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Sumario

Exposici髇 de Motivos

I. Justificaci髇 de la reforma y nuevo 醡bito legal de la expropiaci髇

La expropiaci髇 forzosa contempla el supuesto en que decidida la colisi髇 entre el inter閟 p鷅lico y el privado, en consideraci髇 a la l骻ica prevalencia del primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento legal adecuado para promover jur韉icamente la transmisi髇 imperativa del derecho expropiado y para hacer, consecuentemente, efectiva en favor del particular la justa indemnizaci髇 correspondiente. Implicando la expropiaci髇 un resultado jur韉ico siempre id閚tico, las modificaciones de sus bases legislativas proceden fundamentalmente ya de la concepci髇 m醩 o menos amplia del campo a que el inter閟 p鷅lico se extiende, ya de los progresos t閏nicos que permiten perfeccionar el procedimiento calculado, y esto, de un lado, a fin de que encuentren satisfacci髇 las exigencias de la eficacia administrativa, y de otro, para hacer efectivas las garant韆s del particular, as� en el orden de la defensa contra una expropiaci髇 irregular, como en el del reconocimiento y pago de la justa indemnizaci髇 que por principio se reconoce.

La simple indicaci髇 de que la expropiaci髇 forzosa se rige en nuestro pa韘 por una Ley promulgada en 10 de enero de 1879 justifica sobradamente la preocupaci髇 en torno a un posible y grave desajuste entre la orden real de fines y medios que enmarca hoy -casi setenta y cinco a駉s m醩 tarde- la acci髇 de la Administraci髇 y el sistema de preceptos que integran la normativa vigente. Verdad es que la subsistencia prolongada de una Ley de orden b醩ico no es de suyo argumento contra su calidad t閏nica y ni siquiera contra su validez pol韙ico-legal, pero aqu閘la y 閟ta est醤 dominadas por el supuesto de que permanezcan relativamente inc髄umes la configuraci髇 de los intereses en juego y los principios fundamentales que a la Ley sirven de premisas obligadas.

En cuanto a la expropiaci髇 forzosa se refiere, el m醩 somero an醠isis de los factores de varia 韓dole que hay que considerar tras el bosquejo t閏nico de la instituci髇 pone de manifiesto la general desarticulaci髇 de las circunstancias pol韙icas, administrativas y de todo orden que sirvieron de plataforma a la Ley hasta ahora vigente. En orden a la flexibilidad, agilidad y eficacia que dicha Ley permite a la Administraci髇, siquiera no sea 閟te el aspecto m醩 importante que la actual situaci髇 suscita, es suficiente recordar c髆o mediante la Ley de 7 de octubre de 1939 hubo de improvisarse, un tanto bajo el apremio de circunstancias de excepci髇, un procedimiento de urgencia, a fin de conseguir evitar que la utilizaci髇 de mecanismos legales fuera de fase pusiera trabas o entorpeciera la acci髇 administrativa impulsada al ritmo exigido por la urgencia de la reconstrucci髇 nacional. Pero la Ley de 1939, que de cualquier modo ha sido un acierto innegable de pol韙ica legislativa que a鷑 puede dar buenos frutos, eludi� conscientemente los problemas capitales que la expropiaci髇 plantea, no s髄o cuando se pretende la actualizaci髇 del inter閟 pol韙ico, sin otras demoras que las inevitables, sino, sobre todo, cuando una concepci髇 m醩 justa, desde el punto de vista social de la estructura econ髆ica, altera sensiblemente la base t閏nica de la expropiaci髇 y los procedimientos valorativos de la indemnizaci髇.

El hecho de que el legislador, consciente de las obligadas limitaciones de la Ley de 1939, no haya promovido hasta ahora la reforma es s髄o indicio de la magnitud de los problemas que implica; m醩 , al propio tiempo, el reiterado uso que de la autorizaci髇 de urgencia se ha hecho en los 鷏timos a駉s viene a poner de manifiesto la deficiencia con que la norma a鷑 en vigor sirve a las exigencias del momento.

Desde 1879 no es exagerado afirmar que las bases pol韙icas, sociales, econ髆icas y de otra 韓dole, condicionantes de la acci髇 de Gobierno, han experimentado desplazamientos tan significativos, que todas las instituciones del Derecho Administrativo cl醩ico, aun sin resultar deformadas en su esquema t閏nico, han tenido que ser readaptadas convenientemente, a fin de poder operar con ellas como medios id髇eos al servicio de una acci髇 administrativa de signo e intensidad muy diferentes a los que se consideraron 髉timos en la 閜oca en que surgi�. Con respecto a la expropiaci髇, esto viene a ser tanto m醩 apremiante precisamente por cuanto por definici髇 en el grado que significa un considerable sacrificio de inter閟 privado, resulta el punto donde inmediatamente repercuten las crecientes exigencias del inter閟 p鷅lico.

Sobre el radio de acci髇 que a la expropiaci髇 fijaba el orden pol韙ico liberal, ha venido a actuar, en primer t閞mino, el principio que expresa la conciencia social del nuevo Estado y que hoy se proyecta sobre toda su obra legislativa. El art韈ulo 10 de la Constituci髇 de 1876, del que el art韈ulo primero de la hasta ahora vigente Ley de Expropiaci髇 trae su principio de autorizaci髇, se expresa en los t閞minos de que �... nadie podr� ser privado de su propiedad, sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad p鷅lica, previa siempre la correspondiente indemnizaci髇�. El art韈ulo 32 el Fuero de los Espa駉les, de 17 de julio de 1945, en su p醨rafo segundo, ampl韆 significativamente el principio, sin perjuicio de conseguir una m醩 r韌ida formulaci髇 de los l韒ites de legalidad. 玁adie podr� -dice- ser expropiado, sino por causa de utilidad p鷅lica o de inter閟 social, previa la correspondiente indemnizaci髇, y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Al consagrar la expropiaci髇 por inter閟 social, la Ley fundamental viene a incorporar jur韉icamente una concepci髇 que, habiendo superado el agrio individualismo del sistema jur韉ico de la propiedad privada de la econom韆 liberal, viene a entender impl韈ita, tras toda relaci髇 de dominio, una funci髇 social de la propiedad. Consecuentemente, la expropiaci髇 tiene ahora que ser configurada desde esta nueva perspectiva, a fin de brindar a la Administraci髇 medios aptos para hacer efectivo el principio obtenido en el estatuto fundamental de derechos y deberes de los espa駉les.

Esta concepci髇 m醩 amplia de la expropiaci髇 ha sido proyectada sobre la legislaci髇 hoy en vigor, al menos en aspectos parciales. Toda la legislaci髇 del nuevo Estado en materia de colonizaci髇, materia tan sensible a las urgencias del inter閟 social, est� inspirada en este giro tan significativo. Se ha estimado que la Ley no estar韆 a la altura de los principios que hoy conforman nuestra legislaci髇, de plantear sus problemas desde el 醤gulo visual angosto que da perspectiva a la de 1879. Consecuentemente, se ha desarrollado, con la precisi髇 posible, aquella fundamental distinci髇 entre la expropiaci髇 de utilidad p鷅lica y la expropiaci髇 de inter閟 social del art韈ulo 32 del Fuero de los Espa駉les, y se ha generalizado, con las garant韆s formales obligadas, la posibilidad -ins髄ita en el concepto cl醩ico de la expropiaci髇- de referir sus beneficios a particulares por razones de inter閟 social.

Mas, junto a este ensanchamiento del campo de fines, el 醡bito de la expropiaci髇 deb韆 ser considerado de nuevo, en forma que pudiera acoger las ampliaciones tan notables que ha experimentado al amparo de la legislaci髇 especial, en orden al objeto expropiable y a la 韓dole de los intereses afectados por el sacrificio, y llamados, por ende, a ser tenidos en cuenta en la indemnizaci髇. Baste aludir a la expropiaci髇 de participaciones en el capital social, expropiaci髇 de explotaciones afectadas por la acci髇 del Estado sobre la econom韆, por exigencias de la gesti髇 de los servicios p鷅licos, al preferirse establecerlos bajo el patr髇 de la nacionalizaci髇, municipalizaci髇 o provincializaci髇. Por otra parte, junto a la expropiaci髇 t韕ica han surgido figuras como el consorcio o el arrendamiento forzoso, en las que se aprecia la nota com鷑 de la satisfacci髇 del inter閟 p鷅lico por una acci髇 imperativa sobre el aprovechamiento del bien objeto de la misma, que no llega a ser tan radical y en閞gica que alcance a la transmisi髇 obligada de la propiedad, pero que implica una limitaci髇 individualizada del dominio a la que hay que buscar su adecuada y justa compensaci髇. Tambi閚 los casos en que la acci髇 administrativa exige la expropiaci髇 de grandes zonas requer韆n el arbitrar un procedimiento para hacer aqu閘la efectiva dentro de una tramitaci髇 unitaria. En consecuencia, la Ley refleja una concepci髇 de la expropiaci髇, seg鷑 la cual debe ser el estatuto legal b醩ico de todas las formas de acci髇 administrativa que impliquen una lesi髇 individualizada de los contenidos econ髆icos del derecho del particular por razones de inter閟 general, y como tal se estructura, sin perjuicio del obligado respeto a las peculiares caracter韘ticas de cada figura en particular.

Llevando este principio a sus l骻icas consecuencias, se ha intentado, finalmente, llamar al atenci髇 sobre la oportunidad que esta Ley ofrece, y que no debiera malograrse, de poner remedio a una de las m醩 graves deficiencias de nuestro r間imen jur韉ico-administrativo, cual es la ausencia de una pauta legal id髇ea, que permita hacer efectiva la responsabilidad por da駉s causados por la Administraci髇. Bajo el imperio de criterios jur韉ico-administrativos que hab韆n caducado ya cuando fueron adoptados por nuestro ordenamiento, los l韒ites t閏nicos dentro de los cuales se desenvuelve entre nosotros la responsabilidad por da駉s de la Administraci髇, resultan hoy tan angostos, por no decir pr醕ticamente prohibitivos, que los resultados de la actividad administrativa, que lleva consigo una inevitable secuela accidental de da駉s residuales y una constante creaci髇 de riesgos, revierten al azar sobre un patrimonio particular en verdaderas injusticias, amparadas por injustificado privilegio de exoneraci髇. Se ha estimado que es 閟ta una ocasi髇 ideal para abrir, al menos, una brecha en la r韌ida base legal que, perjudicando el inter閟 general, no puede proteger intereses de la Administraci髇 insolidarios con aqu閘, como sin m醩 ha venido a demostrar la legislaci髇 de r間imen local vigente al incorporar, en esta importante materia, los criterios m醩 progresivos sugeridos por la legislaci髇 comparada y la doctrina cient韋ica. Se ha entendido as�, no sin hacerse cargo de que la Ley de Expropiaci髇 forzosa no puede ser, desde luego, la base normativa en que se integren todos los preceptos jur韉icos rectores a este respecto, pero s�, al menos, una norma que puede muy bien recoger una serie de supuestos realmente importantes, en los que, al margen de un estrecho dogmatismo acad閙ico, cabe apreciar siempre el mismo fen髆eno de lesi髇 de un inter閟 patrimonial privado, que, aun cuando resulte obligada por exigencias del inter閟 o del orden p鷅lico, no es justo que sea soportada a sus solas expensas por el titular del bien jur韉ico da馻do.

Unicamente edificando sobre esta amplia base, y domin醤dola desde una preocupaci髇 de eficacia, puede la Administraci髇 espa駉la contar con un instrumento capaz para que su acci髇 no resulte frenada por la rigidez de concepciones dogm醫icas de las relaciones jur韉ico-privadas, y al propio tiempo para que no quede sin su justa compensaci髇 la lesi髇 acarreada, siquiera sea por motivos fundados, al particular. Es claro, pues, que desde tal punto de vista ha de considerarse el contenido del art韈ulo primero, pues es meramente una norma delimitadora del campo objetivo de aplicaci髇 a que la Ley se extiende, y no una expresi髇 conceptual de la figura jur韉ica de la expropiaci髇.

II. Procedimiento

Junto a la preocupaci髇 por alcanzar los horizontes actuales de la expropiaci髇 ha sido concebida al Ley bajo el signo de la eficacia. Se ha tenido en cuenta, ante todo, que el imperativo del inter閟 p鷅lico que gobierna toda al instituci髇 no se agota en la transmisi髇 imperativa del derecho o bien expropiado, sino que da por supuesto que esto ha de conseguirse en plazo que no perjudique la oportunidad de la medida. Las dificultades en este orden proceden de que, por otra parte, la Ley de expropiaci髇 ha de concebirse en forma que proporcione al particular interesado un adecuado sistema de garant韆s, lo que exige medios procesales proporcionados. Una soluci髇 simplista, que sacrifique este 鷏timo aspecto, viene a ignorar el hecho de que aqu� no lucha el inter閟 p鷅lico, que impulsa a consumar la expropiaci髇, y el inter閟 privado, que tiende a demorarla. Planteada de esta forma la oposici髇 de intereses, no se ofrecer韆 duda acerca del criterio llamado a prevalecer. M醩, en realidad, el legislador ha de arbitrar aqu� entre las exigencias del ritmo de la ejecuci髇 de la obra o servicio y las de no menor inter閟 p鷅lico, ni inferior rango, de conseguir la justa indemnizaci髇 que por principio se reconoce al particular afectado.

La Ley procura eliminar todos los obst醕ulos procesales que pudieran alzarse, siquiera sea lateralmente, contra el hecho de la expropiaci髇; modera los utilizables contra la necesidad de ocupaci髇 y, finalmente, tiende a asegurarse contra un empleo malicioso de los medios reconocidos, evitando su utilizaci髇 con 醤imo meramente perturbador. Un an醠isis, siquiera sea somero, de nuestra actual situaci髇 legislativa en relaci髇 con los supuestos de esta Ley resulta sumamente esclarecedor en este punto.

La Ley de 1879 adopta la estructura de cuatro per韔dos: declaraci髇 de utilidad p鷅lica, necesidad de ocupaci髇, justiprecio, pago y toma de posesi髇. Estos cuatro per韔dos corresponden a los cuatro momentos l骻icos que cabe descubrir en la operaci髇 jur韉ico-administrativa, que lleva consigo: a) su autorizaci髇; b) su aplicaci髇 a un bien o derecho en concreto; c) la fijaci髇 de la indemnizaci髇, y d) la consumaci髇 de la relaci髇 que se establece entre al Administraci髇 y el expropiado por el pago y la toma de posesi髇. Pero desde el punto de vista de los intereses protegidos al concebir el procedimiento, cabe hacer la distinci髇 de que mientras la declaraci髇 formal de legalidad de la medida desarrolla el principio general que exige la actuaci髇 regular de los 髍ganos de la Administraci髇, los dem醩 requisitos de actuaci髇 protegen al particular ya individualizado contra una lesi髇 jur韉ica excesiva derivada de la expropiaci髇. As�, pues, cabe aligerar la formalizaci髇 del requisito de legalidad, en el grado que sea posible entender impl韈ita la autorizaci髇 en un acto previo de un 髍gano jur韉icamente competente, pero en cambio, deben dejarse intactas las garant韆s de protecci髇 de derecho del particular, sin perjuicio de una 醙il t閏nica procesal. Estos criterios han servido de orientadores en la redacci髇 de la Ley, como comprueba el examen en concreto del procedimiento adoptado.

A) Declaraci髇 de utilidad p鷅lica o de inter閟 social.

Ya la Ley de 1879 hab韆 aliviado la producci髇 de este requisito, para el que el art韈ulo 10 exig韆 forma de ley, al exceptuar de la formalidad, en el art韈ulo 11, a las obras que se llevasen a cabo con arreglo a las prescripciones del Cap韙ulo II de la Ley de Obras P鷅licas, las comprendidas en los planes generales, provinciales y municipales mencionados en dicha Ley, todas aquellas cuya ejecuci髇 hubiere sido autorizada por una ley, las designadas en las leyes especiales que se mencionan, todas las de polic韆 urbana, y en particular las de ensanche y reforma interior de las poblaciones. El criterio de la Ley es que deben agotarse las posibilidades de entender impl韈ita la autorizaci髇 para expropiar, en el cumplimiento de los requisitos que condicionan la aprobaci髇 del proyecto de obra o servicio como decisi髇 administrativa, en la medida en que tales requisitos tengan id閚tica relevancia jur韉ica y administrativa que la propia declaraci髇 de utilidad. A este criterio responden los preceptos que integran el Cap韙ulo I del T韙ulo II. Estas normas son expresi髇 del l骻ico principio de que en el grado en que los

requisitos establecidos en cada caso para la autorizaci髇 de obras y servicios, aseguran su oportunidad y conveniencia, ya en s�, ya desde el punto de vista del gasto p鷅lico, implican que su ejecuci髇 es de utilidad p鷅lica, desde el momento en que no hay posibilidad de establecer sobre bases jur韉icas una distinci髇 dentro del concepto de utilidad p鷅lica, de tal sentido que en alg鷑 caso moviera a no llevar a cabo la obra o el servicio para no herir el inter閟 patrimonial del particular.

En cuanto a la expropiaci髇 de bienes muebles, se mantiene en todo su rigor el principio de la declaraci髇 玡x lege� de la utilidad p鷅lica, salvando tambi閚 el supuesto de que, trat醤dose de determinadas categor韆s de bienes hubiera declarado con anterioridad una ley la posibilidad en abstracto de su expropiaci髇 por razones de utilidad p鷅lica, supuesto en el que para la expropiaci髇 en concreto, el requisito se entiende producido por el acuerdo del Consejo de Ministros. Asimismo, el principio y la salvedad se hacen extensivos a los supuestos de expropiaci髇 por inter閟 social a que la ley se abre paso.

B) Necesidad de ocupaci髇 de bienes o de adquisici髇 de derechos.

En este punto, la experiencia de la Ley de 1879 ten韆 que valorarse desde los resultados de la Ley de 7 de octubre de 1939. En s韓tesis, esta Ley integra, en la declaraci髇 de urgencia, expedida por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, la necesidad de ocupaci髇, y dejando indemne el procedimiento general para los per韔dos tercero y cuarto de la expropiaci髇, habilita uno sumario integrado por la notificaci髇 a los propietarios y titulares de los derechos afectados, acta previa a la ocupaci髇, dep髎ito sobre bases tasadas y ocupaci髇 de inmuebles, tr醡ites que se llevan a cabo en plazos muy rigurosos y que en total no exceden de 18 o 22 d韆s, seg鷑 los casos. Justificada esta Ley en las circunstancias de excepci髇 en que surgi�, no puede ser generalizada sin grave detrimento de garant韆s de m醲imo inter閟. El legislador la consider� desde su promulgaci髇 como un instrumento normativo de utilizaci髇 excepcional por razones de urgencia, ya que para todos los dem醩 supuestos se mantuvo el pleno vigor de la Ley de 1879.

Se ha estudiado tanto la conveniencia de generalizar los criterios de esta Ley como la de derogarla, excluyendo la dualidad de procedimientos: uno de car醕ter ordinario, y otro aplicable previa declaraci髇 de urgencia. Las dos posibilidades han sido rechazadas por las razones que seguidamente se exponen.

La apreciaci髇 acerca de si es o no necesaria la ocupaci髇 de un bien en concreto es una garant韆 fundamental para el particular. La declaraci髇 de utilidad p鷅lica expl韈ita o impl韈ita garantiza la concurrencia del inter閟 general, que viene a justificar la expropiaci髇, pero no entra ni de lejos en apreciaci髇 alguna acerca de la necesidad de que para llevarlo a cabo se ocupe un bien determinado con preferencia a otro. Ciertamente, la Administraci髇 puede tomar como referencia el proyecto y los replanteos afectados, pero no siempre constar醤 con la precisi髇 obligada los derechos e intereses afectados. En todo caso, es preciso dar una intervenci髇 al interesado, cuando menos para conseguir una indemnizaci髇 suficiente desde el punto de vista jur韉ico del bien o derecho afectado.

Pero aun cuando la Ley se ha inspirado en lo posible en la de 1939, incorporando sus criterios y construyendo los esquemas procesales a la vista de esa notable experiencia legislativa, se ha estimado que el proceder por ello a la derogaci髇 pura y simple de dicha Ley, suprimiendo el procedimiento de urgencia, hubiera sido forzar la soluci髇 al amparo de razones de pura t閏nica legal, adoptando una base legislativa r韌ida, capaz de servir de freno o de contenci髇 a la acci髇 administrativa que puede ser solicitada por las necesidades con imperativos de la m醲ima urgencia. Se ha optado, pues, por incorporar pr醕ticamente la Ley de 1939 a la presente, y a ello responde el art韈ulo 52. Ha de tenerse en cuenta que merced a la actualizaci髇 de la legislaci髇 en esta materia, la utilizaci髇 del procedimiento de urgencia podr� atemperarse a su car醕ter estrictamente excepcional, lo que no ocurre en la actualidad, ya que, por las razones que han quedado expuestas de desajuste de la legislaci髇 a los problemas del d韆, se ha visto forzada la Administraci髇 a la utilizaci髇 frecuente de dicha Ley. De hecho, en los casos en que del proyecto resultan perfectamente determinados los intereses afectados, se generaliza cuando menos el fin de la Ley de 1939, y en los dem醩, el procedimiento, dentro del respeto obligado a elementales garant韆s, es de tal agilidad que bien puede decirse que responde al mismo esp韗itu de eficacia que inspiraba la aludida Ley.

En efecto, a fin de regular procesalmente la intervenci髇 de los interesados en este punto, se arbitra un tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, procurando la m醲ima difusi髇.

Se ha fijado el plazo de veinte d韆s como m醲imo para que la Administraci髇 resuelva las reclamaciones promovidas en la informaci髇.

La decisi髇 del recurso contra esta resoluci髇, que deber� interponerse dentro del plazo de diez d韆s, a contar desde la notificaci髇 o publicaci髇, decisi髇 que zanja definitivamente la cuesti髇 debatida, lleva consigo la declaraci髇 expl韈ita de la necesidad de ocupaci髇 y levanta la suspensi髇 provocada por las reclamaciones. En el peor de los casos, esta suspensi髇 no podr� ser superior a un mes.

Salta a la vista la econom韆 procesal conseguida sin m醩 que indicar que la Ley hasta ahora vigente fija los siguientes plazos: tres d韆s para el tr醡ite de comunicaci髇 por el Gobernador a los Alcaldes de la relaci髇 nominal de interesados en la expropiaci髇 (art韈ulo 16), quince o treinta d韆s para la informaci髇 (art韈ulo 17), quince d韆s para la resoluci髇 por el Gobernador (art韈ulo 18), ocho d韆s para la interposici髇 del recurso de alzada, y treinta d韆s para su resoluci髇 (art韈ulo 19), por lo que el procedimiento puede prolongarse hasta ochenta y seis d韆s.

T閚gase en cuenta que los Gobernadores Civiles han sido suprimidos por la Ley 6/1997, 14 abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado (獴.O.E.� 15 abril), asumiendo los Delegados del Gobierno las competencias que la legislaci髇 vigente les atribu韆.LE0000010569

C) Justiprecio.

La fijaci髇 de la indemnizaci髇 constituye, como es obvio, el problema capital de una ley de expropiaci髇. El criterio tradicional de someter las diferencias de apreciaci髇 pericialmente establecidas a una decisi髇 motivada y preparada por una tercera estimaci髇 pericial ha de reconocerse que no ha sido nunca propugnado como procedimiento ideal, sino m醩 bien como un 鷏timo recurso, al que emp韗icamente se acude en defecto de reglas tasadas que permitan una determinaci髇 autom醫ica del valor del objeto de la expropiaci髇. Los criterios autom醫icos a馻den a su intr韓seca objetividad la ventaja de eliminar gran n鷐ero de reclamaciones, ya que sustraen la base sobre la cual cabe plantearlas, que no es otra que la pluralidad abierta indefinidamente de los medios de estimaci髇.

No se han escatimado esfuerzos a fin de conseguir sustituir el procedimiento de la controversia pericial por otro que permitiera una determinaci髇 m醩 objetiva del justo precio. M醩 ya desde un principio pudo advertirse que existen supuestos de expropiaci髇 en los que bien sea por carecerse de toda clase de estimaci髇 general preconstituida, bien porque los criterios generales vendr韆n a ofrecer resultados muy arbitrarios en m醩 o menos respecto al principio de justa indemnizaci髇 de que se parte, es imposible prescindir de una tasaci髇 pericial. La determinaci髇 del justo precio sobre bases fiscales ha de partir de la premisa de que la riqueza imponible, fiscalmente establecida, suponga una valoraci髇 no s髄o objetiva y bien ponderada del bien de que se trate, sino adem醩, rigurosamente al d韆 desde el punto de vista del poder adquisitivo de la moneda. Y se comprende que esto no es siempre posible por la forzosa complejidad de las operaciones evaluatorias, que no se pueden llevar a cabo en plazos tan moderados que se sustraigan a oscilaciones de no escasa significaci髇 econ髆ica.

De otro lado, salvo que se entienda que la estimaci髇 fiscal constituye lo que desde luego no es, es decir, una declaraci髇 administrativa de valoraci髇, eficaz no s髄o en la relaci髇 fiscal, sino en toda relaci髇 con la Administraci髇 en que el valor de un bien pueda jugar alg鷑 papel, esa estimaci髇 debe servir como uno de los elementos que concurran a la determinaci髇 del justo precio, pero no ser el criterio de suyo, y exclusivamente, determinante. Esto implicar韆 volver la espalda a realidades econ髆icas elementales, en las que precisamente el bien expropiado encuentra la referencia de valor m醩 adecuado. Todo ello hace que sea preciso ponderar las valoraciones fiscales con las de mercado y para casos excepcionales dejar abierta la posibilidad de apreciaci髇 de circunstancias espec韋icas, que de no tenerse en cuenta provocar韆n una tasaci髇 por completo irrazonable. Estos son los principios que en este punto inspiran la Ley.

Desde el momento en que, por las razones aludidas, hubo de renunciarse a la determinaci髇 autom醫ica del justo precio, para dar paso, en mayor o menor medida, a una apreciaci髇 de circunstancias espec韋icas del caso, pasaba al primer plano la cuesti髇 del 髍gano de tasaci髇. Es evidente que el sistema del 玹ercer perito� que inspira la legislaci髇 hasta ahora vigente, reduce en los m醩 de los casos a un papel puramente pasivo la funci髇 del 髍gano que formaliza la resoluci髇, aparte de llevar consigo un juego de plazos de excesivo peso para la agilidad de la acci髇 administrativa. Como es natural, en el procedimiento actual los peritajes de las partes est醤 inspirados en el propio inter閟 de 閟tas, al que se sobrepone la mediaci髇 arbitral del tercer perito; te髍icamente cabr韆 pensar que el tercer peritaje decidiera de derecho la cuesti髇, cuanto que ya, las m醩 de las veces, lo hace de hecho. Pero esta soluci髇 es insatisfactoria, tanto desde el punto de vista de los principios -por cuanto supone la dejaci髇 en manos privadas de una cuesti髇 en la que est醤 vivamente comprometidos intereses p鷅licos e intereses privados, e implica, por lo tanto, una ruptura con las bases mismas de la justicia administrativa- como en consideraci髇 a los supuestos mismos del fallo. En efecto, en cuanto 閟te debe resultar de la apreciaci髇 de bases tasadas de diferente 韓dole y, excepcionalmente, de circunstancias muy singulares que justifiquen en un caso dado el separarse de aqu閘las, no es posible dejar todos estos elementos a juicio de una persona calificada por la sola condici髇 de su pericia en tasaciones de cierta 韓dole. Por otra parte, s髄o una permanencia en esa funci髇, una reiteraci髇 en los criterios, un conocimiento de la econom韆 local, puede abrir el paso a lo que constituye, sin duda, el ideal en esta materia: objetivar las tasaciones en forma que sean el resultado de la aplicaci髇 de criterios generalizados.

As� se justifica una de las innovaciones m醩 importantes de la Ley: la constituci髇 de los Jurados Provinciales de Expropiaci髇, que vienen a ser 髍ganos en los que se componen las dos funciones, pericial y judicial, escindidas en el sistema actual, pero que re鷑en, adem醩, las ventajas que proporciona la permanencia y especializaci髇 en la funci髇, la colegiaci髇 (que permite llevar a su seno los intereses contrapuestos) y la preparaci髇, al mismo tiempo en los aspectos material y jur韉ico, de la cuesti髇 a decidir. Ciertamente, estas ventajas est醤 supeditadas en todo al acierto que presida en la composici髇 de estos 髍ganos y condicionadas, por otra parte, a la carga burocr醫ica que lleven consigo. Se han estudiado minuciosamente los dos aspectos, para evitar que se malograra la soluci髇, y se cree haberlo conseguido en las normas propuestas. El art韈ulo 32 fija la composici髇 del Jurado, atribuyendo su presidencia a un Magistrado, con lo que garantiza la objetividad de visi髇 y el rigor judicial del procedimiento y asegura la representaci髇 de los intereses financieros y fiscales de la Administraci髇 y patrimoniales de la propiedad privada, as� como de los de 韓dole t閏nica, incluyendo finalmente a un Notario, en atenci髇 a su conocimiento de las transacciones y a la independencia de su funci髇 p鷅lica.

En cuanto al coste de estos organismos, la Ley ha apurado todas las posibilidades para reducirlos al m韓imo, y pr醕ticamente se ha conseguido.

Sobre estas bases, el Jurado de expropiaciones puede llegar a corregir las mayores deficiencias del actual sistema de tasaci髇, del mismo modo que lo han hecho en el extranjero organismos similares; pero, sobre todo, encierra las mayores posibilidades de conseguir -por la preparaci髇 de 韓dices y la fijaci髇 m醩 precisa de las bases de valoraci髇- llegar alg鷑 d韆 a una determinaci髇 autom醫ica del justo precio.

Con todo, la cr韙ica del procedimiento depende en grado considerable del acierto que presida su configuraci髇 procesal. Tambi閚 en este punto, la comparaci髇 de esta Ley con la hasta ahora vigente obliga a admitir que se ha conseguido una notable econom韆. En la Ley de 1879 se se馻lan como plazos: el de ocho d韆s para la designaci髇 de peritos (art韈ulo 20); el de quince, para aceptar o rehusar la oferta de la Administraci髇 (art韈ulo 26); quince, para la presentaci髇 de la hoja de tasaci髇 pericial del propietario (art韈ulo 27); ocho, para la eventual conciliaci髇 (art韈ulo 28); ocho para la designaci髇 del tercer perito por el Juez (art韈ulo 31); treinta, para que 閟te lleve a cabo la tasaci髇 (art韈ulo 33); treinta, para la resoluci髇 por el Gobernador (art韈ulo 34); treinta, para la interposici髇 del recurso, y otros tantos para la resoluci髇 que corresponda (art韈ulo 35). En total, ciento setenta y cuatro d韆s, sin contar el plazo de un mes para la notificaci髇 de la orden resolutoria, y el de dos meses para la interposici髇 del recurso contencioso. El procedimiento que la Ley adopta comprende, en cambio, los siguientes plazos: veinte d韆s, para que la Administraci髇 acepte o rehuse y, en su caso, para que, a su vez, formule su hoja de aprecio (art韈ulo 30), despu閟 del plazo de veinte d韆s que para la presentaci髇 de la hoja de aprecio tiene el propietario (art韈ulo 29); diez d韆s, para que el propietario acepte o rehuse la formulada por la Administraci髇, en su caso (art韈ulo 30), y finalmente, en caso de controversia, ocho d韆s para la resoluci髇 ejecutoria por el Organo al efecto establecido (art韈ulo 34). En total, cincuenta y ocho d韆s como duraci髇 m醲ima de los tr醡ites.

A esta significativa aligeraci髇 del procedimiento hay que a馻dir que, seg鷑 se ha dicho, cabe esperar en numerosos casos el que se consiga la conformidad de las partes desde el momento en que los aspectos controvertidos vienen, de antemano, atemperados por la necesaria motivaci髇 sobre las bases legales de las hojas de aprecio (art韈ulo 37).

Con respecto a los bienes inmuebles, se ha distinguido a estos efectos entre fincas urbanas y r鷖ticas. En las primeras se consigue una determinaci髇 autom醫ica del justiprecio del solar al adoptarse como estimaci髇 la que tuvieren asignada a efectos del arbitrio municipal sobre incremento del valor, corregida en un diez por ciento a favor del propietario. En cuanto a los edificios, se ponderan como factores el valor en venta debidamente justificado con arreglo a la situaci髇, destino y estado de la edificaci髇, y la capitalizaci髇 al inter閟 legal del l韖uido imponible se馻lado a efectos de la contribuci髇 territorial urbana. En cuanto a las fincas r鷖ticas, respecto a las cuales, como es notorio, las valoraciones fiscales no est醤 en general al d韆, a fin de no prescindir de todo factor autom醫ico, se toman en consideraci髇 los l韖uidos imponibles, seg鷑 catastro o amillaramiento, incrementados en un cinco por ciento en el primer caso, y en un diez por ciento, en el segundo. Estos incrementos deben considerarse teniendo en cuenta que, a efectos de dep髎ito, la Ley de 1939 se馻laba los de cinco y veinte por ciento. Del mismo modo que en el caso de las fincas urbanas, la indemnizaci髇 es el promedio entre este valor fiscal y el valor en venta debidamente acreditado.

Con respecto a bienes muebles, no era posible utilizar criterios id閚ticos por la pr醕ticamente ilimitada heterogeneidad del objeto a expropiar. Sin embargo, en el tipo de riqueza mobiliaria que con m醩 frecuencia puede quedar afectado por la expropiaci髇, es decir, la expropiaci髇 de empresas cuyo capital aparece incorporado al t韙ulo de participaci髇, tambi閚 se ha conseguido una determinaci髇 autom醫ica al deducir la indemnizaci髇 de un promedio de elementos rigurosamente precisos, como son la cotizaci髇, la capitalizaci髇 de los beneficios distribuidos en los tres ejercicios inmediatamente anteriores a la expropiaci髇 y el valor te髍ico, seg鷑 balance, obtenido por la diferencia existente entre el activo real y el pasivo exigible.

D) Pago y toma de posesi髇.

Por lo que al 鷏timo per韔do del procedimiento se refiere, son de mucho menos alcance las innovaciones de la Ley. Los art韈ulos 37, 39, 40 y 41 de la hasta ahora vigente han sido respetados, al menos en su contenido esencial, limit醤dose las rectificaciones a detalles de redacci髇 exigidos por la concordancia con los dem醩 preceptos de la Ley. Singular dificultad ha suscitado, sin embargo, el derecho de reversi髇 que aqu閘la reconoce en el art韈ulo 43. Se ha visto recogido en este precepto un principio de validez inconclusa, seg鷑 el cual, frustr醤dose por una u otra raz髇 la obra o servicio que dio causa a la expropiaci髇, deben remitir en todo lo posible al menos los efectos econ髆icos de 閟ta. La dificultad radica evidentemente en la determinaci髇 concreta del momento a partir del cual puede estimarse que de hecho concurre el supuesto de la reversi髇. El criterio de la legislaci髇 hasta ahora vigente supedita el ejercicio del derecho a la notificaci髇 por la Administraci髇 de la no ejecuci髇 de la obra, lo que tiene el inconveniente de dejar indefenso al expropiado, al que no se notifica tal determinaci髇. Pero es sumamente dificil dar con una regla adecuada sin poner en peligro todo el instituto de la expropiaci髇. La Ley se ha limitado a intentar superar el r韌ido formalismo que la norma vigente supone, facilitando el ejercicio del derecho cuando la Administraci髇 lleve a cabo actos que por su 韓dole impliquen de necesidad el abandono del proyecto primitivo o la imposibilidad de llevarlo a cabo, lo que, por otra parte, habr� de acreditarse en v韆 administrativa, sin que en tanto no se declare el derecho se produzca alteraci髇 alguna en la situaci髇 jur韉ica creada.

III. Procedimientos especiales

La amplia concepci髇 que por razones al principio expuestas conviene adoptar en la fijaci髇 del 醡bito normativo de la Ley, lleva empero consigo no desconocer las peculiaridades que la expropiaci髇 puede exigir en ciertos supuestos, sea por la 韓dole del objeto, por la del fin, e incluso en atenci髇 a la Administraci髇 que lleva a cabo la expropiaci髇.

El criterio de la legislaci髇 hasta ahora vigente es, por supuesto otro. Al concebirse la ley general de expropiaci髇 pr醕ticamente, como limitada a las obras p鷅licas del Estado, la Provincia y el Municipio, el legislador se ha visto obligado a regular los supuestos especiales de la expropiaci髇 por normas especiales, si bien con frecuencia all� donde la excepci髇 ha parecido innecesaria, ha adoptado el procedimiento de remitirse a la legislaci髇 general. Esta Ley, al ser concebida desde un principio con la pretensi髇 de abarcar en lo posible todo el campo a que pueda alcanzar la expropiaci髇, consta de preceptos que han sido redactados teniendo en cuenta los supuestos peculiares, e incluso, a veces, generalizando las f髍mulas que han ido surgiendo en estos procedimientos, por estimarlas m醩 valiosas, desde el punto de vista t閏nico, que las hasta ahora admitidas con car醕ter general.

En cuanto no ha sido posible la reducci髇 a preceptos 鷑icos, ha parecido en todo caso preferible arbitrar, dentro de la ley, procedimientos especiales en los que en general se ha dejado intacta la legislaci髇 vigente, salvo en materias que ning鷑 inconveniente hay en generalizar. Y como se comprende la dificultad de recoger las singularidades de toda la variada gama de expropiaciones que sea 鷗il conservar, cual ocurre con las que llevan a cabo el Patrimonio Forestal del Estado y otras administraciones institucionales en la cl醬sula derogatoria, se prev� el procedimiento a trav閟 del cual ha de hacerse expresa indicaci髇 de las disposiciones anteriores sobre la materia que han de continuar en vigor.

El Cap韙ulo I del T韙ulo III responde a una necesidad que se viene haciendo patente, de d韆 en d韆, por el volumen de las obras que la Administraci髇 acomete: la expropiaci髇 de grandes zonas. Multiplicar en estos casos los procedimientos, tomando por base la unidad del bien expropiado, no s髄o constituye una carga procesal considerable, sino que adem醩 expone a diferencias de justiprecio tanto m醩 sensibles cuanto que la unidad de zona determina por s� sola, al menos hasta cierto punto, una unidad de valor. Por ello, la valoraci髇 en abstracto sobre pol韌onos de terreno o grupos de bienes proporciona la base objetiva de valoraci髇 que elimina aquellas diferencias o al menos las somete a los l韒ites de precios m醲imos y m韓imos, sin que debilite las garant韆s del expropiado, ya que cabe reclamar contra dichos l韒ites en el tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, as� como despu閟 recurrir contra la valoraci髇 del bien expropiado dentro de ellos.

Llevando a sus obligadas consecuencias la categor韆 de expropiaci髇 por inter閟 social, la Ley consagra el Cap韙ulo II de este T韙ulo III a un tipo espec韋ico dentro de aqu閘la, esto es, a aqu閘 en que la expropiaci髇 viene motivada jur韉icamente por el incumplimiento, por parte del propietario, de aquella finalidad que con generalidad ha asignado la ley a determinados bienes. La peculiaridad en tales casos resulta de que la expropiaci髇 no es aqu� movida por el impulso administrativo, sino que es una consecuencia jur韉ica latente desde el momento en que el particular no cumple con el fin social, no obstante conminarle con la expropiaci髇 la ley que regula su propiedad. El inter閟 de la Administraci髇 se centra en conseguir que, efectivamente, el fin se cumpla sin extraer la propiedad del marco jur韉ico de la econom韆 privada, de modo que, en principio, la Administraci髇 ver韆 frustrados sus prop髎itos si para conseguir aquella aplicaci髇 hubiera de expropiar a su favor.

La ley ha intentado, y cree hacerlo conseguido, conciliar las exigencias id閚ticamente imperativas del respeto a la propiedad privada, evitando la posibilidad de expropiaciones en fraude legal, y del no menor respeto a la funci髇 social de esa propiedad, al procurar ordenar un procedimiento que permita hacer posible la expropiaci髇 en favor de un particular con garant韆 en el cumplimiento de la finalidad impuesta por la ley.

Los l韒ites estrictos que configuran esta expropiaci髇 vienen decididos por la exigencia de que la funci髇 social de la propiedad de que se trate haya sido en concreto determinada por una ley o a lo sumo que haya sido una ley la que hubiera establecido el inter閟 social concreto de una categor韆 de bienes, facultando a la Administraci髇 para considerar los casos concretos de aplicaci髇 de la propia ley. No se trata, pues, seg鷑 claramente se precisa en la ley, de dejar toda propiedad supeditada a la eventualidad de una expropiaci髇 por un inter閟 social indefinido o enunciado de modo abstracto, sino simplemente de aquel caso en que la ley fija al propietario una directiva concreta y le conmina con la expropiaci髇, para el supuesto de que lo incumpla. Con ello puede asegurarse que la ley no da en ese punto ni un paso m醩 all� en el orden de las determinaciones pol韙ico-sociales, sino que se mantiene estrictamente en la l韓ea que ha alcanzado ya la legislaci髇 vigente. La contribuci髇 de la ley puede decirse que es, a este respecto de orden puramente t閏nico, viniendo a generalizar un procedimiento para todos estos casos, a fin de evitar el inconveniente de que el legislador tenga que improvisarlo cada vez que con razones pol韙ico-sociales extienda la aplicaci髇 del principio de la funci髇 social de la propiedad.

La estructuraci髇 de este procedimiento no ha sido ni mucho menos tarea f醕il. Una pauta legal inteligente debe partir, en este punto, de la consideraci髇 de que s髄o la concurrencia, en alguna medida, del inter閟 del particular fundado en la racional expectativa de un beneficio, puede estimular la adquisici髇 del bien de que se trata en el caso de que el titular, por dejaci髇 o por cualquier otro motivo, desoiga el mandato de la Ley. Normalmente, s髄o la Administraci髇 impone a su costa la utilizaci髇 de un patrimonio, incluso con sacrificio econ髆ico, para cumplir una funci髇 de inter閟 social. Esto sentado, se ha estimado que el procedimiento de subastas progresivas con tipos de licitaci髇 decreciente es el 鷑ico, aun cuando en s� mismo no sea ideal, para conseguir actualizar la finalidad social siempre que, siquiera sea un grado m韓imo, pueda ser compatible con ella un inter閟 o beneficio del adquirente.

Especial inter閟 ha dedicado la ley a las expropiaciones que implican traslado de poblaciones motivado por obras p鷅licas de cierta envergadura. La materia ha sido hasta la fecha objeto de medidas adoptadas ante cada caso, y la reiteraci髇 de 閟tos por la pol韙ica de transformaci髇 de nuestra econom韆 acometida por el Estado, denuncia la necesidad de normas generales. La ley no pod韆 eludir, puesto que entran en el 醡bito de la expropiaci髇, los problemas t閏nicos que singularmente en orden al sistema de garant韆s suscitan estos traslados en masa, y aun cuando haya de contarse aqu� con un desarrollo reglamentario muy cuidadoso, las l韓eas b醩icas de la regulaci髇 es obligado que figuren en la ley.

En otro orden de cosas, era del mayor inter閟 considerar la posibilidad de llevar, si no a una unidad de normas, si el menos a un principio legislativo com鷑, aquella legislaci髇 que en los 鷏timos a駉s ha venido surgiendo como eficaz instrumento de la acci髇 social del Estado en el orden agrario. Pero hubiera sido poco conveniente intentar modificaciones de gran alcance en el procedimiento expropiatorio que utiliza para el cumplimiento de sus fines el Instituto Nacional de Colonizaci髇, m醲ime cuando recientemente, con ocasi髇 de la Ley de Transformaci髇 y Distribuci髇 de la Propiedad de las grandes zonas regables se han llevado a cabo las reformas precisas en la materia para conseguir una tramitaci髇 eficaz.

El cap韙ulo dedicado a la expropiaci髇 por entidades locales no altera fundamentalmente la legislaci髇 hasta ahora vigente sino en cuanto 閟ta pudiera remitirse a la legislaci髇 general de expropiaci髇, respet醤dose las especialidades de la reciente ley de r間imen local.

Los otros dos procedimientos especiales previstos, el de la expropiaci髇 que tenga por objeto bienes de valor art韘tico, hist髍ico y arqueol骻ico, y el referente a expropiaciones por la administraci髇 militar, no suponen modificaciones de alcance significativo sobre la legislaci髇 hasta ahora vigente en la materia. Su inclusi髇 en tal concepto de procedimientos especiales responde exclusivamente al ya razonado criterio de moderar en lo posible la dispersi髇 de las normas legales y reglamentarias que regulan la expropiaci髇.

IV. Indemnizaciones por ocupaci髇 temporal y otros da駉s

Asimismo, fuera de liger韘imas alteraciones de redacci髇 para conseguir una concordancia en el contexto legal o para adaptar los preceptos a la denominaci髇 y competencia actual de autoridades y organismos la materia de ocupaciones temporales aparece en la Ley reproduciendo pr醕ticamente las normas de la legislaci髇 hasta ahora vigente. No obstante, en atenci髇 al mismo principio de actuaci髇 del inter閟 social, se ha configurado tambi閚 como supuesto de ocupaci髇 en el caso de que la Administraci髇, no habiendo atendido el propietario a la finalidad social del bien de su propiedad, tal como estuviera legalmente establecida, estimara conveniente, en vez de proceder a la expropiaci髇, ocupar aqu閘la a fin de realizar los trabajos precisos para hacer efectiva la aplicaci髇 o destino consignados por la ley. Tampoco en este punto se hace otra cosa que intentar una construcci髇 general de numerosos preceptos aislados que han establecido esta soluci髇 para casos concretos. La indemnizaci髇 se determina aqu� autom醫icamente, mediante el abono de una renta apreciada en el valor del l韖uido imponible. La severidad que en este caso rige la compensaci髇 obedece a que de una u otra manera se parte de una infracci髇 de la ley por el particular que deja incumplida la directiva social. Asimismo, se ha previsto que la Administraci髇 se reintegre adecuadamente de su actividad caso de conseguirse mejoras, como ser� lo m醩 frecuente. Tambi閚 se ha incluido en este cap韙ulo la intervenci髇 estatal de empresas mercantiles, en los supuestos excepcionales que contempla, de acuerdo con la legislaci髇 vigente.

En el Cap韙ulo II del T韙ulo IV es donde se ha intentado formular bases legales de la teor韆 razonada al principio, de la indemnizaci髇 por da駉s. A lo dicho en aquel lugar conviene a馻dir ahora que los criterios adoptados se inspiran en normas aisladas de nuestra legislaci髇, a la que le falta una formulaci髇 expl韈ita del principio de responsabilidad, bien que por lo dem醩 no sean numerosas tales normas.

Prescindiendo del art韈ulo 120, en que se regula la indemnizaci髇 por da駉s producidos a consecuencia de las medidas que las autoridades civiles consideren imprescindibles por graves razones de orden o seguridad p鷅licos, epidemias, inundaciones, etc., con lo que no se hace sino dar una forma sistem醫ica a preceptos aislados del Reglamento de Epizoot韆s y de la Ley de Aguas, intentando una generalizaci髇 m醩 comprensiva, debe hacerse una advertencia importante; la previsi髇 contenida en el art韈ulo 121 de indemnizar las lesiones provocadas por el funcionamiento normal o anormal de los servicios p鷅licos o la adopci髇 de medidas que, como discrecionales, no sean impugnables en v韆 contenciosa, no se formula con alcance y t閞minos ilimitados, sino que estrictamente se contraen a las lesiones sobre los bienes y derechos objeto de la Ley de Expropiaci髇; en otra forma, no se hace sino extender el principio de la justa indemnizaci髇, desde la privaci髇 jur韉ica de la propiedad por raz髇 de utilidad p鷅lica a la privaci髇 o menoscabo de la misma acaecida de hecho, como inevitable efecto de la acci髇 administrativa. Ir m醩 all� hubiera sido desbordar los l韒ites t閏nicos que el objeto impone a una ley de expropiaci髇.

V. Garant韆s jurisdiccionales

En la medida en que la Ley ha apreciado la necesidad de configurar la expropiaci髇, considerando todo el campo a que hoy se extiende la acci髇 de la Administraci髇, se ha hecho cargo de la necesidad de compensar jur韉icamente tan amplio desarrollo con un sistema eficaz de garant韆s que fueran la proyecci髇 t閏nica del solemne principio consagrado por el art韈ulo 32 del Fuero de los Espa駉les.

La expropiaci髇 irregular, cuyo concepto se construye en el art韈ulo 125 dentro de los l韒ites de las garant韆s del art韈ulo citado del Fuero, ha sido tratada, conforme al criterio tradicional de nuestra legislaci髇, como un caso en el que la normal excepci髇 que defiende a la Administraci髇, frente a los interdictos, es a su vez objeto de excepci髇. Y dentro del supuesto de expropiaci髇 no regular se ha incluido como caso concreto el de vicio en el procedimiento expropiatorio declarado por sentencia firme, siendo aqu閘 de tal entidad que impidiere a la Administraci髇 la legal ocupaci髇 del bien.

La especial menci髇 de las acciones posesorias no implica imposibilidad de utilizar otros medios procesales reconocidos por las Leyes, sino que, como se ha dicho, aquella menci髇 resulta obligada a fin de neutralizar la regla general prohibitiva de los interdictos contra la Administraci髇. Por ello, y por aducir un ejemplo concreto, se ha omitido toda referencia al procedimiento del art韈ulo 41 de la Ley Hipotecaria, ya que habi閚dose reconocido por distintas v韆s que puede utilizarse contra la Administraci髇, era innecesario aludir al mismo de modo expreso.

Cuidadosamente se ha estudiado la conveniencia de mantener o no el l韒ite m韓imo de lesi髇 econ髆ica de la indemnizaci髇, establecido por el art韈ulo 35 de la Ley hasta ahora vigente, al reconocer recursos contenciosos en cuanto al fondo, s髄o para el caso de que la lesi髇 alcance cuando menos la sexta parte del verdadero justiprecio. En el orden de los principios se ha estimado evidente que, en general, si bien no es deseable supeditar la protecci髇 procesal a la entidad econ髆ica del da駉, es, desde un punto de vista de la econom韆 procesal, negativo un sistema que obligue a poner en marcha todo el aparato procesal, incluso faltando toda base de inter閟 o siendo 閟te insignificante. Se trata, empero, de una cuesti髇 de apreciaci髇 en la que no pueden adoptarse criterios dogm醫icos.

En materia de ejecuci髇 de sentencias de la jurisdicci髇 contenciosa, no era l骻icamente posible intentar dar un paso sobre las normas cl醩icas que rigen esta jurisdicci髇. A ellas, pues, se remite la Ley sin m醩 que precisar que de la sentencia firme se remitir醤 copias al Departamento interesado y a los de la Presidencia del Gobierno y de Hacienda a los efectos de su ejecuci髇.