Resolución de 17 de marzo de 2021, del Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el Convenio entre el Consejo Superior Geográfico y la Comunidad de Castilla y León, por el que ésta se integra en el Sistema Cartográfico Nacional

Primera Objeto y ámbito material del Convenio

El objeto del presente Convenio es la integración efectiva de la Comunidad de Castilla y León en el Sistema Cartográfico Nacional, según establece el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional y el establecimiento del conjunto de actuaciones de colaboración con el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la producción, actualización e intercambio de información geográfica en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Segunda Integración de la Comunidad de Castilla y León en el Sistema Cartográfico Nacional

Mediante la firma de este Convenio, la Comunidad de Castilla y León se integra en el Sistema Cartográfico Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 3, apartado 2.b) del Real Decreto 1545/2007 aceptando los contenidos del mismo que le afecten, según establece el apartado 5 de dicho artículo.

Tercera Desarrollo del Convenio

Las Partes colaborarán para el desarrollo del Sistema Cartográfico Nacional como modelo de actuación en materia de información geográfica. Con este fin, se establece mediante este Convenio, el ámbito genérico de colaboración en una serie de áreas de trabajo.

Cada uno de los programas concretos de colaboración entre ambas partes, requerirá la elaboración de un Convenio específico en el que se determinarán los compromisos de las partes, el programa de trabajo, los fines propuestos y los mecanismos necesarios para su realización, así como los gastos que se puedan derivar de dichas actuaciones Las propuestas de Convenios específicos serán estudiadas e informadas por la comisión de seguimiento regulada en la cláusula quinta, antes de ser sometidas a la aprobación de las instituciones firmantes.

La colaboración entre las Partes, se podrá traducir en:

• A. La realización conjunta de actividades en proyectos o actuaciones referidas al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma que sirvan a alguno de los siguientes objetivos:
  • –  Garantizar la homogeneidad de la información producida por las Partes para asegurar así su coherencia, continuidad e interoperabilidad.
  • – Favorecer la eficiencia en el gasto público destinado a cartografía y sistemas de información geográfica, evitando la dispersión y duplicidad de los recursos públicos utilizados y promoviendo la cooperación interinstitucional.
  • – Asegurar la disponibilidad pública y actualización de la información geográfica y cartográfica.
  • – Asegurar la calidad de la producción cartográfica oficial y su utilidad como servicio público, facilitando el acceso público a la información geográfica y favoreciendo la competitividad del sector cartográfico privado.
• B. La participación de la Comunidad Autónoma en actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en materia de información geográfica que respondan, igualmente, a los objetivos antes citados en el ámbito territorial de Castilla y León y que redunden en una mejor adecuación de dichas actuaciones a las necesidades propias de la Comunidad Autónoma en su ámbito competencial. En concreto, se trabajará en las siguientes áreas de actuación:
  • – El Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional.
  • – Los planes de producción de la cartografía e información geográfica oficial.
  • – El Plan Nacional de Observación del Territorio.
  • – El Registro Central de Cartografía.
  • – La Infraestructura Nacional de Información Geográfica.
  • – El Consejo Superior Geográfico.

Cuarta Órgano Autonómico Responsable del cumplimiento y desarrollo de los contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre

Todas las relaciones de la Administración General del Estado con la Comunidad de Castilla y León, para el cumplimiento y desarrollo de este Convenio, se realizarán a través de La Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Quinta Comisión de seguimiento

Una vez que el Convenio sea eficaz, y en un plazo máximo de un mes, se constituirá una Comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes. Las partes se harán saber por escrito el nombre de sus respectivos representantes. Uno de los miembros de esta Comisión de seguimiento en representación de la Administración General del Estado, será un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

La presidencia de la Comisión corresponderá, por períodos anuales alternativos, a uno de los representantes de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma, comenzando por el primero.

Los miembros de esta Comisión, que podrán ser asistidos por técnicos, se reunirán de forma periódica, cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una vez al año, para revisar el funcionamiento general del presente Convenio y en particular se encargarán de:

• – Identificar, estudiar y analizar las oportunidades de colaboración y, en su caso, promover y proponer el correspondiente Convenio Específico.
• – Velar por la correcta ejecución de este Convenio y resolver los problemas de interpretación que de él se deriven.
• – Realizar el seguimiento de los convenios específicos que se suscriban entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del establecimiento en los mismos del necesario mecanismo de seguimiento, vigilancia y control
• – Dirimir los conflictos o controversias que pudieran surgir en el uso de la ejecución, aplicación o interpretación de este Convenio.
• – Redactar informes sobre la realización del Convenio dirigidos a las partes firmantes del mismo.
• – Proponer prórrogas del presente Convenio.

El funcionamiento de la Comisión de seguimiento se regirá por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión de seguimiento únicamente tomará decisiones por acuerdo unánime de sus miembros. Los acuerdos y el contenido de las reuniones de la Comisión de seguimiento se consignarán siempre en actas escritas y debidamente firmadas por los miembros.

Sexta Entrada en vigor y duración

El presente Convenio se perfeccionará con la firma de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, el Convenio se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

La duración de este Convenio será de cuatro (4) años prorrogables por acuerdo unánime de los firmantes formalizado en la correspondiente Adenda, por otro periodo adicional de cuatro (4) años.

Séptima Modificación y Resolución del Convenio

Este Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto y, además, por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución, según establece el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público:

• a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
• b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
• c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

  En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de seguimiento.

  Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

• d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
• e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

La resolución del Convenio, por denuncia formal, según se prevé en el artículo 3.5 del Real Decreto 1545/2007, o por cualquier otra causa de resolución de las previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no podrá perjudicar la continuación de cuantas actuaciones o actividades se encontrarán ya en curso, o bien, de aquellas sobre las cuales ya se hubiera adquirido un compromiso frente a la otra parte o frente a terceros. En el acuerdo de resolución del Convenio, se establecerá el plazo improrrogable en el cual las citadas actuaciones o compromisos deberán haber finalizado.

La resolución del Convenio no originará ninguna obligación de contraprestación entre las partes, salvo la liquidación de las obligaciones pendientes.

El presente Convenio podrá ser modificado a propuesta de cualquiera de las partes, mediante la suscripción de una adenda al mismo, formalizada antes de la finalización del Convenio.

Octava Jurisdicción

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o incumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Convenio, y que no hayan podido ser dirimidas por la Comisión de seguimiento creada a tal efecto, se resolverán mediante la jurisdicción contencioso administrativa, en la manera regulada en la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.