Art韈ulo 1 La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (獿a Corte�). La Corte ser� una instituci髇 permanente, estar� facultada para ejercer su jurisdicci髇 sobre personas respecto de los cr韒enes m醩 graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendr� car醕ter complementario de las jurisdiccionales penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regir醤 por las disposiciones del presente Estatuto.

Art韈ulo 2 Relaci髇 de la Corte con las Naciones Unidas

La Corte estar� vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deber� aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de 閟ta.

Art韈ulo 3 Sede de la Corte

1. La sede de la Corte estar� en La Haya, Pa韘es Bajos (玡l Estado anfitri髇�).

2. La Corte concertar� con el Estado anfitri髇 un acuerdo relativo a la sede que deber� aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de 閟ta.

3. La Corte podr� celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Art韈ulo 4 Condici髇 jur韉ica y atribuciones de la Corte

1. La Corte tendr� personalidad jur韉ica internacional. Tendr� tambi閚 la capacidad jur韉ica que sea necesaria para el desempe駉 de sus funciones y la realizaci髇 de sus prop髎itos.

2. La Corte podr� ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

Art韈ulo 5 Cr韒enes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitar� a los cr韒enes m醩 graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendr� competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes cr韒enes:

• a) El crimen de genocidio;
• b) Los cr韒enes de lesa humanidad;
• c) Los cr韒enes de guerra;
• d) El crimen de agresi髇.

2. ...

N鷐ero 2 del art韈ulo 5 suprimido la Enmienda al art韈ulo 8 y las Enmiendas relativas al crimen de agresi髇 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 24 diciembre 2014). Manifestaci髇 del Consentimiento por L.O. 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificaci髇 de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los cr韒enes de guerra y al crimen de agresi髇, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 18 septiembre).Vigencia: 25 septiembre 2015

Art韈ulo 6 Genocidio

A los efectos del presente Estatuto, se entender� por 玤enocidio� cualquiera de los actos mencionados a continuaci髇, perpetrados con la intenci髇 de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 閠nico, racial o religioso como tal:

• a) Matanza de miembros del grupo;
• b) Lesi髇 grave a la integridad f韘ica o mental de los miembros del grupo;
• c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucci髇 f韘ica, total o parcial;
• d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;
• e) Traslado por la fuerza de ni駉s del grupo a otro grupo.

Art韈ulo 7 Cr韒enes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entender� por 玞rimen de lesa humanidad� cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistem醫ico contra una poblaci髇 civil y con conocimiento de dicho ataque:

• a) Asesinato;
• b) Exterminio;
• c) Esclavitud;
• d) Deportaci髇 o traslado forzoso de poblaci髇;
• e) Encarcelaci髇 u otra privaci髇 grave de la libertad f韘ica en violaci髇 de normas fundamentales de derecho internacional;
• f) Tortura;
• g) Violaci髇, esclavitud sexual, prostituci髇 forzada, embarazo forzado, esterilizaci髇 forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
• h) Persecuci髇 de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos pol韙icos, raciales, nacionales, 閠nicos, culturales, religiosos, de g閚ero definido en el p醨rafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexi髇 con cualquier acto mencionado en el presente p醨rafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
• i) Desaparici髇 forzada de personas;
• j) El crimen de 玜partheid�.
• k) Otros actos inhumanos de car醕ter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad f韘ica o la salud mental o f韘ica.

2. A los efectos del p醨rafo 1:

• a) Por 玜taque contra una poblaci髇 civil� se entender� una l韓ea de conducta que implique la comisi髇 m鷏tiple de actos mencionados en el p醨rafo 1 contra una poblaci髇 civil, de conformidad con la pol韙ica de un Estado o de una organizaci髇 de cometer ese ataque o para promover esa pol韙ica;
• b) El 玡xterminio� comprender� la imposici髇 intencional de condiciones de vida, entre otras, la privaci髇 del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucci髇 de parte de una poblaci髇;
• c) Por 玡sclavitud� se entender� el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tr醘ico de personas, en particular mujeres y ni駉s;
• d) Por 玠eportaci髇 o traslado forzoso de poblaci髇� se entender� el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsi髇 u otros actos coactivos, de la zona en que est閚 leg韙imamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
• e) Por 玹ortura� se entender� causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean f韘icos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entender� por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven 鷑icamente de sanciones l韈itas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
• f) Por 玡mbarazo forzado� se entender� el confinamiento il韈ito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intenci髇 de modificar la composici髇 閠nica de una poblaci髇 o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entender� que esta definici髇 afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
• g) Por 玴ersecuci髇� se entender� la privaci髇 intencional y grave de derechos fundamentales en contravenci髇 del derecho internacional en raz髇 de la identidad del grupo o de la colectividad.
• h) Por el crimen de 玜partheid� se entender醤 los actos inhumanos de car醕ter similar a los mencionados en el p醨rafo 1 cometidos en el contexto de un r間imen institucionalizado de opresi髇 y dominaci髇 sistem醫icas de un grupo racial sobre uno o m醩 grupos raciales y con la intenci髇 de mantener ese r間imen;
• i) Por 玠esaparici髇 forzada de personas� se entender� la aprehensi髇, la detenci髇 o el secuestro de personas por un Estado o una organizaci髇 pol韙ica o con su autorizaci髇, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privaci髇 de libertad o dar informaci髇 sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intenci髇 de dejarlas fuera del amparo de la ley por un per韔do prolongado.

3. A los efectos del presente Estatuto, se entender� que el t閞mino 玤閚ero� se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El t閞mino 玤閚ero� no tendr� m醩 acepci髇 que la que antecede.

Art韈ulo 8 Cr韒enes de guerra

1. La Corte tendr� competencia respecto de los cr韒enes de guerra, en particular, cuando se cometan como parte de un plan o pol韙ica o como parte de la comisi髇 en gran escala de tales cr韒enes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por 玞r韒enes de guerra�:

• a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
  • i) El homicidio intencional;
  • ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biol骻icos;
  • iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad f韘ica o la salud;
  • iv) La destrucci髇 y la apropiaci髇 de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, il韈ita y arbitrariamente;
  • v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otras personas protegidas a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;
  • vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado leg韙ima e imparcialmente;
  • vii) La deportaci髇 o el traslado ilegal, o el confinamiento ilegal;
  • viii) La toma de rehenes;
• b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
  • i) Dirigir intencionalmente ataques contra la poblaci髇 civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;
  • ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;
  • iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o veh韈ulos participantes en una misi髇 de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidades, siempre que tengan derecho a la protecci髇 otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;
  • iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causar� p閞didas incidentales de vidas, lesiones a civiles o da駉s a bienes de car醕ter civil o da駉s extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que ser韆n manifiestamente excesivos en relaci髇 con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea;
  • v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no est閚 defendidos y que no sean objetivos militares;
  • vi) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreci髇;
  • vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, as� como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar as� la muerte o lesiones graves;
  • viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su poblaci髇 civil al territorio que ocupa o la deportaci髇 o el traslado de la totalidad o parte de la poblaci髇 del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;
  • ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religi髇, la educaci髇, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos hist髍icos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
  • x) Someter a personas que est閚 en poder de una parte adversa a mutilaciones f韘icas o a experimentos m閐icos o cient韋icos de cualquier tipo que no est閚 justificados en raz髇 de un tratamiento m閐ico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su inter閟, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
  • xi) Matar o herir a traici髇 a personas pertenecientes a la naci髇 o al ej閞cito enemigo;
  • xii) Declarar que no se dar� cuartel;
  • xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
  • xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;
  • xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones b閘icas dirigidas contra su propio pa韘, aunque hubieran estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra;
  • xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
  • xvii) Emplear veneno o armas envenenadas;
  • xviii) Emplear gases asfixiantes, t髕icos o similares o cualquier l韖uido, material o dispositivo an醠ogos;
  • xix) Emplear balas que se ensanchan o aplastan f醕ilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;
  • xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y m閠odos de guerra que, por su propia naturaleza, causen da駉s superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violaci髇 del derecho internacional de los conflictos armados, a condici髇 de que esas armas o esos proyectiles, materiales o m閠odos de guerra, sean objeto de una prohibici髇 completa y est閚 incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los art韈ulos 121 y 123;
  • xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal; especialmente los tratos humillantes y degradantes;
  • xxii) Cometer actos de violaci髇, esclavitud sexual, prostituci髇 forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del p醨rafo 2 del art韈ulo 7, esterilizaci髇 forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que tambi閚 constituya una infracci髇 grave de los Convenios de Ginebra;
  • xxiii) Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares;
  • xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
  • xxv) Hacer padecer intencionalmente hambre a la poblaci髇 civil como m閠odo de hacer la guerra, priv醤dola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;
  • xxvi) Reclutar o alistar a ni駉s menores de quince a駉s en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;
• c) En caso de conflicto armado que no sea de 韓dole internacional, las violaciones graves del art韈ulo 3 com鷑 a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detenci髇 o por cualquier otra causa:
  • i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
  • ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
  • iii) La toma de rehenes;
  • iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garant韆s judiciales generalmente reconocidas como indispensables.
• d) El p醨rafo 2.c) del presente art韈ulo se aplica a los conflictos armados que no son de 韓dole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos espor醖icos y aislados de violencia u otros actos an醠ogos.
• e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de 韓dole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
  • i) Dirigir intencionalmente ataques contra la poblaci髇 civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
  • ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
  • iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o veh韈ulos participantes en una misi髇 de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protecci髇 otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;
  • iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religi髇, la educaci髇, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos hist髍icos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condici髇 de que no sean objetivos militares;
  • v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
  • vi) Cometer actos de violaci髇, esclavitud sexual, prostituci髇 forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del p醨rafo 2 del art韈ulo 7, esterilizaci髇 forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya tambi閚 una violaci髇 grave del art韈ulo 3 com鷑 a los cuatro Convenios de Ginebra;
  • vii) Reclutar o alistar ni駉s menores de quince a駉s en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;
  • viii) Ordenar del desplazamiento de la poblaci髇 civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que as� lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
  • ix) Matar o herir a traici髇 a un combatiente adversario;
  • x) Declarar que no se dar� cuartel;
  • xi) Someter a las personas que est閚 en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones f韘icas o a experimentos m閐icos o cient韋icos de cualquier tipo que no est閚 justificados en raz髇 del tratamiento m閐ico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su inter閟, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
  • xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades de conflicto lo hagan imperativo.
  • xiii) Emplear veneno o armas envenenadas;
  • xiv) Emplear gases asfixiantes, t髕icos o similares o cualquier l韖uido, material o dispositivo an醠ogos;
  • xv) Emplear balas que se ensanchan o aplastan f醕ilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones.
  • Apartados xiii), xiv) y xv) de la letra e) del n鷐ero 2 del art韈ulo 8 introducidos por la Enmienda al art韈ulo 8 y las Enmiendas relativas al crimen de agresi髇 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 24 diciembre 2014). Manifestaci髇 del Consentimiento por L.O. 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificaci髇 de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los cr韒enes de guerra y al crimen de agresi髇, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 18 septiembre).Vigencia: 25 septiembre 2015
• f) El p醨rafo 2.e) del presente art韈ulo se aplica a los conflictos armados que no son de 韓dole internacional y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos espor醖icos y aislados de violencia u otros actos an醠ogos. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.

3. Nada de lo dispuesto en los p醨rafos 2.c) y e) afectar� a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener o restablecer el orden p鷅lico en el Estado o de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio leg韙imo.

Art韈ulo 8 bis Crimen de agresi髇

1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un ''crimen de agresi髇'' cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acci髇 pol韙ica o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresi髇 que por sus caracter韘ticas, gravedad y escala constituya una violaci髇 manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

2. A los efectos del p醨rafo 1, por ''acto de agresi髇'' se entender� el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberan韆, la integridad territorial o la independencia pol韙ica de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resoluci髇 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaraci髇 de guerra, se caracterizar� como acto de agresi髇:

• a) La invasi髇 o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupaci髇 militar, a鷑 temporal, que resulte de dicha invasi髇 o ataque, o toda anexi髇, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de 閘;
• b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;
• c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;
• d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o a閞eas de otro Estado, o contra su flota mercante o a閞ea;
• e) La utilizaci髇 de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violaci髇 de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongaci髇 de su presencia en dicho territorio despu閟 de terminado el acuerdo;
• f) La acci髇 de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposici髇 de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresi髇 contra un tercer Estado;
• g) El env韔 por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participaci髇 en dichos actos.

Art韈ulo 8 bis introducido por la Enmienda al art韈ulo 8 y las Enmiendas relativas al crimen de agresi髇 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 24 diciembre 2014). Manifestaci髇 del Consentimiento por L.O. 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificaci髇 de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los cr韒enes de guerra y al crimen de agresi髇, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 18 septiembre).Vigencia: 25 septiembre 2015

Art韈ulo 9 Elementos de los cr韒enes

1. Los Elementos de los Cr韒enes ayudar醤 a la Corte a interpretar y aplicar los art韈ulos 6, 7, 8 y 8 bis del presente Estatuto, ser醤 aprobados por una mayor韆 de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

Inciso inicial del n鷐ero 1 del art韈ulo 9 redactado por la Enmienda al art韈ulo 8 y las Enmiendas relativas al crimen de agresi髇 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 24 diciembre 2014). Manifestaci髇 del Consentimiento por L.O. 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificaci髇 de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los cr韒enes de guerra y al crimen de agresi髇, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 18 septiembre).Vigencia: 25 septiembre 2015

2. Podr醤 proponer enmiendas a los Elementos de los cr韒enes:

• a) Cualquier Estado Parte;
• b) Los magistrados, por mayor韆 absoluta;
• c) El fiscal.

  Las enmiendas ser醤 aprobadas por una mayor韆 de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

3. Los Elementos de los cr韒enes y sus enmiendas ser醤 compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Art韈ulo 10

Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretar� en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto.

Art韈ulo 11 Competencia temporal

1. La Corte tendr� competencia 鷑icamente respecto de cr韒enes cometidos despu閟 de la entrada en vigor del presente Estatuto.

2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto despu閟 de su entrada en vigor, la Corte podr� ejercer su competencia 鷑icamente con respecto a los cr韒enes cometidos despu閟 de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que 閟te haya hecho una declaraci髇 de conformidad con el p醨rafo 3 del art韈ulo 12.

Art韈ulo 12 Condiciones previas para el ejercicio de la competencia

1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respeto a los cr韒enes a que se refiere el art韈ulo 5.

2. En el caso de los apartados a) o c) del art韈ulo 13, la Corte podr� ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el p醨rafo 3:

• a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matr韈ula del buque o la aeronave;
• b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.

3. Si la aceptaci髇 de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el p醨rafo 2, dicho Estado podr�, mediante declaraci髇 depositada en poder del secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperar� con la Corte sin demora ni excepci髇 de conformidad con la Parte IX.

Art韈ulo 13 Ejercicio de la competencia

La Corte podr� ejercer su competencia respecto de cualquiera de los cr韒enes a que se refiere el art韈ulo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

• a) Un Estado Parte remite al fiscal, de conformidad con el art韈ulo 14, una situaci髇 en que parezca haberse cometido uno o varios de esos cr韒enes;
• b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Cap韙ulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situaci髇 en que parezca haberse cometido uno o varios de esos cr韒enes; o
• c) El fiscal ha iniciado una investigaci髇 respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 15.

Art韈ulo 14 Remisi髇 de una situaci髇 por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podr� remitir al fiscal una situaci髇 en que parezca haber cometido uno o varios cr韒enes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situaci髇 a los fines de determinar si ha de acusar de la comisi髇 de tales cr韒enes a una o varias personas determinadas.

2. En la medida de lo posible, en la remisi髇 se especificar醤 las circunstancias pertinentes y se adjuntar� la documentaci髇 justificativa de que disponga el Estado denunciante.

Art韈ulo 15 El fiscal

1. El fiscal podr� iniciar de oficio una investigaci髇 sobre la base de informaci髇 acerca de un crimen de la competencia de la Corte.

2. El fiscal analizar� la veracidad de la informaci髇 recibida. Con tal fin, podr� recabar m醩 informaci髇 de los Estados, los 髍ganos de la Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podr� recibir testimonios escritos y orales en la sede de la Corte.

3. El fiscal, si llegare a la conclusi髇 de que existe fundamento suficiente para abrir una investigaci髇, presentar� a la Sala de Cuestiones Preliminares una petici髇 de autorizaci髇 para ello, junto con la documentaci髇 justificativa que haya reunido. Las v韈timas podr醤 presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. Si, tras haber examinado la petici髇 y la documentaci髇 que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigaci髇 y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizar� el inicio de la investigaci髇, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.

5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigaci髇 no impedir� que el fiscal presente ulteriormente otra petici髇 basada en nuevos hechos o pruebas relacionadas con la misma situaci髇.

6. Si, despu閟 del examen preliminar a que se refieren los p醨rafos 1 y 2, el fiscal llega a la conclusi髇 de que la informaci髇 presentada no constituye fundamento suficiente para una investigaci髇, informar� de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedir� que el fiscal examine, a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra informaci髇 que reciba en relaci髇 con la misma situaci髇.

Art韈ulo 15 bis Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresi髇

(Remisi髇 por un Estado, proprio motu)

1. La Corte podr� ejercer su competencia respecto del crimen de agresi髇 de conformidad con los apartados a) y c) del art韈ulo 13, con sujeci髇 a las disposiciones de este articulo.

2. La Corte 鷑icamente podr� ejercer su competencia respecto de cr韒enes de agresi髇 cometidos un a駉 despu閟 de la ratificaci髇 o aceptaci髇 de las enmiendas por treinta Estados Partes.

3. La Corte ejercer� su competencia respecto del crimen de agresi髇 de conformidad con el presente art韈ulo, a condici髇 de que se adopte una decisi髇 despu閟 del 1.� de enero de 2017 por la misma mayor韆 de Estados Partes que se requiere para la aprobaci髇 de una enmienda al Estatuto.

4. La Corte podr�, de conformidad con el art韈ulo 12, ejercer su competencia sobre un crimen de agresi髇, resultante de un acto de agresi髇 cometido por un Estado Parte, salvo que ese Estado Parte haya declarado previamente que no acepta esa competencia mediante el dep髎ito de una declaraci髇 en poder del Secretario. La retirada de esa declaraci髇 podr� efectuarse en cualquier momento y ser� considerada por el Estado Parte en un plazo de tres a駉s.

5. Respecto de un Estado no Parte en el presente Estatuto, la Corte no ejercer� su competencia respecto del crimen de agresi髇 cuando 閟te sea cometido por los nacionales de ese Estado o en el territorio del mismo.

6. El Fiscal, si llegare a la conclusi髇 de que existe fundamento razonable para iniciar una investigaci髇 sobre un crimen de agresi髇, verificar� en primer lugar si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresi髇 cometido por el Estado de que se trate. El Fiscal notificar� al Secretario General de las Naciones Unidas la situaci髇 ante la Corte, adjuntando la documentaci髇 y otros antecedentes que sean pertinentes.

7. Cuando el Consejo de Seguridad haya realizado dicha determinaci髇, el Fiscal podr� iniciar la investigaci髇 acerca de un crimen de agresi髇.

8. Cuando no se realice dicha determinaci髇 en el plazo de seis meses desde la fecha de notificaci髇, el Fiscal podr� iniciar los procedimientos de investigaci髇 respecto de un crimen de agresi髇, siempre y cuando la Secci髇 de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el procedimiento contenido en el art韈ulo 15, haya autorizado el inicio de la investigaci髇 sobre un crimen de agresi髇, y el Consejo de Seguridad no haya decidido lo contrario de conformidad con el art韈ulo 16.

9. La determinaci髇 de que hubo acto de agresi髇 realizada por un 髍gano ajeno a la Corte no ir� en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto.

10. El presente art韈ulo se entender� sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la competencia respecto de otros cr韒enes a los que se hace referencia en el art韈ulo 5.

Art韈ulo 15 bis introducido por la Enmienda al art韈ulo 8 y las Enmiendas relativas al crimen de agresi髇 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 24 diciembre 2014). Manifestaci髇 del Consentimiento por L.O. 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificaci髇 de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los cr韒enes de guerra y al crimen de agresi髇, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 18 septiembre).Vigencia: 25 septiembre 2015

Art韈ulo 15 ter Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresi髇

(Remisi髇 por el Consejo de Seguridad)

1. La Corte podr� ejercer su competencia respecto del crimen de agresi髇 de conformidad con el apartado b) del art韈ulo 13, con sujeci髇 a las disposiciones de este art韈ulo.

2. La Corte 鷑icamente podr� ejercer su competencia respecto de cr韒enes de agresi髇 cometidos un a駉 despu閟 de la ratificaci髇 o aceptaci髇 de las enmiendas por treinta Estados Partes.

3. La Corte ejercer� su competencia respecto del crimen de agresi髇 de conformidad con el presente art韈ulo, a condici髇 de que se adopte una decisi髇 despu閟 del 1.� de enero de 2017 por la misma mayor韆 de Estados Partes que se requiere para la aprobaci髇 de una enmienda al Estatuto.

4. La determinaci髇 de que hubo acto de agresi髇 realizada por un 髍gano ajeno a la Corte no ir� en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del presente Estatuto.

5. El presente art韈ulo se entender� sin perjuicio de las disposiciones correspondientes al ejercicio de la competencia respecto de otros cr韒enes a los que se hace referencia en el art韈ulo 5.

Art韈ulo 15 ter introducido por la Enmienda al art韈ulo 8 y las Enmiendas relativas al crimen de agresi髇 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 24 diciembre 2014). Manifestaci髇 del Consentimiento por L.O. 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificaci髇 de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los cr韒enes de guerra y al crimen de agresi髇, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 18 septiembre).Vigencia: 25 septiembre 2015

Art韈ulo 16 Suspensi髇 de la investigaci髇 o el enjuiciamiento

En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resoluci髇 aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Cap韙ulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses la investigaci髇 o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte proceder� a esa suspensi髇; la petici髇 podr� ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.

Art韈ulo 17 Cuestiones de admisibilidad

1. La Corte, teniendo en cuenta el d閏imo p醨rafo del pre醡bulo y el art韈ulo 1, resolver� la inadmisibilidad de un asunto cuando:

• a) El asunto sea objeto de una investigaci髇 o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicci髇 sobre 閘, salvo que 閟te no est� dispuesto a llevar a cabo la investigaci髇 o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
• b) El asunto haya sido objeto de investigaci髇 por un Estado que tenga jurisdicci髇 sobre 閘 y 閟te haya decidido no incoar acci髇 penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisi髇 haya obedecido a que no est� dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;
• c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el p醨rafo 3 del art韈ulo 20;
• d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopci髇 de otras medidas por la Corte.

2. A fin de determinar si hay o no disposici髇 a actuar en un asunto determinado, la Corte examinar�, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garant韆s reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, seg鷑 el caso:

• a) Que el juicio ya haya estado o est� en marcha o que la decisi髇 nacional haya sido adoptada con el prop髎ito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por cr韒enes de la competencia de la Corte, seg鷑 lo dispuesto en el art韈ulo 5;
• b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intenci髇 de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;
• c) Que el proceso no haya sido o no est� siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o est� siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intenci髇 de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinar� si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administraci髇 nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no est� por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Art韈ulo 18 Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad

1. Cuando se haya remitido a la Corte una situaci髇 en virtud del art韈ulo 13.a) y el fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigaci髇, o el fiscal inicia una investigaci髇 en virtud de los art韈ulos 13.c) y 15, 閟te lo notificar� a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la informaci髇 disponible, ejercer韆n normalmente la jurisdicci髇 sobre los cr韒enes de que se trate. El fiscal podr� hacer la notificaci髇 a esos Estados con car醕ter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucci髇 de pruebas o impedir la fuga de personas, podr� limitar el alcance de la informaci髇 proporcionada a los Estados.

2. Dentro del mes siguiente a la recepci髇 de dicha notificaci髇, el Estado podr� informar a la Corte que est� llevando o ha llevado a cabo una investigaci髇 en relaci髇 con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicci髇 respecto de actos criminales que puedan constituir cr韒enes contemplados en el art韈ulo 5 y a los que se refiera la informaci髇 proporcionada en la notificaci髇 a los Estados. A petici髇 de dicho Estado, el fiscal se inhibir� de su competencia en favor del Estado en relaci髇 con la investigaci髇 sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petici髇 del fiscal, autorizar la investigaci髇.

3. El fiscal podr� volver a examinar la cuesti髇 de la inhibici髇 de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibici髇 o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no est� dispuesto a llevar a cabo la investigaci髇 o no puede realmente hacerlo.

4. El Estado de que se trate o el fiscal podr醤 apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisi髇 de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 82. La apelaci髇 podr� sustanciarse en forma sumaria.

5. Cuando el fiscal se haya inhibido de su competencia en relaci髇 con la investigaci髇, con arreglo a lo dispuesto en el p醨rafo 2, podr� pedir al Estado de que se trate que le informe peri骴icamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responder醤 a esas peticiones sin dilaciones indebidas.

6. El fiscal podr�, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisi髇, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este art韈ulo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con car醕ter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad 鷑ica de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no est閚 disponibles ulteriormente.

7. El Estado que haya apelado una decisi髇 de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del presente art韈ulo podr� impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del art韈ulo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.

Art韈ulo 19 Impugnaci髇 de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa

1. La Corte se cerciorar� de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La Corte podr� determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el art韈ulo 17.

2. Podr醤 impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el art韈ulo 17, o impugnar la competencia de la Corte:

• a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detenci髇 o una orden de comparecencia con arreglo al art韈ulo 58;
• b) Un Estado que tenga jurisdicci髇 en la causa porque est� investig醤dola o enjuici醤dola o lo ha hecho antes; o
• c) Un Estado cuya aceptaci髇 se requiera de conformidad con el art韈ulo 12.

3. El fiscal podr� pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuesti髇 de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podr醤 presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situaci髇 de conformidad con el art韈ulo 13 y las v韈timas.

4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte s髄o podr醤 ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el p醨rafo 2. La impugnaci髇 se har� antes del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podr� autorizar que la impugnaci髇 se haga m醩 de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones o la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorizaci髇 de la Corte, s髄o podr醤 fundarse en el p醨rafo 1.c) del art韈ulo 17.

5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del p醨rafo 2 del presente art韈ulo har� la impugnaci髇 lo antes posible.

6. Antes de la confirmaci髇 de los cargos, la impugnaci髇 de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte ser� asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Despu閟 de confirmados los cargos, ser� asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podr醤 ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el art韈ulo 82.

7. Si la impugnaci髇 es hecha por el Estado a que se hace referencia en los apartados b) o c) del p醨rafo 2, el fiscal suspender� la investigaci髇 hasta que la Corte resuelva de conformidad con el art韈ulo 17.

8. Hasta antes de que la Corte se pronuncie, el fiscal podr� pedirle autorizaci髇 para:

• a) Practicar las indagaciones necesarias de la 韓dole mencionada en el p醨rafo 6 del art韈ulo 18;
• b) Tomar declaraci髇 a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolecci髇 y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnaci髇; y
• c) Impedir, en cooperaci髇 con los Estados que corresponda, que eludan la acci髇 de la justicia personas respecto de los cuales el fiscal haya pedido ya una orden de detenci髇 en virtud del art韈ulo 58.

9. La impugnaci髇 no afectar� a la validez de ning鷑 acto realizado por el fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.

10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el art韈ulo 17, el fiscal podr� pedir que se revise esa decisi髇 cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa hab韆 sido considerada inadmisible de conformidad con dicho art韈ulo.

11. El fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el art韈ulo 17 suspende una investigaci髇, podr� pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposici髇 informaci髇 sobre las actuaciones. A petici髇 de ese Estado, dicha informaci髇 ser� confidencial. El fiscal, si decide posteriormente abrir una investigaci髇, notificar� su decisi髇 al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensi髇.

Art韈ulo 20 Cosa juzgada

1. Salvo que el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie ser� procesado por la Corte en raz髇 de conductas constitutivas de cr韒enes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.

2. Nadie ser� procesado por otro tribunal en raz髇 de uno de los cr韒ines(sic) mencionados en el art韈ulo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.

3. La Corte no procesar� a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en raz髇 de hechos tambi閚 prohibidos en virtud de los art韈ulos 6, 7, 8 u 8 bis a menos que el proceso en el otro tribunal:

P醨rafo introductorio del n鷐ero 3 del art韈ulo 20 redactado por la Enmienda al art韈ulo 8 y las Enmiendas relativas al crimen de agresi髇 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 24 diciembre 2014). Manifestaci髇 del Consentimiento por L.O. 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificaci髇 de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los cr韒enes de guerra y al crimen de agresi髇, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 18 septiembre).Vigencia: 25 septiembre 2015

• a) Obedeciera al prop髎ito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por cr韒enes de la competencia de la Corte; o
• b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garant韆s procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intenci髇 de someter a la persona a la acci髇 de la justicia.

Art韈ulo 21 Derecho aplicable

1. La Corte aplicar�:

• a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los cr韒enes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;
• b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados;
• c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jur韉icos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercer韆n jurisdicci髇 sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y est醤dares internacionales reconocidas.

2. La Corte podr� aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretaci髇 en decisiones anteriores.

3. La aplicaci髇 e interpelaci髇 del derecho de conformidad con el presente art韈ulo deber� ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sin distinci髇 alguna basada en motivos como el g閚ero, definido en el p醨rafo 3 del art韈ulo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, religi髇 o el credo, la opini髇 pol韙ica o de otra 韓dole, el origen nacional, 閠nico o social, la posici髇 econ髆ica, el nacimiento u otra condici髇.

Art韈ulo 22 玁ullum crimen sine lege�

1. Nadie ser� penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.

2. La definici髇 de crimen ser� interpretada estrictamente y no se har� extensiva por analog韆. En caso de ambig黣dad, ser� interpretada en favor de la persona objeto de investigaci髇, enjuiciamiento o condena.

3. Nada de lo dispuesto en el presente art韈ulo afectar� a la tipificaci髇 de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto.

Art韈ulo 23 玁ulla peona sine lege�

Quien sea declarado culpable por la Corte 鷑icamente podr� ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

Art韈ulo 24 Irretroactividad 玶atione personae�

1. Nadie ser� penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.

2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicar� las disposiciones m醩 favorables a la personal objeto de la investigaci髇, el enjuiciamiento o la condena.

Art韈ulo 25 Responsabilidad penal individual

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendr� competencia respecto de las personas naturales.

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte ser� responsable individualmente y podr� ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

3. De conformidad con el presente Estatuto, ser� penalmente responsable y podr� ser penado por la Comisi髇 de un crimen de la competencia de la Corte quien:

• a) Cometa ese crimen por s� solo con otro o por conducto de otro, sea 閟te o no penalmente responsable;
• b) Ordene, proponga o induzca la comisi髇 de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
• c) Con el prop髎ito de facilitar la comisi髇 de ese crimen, sea c髆plice o encubridor o colabore de alg鷑 modo en la comisi髇 o la tentativa de comisi髇 del crimen, incluso suministrado los medios para su comisi髇;
• d) Contribuya de alg鷑 otro modo en la comisi髇 o tentativa de comisi髇 del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad com鷑.

  La contribuci髇 deber� ser internacional y se har�:

  • i) Con el prop髎ito de llevar a cabo la actividad o prop髎ito delictivo del grupo, cuando una u otro entra馿 la comisi髇 de un crimen de la competencia de la Corte; o
  • ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intenci髇 de cometer el crimen;
• e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigaci髇 directa y p鷅lica a que se cometa;
• f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecuci髇, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisi髇 del crimen o impida de otra forma que se consume no podr� ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare 韓tegra y voluntariamente al prop髎ito delictivo.

3 bis Por lo que respecta al crimen de agresi髇, las disposiciones del presente art韈ulo s髄o se aplicar醤 a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acci髇 pol韙ica o militar de un Estado.

N鷐ero 3 bis del art韈ulo 25 introducido por la Enmienda al art韈ulo 8 y las Enmiendas relativas al crimen de agresi髇 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 24 diciembre 2014). Manifestaci髇 del Consentimiento por L.O. 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificaci髇 de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los cr韒enes de guerra y al crimen de agresi髇, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 (獴.O.E.� 18 septiembre).Vigencia: 25 septiembre 2015

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectar� a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.

Art韈ulo 26 Exclusi髇 de los menores de dieciocho a駉s de la competencia de la Corte

La Corte no ser� competente respecto de los que fueren menores de dieciocho a駉s en el momento de la presunta comisi髇 del crimen.

Art韈ulo 27 Improcedencia del cargo oficial

1. El presente Estatuto ser� aplicable por igual a todos sin distinci髇 alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ning鷑 caso la eximir� de responsabilidad penal ni constituir� 玴er se� motivo para reducir la pena.

2. Las inmunidades y las normas de procedimientos especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstar醤 para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.

Art韈ulo 28 Responsabilidad de los jefes y otros superiores

Adem醩 de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por cr韒enes de la competencia de la Corte:

• a) El jefe militar o el que act鷈 efectivamente como jefe militar ser� penalmente responsable por los cr韒enes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, seg鷑 sea el caso, en raz髇 de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas, cuando:
  • i) Hubiere sabido o, en raz髇 de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos cr韒enes o se propon韆n cometernos; y
  • ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisi髇 o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigaci髇 y enjuiciamiento.
• b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las se馻ladas en el apartado a), el superior ser� penalmente responsable por los cr韒enes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en raz髇 de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:
  • i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de informaci髇 que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos cr韒enes o se propon韆n cometerlos;
  • ii) Los cr韒enes que guardaren relaci髇 con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y
  • iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisi髇 o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigaci髇 y enjuiciamiento.

Art韈ulo 29 Imprescriptibilidad

Los cr韒enes de la competencia de la Corte no prescribir醤.

Art韈ulo 30 Elemento de intencionalidad

1. Salvo disposici髇 en contrario, una persona ser� penalmente responsable y podr� ser penada por un crimen de la competencia de la Corte 鷑icamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intenci髇 y conocimiento.

2. A los efectos del presente art韈ulo, se entiende que act鷄 intencionalmente quien:

• a) En relaci髇 con una conducta, se propone incurrir en ella;
• b) En relaci髇 con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producir� en el curso normal de los acontecimientos.

3. A los efectos del presente art韈ulo, por 玞onocimiento� se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras 玜 sabiendas� y 玞on conocimiento� se entender� en el mismo sentido.

Art韈ulo 31 Circunstancias eximentes de responsabilidad penal

1. Sin perjuicio de las dem醩 circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no ser� penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta:

• a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la Ley;
• b) Estuviere en un estado de intoxicaci髇 que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicaci髇, probablemente incurrir韆 en una conducta tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriere;
• c) Actuare razonablemente en defensa propia de un tercero o, en el caso de los cr韒enes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misi髇 militar contra un uso inminente e il韈ito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para 閘, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operaci髇 de defensa no bastar� para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado;
• d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacci髇 dimanante de una amenaza de muerte inminente o de lesiones corporales graves continuadas o inminentes para 閘 u otra persona y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intenci髇 de causar un da駉 mayor que el que se propon韆 evitar. Esa amenaza podr�:
  • i) Haber sido hecha por otras personas; o
  • ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control.

2. La Corte determinar� si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que est� conociendo.

3. En el juicio, la Corte podr� tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el p醨rafo 1, siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el art韈ulo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecer� en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Art韈ulo 32 Error de hecho o error de derecho

1. El error de hecho eximir� de responsabilidad penal 鷑icamente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.

2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerar� eximente. Con todo, el error de derecho podr� considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el art韈ulo 33 del presente Estatuto.

Art韈ulo 33 觬denes superiores y disposiciones legales

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no ser� eximido de responsabilidad penal, a menos que:

• a) Estuviere obligado por ley a obedecer 髍denes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;
• b) No supiera que la orden era il韈ita; y
• c) La orden no fuera manifiestamente il韈ita.

2. A los efectos del presente art韈ulo, se entender� que las 髍denes de cometer genocidio o cr韒enes de lesa humanidad son manifiestamente il韈itas.

Art韈ulo 34 觬ganos de la Corte

La Corte estar� compuesta de los 髍ganos siguientes:

• a) La Presidencia;
• b) Una Secci髇 de Apelaciones, una Secci髇 de Primera Instancia y una Secci髇 de Cuestiones Preliminares;
• c) La Fiscal韆;
• d) La Secretar韆.

Art韈ulo 35 Desempe駉 del cargo de magistrado

1. Todos los magistrados ser醤 elegidos miembros de la Corte en r間imen de dedicaci髇 exclusiva y estar醤 disponibles para desempe馻r su cargo en ese r間imen desde que comience su mandato.

2. Los magistrados que constituyan la Presidencia desempe馻r醤 sus cargos en r間imen de dedicaci髇 exclusiva tan pronto como sean elegidos.

3. La Presidencia podr�, en funci髇 del volumen de trabajo de la Corte, y en consulta con los miembros de 閟ta, decidir por cu醤to tiempo ser� necesario que los dem醩 magistrados desempe馿n sus cargos en r間imen de dedicaci髇 exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido se entender醤 sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 40.

4. Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no deban desempe馻r sus cargos en r間imen de dedicaci髇 exclusiva ser醤 adoptadas de conformidad con el art韈ulo 49.

Art韈ulo 36 Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elecci髇 de los magistrados

1. Con sujeci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo 2, la Corte estar� compuesta de 18 magistrados.

2.

• a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podr� proponer que aumente el n鷐ero de magistrados, indicado en el p醨rafo 1, y se馻lar� las razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El secretario distribuir� prontamente la propuesta a todos los Estados Partes;
• b) La propuesta ser� examinada en una sesi髇 de la Asamblea de los Estados Partes que habr� de convocarse de conformidad con el art韈ulo 112. La propuesta, que deber� ser aprobada en la sesi髇 por una mayor韆 de dos tercios de los Estados Partes, entrar� en vigor en la fecha en que decida la Asamblea;
• c)
  • i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar el n鷐ero de magistrados con arreglo al apartado b), la elecci髇 de los nuevos magistrados se llevar� a cabo en el siguiente per韔do de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con los p醨rafos 3 a 8 del presente art韈ulo y con el p醨rafo 2 del art韈ulo 37;
  • ii) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una propuesta para aumentar el n鷐ero de magistrados con arreglo a los apartados b) y c)i), la Presidencia podr� en cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo justifica, proponer que se reduzca el n鷐ero de magistrados, siempre que ese n鷐ero no sea inferior al indicado en el p醨rafo 1. La propuesta ser� examinada de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados a) y b). De ser aprobada, el n鷐ero de magistrados se reducir� progresivamente a medida que expiren los mandatos y hasta que se llegue al n鷐ero debido.

3.

• a) Los magistrados ser醤 elegidos entre personas de alta consideraci髇 moral, imparcialidad e integridad que re鷑an las condiciones requeridas para el ejercicio de las m醩 altas funciones judiciales en sus respectivos pa韘es;
• b) Los candidatos a magistrados deber醤 tener:
  • i) Reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra funci髇 similar; o
  • ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, as� como gran experiencia en funciones jur韉icas profesionales que tengan relaci髇 con la labor judicial de la Corte;
• c) Los candidatos a magistrado deber醤 tener un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4.

• a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podr� proponer candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte mediante;
  • i) El procedimiento previsto para proponer candidatos a los m醩 altos cargos judiciales del pa韘; o
  • ii) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa Corte.

    Las propuestas deber醤 ir acompa馻das de una exposici髇 detallada acerca del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el p醨rafo 3;

• b) Un Estado Parte podr� proponer un candidato que no tenga necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un Estado Parte;
• c) La Asamblea de los Estados Partes podr� decidir que se establezca un comit� asesor para las candidaturas. En ese caso, la Asamblea de los Estados Partes determinar� la composici髇 y el mandato del comit�.

5. A los efectos de la elecci髇 se har醤 dos listas de candidatos:

La lista A, con los nombres de los candidatos que re鷑an los requisitos enunciados en el apartado b)i) del p醨rafo 3; y

La lista B, con los nombres de los candidatos que re鷑an los requisitos enunciados en el apartado b)ii) del p醨rafo 3.

El candidato que re鷑a los requisitos requeridos para ambas listas podr� elegir en cu醠 desea figurar. En la primera elecci髇 de miembros de la Corte, por lo menos nueve magistrados ser醤 elegidos entre los candidatos de la lista A y por lo menos cinco ser醤 elegidos entre los de la lista B. Las elecciones subsiguientes se organizar醤 de manera que se mantenga en la Corte una proporci髇 equivalente de magistrados de ambas listas.

6.

• a) Los magistrados ser醤 elegidos por votaci髇 secreta en una sesi髇 de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con arreglo al art韈ulo 112. Con sujeci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo 7, ser醤 elegidos los 18 candidatos que obtengan el mayor n鷐ero de votos y una mayor韆 de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes;
• b) En el caso de que en la primera votaci髇 no resulte elegido un n鷐ero suficiente de magistrados, se proceder� a nuevas votaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado a) hasta cubrir los puestos restantes.

7. No podr� haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado. Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser considerada nacional de m醩 de un Estado, ser� considerada nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y pol韙icos.

8.

• a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendr醤 en cuenta la necesidad de que en la composici髇 de la Corte haya:
  • i) Representaci髇 de los principales sistemas jur韉icos del mundo;
  • ii) Distribuci髇 geogr醘ica equitativa; y
  • iii) Representaci髇 equilibrada de magistrados mujeres y hombres.
• b) Los Estados Partes tendr醤 tambi閚 en cuenta la necesidad de que haya en la Corte magistrados que sean juristas especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres y los ni駉s.

9.

• a) Con sujeci髇 a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados ser醤 elegidos por un mandato de nueve a駉s y, con sujeci髇 al apartado c) y al p醨rafo 2 del art韈ulo 37, no podr醤 ser reelegidos;
• b) En la primera elecci髇, un tercio de los magistrados elegidos ser� seleccionado por sorteo para desempe馻r un mandato de tres a駉s, un tercio de los magistrados ser� seleccionado por sorteo para desempe馻r un mandato de seis a駉s y el resto desempe馻r� un mandato de nueve a駉s;
• c) Un magistrado seleccionado para desempe馻r un mandato de tres a駉s de conformidad con el apartado b) podr� ser reelegido por un mandato completo.

10. No obstante lo dispuesto en el p醨rafo 9, un magistrado asignado a una Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones de conformidad con el art韈ulo 39 seguir� en funciones a fin de llevar a t閞mino el juicio o la apelaci髇 de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.

Art韈ulo 37 Vacantes

1. En caso de producirse una vacante se celebrar� una elecci髇 de conformidad con el art韈ulo 36 para cubrirla.

2. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempe馻r� el cargo por el resto del mandato de su predecesor y, si 閟te fuera de tres a駉s o menos, podr� ser reelegido por un mandato completo con arreglo al art韈ulo 36.

Art韈ulo 38 Presidencia

1. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo ser醤 elegidos por mayor韆 absoluta de los magistrados. Cada uno desempe馻r� su cargo por un per韔do de tres a駉s o hasta el t閞mino de su mandato como magistrado, si 閟te se produjere antes. Podr醤 ser reelegidos una vez.

2. El Vicepresidente primero sustituir� al Presidente cuando 閟te se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado. El Vicepresidente segundo sustituir� al Presidente cuando 閟te y el Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados.

3. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo constituir醤 la Presidencia, que estar� encargada de:

• a) La correcta administraci髇 de la Corte, con excepci髇 de la Fiscal韆; y
• b) Las dem醩 funciones que se le confieren de conformidad con el presente Estatuto.

4. En el desempe駉 de sus funciones enunciadas en el p醨rafo 3.a), la Presidencia actuar� en coordinaci髇 con el fiscal y recabar� su aprobaci髇 en todos los asuntos de inter閟 mutuo.

Art韈ulo 39 Las Salas

1. Tan pronto como sea posible despu閟 de la elecci髇 de los magistrados, la Corte se organizar� en las secciones indicadas en el art韈ulo 34.b). La Secci髇 de Apelaciones se compondr� del Presidente y otros cuatro magistrados, la Secci髇 de Primera Instancia de no menos de seis magistrados, y la Secci髇 de Cuestiones Preliminares de no menos de seis magistrados. Los magistrados ser醤 asignados a las secciones seg鷑 la naturaleza de las funciones que corresponder醤 a cada una y sus respectivas calificaciones y experiencia, de manera que en cada secci髇 haya una combinaci髇 apropiada de especialistas en derecho y procedimiento penales y en derecho internacional. La Secci髇 de Primera Instancia y la Secci髇 de Cuestiones Preliminares estar醤 integradas predominantemente por magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal.

2.

• a) Las funciones judiciales de la Corte ser醤 realizadas en cada secci髇 por las salas;
• b)
  • i) La Sala de Apelaciones se compondr� de todos los magistrados de la Secci髇 de Apelaciones;
  • ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia ser醤 realizadas por tres magistrados de la Secci髇 de Primera Instancia;
  • iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares ser醤 realizadas por tres magistrados de la Secci髇 de Cuestiones Preliminares o por un solo magistrado de dicha Secci髇, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba;
• c) Nada de lo dispuesto en el presente p醨rafo obstar� a que se constituyan simult醤eamente m醩 de una Sala de Primera Instancia o Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gesti髇 eficiente del trabajo de la Corte as� lo requiera.

3.

• a) Los magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares desempe馻r醤 el cargo en esas Secciones por un per韔do de tres a駉s, y posteriormente hasta llevar a t閞mino cualquier causa de la que hayan empezado a conocer en la secci髇 de que se trate;
• b) Los magistrados asignados a la Secci髇 de Apelaciones desempe馻r醤 el cargo en esa Secci髇 durante todo su mandato.

4. Los magistrados asignados a la Secci髇 de Apelaciones desempe馻r醤 el cargo 鷑icamente en esa Secci髇. Nada de lo dispuesto en el presente art韈ulo obstar�, sin embargo, a que se asignen temporalmente magistrados de la Secci髇 de Primera Instancia a la Secci髇 de Cuestiones Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera que la gesti髇 eficiente del trabajo de la Corte as� lo requiere, pero en ning鷑 caso podr� formar parte de la Sala de Primera Instancia que conozca de una causa un magistrado que haya participado en la etapa preliminar.

Art韈ulo 40 Independencia de los magistrados

1. Los magistrados ser醤 independientes en el desempe駉 de sus funciones.

2. Los magistrados no realizar醤 actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia.

3. Los magistrados que tengan que desempe馻r sus cargos en r間imen de dedicaci髇 exclusiva en la sede de la Corte no podr醤 desempe馻r ninguna otra ocupaci髇 de car醕ter profesional.

4. Las cuestiones relativas a la aplicaci髇 de los p醨rafos 2 y 3 ser醤 dirimidas por mayor韆 absoluta de los magistrados. El magistrado al que se refiera una de estas cuestiones no participar� en la adopci髇 de la decisi髇.

Art韈ulo 41 Dispensa y recusaci髇 de los magistrados

1. La Presidencia podr�, a petici髇 de un magistrado, dispensarlo del ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2.

• a) Un magistrado no participar� en ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Un magistrado ser� recusado de conformidad con lo dispuesto en el presente p醨rafo, entre otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relaci髇 con la persona objeto de investigaci髇 o enjuiciamiento. Un magistrado ser� tambi閚 recusado por los dem醩 motivos que se establezcan en las Reglas de Procedimiento y Prueba;
• b) El fiscal o la persona objeto de investigaci髇 o enjuiciamiento podr� pedir la recusaci髇 de un magistrado con arreglo a lo dispuesto en el presente p醨rafo;
• c) Las cuestiones relativas a la recusaci髇 de un magistrado ser醤 dirimidas por mayor韆 absoluta de los magistrados. El magistrado cuya recusaci髇 se pida tendr� derecho a hacer observaciones sobre la cuesti髇, pero no tomar� parte en la decisi髇.

Art韈ulo 42 La Fiscal韆

1. La Fiscal韆 actuar� en forma independiente como 髍gano separado de la Corte. Estar� encargada de recibir remisiones e informaci髇 corroborada sobre cr韒enes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acci髇 penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscal韆 no solicitar醤 ni cumplir醤 instrucciones de fuentes ajenas a la Corte.

2. La Fiscal韆 estar� dirigida por el fiscal. El fiscal tendr� plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscal韆, con inclusi髇 del personal, las instalaciones y otros recursos. El fiscal contar� con la ayuda de uno o m醩 fiscales adjuntos, que podr醤 desempe馻r cualquiera de las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto. El fiscal y los fiscales adjuntos tendr醤 que ser de diferentes nacionalidades y desempe馻r醤 su cargo en r間imen de dedicaci髇 exclusiva.

3. El fiscal y los fiscales adjuntos ser醤 personas que gocen de alta consideraci髇 moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia pr醕tica en el ejercicio de la acci髇 penal o la sustanciaci髇 de causas penales. Deber醤 tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. El fiscal ser� elegido en votaci髇 secreta y por mayor韆 absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos ser醤 elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el fiscal.

El fiscal propondr� tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elecci髇 se fije un per韔do m醩 breve, el fiscal y los fiscales adjuntos desempe馻r醤 su cargo por un per韔do de nueve a駉s y no podr醤 ser reelegidos.

5. El fiscal y los fiscales adjuntos no realizar醤 actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podr醤 desempe馻r ninguna otra ocupaci髇 de car醕ter profesional.

6. La Presidencia podr�, a petici髇 del fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarlos de intervenir en una causa determinada.

7. El fiscal y los fiscales adjuntos no participar醤 en ning鷑 asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Ser醤 recusados de conformidad con lo dispuesto en el presente p醨rafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relaci髇 con la persona objeto de investigaci髇 o enjuiciamiento.

8. Las cuestiones relativas a la recusaci髇 del fiscal o de un fiscal adjunto ser醤 dirimidas por la Sala de Apelaciones:

• a) La persona objeto de investigaci髇 o enjuiciamiento podr� en cualquier momento pedir la recusaci髇 del fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el presente art韈ulo;
• b) El fiscal o el fiscal adjunto, seg鷑 proceda, tendr醤 derecho a hacer observaciones sobre la cuesti髇.

9. El fiscal nombrar� asesores jur韉icos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de g閚ero y violencia contra los ni駉s.

Art韈ulo 43 La Secretar韆

1. La Secretar韆, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del fiscal de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 42, estar� encargada de los aspectos no judiciales de la administraci髇 de la Corte y de prestarle servicios.

2. La Secretar韆 ser� dirigida por el secretario, que ser� el principal funcionario administrativo de la Corte. El secretario ejercer� sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.

3. El secretario y el secretario adjunto deber醤 ser personas que gocen de consideraci髇 moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. Los magistrados elegir醤 al secretario en votaci髇 secreta por mayor韆 absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegir醤, por recomendaci髇 del secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un secretario adjunto.

5. El secretario ser� elegido por un per韔do de cinco a駉s en r間imen de dedicaci髇 exclusiva y podr� ser reelegido una sola vez. El secretario adjunto ser� elegido por un per韔do de cinco a駉s, o por uno m醩 breve, si as� lo deciden los magistrados por mayor韆 absoluta, en el entendimiento de que prestar� sus servicios seg鷑 sea necesario.

6. El secretario establecer� una Dependencia de V韈timas y Testigos dentro de la Secretar韆. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscal韆, adoptar� medidas de protecci髇 y dispositivos de seguridad y prestar� asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y v韈timas que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que est閚 en peligro en raz髇 del testimonio prestado. La Dependencia contar� con personal especializado para atender a las v韈timas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.

Art韈ulo 44 El personal

1. El fiscal y el secretario nombrar醤 los funcionarios calificados que sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del fiscal, ello incluir� el nombramiento de investigadores.

2. En el nombramiento de los funcionarios, el fiscal y el secretario velar醤 por el m醩 alto grado de eficiencia, competencia e integridad y tendr醤 en cuenta, 玬utatis mutandis�, los criterios establecidos en el p醨rafo 8 del art韈ulo 36.

3. El secretario, con la anuencia de la Presidencia y del fiscal, propondr� un reglamento del personal que establecer� las condiciones en que el personal de la Corte ser� designado, remunerado o separado del servicio. El Reglamento del Personal estar� sujeto a la aprobaci髇 de la Asamblea de los Estados Partes.

4. La Corte podr�, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes, organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera de los 髍ganos de la Corte. El fiscal podr� aceptar ofertas de esa 韓dole en nombre de la Fiscal韆. El personal proporcionado gratuitamente ser� empleado de conformidad con directrices que ha de establecer la Asamblea de los Estados Partes.

Art韈ulo 45 Promesa solemne

Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto declarar醤 solemnemente y en sesi髇 p鷅lica que ejercer醤 sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.

Art韈ulo 46 Separaci髇 del cargo

1. Un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el secretario adjunto ser� separado del cargo si se adopta una decisi髇 a tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 2 cuando se determine que:

• a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones que le confiere el presente Estatuto y seg鷑 lo establecido en las Reglas de Procedimiento y Prueba; o
• b) Est� imposibilitado de desempe馻r las funciones descritas en el presente Estatuto.

2. La decisi髇 de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un fiscal adjunto de conformidad con el p醨rafo 1 ser� adoptada por la Asamblea de los Estados Partes en votaci髇 secreta:

• a) En el caso de un magistrado, por mayor韆 de dos tercios de los Estados Partes y previa recomendaci髇 aprobada por mayor韆 de dos tercios de los dem醩 magistrados;
• b) En el caso del fiscal, por mayor韆 absoluta de los Estados Partes;
• c) En el caso de un fiscal adjunto, por mayor韆 absoluta de los Estados Partes y previa recomendaci髇 del fiscal.

3. La decisi髇 de separar del cargo al secretario o a un secretario adjunto ser� adoptada por mayor韆 absoluta de los magistrados.

4. El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo, de conformidad con el presente Estatuto, haya sido impugnada en virtud del presente art韈ulo podr� presentar y obtener pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podr� participar por ning鷑 otro concepto en el examen de la cuesti髇.

Art韈ulo 47 Medidas disciplinarias

El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en el p醨rafo 1 del art韈ulo 46 ser� objeto de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Art韈ulo 48 Privilegios e inmunidades

1. La Corte gozar� en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

2. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario gozar醤, cuando act鷈n en el desempe駉 de sus funciones o en relaci髇 con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplom醫icas y, una vez expirado su mandato, seguir醤 gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones hechas oralmente o por escrito y los actos realizados en el desempe駉 de sus funciones oficiales.

3. El secretario adjunto, el personal de la Fiscal韆 y el personal de la Secretar韆 gozar醤 de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte ser醤 objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

5. Se podr� renunciar a los privilegios e inmunidades:

• a) En el caso de un magistrado o el fiscal, por decisi髇 de la mayor韆 absoluta de los magistrados.
• b) En el caso del secretario, por la Presidencia.
• c) En el caso de los fiscales adjuntos y el personal de la Fiscal韆, por el fiscal.
• d) En el caso del secretario adjunto y el personal de la Secretar韆, por el secretario.

Art韈ulo 49 Sueldos, estipendios y dietas

Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto percibir醤 los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no ser醤 reducidos en el curso de su mandato.

Art韈ulo 50 Idiomas oficiales y de trabajo

1. Los idiomas oficiales de la Corte ser醤 el 醨abe, el chino, el espa駉l, el franc閟, el ingl閟 y el ruso. Las sentencias de la Corte, as� como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte, ser醤 publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar� cu醠es son las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a los efectos del presente p醨rafo.

2. Los idiomas de trabajo de la Corte ser醤 el franc閟 y el ingl閟. En las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinar� en qu� casos podr� utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.

3. La Corte autorizar� a cualquiera de las partes o cualquiera de los Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del franc閟 o el ingl閟, siempre que considere que esta autorizaci髇 est� adecuadamente justificada.

Art韈ulo 51 Reglas de Procedimiento y Prueba

1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrar醤 en vigor tras su aprobaci髇 por mayor韆 de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

2. Podr醤 proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:

• a) Cualquier Estado Parte;
• b) Los magistrados, por mayor韆 absoluta, o
• c) El fiscal.

  Las enmiendas entrar醤 en vigor tras su aprobaci髇 en la Asamblea de los Estados Partes por mayor韆 de dos tercios.

3. Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos urgentes, y cuando 閟tas no resuelvan una situaci髇 concreta suscitada en la Corte, los magistrados podr醤, por una mayor韆 de dos tercios, establecer reglas provisionales que se aplicar醤 hasta que la Asamblea de los Estados Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente per韔do ordinario o extraordinario de sesiones.

4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas provisionales deber醤 estar en consonancia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, as� como las reglas provisionales, no se aplicar醤 retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigaci髇 o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.

5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecer� el Estatuto.

Art韈ulo 52 Reglamento de la Corte

1. Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobar醤 por mayor韆 absoluta el Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.

2. Se consultar� al fiscal y al secretario en la preparaci髇 del Reglamento y de cualquier enmienda a 閘.

3. El Reglamento y sus enmiendas entrar醤 en vigor al momento de su aprobaci髇, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente despu閟 de su aprobaci髇, ser醤 distribuidos a los Estados Partes para recabar sus observaciones. Se mantendr醤 en vigor si, en un plazo de seis meses, no se han recibido objeciones de una mayor韆 de los Estados Partes.

Art韈ulo 53 Inicio de una investigaci髇

1. El fiscal, despu閟 de evaluar la informaci髇 de que disponga, iniciar� una investigaci髇, a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigaci髇, el fiscal tendr� en cuenta si:

• a) La informaci髇 de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se est� cometiendo un crimen de la competencia de la Corte.
• b) La causa es o ser韆 admisible de conformidad con el art韈ulo 17.
• c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las v韈timas, una investigaci髇 no redundar韆 en inter閟 de la justicia.

  El fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigaci髇 y la determinaci髇 se basare 鷑icamente en el apartado c), lo comunicar� a la Sala de Cuestiones Preliminares.

2. Si, tras la investigaci髇, el fiscal llega a la conclusi髇 de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:

• a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detenci髇 o de comparecencia de conformidad con el art韈ulo 58;
• b) La causa es inadmisible de conformidad con el art韈ulo 17, o
• c) El enjuiciamiento no redundar韆 en inter閟 de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las v韈timas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participaci髇 en el presunto crimen; notificar� su conclusi髇 motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el art韈ulo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el p醨rafo b) del art韈ulo 13.

3.

• a) A petici髇 del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al art韈ulo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el p醨rafo b) del art韈ulo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podr� examinar la decisi髇 del fiscal de no proceder a la investigaci髇 de conformidad con el p醨rafo 1 o el p醨rafo 2 y pedir al fiscal que reconsidere esa decisi髇.
• b) Adem醩, la Sala de Cuestiones Preliminares podr�, de oficio, revisar una decisi髇 del fiscal de no proceder a la investigaci髇 si dicha decisi髇 se basare 鷑icamente en el p醨rafo 1.c), o el p醨rafo 2.c). En ese caso, la decisi髇 del fiscal 鷑icamente surtir� efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.

4. El fiscal podr� reconsiderar en cualquier momento su decisi髇 de iniciar una investigaci髇 o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.

Art韈ulo 54 Funciones y atribuciones del fiscal con respecto a las investigaciones

1. El fiscal:

• a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliar� la investigaci髇 a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigar� tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes;
• b) Adoptar� medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigaci髇 y el enjuiciamiento de los cr韒enes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetar� los intereses y las circunstancias personales de v韈timas y testigos, entre otros, la edad, el g閚ero, definido en el p醨rafo 3 del art韈ulo 7, y la salud, y tendr� en cuenta la naturaleza de los cr韒enes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de g閚ero y violencia contra los ni駉s, y
• c) Respetar� plenamente los derechos que confiere a las personas el presente Estatuto.

2. El fiscal podr� realizar investigaciones en el territorio de un Estado:

• a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX, o
• b) Seg鷑 lo autoriza la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el p醨rafo 3.d) del art韈ulo 57.

3. El fiscal podr�:

• a) Reunir y examinar pruebas;
• b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigaci髇, las v韈timas y los testigos;
• c) Solicitar la cooperaci髇 de un Estado u organizaci髇 o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;
• d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperaci髇 de un Estado, una organizaci髇 intergubernamental o una persona;
• e) Convenir en que no divulgar� en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la informaci髇 que obtenga a condici髇 de preservar su car醕ter confidencial y, 鷑icamente, a los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la informaci髇, y
• f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el car醕ter confidencial de la informaci髇, la protecci髇 de una persona o la preservaci髇 de las pruebas.

Art韈ulo 55 Derechos de las personas durante la investigaci髇

1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto:

• a) Nadie ser� obligado a declarar contra s� mismo ni a declararse culpable;
• b) Nadie ser� sometido a forma alguna de coacci髇, intimidaci髇 o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes;
• c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contar�, sin cargo alguno, con los servicios de un int閞prete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad, y
• d) Nadie ser� sometido a arresto o detenci髇 arbitrarios ni ser� privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en 閘.

2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendr� adem醩 los derechos siguientes, de los que ser� informada antes del interrogatorio:

• a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte;
• b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
• c) A ser asistida por un abogado defensor de su elecci髇 o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en inter閟 de la justicia, y, en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes, y
• d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.

Art韈ulo 56 Disposiciones que podr� adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se presente una oportunidad 鷑ica de proceder a una investigaci髇

1.

• a) El fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad 鷑ica de proceder a una investigaci髇, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaraci髇 de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicar� a la Sala de Cuestiones Preliminares.
• b) La Sala, a petici髇 del fiscal, podr� adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa.
• c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el fiscal proporcionar� la informaci髇 correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citaci髇 en relaci髇 con la investigaci髇 a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda ser o韉a.

2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado b) del p醨rafo 1 podr醤 consistir en:

• a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habr� de seguirse.
• b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones.
• c) Nombrar a un experto para que preste asistencia.
• d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante la Corte en virtud de una citaci髇 a que participe o, en caso de que a鷑 no se haya producido esa detenci髇 o comparecencia, o no se haya designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa.
• e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro magistrado de la Secci髇 de Cuestiones Preliminares o la Secci髇 de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la reuni髇 y preservaci髇 de las pruebas o del interrogatorio de personas.
• f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar las pruebas.

3.

• a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente art韈ulo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultar� si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podr� adoptar de oficio esas medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusi髇 de que no hab韆 justificaci髇 para no solicitarlas.
• b) El fiscal podr� apelar de la decisi髇 de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente p醨rafo. La apelaci髇 se sustanciar� en un procedimiento sumario.

4. La admisibilidad o la forma en que quedar� constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente art韈ulo se regir� en el juicio por lo dispuesto en el art韈ulo 69 y la Sala de Primera Instancia decidir� c髆o ha de ponderar esas pruebas.

Art韈ulo 57 Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares

1. A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de Cuestiones Preliminares ejercer� sus funciones de conformidad con las disposiciones del presente art韈ulo.

2.

• a) Las providencias u 髍denes que la Sala de Cuestiones Preliminares dicte en virtud de los art韈ulos 15, 18 � 19, el p醨rafo 2 del art韈ulo 54, el p醨rafo 7 del art韈ulo 61 o el art韈ulo 72, deber醤 ser aprobadas por la mayor韆 de los magistrados que la componen.
• b) En todos los dem醩 casos, un magistrado de la Sala de Cuestiones Preliminares podr� ejercer las funciones establecidas en el presente Estatuto, a menos que las Reglas de Procedimiento y Prueba dispongan otra cosa o as� lo acuerde, por mayor韆 la Sala de Cuestiones Preliminares.

3. Adem醩 de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares podr�:

• a) A petici髇 del fiscal, dictar las providencias y 髍denes que sean necesarias a los fines de una investigaci髇.
• b) A petici髇 de quien haya sido detenido o haya comparecido en virtud de una orden de comparecencia expedida con arreglo al art韈ulo 58, dictar esas 髍denes, incluidas medidas tales como las indicadas en el art韈ulo 56 o solicitar, con arreglo a la Parte IX, la cooperaci髇 que sea necesaria para ayudarle a preparar su defensa.
• c) Cuando sea necesario, asegurar la protecci髇 y el respeto de la intimidad de v韈timas y testigos, la preservaci髇 de pruebas, la protecci髇 de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una orden de comparecencia, as� como la protecci髇 de informaci髇 que afecte a la seguridad nacional.
• d) Autorizar al fiscal a adoptar determinadas medidas de investigaci髇 en el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la cooperaci髇 de 閟te con arreglo a la Parte IX en el caso de que la Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no est� en condiciones de cumplir una solicitud de cooperaci髇 debido a que no existe autoridad u 髍gano alguno de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperaci髇 con arreglo a la Parte IX.
• e) Cuando se haya dictado una orden de detenci髇 o de comparecencia con arreglo al art韈ulo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar la cooperaci髇 de los Estados con arreglo al p醨rafo 1.k) del art韈ulo 93 para adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en 鷏tima instancia a las v韈timas.

Art韈ulo 58 Orden de detenci髇 u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares

1. En cualquier momento despu閟 de iniciada la investigaci髇, la Sala de Cuestiones Preliminares dictar�, a solicitud del fiscal, una orden de detenci髇 contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra informaci髇 presentadas por el fiscal, estuviere convencida de que:

• a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte, y
• b) La detenci髇 parece necesaria para:
  • i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;
  • ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigaci髇 ni las actuaciones de la Corte, o
  • iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.

2. La solicitud del fiscal consignar�:

• a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificaci髇;
• b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido;
• c) Una descripci髇 concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos cr韒enes;
• d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra informaci髇 que constituya motivo razonable para creer que la persona cometi� esos cr韒enes, y
• e) La raz髇 por la cual el fiscal crea necesaria la detenci髇.

3. La orden de detenci髇 consignar�:

• a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificaci髇;
• b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por el que se pide su detenci髇, y
• c) Una descripci髇 concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos cr韒enes.

4. La orden de detenci髇 seguir� en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario.

5. La Corte, sobre la base de la orden de detenci髇, podr� solicitar la detenci髇 provisional o la detenci髇 y entrega de la persona de conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.

6. El fiscal podr� pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detenci髇 para modificar la referencia al crimen indicado en 閟ta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendar� la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometi� los cr韒enes en la forma que se indica en esa modificaci髇 o adici髇.

7. El fiscal podr� pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detenci髇, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastar� con una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictar�, con o sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detenci髇), que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La orden de comparecencia consignar�:

• a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificaci髇;
• b) La fecha de la comparecencia;
• c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido, y
• d) Una descripci髇 concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos cr韒enes.

La notificaci髇 de la orden ser� personal.

Art韈ulo 59 Procedimiento de detenci髇 en el Estado de detenci髇

1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detenci髇 provisional o de detenci髇 y entrega tomar� inmediatamente las medidas necesarias para la detenci髇 de conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.

2. El detenido ser� llevado sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detenci髇, que determinar� si, de conformidad con el derecho de ese Estado:

• a) La orden le es aplicable;
• b) La detenci髇 se llev� a cabo conforme a derecho, y
• c) Se han respetado los derechos del detenido.

3. El detenido tendr� derecho a solicitar de la autoridad competente del Estado de detenci髇 la libertad provisional antes de su entrega.

4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de detenci髇 examinar� si, dada la gravedad de los presuntos cr韒enes, hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de detenci髇 pueda cumplir su obligaci髇 de entregar la persona a la Corte. Esa autoridad no podr� examinar si la orden de detenci髇 fue dictada conforme a derecho con arreglo a los apartados a) y b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 58.

5. La solicitud de libertad provisional ser� notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares, que har� recomendaciones a la autoridad competente del Estado de detenci髇. Antes de adoptar su decisi髇, la autoridad competente del Estado de detenci髇 tendr� plenamente en cuenta esas recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para impedir la evasi髇 de la persona.

6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podr� solicitar informes peri骴icos al respecto.

7. Una vez que el Estado de detenci髇 haya ordenado la entrega, el detenido ser� puesto a disposici髇 de la Corte tan pronto como sea posible.

Art韈ulo 60 Primeras diligencias en la Corte

1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurar� de que ha sido informado de los cr韒enes que le son imputados y de los derechos que le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad provisional.

2. Quien sea objeto de una orden de detenci髇 podr� pedir la libertad provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares est� convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el p醨rafo 1 del art韈ulo 58, se mantendr� la detenci髇. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondr� en libertad al detenido, con o sin condiciones.

3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisar� peri骴icamente su decisi髇 en cuanto a la puesta en libertad o la detenci髇, y podr� hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el fiscal o el detenido. Sobre la base de la revisi髇, la Sala podr� modificar su decisi髇 en cuanto a la detenci髇, la puesta en libertad o las condiciones de 閟ta, si est� convencida de que es necesario en raz髇 de un cambio en las circunstancias.

4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurar� de que la detenci髇 en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerar� la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones.

5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podr� dictar una orden de detenci髇 para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta en libertad.

Art韈ulo 61 Confirmaci髇 de los cargos antes del juicio

1. Con sujeci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo 2 y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante 閟ta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrar� una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el fiscal tiene la intenci髇 de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrar� en presencia del fiscal y del imputado, as� como de su defensor.

2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del fiscal o de oficio, podr� celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:

• a) Haya renunciado a su derecho a estar presente, o
• b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrar� una audiencia para confirmarlos.

  En este caso, el imputado estar� representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en inter閟 de la justicia.

3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:

• a) Se proporcionar� al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el fiscal se proponga enjuiciarlo, y
• b) Se le informar� de las pruebas que el fiscal se proponga presentar en la audiencia.

  La Sala de Cuestiones Preliminares podr� dictar providencias respecto de la revelaci髇 de informaci髇 a los efectos de la audiencia.

4. Antes de la audiencia, el fiscal podr� proseguir la investigaci髇 y modificar o retirar los cargos. Se dar� al imputado aviso con antelaci髇 razonable a la audiencia de cualquier modificaci髇 de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse cargos, el fiscal comunicar� las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.

5. En la audiencia, el fiscal presentar� respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometi� el crimen que se le imputa. El fiscal podr� presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no ser� necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio.

6. En la audiencia, el imputado podr�:

• a) Impugnar los cargos;
• b) Impugnar las pruebas presentadas por el fiscal, y
• c) Presentar pruebas.

7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinar�, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometi� cada crimen que se le imputa. Seg鷑 cual sea esa determinaci髇, la Sala de Cuestiones Preliminares:

• a) Confirmar� los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignar� al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;
• b) No confirmar� los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;
• c) Levantar� la audiencia y pedir� al fiscal que considere la posibilidad de:
  • i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relaci髇 con un determinado cargo, o
  • ii) Modificar un cargo en raz髇 de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisi髇 de un crimen distinto que sea de la competencia de la Corte.

8. La no confirmaci髇 de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstar� para que el fiscal la pida nuevamente a condici髇 de que presente pruebas adicionales.

9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el fiscal, con autorizaci髇 de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificaci髇 al acusado, podr� modificar los cargos. El fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros m醩 graves, deber� pedir una audiencia de conformidad con el presente art韈ulo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el fiscal, con autorizaci髇 de la Sala de Primera Instancia, podr� retirar los cargos.

10. Toda orden ya dictada dejar� de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el fiscal.

11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente art韈ulo, la Presidencia constituir� una Sala de Primera Instancia que, con sujeci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo 9 del presente art韈ulo y en el p醨rafo 4 del art韈ulo 64, se encargar� de la siguiente fase del procedimiento y podr� ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.

Art韈ulo 62 Lugar del juicio

A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrar� en la sede de la Corte.

Art韈ulo 63 Presencia del acusado en el juicio

1. El acusado estar� presente durante el juicio.

2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podr� disponer que salga de ella y observe el proceso y d� instrucciones a su defensor desde fuera, utilizando, en caso necesario, tecnolog韆s de comunicaci髇. Esas medidas se adoptar醤 鷑icamente en circunstancias excepcionales, despu閟 de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y 鷑icamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.

Art韈ulo 64 Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia

1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciadas en el presente art韈ulo deber醤 ejercerse de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. La Sala de Primera Instancia velar� por que el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protecci髇 de las v韈timas y de los testigos.

3. La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de conformidad con el presente Estatuto:

• a) Celebrar� consultas con las partes y adoptar� los procedimientos que sean necesarios para que el juicio se sustancie de manera justa y expedita;
• b) Determinar� el idioma o los idiomas que habr醤 de utilizarse en el juicio, y
• c) Con sujeci髇 a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del presente Estatuto, dispondr� la divulgaci髇 de los documentos o de la informaci髇 que no se haya divulgado anteriormente, con suficiente antelaci髇 al comienzo del juicio como para permitir su preparaci髇 adecuada.

4. La Sala de Primera Instancia podr�, en caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de la Secci髇 de Cuestiones Preliminares que est� disponible.

5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podr�, seg鷑 proceda, indicar que se deber醤 acumular o separar los cargos cuando haya m醩 de un acusado.

6. Al desempe馻r sus funciones antes del juicio o en el curso de 閟te, la Sala de Primera Instancia podr�, de ser necesario:

• a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares indicadas en el p醨rafo 11 del art韈ulo 61;
• b) Ordenar la comparecencia y la declaraci髇 de testigos y la presentaci髇 de documentos y otras pruebas, recabando, de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto;
• c) Adoptar medidas para la protecci髇 de la informaci髇 confidencial;
• d) Ordenar la presentaci髇 de pruebas adicionales a las ya reunidas con antelaci髇 al juicio o a las presentadas durante el juicio por las partes;
• e) Adoptar medidas para la protecci髇 del acusado, de los testigos y de las v韈timas, y
• f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.

7. El juicio ser� p鷅lico. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia podr� decidir que determinadas diligencias se efect鷈n a puerta cerrada, de conformidad con el art韈ulo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la informaci髇 de car醕ter confidencial o restringida que haya de presentarse en la pr醕tica de la prueba.

8.

• a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dar� lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorar� de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dar� al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el art韈ulo 65 o de declararse inocente.
• b) Durante el juicio, el magistrado presidente podr� impartir directivas para la sustanciaci髇 del juicio, en particular para que 閟te sea justo e imparcial. Con sujeci髇 a las directivas que imparta el magistrado presidente, las partes podr醤 presentar pruebas de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto.

9. La Sala de Primera Instancia podr�, a petici髇 de una de las partes o de oficio, entre otras cosas:

• a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas,
• b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias.

10. La Sala de Primera Instancia har� que el secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las diligencias practicadas.

Art韈ulo 65 Procedimientos en caso de declaraci髇 de culpabilidad

1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el p醨rafo 8.a) del art韈ulo 64, la Sala de Primera Instancia determinar�:

• a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaraci髇 de culpabilidad;
• b) Si esa declaraci髇 ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor, y
• c) Si la declaraci髇 de culpabilidad est� corroborada por los hechos de la causa conforme a:
  • i) Los cargos presentados por el fiscal y aceptados por el acusado;
  • ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el fiscal y aceptados por el acusado, y
  • iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el fiscal o el acusado.

2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el p醨rafo 1, considerar� que la declaraci髇 de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podr� condenarlo por ese crimen.

3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el p醨rafo 1, tendr� la declaraci髇 de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenar� que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podr� remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.

4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en inter閟 de la justicia y en particular en inter閟 de las v韈timas, una presentaci髇 m醩 completa de los hechos de la causa, podr�:

• a) Pedir al fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones de testigos, u
• b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendr� la declaraci髇 de culpabilidad por no formulada y podr� remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.

5. Las consultas que celebren el fiscal y la defensa respecto de la modificaci髇 de los cargos, la declaraci髇 de culpabilidad o la pena que habr� de imponerse no ser醤 obligatorias para la Corte.

Art韈ulo 66 Presunci髇 de inocencia

1. Se presumir� que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.

2. Incumbir� al fiscal probar la culpabilidad del acusado.

3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deber� estar convencida de la culpabilidad del acusado m醩 all� de toda duda razonable.

Art韈ulo 67 Derechos del acusado

1. En la determinaci髇 de cualquier cargo, el acusado tendr� derecho a ser o韉o p鷅licamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, as� como a las siguientes garant韆s m韓imas en pie de plena igualdad:

• a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan;
• b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci髇 de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elecci髇;
• c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
• d) Con sujeci髇 a lo dispuesto en el p醨rafo 2 del art韈ulo 63, el acusado tendr� derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elecci髇, a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el inter閟 de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo;
• e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que 閟tos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendr� derecho tambi閚 a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto;
• f) A ser asistido gratuitamente por un int閞prete competente y a obtener las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma que no comprende y no habla;
• g) A no ser obligado a declarar contra s� mismo ni a declararse culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;
• h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento, y
• i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga de presentar contrapruebas.

2. Adem醩 de cualquier otra divulgaci髇 de informaci髇 estipulada en el presente Estatuto, el fiscal divulgar� a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o est閚 bajo su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicaci髇 de este p醨rafo, la Corte decidir�.

Art韈ulo 68 Protecci髇 de las v韈timas y los testigos y su participaci髇 en las actuaciones

1. La Corte adoptar� las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar f韘ico y psicol骻ico, la dignidad y la vida privada de las v韈timas y los testigos. Con este fin, la Corte tendr� en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el g閚ero, definido en el p醨rafo 3 del art韈ulo 7, y la salud, as� como la 韓dole del crimen, en particular cuando 閟te entra馿 violencia sexual o por razones de g閚ero o violencia contra ni駉s. En especial, el fiscal adoptar� estas medidas en el curso de la investigaci髇 y el enjuiciamiento de tales cr韒enes. Estas medidas no podr醤 redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni ser醤 incompatibles con 閟tos.

2. Como excepci髇 al principio del car醕ter p鷅lico de las audiencias, establecido en el art韈ulo 67, las Salas de la Corte podr醤, a fin de proteger a las v韈timas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentaci髇 de pruebas por medios electr髇icos u otros medios especiales. En particular, se aplicar醤 estas medidas en el caso de una v韈tima de violencia sexual o de un menor de edad que sea v韈tima o testigo, salvo decisi髇 en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opini髇 de la v韈tima o el testigo.

3. La Corte permitir�, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las v韈timas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimiento(sic) de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con 閟tos. Los representantes legales de las v韈timas podr醤 presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. La Dependencia de V韈timas y Testigos podr� asesorar al fiscal y a la Corte acerca de las medidas adecuadas de protecci髇, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en el p醨rafo 6 del art韈ulo 43.

5. Cuando la divulgaci髇 de pruebas o informaci髇 de conformidad con el presente Estatuto entra馻re un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el fiscal podr�, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o informaci髇 y presentar en cambio un resumen de 閟tas. Las medidas de esta 韓dole no podr醤 redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni ser醤 incompatibles con 閟tos.

6. Todo Estado podr� solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protecci髇 de sus funcionarios o agentes, as� como de la protecci髇 de informaci髇 de car醕ter confidencial o restringido.

Art韈ulo 69 Pr醕tica de las pruebas

1. Antes de declarar, cada testigo se comprometer�, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.

2. La prueba testimonial deber� rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el art韈ulo 68 o en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podr� permitir al testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabaci髇 de v韉eo o audio, as� como que se presenten documentos o transcripciones escritas, con sujeci髇 al presente estatuto y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podr醤 redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni ser醤 incompatibles con 閟tos.

3. Las partes podr醤 presentar pruebas pertinentes a la causa, de conformidad con el art韈ulo 64. La Corte estar� facultada para pedir todas las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos.

4. La Corte podr� decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluaci髇 del testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

5. La Corte respetar� los privilegios de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

6. La Corte no exigir� prueba de los hechos de dominio p鷅lico, pero podr� incorporarlos en autos.

7. No ser醤 admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violaci髇 del presenten estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas cuando:

• a) Esa violaci髇 suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas, o
• b) su admisi髇 atente contra la integridad de juicio o redunde en grave desmedro de 閘.

8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Estado, no podr� pronunciarse sobre la aplicaci髇 del derecho interno de ese Estado.

Art韈ulo 70 Delitos contra la administraci髇 de justicia

1. La Corte tendr� competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administraci髇 de justicia, siempre y cuando se cometan intencionalmente:

• a) Dar falso testimonio cuando se est� obligado a decir verdad de conformidad con el p醨rafo 1 del art韈ulo 69;
• b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas;
• c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su declaraci髇, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba;
• d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida;
• e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en raz髇 de funciones que haya desempe馻do 閘 u otro funcionario, y
• f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relaci髇 con sus funciones oficiales.

2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecer醤 los principios y procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia sobre los delitos a que se hace referencia en el presente art韈ulo. Las condiciones de la cooperaci髇 internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de conformidad con el presente art韈ulo se regir醤 por el derecho interno del Estado requerido.

3. En caso de decisi髇 condenatoria, la Corte podr� imponer una pena de reclusi髇 no superior a cinco a駉s o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4.

• a) Todo Estado Parte har� extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigaci髇 o enjuiciamiento a los delitos contra la administraci髇 de justicia a que se hace referencia en el presente art韈ulo y sean cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales;
• b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere apropiado, someter� el asunto a sus autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento. Esas autoridades conocer醤 de tales asuntos con diligencia y asignar醤 medios suficientes para que las causas se sustancien en forma eficaz.

Art韈ulo 71 Sanciones por faltas de conducta en la Corte

1. En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte, tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus 髍denes, la Corte podr� imponer sanciones administrativas, que no entra馿n privaci髇 de la libertad, como expulsi髇 temporal o permanente de la sala, multa u otras medidas similares establecidas en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el p醨rafo 1 se regir� por las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Art韈ulo 72 Protecci髇 de informaci髇 que afecte a la seguridad nacional

1. El presente art韈ulo ser� aplicable en todos los casos en que la divulgaci髇 de informaci髇 o documentos de un Estado pueda, a juicio de 閟te, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los comprendidos en el 醡bito de los p醨rafos 2 y 3 del art韈ulo 56, el p醨rafo 3 del art韈ulo 61, el p醨rafo 3 del art韈ulo 64, el p醨rafo 2 del art韈ulo 67, el p醨rafo 6 del art韈ulo 68, el p醨rafo 6 del art韈ulo 87 y el art韈ulo 93, as� como los que se presenten en cualquier otra fase del procedimiento en el contexto de esa divulgaci髇.

2. El presente art韈ulo se aplicar� tambi閚 cuando una persona a quien se haya solicitado informaci髇 o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido un pronunciamiento del Estado, porque su divulgaci髇 afectar韆 a los intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate confirme que, a su juicio, esa divulgaci髇 afectar韆 a los intereses de su seguridad nacional.

3. Nada de lo dispuesto en el presente art韈ulo afectar� a los privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del p醨rafo 3 del art韈ulo 54 ni la aplicaci髇 del art韈ulo 73.

4. Si un Estado tiene conocimiento de que informaci髇 o documentos suyos est醤 siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgaci髇 afectar韆 a sus intereses de seguridad nacional, tendr� derecho a pedir que la cuesti髇 se resuelva de conformidad con el presente art韈ulo.

5. El Estado a cuyo juicio la divulgaci髇 de informaci髇 afectar韆 a sus intereses de seguridad nacional adoptar�, actuando en conjunto por el fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia seg鷑 sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la cuesti髇 por medio de la cooperaci髇. Esas medidas podr醤 ser, entre otras, las siguientes:

• a) La modificaci髇 o aclaraci髇 de la solicitud,
• b) Una decisi髇 de la Corte respecto de la pertinencia de la informaci髇 o de las pruebas solicitadas, o una decisi髇 sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;
• c) La obtenci髇 de la informaci髇 o las pruebas de una fuente distinta o en una forma diferente, o
• d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentaci髇 de res鷐enes o exposiciones, restricciones a la divulgaci髇, la utilizaci髇 de procedimientos a puerta cerrada o ex parte u otras medidas de proteci髇(sic) permitidas con arreglo al estatuto o las Reglas de Procedimiento y Prueba.

6. Una vez que se haya adoptado todas las medidas razonables para resolver la cuesti髇 por medio de la cooperaci髇, el Estado, si considera que la informaci髇 o los documentos no pueden proporcionarse ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condici髇 sin perjuicio de sus intereses de seguridad nacional, notificar� al fiscal o a la Corte las razones concretas de su decisi髇, a menos que la indicaci髇 concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.

7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podr� adoptar las disposiciones siguientes:

• a) Cuando se solicite la divulgaci髇 de la informaci髇 o del documento de conformidad con una solicitud de cooperaci髇 con arreglo a la parte IX del presente Estatuto o en las circunstancias a que se refiere el p醨rafo 2 del presente art韈ulo y el Estado hiciere valer para denegarla el motivo indicado en el p醨rafo 4 del art韈ulo 93:
  • i) la Corte podr�, antes de adoptar una de las conclusiones a que se refiere el inciso ii) del apartado a) del p醨rafo 7, solicitar nuevas consultas con el fin de o韗 las razones del Estado. La Corte, si el Estado lo solicita, celebrar� las consultas a puerta cerrada y 玡x parte�;
  • ii) Si la Corte llega a la conclusi髇 de que, al hacer valer el motivo de denegaci髇 indicado en el p醨rafo 4 del art韈ulo 93, dadas las circunstancias del caso, el Estado requerido no est� actuando de conformidad con las obligaciones que le impone el presente Estatuto, podr� remitir la cuesti髇 de conformidad con el p醨rafo 7 del art韈ulo 87, especificando las razones de su conclusi髇, y
  • iii) La Corte, en el juicio del acusado, podr� extraer las inferencias respecto de la existencia o inexistencia de un hecho que sean apropiadas en raz髇 de las circunstancias, o
• b) En todas las dem醩 circunstancias:
  • i) Ordenar la divulgaci髇, o
  • ii) Si no ordena la divulgaci髇, en el juicio del acusado, extraer las inferencias respecto de la existencia o inexistencia de un hecho que sean apropiadas en raz髇 de las circunstancias.

Art韈ulo 73 Informaci髇 o documentos de terceros

Si la Corte pide a un Estado Parte que le proporcione informaci髇 o un documento que est� bajo su custodia, posesi髇 o control y que le haya sido divulgado por un Estado, una organizaci髇 intergubernamental o una organizaci髇 internacional a t韙ulo confidencial, 閟te recabar� el consentimiento de su autor para divulgar la informaci髇 o el documento. Si el autor es un Estado Parte, deber� consentir en divulgar dicha informaci髇 o documento o comprometerse a resolver la cuesti髇 con la Corte, con sujeci髇 a lo dispuesto en el art韈ulo 72. Si el autor no es un Estado Parte y no consiente en divulgar la informaci髇 o el documento, el Estado requerido comunicar� a la Corte que no puede proporcionar la informaci髇 o el documento de que se trate en raz髇 de la obligaci髇 contra韉a con su autor de preservar su car醕ter confidencial.

Art韈ulo 74 Requisitos para el fallo

1. Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estar醤 presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. La Presidencia podr� designar para cada causa y seg鷑 est閚 disponibles uno o varios magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro de la Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para seguir participando en el juicio.

2. La Sala de Primera Instancia fundamentar� su fallo en su evaluaci髇 de las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referir� 鷑icamente a los hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podr� fundamentar su fallo 鷑icamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el juicio.

3. Los magistrados procurar醤 adoptar su fallo, por unanimidad, pero de no ser posible, 閟te ser� adoptado por mayor韆.

4. Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia ser醤 secretas.

5. El fallo constar� por escrito e incluir� una exposici髇 fundada y completa de la evaluaci髇 de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera Instancia dictar� un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluir� las opiniones de la mayor韆 y de la minor韆. La lectura del fallo o de un resumen de 閟te se har� en sesi髇 p鷅lica.

Art韈ulo 75 Reparaci髇 a la v韈timas

1. La Corte establecer� principios aplicables a la reparaci髇, incluidas la restituci髇, la indemnizaci髇 y la rehabilitaci髇, que ha de otorgarse a las v韈timas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podr� determinar en su decisi髇 el alcance y la magnitud de los da駉s, p閞didas o perjuicios causados a las v韈timas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.

2. La Corte podr� dictar directamente una decisi髇 contra el condenado en la que indique la reparaci髇 adecuada que ha de otorgarse a las v韈timas, incluidas la restituci髇, la indemnizaci髇 y la rehabilitaci髇. Cuando proceda, la Corte podr� ordenar que la indemnizaci髇 otorgada a t韙ulo de reparaci髇 se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el art韈ulo 79.

3. La Corte, antes de tomar una decisi髇 con arreglo a esta art韈ulo, podr� solicitar y tendr� en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las v韈timas, otras personas o Estados que tengan un inter閟, o las que se formulen en su nombre.

4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente art韈ulo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podr� determinar si, a fin de dar efecto a una decisi髇 que dicte de conformidad con este art韈ulo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el p醨rafo 1 del art韈ulo 93.

5. Los Estados Parte dar醤 efecto a la decisi髇 dictada con arreglo a este art韈ulo como si las disposiciones del art韈ulo 109 se aplicaran al presente art韈ulo.

6. Nada de lo dispuesto en el presente art韈ulo podr� interpretarse en perjuicio de los derechos de las v韈timas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.

Art韈ulo 76 Fallo condenatorio

1. En caso de que dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera Instancia fijar� la pena que proceda imponer, para lo cual tendr� en cuenta las pruebas practicadas y las conclusiones relativas a la pena que se hayan hecho en el proceso.

2. Salvo en el caso en que sea aplicable el art韈ulo 65, la Sala de Primera Instancia podr� convocar de oficio una nueva audiencia y tendr� que hacerlo si lo solicitan el fiscal o el acusado antes de que concluya la instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar conclusiones adicionales relativas a la pena, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. En el caso en que sea aplicable el p醨rafo 2, en la audiencia a que se hace referencia en ese p醨rafo o, de ser necesario, en una audiencia adicional se escuchar醤 las observaciones que se hagan en virtud del art韈ulo 75.

4. La pena ser� impuesta en audiencia p鷅lica y, de ser posible, en presencia del acusado.

Art韈ulo 77 Penas aplicables

1. La Corte podr�, con sujeci髇 a lo dispuesto en el art韈ulo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los cr韒enes a que se hace referencia en el art韈ulo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes:

• a) La reclusi髇 por un n鷐ero determinado de a駉s que no exceda de treinta a駉s, o
• b) La reclusi髇 a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

2. Adem醩 de la reclusi髇, la Corte podr� imponer:

• a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba,
• b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Art韈ulo 78 Imposici髇 de la pena

1. Al imponer una pena, la Corte tendr� en cuenta, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

2. La Corte, al imponer una pena de reclusi髇, abonar� el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podr� abonar cualquier otro per韔do de detenci髇 cumplido en relaci髇 con la conducta constitutiva del delito.

3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de m醩 de un crimen, la Corte impondr� una pena para cada uno de ellos y una pena com鷑 en la que se especifique la duraci髇 total de la reclusi髇. La pena no ser� inferior a la m醩 alta de cada una de las penas impuestas y no exceder� de treinta a駉s de reclusi髇 o de una pena de reclusi髇 a perpetuidad de conformidad con el p醨rafo 1.b) del art韈ulo 77.

Art韈ulo 79 Fondo fiduciario

1. Por decisi髇 de la Asamblea de los Estados Partes se establecer� un fondo fiduciario en beneficio de las v韈timas de cr韒enes de la competencia de la Corte y de sus familias.

2. La Corte podr� ordenar que las sumas y los bienes que reciba a t韙ulo de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.

3. El Fondo Fiduciario ser� administrado seg鷑 los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes.

Art韈ulo 80 El Estatuto, la aplicaci髇 de penas por los pa韘es y la legislaci髇 nacional

Nada de lo dispuesto en la presente parte se entender� en perjuicio de la aplicaci髇 por los Estados de las penas prescritas por su legislaci髇 nacional ni de la legislaci髇 de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte.

Art韈ulo 81 Apelaci髇 del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena

1. Los fallos dictados de conformidad con el art韈ulo 74 ser醤 apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, seg鷑 se dispone a continuaci髇:

• a) El fiscal podr� apelar por alguno de los motivos siguientes:
  • i) Vicio de procedimiento,
  • ii) Error de hecho, o
  • iii) Error de derecho;
• b) El condenado o el fiscal en su nombre podr� apelar por alguno de los motivos siguientes:
  • i) Vicio de procedimiento;
  • ii) Error de hecho;
  • iii) Error de derecho;
  • iv) cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo.

2.

• a) El fiscal o el condenado podr醤 apelar de una pena impuesta, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en raz髇 de una desproporci髇 entre el crimen y la pena;
• b) La Corte, si al conocer de la apelaci髇 de una pena impuesta considerase que hay fundamentos para revocar la condena en todo o parte, podr� invitar al fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de conformidad con los apartados a) o b) del p醨rafo 1 del art韈ulo 81 y podr� dictar una decisi髇 respecto de la condena de conformidad con el art韈ulo 83;
• c) Este procedimiento tambi閚 ser� aplicable cuando la Corte, al conocer de una apelaci髇 contra el fallo condenatorio 鷑icamente, considere que hay fundamentos para reducir la pena en virtud del p醨rafo 2.a).

3.

• a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado permanecer� privado de libertad mientras se falla la apelaci髇;
• b) Cuando la duraci髇 de la detenci髇 fuese mayor que la de la pena de prisi髇 impuesta, el condenado ser� puesto en libertad; sin embargo, si el fiscal tambi閚 apelase, esa libertad podr� quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente;
• c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado ser� puesto en libertad de inmediato, con sujeci髇 a las normas siguientes:
  • i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se d� lugar a la apelaci髇, la Sala de Primera Instancia, a solicitud del fiscal, podr� decretar que siga privado de la libertad mientras dure la apelaci髇;
  • ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Primera Instancia en virtud del inciso precedente ser醤 apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. Con sujeci髇 a lo dispuesto en los apartados a) y b) del p醨rafo 3, la ejecuci髇 del fallo o de la pena ser� suspendida durante el plazo fijado para la apelaci髇 y mientras dure el procedimiento de apelaci髇.

Art韈ulo 82 Apelaci髇 de otras decisiones

1. Cualquiera de las partes podr� apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y prueba, de las siguientes decisiones:

• a) Una decisi髇 relativa a la competencia o la admisibilidad;
• b) Una decisi髇 por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigaci髇 o enjuiciamiento;
• c) Una decisi髇 de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el p醨rafo 3 del art韈ulo 56;
• d) Una decisi髇 relativa a una cuesti髇 que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opini髇 de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, una resoluci髇 inmediata de la Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.

2. El Estado de que se trate o el fiscal, con la autorizaci髇 de la Sala de Cuestiones Preliminares, podr� apelar de una decisi髇 adoptada por esta Sala de conformidad con el p醨rafo 3.d) del art韈ulo 57. La apelaci髇 ser� sustanciada en procedimiento sumario.

3. La apelaci髇 no suspender� por s� misma el procedimiento a menos que la Sala de Apelaciones as� lo resuelva, previa solicitud y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. El representante legal de las v韈timas, el condenado o el propietario de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud del art韈ulo 75 podr醤 apelar, de conformidad con las Reglas de procedimiento y Prueba, de la decisi髇 por la cual se conceda reparaci髇.

Art韈ulo 83 Procedimiento de apelaci髇

1. A los efectos del procedimiento establecido en el art韈ulo 81 y en el presente art韈ulo, la Sala de Apelaciones tendr� todas las atribuciones de la Sala de Primera Instancia.

2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podr�:

• a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o
• b) Decretar la celebraci髇 de un nuevo juicio en otra Sala de Primera Instancia.

A estos efectos, la Sala de Apelaciones podr� devolver una cuesti髇 de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le informe seg鷑 corresponda, o podr� ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la pena apelados 鷑icamente por el condenado, o por el fiscal en nombre de 閟te, no podr醤 ser modificados en perjuicio suyo.

3. La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelaci髇 contra la pena, considera que hay una desproporci髇 entre el crimen y la pena, podr� modificar 閟ta de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.

4. La sentencia de la Sala de Apelaciones ser� aprobada por mayor韆 de los magistrados que la componen y anunciada en audiencia p鷅lica. La sentencia enunciar� las razones en que se funda. De no haber unanimidad, consignar� las opiniones de la mayor韆 y de la minor韆, si bien un magistrado podr� emitir una opini髇 separada o disidente sobre una cuesti髇 de derecho.

5. La Sala de Apelaciones podr� dictar sentencia en ausencia de la persona absuelta o condenada.

Art韈ulo 84 Revisi髇 del fallo condenatorio o de la pena

1. El condenado o, despu閟 de su fallecimiento, el c髇yuge, los hijos, los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del acusado y tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el fiscal en su nombre, podr� pedir a la Sala de Apelaciones que revise el fallo definitivo condenatorio o la pena por las siguientes causas:

• a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:
  • i) No se hallaban disponibles a la 閜oca del juicio por motivos que no cabr韆 imputar total o parcialmente a la parte que formula la solicitud; y
  • ii) Son suficientemente importantes como para que, de haberse valorado en el juicio, probablemente hubieran dado lugar a otro veredicto;
• b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo, apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era falso o habr韆 sido objeto de adulteraci髇 o falsificaci髇;
• c) Uno o m醩 de los magistrados que intervinieron en el fallo condenatorio o en la confirmaci髇 de los cargos han incurrido, en esa causa, en una falta grave o un incumplimiento grave de magnitud suficiente para justificar su separaci髇 del cargo de conformidad con el art韈ulo 46.

2. La Sala de Apelaciones rechazar� la solicitud si la considera infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podr�, seg鷑 corresponda:

• a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;
• b) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o
• c) Mantener su competencia respecto del asunto,

para, tras o韗 a las partes en la manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse la sentencia.

Art韈ulo 85 Indemnizaci髇 del detenido o condenado

1. El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendr� el derecho efectivo a ser indemnizado.

2. El que por decisi髇 final hubiera sido condenado por un crimen y hubiere cumplido pena por tal motivo ser� indemnizado conforme a la ley de ser anulada posteriormente su condena en raz髇 de hechos nuevos que demuestren concluyentemente que hubo un error judicial, salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total o parcialmente imputable.

3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial grave y manifiesto tendr� la facultad discrecional de otorgar una indemnizaci髇, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la causa por esa raz髇.

Art韈ulo 86 Obligaci髇 general de cooperar

Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperar醤 plenamente con la Corte en relaci髇 con la investigaci髇 y el enjuiciamiento de cr韒enes de su competencia.

Art韈ulo 87 Solicitudes de cooperaci髇: disposiciones generales

1.

• a) La Corte estar� facultada para formular solicitudes de cooperaci髇 a los Estados Partes. 蓅tas se transmitir醤 por v韆 diplom醫ica o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇.

  Cada Estado Parte podr� cambiar posteriormente esa designaci髇 de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

• b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las solicitudes podr醤 transmitirse tambi閚 por conducto de la Organizaci髇 Internacional de Polic韆 Criminal o de cualquier organizaci髇 regional competente.

V閍se apartado E.D de Res. 26 enero 2005, de la Secretar韆 General T閏nica, sobre aplicaci髇 del art韈ulo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenaci髇 de la actividad de la Administraci髇 del Estado en materia de Tratados Internacionales (獴.O.E.� 9 febrero), por el que se publican notificaciones efectuadas por diversos pa韘es en virtud del art韈ulo 87.1 y 87.2.

2. Las solicitudes de cooperaci髇 y los documentos que las justifiquen estar醤 redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o acompa馻dos de una traducci髇 a ese idioma, o a uno de los idiomas de trabajo de la Corte, seg鷑 la elecci髇 que haya hecho el Estado a la fecha de la ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇.

El Estado Parte podr� cambiar posteriormente esa elecci髇 de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

V閍se apartado E.D de Res. 26 enero 2005, de la Secretar韆 General T閏nica, sobre aplicaci髇 del art韈ulo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenaci髇 de la actividad de la Administraci髇 del Estado en materia de Tratados Internacionales (獴.O.E.� 9 febrero), por el que se publican notificaciones efectuadas por diversos pa韘es en virtud del art韈ulo 87.1 y 87.2.

3. El Estado requerido preservar� el car醕ter confidencial de toda solicitud de cooperaci髇 y de los documentos que las justifiquen, salvo en la medida en que su divulgaci髇 sea necesaria para tramitarla.

4. Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de conformidad con la presente Parte, la Corte podr� adoptar todas las medidas, incluidas las relativas a la protecci髇 de la informaci髇, que sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar f韘ico o psicol骻ico de las v韈timas, los posibles testigos y sus familiares. La Corte podr� solicitar que toda informaci髇 comunicada en virtud de la presente Parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la seguridad y el bienestar f韘ico o psicol骻ico de las v韈timas, los posibles testigos y sus familiares.

5.

• a) La Corte podr� invitar a cualquier Estado que no sea parte en el presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente Parte sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de cualquier otra manera adecuada.
• b) Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la ejecuci髇 de las solicitudes a que se refieran tal arreglo o acuerdo, la Corte podr� informar de ello a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si 閟te le hubiese remitido el asunto.

6. La Corte podr� solicitar de cualquier organizaci髇 intergubernamental que le proporcione informaci髇 o documentos. Asimismo, la Corte podr� solicitar otras formas de cooperaci髇 y asistencia que se hayan acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mandato.

7. Cuando, en contravenci髇 de lo dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperaci髇 formulada por la Corte, impidi閚dole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, 閟ta podr� hacer una constataci髇 en ese sentido y remitir la cuesti髇 a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si 閟te le hubiese remitido el asunto.

Art韈ulo 88 Procedimientos aplicables en el derecho interno

Los Estados Partes se asegurar醤 de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperaci髇 especificadas en la presente parte.

Art韈ulo 89 Entrega de personas a la Corte

1. La Corte podr� transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el art韈ulo 91, una solicitud de detenci髇 y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitar� la cooperaci髇 de ese Estado. Los Estados Partes cumplir醤 las solicitudes de detenci髇 y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.

2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepci髇 de cosa juzgada de conformidad con el art韈ulo 20, el Estado requerido celebrar� de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisi髇 sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplir� la solicitud. Si est� pendiente la decisi髇 sobre la admisibilidad, el Estado requerido podr� aplazar la ejecuci髇 de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisi髇.

3.

• a) El Estado Parte autorizar� de conformidad con su derecho procesal el tr醤sito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte, salvo cuando el tr醤sito por ese Estado obstaculice o demore la entrega;
• b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tr醤sito ser� transmitida de conformidad con el art韈ulo 87 y contendr�:
  • i) Una descripci髇 de la persona que ser� transportada;
  • ii) Una breve exposici髇 de los hechos de la causa y su tipificaci髇, y
  • iii) La orden de detenci髇 y entrega;
• c) La persona transportada permanecer� detenida durante el tr醤sito;
• d) No se requerir� autorizaci髇 alguna cuando la persona sea transportada por v韆 a閞ea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tr醤sito;
• e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de tr醤sito, 閟te podr� pedir a la Corte que presente una solicitud de tr醤sito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de tr醤sito detendr� a la persona transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte y se efect鷄 el tr醤sito; sin embargo, la detenci髇 no podr� prolongarse m醩 de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.

4. Si la persona buscada est� siendo enjuiciada o cumple condena en el Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega a la Corte, el Estado requerido, despu閟 de haber decidido conceder la entrega, celebrar� consultas con la Corte.

Art韈ulo 90 Solicitudes concurrentes

1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa a la entrega de una persona de conformidad con el art韈ulo 89, y reciba adem醩 una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la extradici髇 de la misma persona por la misma conducta que constituya la base del crimen en raz髇 del cual la Corte ha pedido la entrega, notificar� a la Corte y al Estado requirente ese hecho.

2. Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido dar� prioridad a la solicitud de la Corte cuando 閟ta:

• a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los art韈ulos 18 � 19, que la causa respecto de la cual se solicita la entrega es admisible y en su decisi髇 haya tenido en cuenta la investigaci髇 o el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado requirente con respecto a la solicitud de extradici髇 que 閟te ha presentado; o
• b) Adopte la decisi髇 a que se refiere el apartado a) como consecuencia de la notificaci髇 efectuada por el Estado requerido de conformidad con el p醨rafo 1.

3. Cuando no se haya adoptado la decisi髇 a que se hace referencia en el p醨rafo 2.a), el Estado requerido tendr� la facultad discrecional, hasta que se dicte la decisi髇 de la Corte prevista en el p醨rafo 2.b), de dar curso a la solicitud de extradici髇 presentada por el Estado requirente, pero no la har� efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es inadmisible. La Corte adoptar� su decisi髇 en procedimiento sumario.

4. Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el Estado requerido, en caso de que no est� obligado por alguna norma internacional a conceder la extradici髇 al Estado requirente, dar� prioridad a la solicitud de entrega que le haya hecho la Corte si 閟ta ha determinado que la causa era admisible.

5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de conformidad con el p醨rafo 4, el Estado requerido tendr� la facultad discrecional de dar curso a la solicitud de extradici髇 que le haya hecho el Estado requirente.

6. En los casos en que sea aplicable el p醨rafo 4, y salvo que el Estado requerido est� obligado por alguna norma internacional a extraditar la persona al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto, el Estado requerido decidir� si hace la entrega a la Corte o concede la extradici髇 al Estado requirente. Para tomar esta decisi髇, el Estado requerido tendr� en cuenta todos los factores pertinentes, entre otros:

• a) Las fechas respectivas de las solicitudes;
• b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el crimen se cometi� en su territorio y cu醠 es la nacionalidad de las v韈timas y de la persona cuya entrega o extradici髇 se ha solicitado; y
• c) La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.

7. Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega de una persona reciba tambi閚 una solicitud de otro Estado relativa a la extradici髇 de la misma persona por una conducta distinta de la que constituye el crimen en raz髇 del cual la Corte solicita la entrega:

• a) El Estado requerido, si no est� obligado por ninguna norma internacional a conceder la extradici髇 al Estado requirente, dar� preferencia a la solicitud de la Corte;
• b) El Estado requerido, si est� obligado por una norma internacional a conceder la extradici髇 al Estado requirente, decidir� si entrega la persona a la Corte o la extradita al Estado requirente. En esta decisi髇, el Estado requerido tendr� en cuenta todos los factores pertinentes y, entre otros, los enumerados en el p醨rafo 6, pero tendr� especialmente en cuenta la naturaleza y la gravedad relativas de la conducta de que se trate.

8. Cuando, como consecuencia de una notificaci髇 efectuada con arreglo al presente art韈ulo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una causa y posteriormente se deniegue la extradici髇 al Estado requirente, el Estado requerido notificar� su decisi髇 a la Corte.

Art韈ulo 91 Contenido de la solicitud de detenci髇 y entrega

1. La solicitud de detenci髇 y entrega deber� formularse por escrito. En caso de urgencia, se podr� hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condici髇 de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el p醨rafo 1.a) del art韈ulo 87.

2. La solicitud de detenci髇 y entrega de una persona respecto de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detenci髇 de conformidad con el art韈ulo 58 deber� contener los elementos siguientes o ir acompa馻da de:

• a) Informaci髇 suficiente para la identificaci髇 de la persona buscada y datos sobre su probable paradero;
• b) Una copia de la orden de detenci髇; y
• c) Los documentos, las declaraciones o la informaci髇 que sean necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podr醤 ser m醩 onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradici髇 conforme a tratados o acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros Estados y, de ser posible, ser醤 menos onerosos, habida cuenta del car醕ter espec韋ico de la Corte.

3. La solicitud de detenci髇 y entrega del condenado deber� contener los siguientes elementos o ir acompa馻da de:

• a) Copia de la orden de detenci髇 dictada en su contra;
• b) Copia de la sentencia condenatoria;
• c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria, y
• d) Si la persona que se busca ha sido condenada a una pena, copia de la sentencia y, en el caso de una pena de reclusi髇, una indicaci髇 de la parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.

4. A solicitud de la Corte, un Estado Parte consultar� con 閟ta, en general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c) del p醨rafo 2 del presente art韈ulo. En esas consultas, el Estado Parte comunicar� a la Corte los requisitos espec韋icos de su derecho interno.

Art韈ulo 92 Detenci髇 provisional

1. En caso de urgencia, la Corte podr� solicitar la detenci髇 provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el art韈ulo 91.

2. La solicitud de detenci髇 provisional deber� hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita y contendr�:

• a) Informaci髇 suficiente para identificar a la persona buscada y datos sobre su probable paradero;
• b) Una exposici髇 concisa de los cr韒enes por los que se pida la detenci髇 y de los hechos que presuntamente ser韆n constitutivos de esos cr韒enes, inclusive, de ser posible, la indicaci髇 de la fecha y el lugar en que se cometieron;
• c) Una declaraci髇 de que existe una orden de detenci髇 o una decisi髇 final condenatoria respecto de la persona buscada, y
• d) Una declaraci髇 de que se presentar� una solicitud de entrega de la persona buscada.

3. La persona sometida a detenci髇 provisional podr� ser puesta en libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el art韈ulo 91, dentro del plazo fijado en las reglas de procedimiento y prueba. Sin embargo, el detenido podr� consentir en la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado requerido. En ese caso, el Estado requerido proceder� a entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.

4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de conformidad con el p醨rafo 3 no obstar� para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen.

Art韈ulo 93 Otras formas de cooperaci髇

1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Parte y con los procedimientos de su derecho interno, deber醤 cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relaci髇 con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:

• a) Identificar y buscar personas u objetos;
• b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y producir pruebas, incluidos los dict醡enes e informes periciales que requiera la Corte;
• c) Interrogar a una persona objeto de investigaci髇 o enjuiciamiento;
• d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;
• e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;
• f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 7;
• g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumaci髇 y el examen de cad醰eres y fosas comunes;
• h) Practicar allanamientos y decomisos;
• i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;
• j) Proteger a v韈timas y testigos y preservar pruebas;
• k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, y
• l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislaci髇 del Estado requerido y destinada a facilitar la investigaci髇 y el enjuiciamiento de cr韒enes de la competencia de la Corte.

2. La Corte podr� dar seguridades a los testigos o expertos que comparezcan ante ella de que no ser醤 enjuiciados o detenidos ni se restringir� su libertad personal por un acto u omisi髇 anterior a su salida del Estado requerido.

3. Cuando la ejecuci髇 de una determinada medida de asistencia detallada en una solicitud presentada de conformidad con el p醨rafo 1 estuviera prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de derecho ya existente y de aplicaci髇 general, el Estado requerido celebrar� sin demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuesti髇. En las consultas se deber韆 considerar si se puede prestar la asistencia de otra manera o con sujeci髇 a condiciones. Si, despu閟 de celebrar consultas, no se pudiera resolver la cuesti髇, la Corte modificar� la solicitud seg鷑 sea necesario.

4. El Estado Parte podr� no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad con el art韈ulo 72 y 鷑icamente si la solicitud se refiere a la presentaci髇 de documentos o la divulgaci髇 de pruebas que afecten a su seguridad nacional.

5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el p醨rafo 1.l), el Estado requerido considerar� si se puede prestar la asistencia con sujeci髇 a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendr醤 que cumplirlas.

6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte requerido deber� comunicar sin demora los motivos a la Corte o al fiscal.

7.

• a) La Corte podr� solicitar el traslado provisional de un detenido a los fines de su identificaci髇 o de que preste testimonio o asistencia de otra 韓dole. El traslado podr� realizarse siempre que:
  • i) El detenido d�, libremente y con conocimiento de causa, su consentimiento, y
  • ii) El Estado requerido lo acepte, con sujeci髇 a las condiciones que hubiere acordado con la Corte.
• b) La persona trasladada permanecer� detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la devolver� sin dilaci髇 al Estado requerido.

8.

• a) La Corte velar� por la protecci髇 del car醕ter confidencial de los documentos y de la informaci髇, salvo en la medida en que 閟tos sean necesarios para la investigaci髇 y las diligencias pedidas en la solicitud.
• b) El Estado requerido podr�, cuando sea necesario, transmitir al fiscal documentos o informaci髇 con car醕ter confidencial. El fiscal 鷑icamente podr� utilizarlos para reunir nuevas pruebas.
• c) El Estado requerido podr�, de oficio o a solicitud del fiscal, autorizar la divulgaci髇 ulterior de estos documentos o informaci髇, los cuales podr醤 utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las partes V y VI, y de conformidad con las reglas de procedimiento y prueba.

9.

• a)
  • i) El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte y de otro Estado de conformidad con una obligaci髇 internacional y que no se refieran a la entrega o la extradici髇, procurar�, en consulta con la Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario postergando o condicionando una de ellas.
  • ii) Si esto no fuera posible, la cuesti髇 de las solicitudes concurrentes se resolver� de conformidad con los principios enunciados en el art韈ulo 90.
• b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a informaci髇, bienes o personas que est閚 sometidos al control de un tercer Estado o de una organizaci髇 internacional en virtud de un acuerdo internacional, el Estado requerido lo comunicar� a la Corte y la Corte dirigir� su solicitud al tercer Estado o a la organizaci髇 internacional.

10.

• a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigaci髇 o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente, la Corte podr� cooperar con 閘 y prestarle asistencia;
• b)
  • i) La asistencia prestada de conformidad con el apartado a) podr� comprender, entre otras cosas:
    • a. La transmisi髇 de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigaci髇 o de un proceso sustanciado por la Corte, y
    • b. El interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte.
  • ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b).i).a.:
    • a. Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisi髇 estar� subordinada al consentimiento de dicho Estado.
    • b. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisi髇 estar� subordinada a lo dispuesto en el art韈ulo 68.
• c) La Corte podr�, de conformidad con el presente p醨rafo y en las condiciones enunciadas en 閘, acceder a una solicitud de asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente Estatuto.

Art韈ulo 94 Aplazamiento de la ejecuci髇 de una solicitud de asistencia con respecto a una investigaci髇 o un enjuiciamiento en curso

1. Si la ejecuci髇 inmediata de una solicitud de asistencia interfiere una investigaci髇 o enjuiciamiento en curso de un asunto distintos de aquel al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podr� aplazar la ejecuci髇 por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el aplazamiento no exceder� de lo necesario para concluir la investigaci髇 o el enjuiciamiento de que se trate en el Estado requerido. Antes de tomar la decisi髇 de aplazar la ejecuci髇 de la solicitud, el Estado requerido deber韆 considerar si se podr� prestar inmediatamente la asistencia con sujeci髇 a ciertas condiciones.

2. Si, de conformidad con el p醨rafo 1, se decidiere aplazar la ejecuci髇 de una solicitud de asistencia, el fiscal podr�, en todo caso, pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el p醨rafo 1.j) del art韈ulo 93.

Art韈ulo 95 Aplazamiento de la ejecuci髇 de una solicitud por haberse impugnado la admisibilidad de la causa

Cuando la Corte proceda a examinar una impugnaci髇 de la admisibilidad de una causa de conformidad con los art韈ulos 18 � 19, el Estado requerido podr� aplazar la ejecuci髇 de una solicitud hecha de conformidad con esta Parte hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnaci髇, a menos que 閟ta haya resuelto expresamente que el fiscal podr� continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en los art韈ulos 18 � 19.

Art韈ulo 96 Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de conformidad con el art韈ulo 93

1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace referencia en el art韈ulo 93 deber� hacerse por escrito. En caso de urgencia, se podr� hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condici髇 de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el p醨rafo 1.a) del art韈ulo 87.

2. La solicitud deber� contener los siguientes elementos o estar acompa馻da de, seg鷑 proceda:

• a) Una exposici髇 concisa de su prop髎ito y de la asistencia solicitada, incluidos los fundamentos jur韉icos y los motivos de la solicitud;
• b) La informaci髇 m醩 detallada posible acerca del paradero o la identificaci髇 de la persona o el lugar objeto de la b鷖queda o la identificaci髇, de forma que se pueda prestar la asistencia solicitada;
• c) Una exposici髇 concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud;
• d) Las razones y la indicaci髇 detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse;
• e) Cualquier informaci髇 que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado requerido para cumplir la solicitud, y
• f) Cualquier otra informaci髇 pertinente para que pueda prestarse la asistencia solicitada.

3. A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultar� con la Corte, en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el p醨rafo 2.e). En esas consultas, los Estados Partes comunicar醤 a la Corte las disposiciones espec韋icas de su derecho interno.

4. Las disposiciones del presente art韈ulo ser醤 tambi閚 aplicables, seg鷑 proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.

Art韈ulo 97 Consultas con la Corte

El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente parte celebrar� sin dilaci髇 consultas con la Corte si considera que la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento. Esos problemas podr韆n ser, entre otros:

• a) Que la informaci髇 fuese insuficiente para cumplir la solicitud.
• b) Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera ser localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigaci髇 realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado requerido no es la indicada en la solicitud, o
• c) Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al Estado requerido a no cumplir una obligaci髇 preexistente en virtud de un tratado con otro Estado.

Art韈ulo 98 Cooperaci髇 con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega

1. La Corte no dar� curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplom醫ica de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperaci髇 de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.

2. La Corte no dar� curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que env韊 para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicci髇 de ese Estado, a menos que 閟ta obtenga primero la cooperaci髇 del Estado que env韊 para que d� su consentimiento a la entrega.

Art韈ulo 99 Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los art韈ulos 93 y 96

1. Las solicitudes de asistencia se cumplir醤 de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo proh韇e, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorizaci髇 a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el tr醡ite.

2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta ser醤 transmitidos con urgencia.

3. Las respuestas del Estado requerido ser醤 transmitidas en su idioma y forma original.

4. Sin perjuicio de los dem醩 art韈ulos de la presente parte, cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepci髇 de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecuci髇 de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entra馿 un cambio en 閘, el fiscal podr� ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado seg鷑 se indica a continuaci髇:

• a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una decisi髇 de admisibilidad de conformidad con los art韈ulos 18 � 19, el fiscal podr� ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
• b) En los dem醩 casos, el fiscal podr� ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeci髇 a cualquier condici髇 u observaci髇 razonable que imponga o haga ese Estado Parte. Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecuci髇 de una solicitud de conformidad con el presente apartado, celebrar� consultas sin demora con la Corte para resolver la cuesti髇.

5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea o韉a o interrogada por la Corte con arreglo al art韈ulo 72 podr� hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgaci髇 de informaci髇 confidencial relacionada con la seguridad nacional ser醤 igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente art韈ulo.

Art韈ulo 100 Gastos

1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado requerido correr醤 a cargo de 閟te, con excepci髇 de los siguientes, que correr醤 a cargo de la Corte:

• a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y peritos, o el traslado, con arreglo al art韈ulo 93, de personas detenidas;
• b) Gastos de traducci髇, interpretaci髇 y transcripci髇.
• c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los funcionarios de cualquier 髍gano de la Corte;
• d) Costo de los informes o dict醡enes periciales solicitados por la Corte;
• e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la Corte un Estado de detenci髇, y
• f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser resultado del cumplimiento de una solicitud.

2. Las disposiciones del p醨rafo 1 ser醤 aplicables, seg鷑 proceda, a las solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correr醤 a cargo de la Corte.

Art韈ulo 101 Principio de la especialidad

1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto no ser� procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que 閟ta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado.

2. La Corte podr� pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establecidos en el p醨rafo 1 y, si fuere necesario, proporcionar� informaci髇 adicional de conformidad con el art韈ulo 91. Los Estados Partes estar醤 facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurar醤 hacerlo.

Art韈ulo 102 T閞minos empleados

A los efectos del presente Estatuto:

• a) Por 玡ntrega� se entender� la entrega de una persona por un Estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.
• b) Por 玡xtradici髇� se entender� la entrega de una persona por un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o convenci髇 o en el derecho interno.

Art韈ulo 103 Funci髇 de los Estados en la ejecuci髇 de las penas privativas de libertad

1.

• a) La pena privativa de libertad se cumplir� en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que est醤 dispuestos a recibir condenados.
• b) En el momento de declarar que est� dispuesto a recibir condenados, el Estado podr� poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y est閚 en conformidad con la presente Parte.
• c) El Estado designado en un caso determinado indicar� sin demora a la Corte si acepta la designaci髇.

2.

• a) El Estado de ejecuci髇 de la pena notificar� a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al p醨rafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duraci髇 de la privaci髇 de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deber醤 ponerse en conocimiento de la Corte con una antelaci髇 m韓ima de cuarenta y cinco d韆s. Durante este per韔do, el Estado de ejecuci髇 no adoptar� medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 110.
• b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el apartado a), lo notificar� al Estado de ejecuci髇 y proceder� de conformidad con el p醨rafo 1 del art韈ulo 104.

3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designaci髇 prevista en el p醨rafo 1, tendr� en cuenta:

• a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad por la ejecuci髇 de las penas privativas de libertad de conformidad con los principios de distribuci髇 equitativa que establezcan las reglas de procedimiento y prueba;
• b) La aplicaci髇 de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;
• c) La opini髇 del condenado;
• d) La nacionalidad del condenado, y
• e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del condenado, o a la ejecuci髇 eficaz de la pena, seg鷑 procedan en la designaci髇 del Estado de ejecuci髇.

4. De no designarse un Estado de conformidad con el p醨rafo 1, la pena privativa de libertad se cumplir� en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitri髇, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el p醨rafo 2 del art韈ulo 3. En ese caso, los gastos que entra馿 la ejecuci髇 de la pena privativa de libertad ser醤 sufragados por la Corte.

Art韈ulo 104 Cambio en la designaci髇 del Estado de ejecuci髇

1. La Corte podr� en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisi髇 de un Estado distinto del Estado de ejecuci髇.

2. El condenado podr� en todo momento solicitar de la Corte su traslado del Estado de ejecuci髇.

Art韈ulo 105 Ejecuci髇 de la pena

1. Con sujeci髇 a las condiciones que haya establecido un Estado de conformidad con el p醨rafo 1.b) del art韈ulo 103, la pena privativa de libertad tendr� car醕ter obligatorio para los Estados Partes, los cuales no podr醤 modificarla en caso alguno.

2. La decisi髇 relativa a cualquier solicitud de apelaci髇 o revisi髇 incumbir� exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecuci髇 no pondr� obst醕ulos para que el condenado presente una solicitud de esa 韓dole.

Art韈ulo 106 Supervisi髇 de la ejecuci髇 de la pena y condiciones de reclusi髇

1. La ejecuci髇 de una pena privativa de libertad estar� sujeta a la supervisi髇 de la Corte y se ajustar� a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.

2. Las condiciones de reclusi髇 se regir醤 por la legislaci髇 del Estado de ejecuci髇 y se ajustar醤 a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo caso, no ser醤 ni m醩 ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecuci髇.

3. La comunicaci髇 entre el condenado y la Corte ser� irrestricta y confidencial.

Art韈ulo 107 Traslado una vez cumplida la pena

1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de ejecuci髇 podr�, de conformidad con la legislaci髇 de dicho Estado, ser trasladado al Estado que est� obligado a aceptarlo o a otro Estado que est� dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a 閟te, a menos que el Estado de ejecuci髇 lo autorice a permanecer en su territorio.

2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el p醨rafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correr醤 por cuenta de la Corte.

3. Con sujeci髇 a lo dispuesto en el art韈ulo 108, el Estado de ejecuci髇 tambi閚 podr�, de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar por cualquier otra v韆 a la persona a un Estado que haya pedido la extradici髇 o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena.

Art韈ulo 108 Limitaciones al enjuiciamiento o la sanci髇 por otros delitos

1. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecuci髇 no ser� sometido a enjuiciamiento, sanci髇 o extradici髇 a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecuci髇, a menos que, a petici髇 de 閟te, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanci髇 o la extradici髇.

2. La Corte dirimir� la cuesti髇 tras haber o韉o al condenado.

3. El p醨rafo 1 del presente art韈ulo no ser� aplicable si el condenado permanece de manera voluntaria durante m醩 de treinta d韆s en el territorio del Estado de ejecuci髇 despu閟 de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado despu閟 de haber salido de 閘.

Art韈ulo 109 Ejecuci髇 de multas y 髍denes de decomiso

1. Los Estados Partes har醤 efectivas las multas u 髍denes de decomiso decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento establecido en su derecho interno.

2. El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso adoptar� medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, seg鷑 proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar una decisi髇 de la Corte ser醤 transferidos a la Corte.

Art韈ulo 110 Examen de una reducci髇 de la pena

1. El Estado de ejecuci髇 no pondr� en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. S髄o la Corte podr� decidir la reducci髇 de la pena y se pronunciar� al respecto despu閟 de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o veinticinco a駉s de prisi髇 en caso de cadena perpetua, la Corte examinar� la pena para determinar si 閟ta puede reducirse. El examen no se llevar� a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al p醨rafo 3, la Corte podr� reducir la pena si considera que concurren uno o m醩 de los siguientes factores:

• a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;
• b) Si el recluso ha facilitado de manera espont醤ea la ejecuci髇 de las decisiones y 髍denes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a 閟ta en la localizaci髇 de los bienes sobre los que recaigan las multas, las 髍denes de decomiso o de reparaci髇 que puedan usarse en beneficio de las v韈timas, o
• c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducci髇 de la pena.

5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al p醨rafo 3, determina que no procede reducir la pena, volver� a examinar la cuesti髇 con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Art韈ulo 111 Evasi髇

Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecuci髇, 閟te podr�, tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, o podr� pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad con la Parte IX.

La Corte, si solicita la entrega, podr� resolver que el condenado sea enviado al Estado en que cumpl韆 su pena o a otro Estado que indique.

Art韈ulo 112 Asamblea de los Estados Partes

1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto. Cada Estado Parte tendr� un representante en la Asamblea que podr� hacerse acompa馻r de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios del presente Estatuto o del Acta Final podr醤 participar en la Asamblea a t韙ulo de observadores.

2. La Asamblea:

• a) Examinar� y aprobar�, seg鷑 proceda, las recomendaciones de la Comisi髇 Preparatoria;
• b) Ejercer� su supervisi髇 respecto de la Presidencia, el fiscal y la Secretar韆 en las cuestiones relativas a la administraci髇 de la Corte;
• c) Examinar� los informes y las actividades de la Mesa establecida en el p醨rafo 3 y adoptar� las medidas que procedan a ese respecto;
• d) Examinar� y decidir� el presupuesto de la Corte;
• e) Decidir� si corresponde, de conformidad con el art韈ulo 36, modificar el n鷐ero de magistrados;
• f) Examinar� cuestiones relativas a la falta de cooperaci髇 de conformidad con los p醨rafos 5 y 7 del art韈ulo 87;
• g) Desempe馻r� las dem醩 funciones que procedan en virtud del presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3.

• a) La Asamblea tendr� una Mesa, que estar� compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por per韔dos de tres a駉s;
• b) La Mesa tendr� car醕ter representativo, teniendo en cuenta, en particular, el principio de la distribuci髇 geogr醘ica equitativa y la representaci髇 adecuada de los principales sistemas jur韉icos del mundo;
• c) La Mesa se reunir� con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo menos una vez al a駉, y prestar� asistencia a la Asamblea en el desempe駉 de sus funciones.

4. La Asamblea podr� establecer los 髍ganos subsidiarios que considere necesarios, incluido un mecanismo de supervisi髇 independiente que se encargar� de la inspecci髇, la evaluaci髇 y la investigaci髇 de la Corte a fin de mejorar su eficiencia y econom韆.

5. El Presidente de la Corte, el fiscal y el Secretario o sus representantes podr醤, cuando proceda, participar en las sesiones de la Asamblea y de la Mesa.

6. La Asamblea se reunir� en la sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas una vez al a駉 y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrar� per韔dos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra cosa en el presente Estatuto, los per韔dos extraordinarios de sesiones ser醤 convocados por la Mesa de oficio o a petici髇 de un tercio de los Estados Partes.

7. Cada Estado Parte tendr� un voto. La Asamblea y la Mesa har醤 todo lo posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a un consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa:

• a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo ser醤 aprobadas por mayor韆 de dos tercios de los presentes y votantes, a condici髇 de que una mayor韆 absoluta de los Estados Partes constituir� el qu髍um para la votaci髇;
• b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomar醤 por mayor韆 simple de los Estados Partes presentes y votantes.

8. El Estado Parte que est� en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendr� voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos a駉s anteriores completos. La Asamblea podr�, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la conclusi髇 de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte.

9. La Asamblea aprobar� su propio reglamento.

10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea ser醤 los de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Art韈ulo 113 Reglamento Financiero

Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus 髍ganos subsidiarios, se regir醤 por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y Reglamentaci髇 Financiera Detallada que apruebe la Asamblea de los Estados Partes.

Art韈ulo 114 Pago de los gastos

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, incluidos los de su Mesa y 髍ganos subsidiarios, se sufragar醤 con fondos de la Corte.

Art韈ulo 115 Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus 髍ganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragar醤 con cargo a:

• a) Cuotas de los Estados Partes;
• b) Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeci髇 a la aprobaci髇 de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos efectuados en relaci髇 con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad.

Art韈ulo 116 Contribuciones voluntarias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 115, la Corte podr� recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes.

Art韈ulo 117 Prorrateo de las cuotas

Las cuotas de los Estados Partes se prorratear醤 de conformidad con una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala.

Art韈ulo 118 Comprobaci髇 anual de cuentas

Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, ser醤 verificados anualmente por un auditor independiente.

Art韈ulo 119 Soluci髇 de controversias

1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte ser醤 dirimidas por ella.

2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o m醩 Estados Partes respecto de la interpretaci髇 o aplicaci髇 del presente Estatuto que no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contado desde el comienzo de la controversia ser� sometida a la Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podr� tratar de resolver por s� misma la controversia o recomendar otros medios de soluci髇, incluida su remisi髇 a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de 閟ta.

Art韈ulo 120 Reservas

No se admitir醤 reservas al presente Estatuto.

Art韈ulo 121 Enmiendas

1. Transcurridos siete a駉s desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podr� proponer enmiendas a 閘. El texto de toda enmienda propuesta ser� presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuir� sin dilaci髇 a los Estados Partes.

2. Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la notificaci髇, la Asamblea de los Estados Partes decidir� en su pr髕ima reuni髇, por mayor韆 de los presentes y votantes, si ha de examinar la propuesta, lo cual podr� hacer directamente o previa convocaci髇 de una Conferencia de Revisi髇 si la cuesti髇 lo justifica.

3. La aprobaci髇 de una enmienda en una reuni髇 de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisi髇 en la que no sea posible llegar a un consenso requerir� una mayor韆 de dos tercios de los Estados Partes.

4. Salvo lo dispuesto en el p醨rafo 5, toda enmienda entrar� en vigor respecto de los Estados Partes un a駉 despu閟 de que los siete octavos de 閟tos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificaci髇 o de adhesi髇.

5. Las enmiendas a los art韈ulos 5, 6, 7 y 8 del presente Estatuto entrar醤 en vigor 鷑icamente respecto de los Estados Partes que las hayan aceptado un a駉 despu閟 del dep髎ito de sus instrumentos de ratificaci髇 o aceptaci髇. La Corte no ejercer� su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.

6. Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados Partes de conformidad con el p醨rafo 4, el Estado Parte que no la haya aceptado podr� denunciar el presente Estatuto con efecto inmediato, no obstante lo dispuesto en el p醨rafo 1 del art韈ulo 127 pero con sujeci髇 al p醨rafo 2 de dicho art韈ulo, mediante notificaci髇 hecha a m醩 tardar un a駉 despu閟 de la entrada en vigor de la enmienda.

7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuir� a los Estados Partes las enmiendas aprobadas en una reuni髇 de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisi髇.

Art韈ulo 122 Enmiendas a disposiciones de car醕ter institucional

1. No obstante lo dispuesto en el p醨rafo 1 del art韈ulo 121, cualquier Estado Parte podr� proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del presente Estatuto de car醕ter exclusivamente institucional, a saber, el art韈ulo 35, los p醨rafos 8 y 9 del art韈ulo 36, el art韈ulo 37, el art韈ulo 38, los p醨rafos 1 (dos primeras oraciones), 2 y 4 del art韈ulo 39, los p醨rafos 4 a 9 del art韈ulo 42, los p醨rafos 2 y 3 del art韈ulo 43 y los art韈ulos 44, 46, 47 y 49. El texto de toda enmienda propuesta ser� presentado al Secretario General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la Asamblea de los Estados Partes, que lo distribuir� sin demora a los Estados Partes y a otros participantes en la Asamblea.

2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente art韈ulo respecto de las cuales no sea posible llegar a un consenso ser醤 aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes o por una Conferencia de Revisi髇 por una mayor韆 de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrar醤 en vigor respecto de los Estados Partes seis meses despu閟 de su aprobaci髇 por la Asamblea o, en su caso, por la Conferencia.

Art韈ulo 123 Revisi髇 del Estatuto

1. Siete a駉s despu閟 de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocar� una Conferencia de Revisi髇 de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podr� comprender la lista de los cr韒enes indicados en el art韈ulo 5 pero no se limitar� a ellos. La Conferencia estar� abierta a los participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas condiciones que 閟ta.

2. Posteriormente, en cualquier momento, a petici髇 de un Estado Parte y a los efectos indicados en el p醨rafo 1, el Secretario General de las Naciones Unidas, previa la aprobaci髇 de una mayor韆 de los Estados Partes, convocar� una Conferencia de Revisi髇 de los Estados Partes.

3. Las disposiciones de los p醨rafos 3 a 7 del art韈ulo 121 ser醤 aplicables a la aprobaci髇 y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto examinada en una Conferencia de Revisi髇.

Art韈ulo 124 Disposici髇 de transici髇

No obstante lo dispuesto en los p醨rafos 1 y 2 del art韈ulo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podr� declarar que, durante un per韔do de siete a駉s contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptar� la competencia de la Corte sobre la categor韆 de cr韒enes a que se hace referencia en el art韈ulo 8 cuando se denuncie la comisi髇 de uno de esos cr韒enes por sus nacionales o en su territorio. La declaraci髇 formulada de conformidad con el presente art韈ulo podr� ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente art韈ulo ser� reconsiderado en la Conferencia de Revisi髇 que se convoque de conformidad con el p醨rafo 1 del art韈ulo 123.

Art韈ulo 125 Firma, ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇

1. El presente Estatuto estar� abierto a la firma de todos los Estados el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organizaci髇 de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci髇. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguir� abierto a la firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Despu閟 de esa fecha, el Estatuto estar� abierto a la firma en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del a駉 2000.

2. El presente Estatuto estar� sujeto a la ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificaci髇, aceptaci髇 o aprobaci髇 ser醤 depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Estatuto estar� abierto a la adhesi髇 de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesi髇 ser醤 depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Art韈ulo 126 Entrada en vigor

1. El presente Estatuto entrar� en vigor el primer d韆 del mes siguiente al sexag閟imo d韆 a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexag閟imo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇.

2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Estatuto o se adhiera a 閘 despu閟 de que sea depositado el sexag閟imo instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇, el Estatuto entrar� en vigor el primer d韆 del mes siguiente al sexag閟imo d韆 a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificaci髇, aceptaci髇, aprobaci髇 o adhesi髇.

Art韈ulo 127 Denuncia

1. Todo Estado Parte podr� denunciar el presente Estatuto mediante notificaci髇 por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

La denuncia surtir� efecto un a駉 despu閟 de la fecha en que se reciba la notificaci髇, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.

2. La denuncia no exonerar� al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en 閘, en particular las obligaciones financieras que hubiera contra韉o.

La denuncia no obstar� a la cooperaci髇 con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relaci髇 con los cuales el Estado denunciante est� obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstar� en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante s� antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.

Art韈ulo 128 Textos aut閚ticos

El original del presente Estatuto, cuyos textos en 醨abe, chino, espa駉l, franc閟, ingl閟 y ruso son igualmente aut閚ticos, ser� depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviar� copia certificada a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.