indemnización por el accidentado, una cuantía de la misma que resulta hoy absolutamente insuficiente, procede adecuar su importe aplicando el incremento correspondiente al IPC entre el año en que ocurrió el accidente y aquel en que se interpuso la demanda.

Reconocimiento por parte del TJUE del derecho a la interrupción de las vacaciones anuales si de forma sobrevenida se cae en IT

Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2012. Cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo al TJUE, con arreglo al artículo 267 TFUE. Se plantea la interpretación del artículo 7.1 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo .

La Audiencia condena a Carcaño por asesinato a 20 años de prisión

13 de enero de 2012 Jurisprudencia CASO MARTA

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Miguel Carcaño Delgado como autor responsable de un delito de asesinato a veinte años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo.

El abono de las comparecencias "apud acta" en la liquidación de condena de prisión

La obligación de comparecencia apud acta es uno de los efectos asociados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal al estatus de libertad provisional del imputado que, por su condición de medida cautelar, procede el abono del tiempo durante el que ha estado vigente la medida de libertad provisional, con la consiguiente obligación de comparecencia por el imputado.

La multa no debe ser un instrumento recaudatorio

28 de abril de 2014 Artículos doctrinales Multa

Una de las medidas aplicadas durante los últimos tiempos para incrementar los ingresos de las Administraciones públicas lo constituye el aumento del número de imposiciones de sanciones pecuniarias, comúnmente conocidas como multas, así como un aumento de la cuantía de las mismas a través de las modificaciones que se están operando en la legislación. Sin embargo esta práctica supone una distorsión que provoca deformidades en nuestro sistema jurídico.

Anualización y distribución irregular de la jornada como medidas flexibilizadoras. Análisis evolutivo de la negociación colectiva estatal (1990-2012)

La ordenación del tiempo de trabajo constituye uno de los contenidos básicos en la negociación colectiva, por lo que ha sido objetivo fundamental de la práctica totalidad de los convenios colectivos. A través de la misma se ha alcanzado un alto grado de flexibilidad en la distribución de la jornada. En este trabajo se analizan algunas de las fórmulas empleadas en los convenios colectivos de ámbito nacional cuando recogen esta institución.

La compra pública innovadora

21 de octubre de 2013 Artículos doctrinales

La contratación pública no puede ser considerada como un fin en si mismo sino que constituye una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o de sus políticas públicas. Es por ello, que en los últimos tiempos, el legislador ha apostado por la incorporación de criterios sociales, medioambientales o de investigación en la contratación pública, de forma que la contratación constituye un instrumento con el que los poderes públicos intervienen en la vida económica, social y política del país.

La nueva redacción del articulo 52 b) del Estatuto de los trabajadores: falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas.

l artículo 52 b) del ET establecía, antes de la reforma llevada a cabo por la ley 3/2012, de 6 de julio, que el contrato podrá extinguirse "Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y hayan transcurrido como mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación. El contrato quedará en suspenso por el tiempo necesario y hasta el máximo de tres meses, cuando la empresa ofrezca un curso de reconversión o de perfeccionamiento profesional a cargo del organismo oficial o propio competente. Durante el curso se abonará al trabajador el equivalente al salario medio que viniera percibiendo".

Abogados gratuitos. Portales de internet de asesoramiento juridico gratuito ¿competencia desleal? ¿defensa de la competencia?

Estamos acostumbrados a ver, como a través de los distintos medios de comunicación e Internet, anuncios en los que se publicitan distintos profesionales (no sólo abogados) que prestan sus servicios de asesoramiento, y otros, de forma gratuita o por unos precios irrisorios, es decir, por importes que difícilmente (por no decir imposible) cubrirían los gastos generados simplemente por el tiempo dedicado a contestar la consulta planteada y mucho menos si se hace necesario un profundo estudio del asunto y ofrecer una solución adecuada o informe al cliente que responda a las cuestiones planteadas. Incluso vemos como se anuncian la llevanza de procedimientos por precios que resultan imposibles de asumir, no sólo por el coste en el tiempo que debe invertirse en el mismo, sino por el desembolso material que debe realizar el profesional para afrontar el procedimiento que se le plantea.

Estafas piramidales

Cada cierto tiempo, saltan a los medios de comunicación noticias sobre fraudes masivos llevados a cabo por medio de empresas de estructura piramidal. Miles de personas que habían invertido su dinero en un negocio que consideraban seguro y que les ofrecía elevados intereses pierden su capital y arrastran consigo a conocidos, familiares o amigos que habían confiado en obtener unas ganancias similares a las conseguidas por aquel que les invitó a participar. Es entonces cuando los afectados intentan recuperar su inversión y, en muchas ocasiones, culpan a los gobiernos por una falta de regulación, sobre todo cuando las empresas piramidales cuentan con cierto reconocimiento. Sin embargo, al no tener estos negocios un respaldo de los organismos oficiales, a los consumidores les es imposible recuperar la totalidad de su capital. Con frecuencia los responsables son juzgados y condenados, algo que no alivia demasiado a los estafados, pues normalmente su dinero no aparece.