Resolución de 29 de abril de 2024, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, para la utilización de la Plataforma de Intermediación de Datos, la Plataforma Cl@ve de Identificación y Firma Electrónica, la Plataforma @Firma de Validación de Certificados y Firmas Electrónicas y el Sistema de Interconexión de Registros

Primera Objeto

Es objeto del presente convenio:

• 1. Para la SGAD, permitir al Consejo General del Poder Judicial el intercambio de asientos registrales a través de la plataforma SIR, así como que puedan utilizar la plataforma de intermediación de datos, la plataforma Cl@ve de identificación y firma electrónica y la plataforma @firma de validación de certificados y firmas electrónicas.
• 2. Para el Consejo General del Poder Judicial, el uso de las citadas plataformas, para contribuir a la racionalización del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las Administraciones.

Segunda Obligaciones generales de la Secretaría General de Administración Digital

1. Con carácter general, la SGAD, asume las siguientes obligaciones:

• a) Poner a disposición del CGPJ las soluciones tecnológicas previstas en el presente convenio conforme a las especificaciones técnicas que se describen en el anexo de este convenio;
• b) Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asociados a las soluciones tecnológicas incluidas en el presente convenio asegurando la escalabilidad, robustez, disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos intercambiados;
• c) Proporcionar al CGPJ la documentación técnica necesaria para la puesta en marcha y administración de los servicios y, en los casos que corresponda, habilitar los mecanismos para ofrecer el soporte necesario para la integración con los sistemas o aplicaciones correspondientes;
• d) Disponer, en los casos que corresponda, de los entornos de prueba de la integración de las soluciones con objeto de garantizar su correcta integración y operación;
• e) Asignar los recursos necesarios para atender y resolver las consultas e incidencias derivadas del uso de las soluciones;
• f) Adoptar y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger debidamente la información y los sistemas asociados a soluciones tecnológicas incluidas en el presente convenio, acordando y adoptando la Política de Seguridad Común que se establezca;
• g) Informar de las novedades que se produzcan en el ámbito de cada solución incluida en el presente convenio.

En ningún caso la SGAD o sus proveedores están obligados a asumir daños y perjuicios indirectos que provengan de la no disponibilidad de las soluciones tecnológicas básicas incluidas en el presente convenio.

Tercera Obligaciones específicas de la Secretaría General de Administración Digital

1. Para la plataforma SIR:

• a) Proporcionará el acceso a la plataforma SIR a través de la Red SARA, gestionada por la SGAD, que adoptará las medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad del tránsito de la información intercambiada;
• b) La SGAD pondrá a disposición del Consejo General del Poder Judicial la documentación correspondiente para el adecuado uso de la plataforma (manuales de usuario, procedimientos de uso técnicos y funciónales, etc.), en la dirección: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir;
• c) Esta documentación será actualizada con los cambios y mejoras funcionales que se realicen resultado de la evolución técnica y funcional de la plataforma. En ningún caso la SGAD dará ningún soporte de formación de la plataforma SIR;
• d) Las especificaciones técnicas de la plataforma SIR están disponibles en la dirección: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir;

2. Para la Plataforma @firma de validación de certificados y firmas electrónicas:

a) Facilitar la validación de firmas electrónicas realizadas con certificados electrónicos reconocidos expedidos por Prestadores de Servicios de Certificación europeos en cumplimiento de la legislación vigente en materia de firma electrónica, siempre que dichos prestadores estén incluidos en las TSL publicada en sus respectivos países, y siempre que el acceso a los métodos de validación sea gratuito y técnicamente posible.

3. Para la Plataforma de Intermediación de Datos:

• a) Cumplir y velar por el cumplimiento del estándar definido en la versión vigente de la norma técnica definida en el punto f) Protocolos de intermediación de datos previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica;
• b) Gestionar las autorizaciones de servicios a los procedimientos que se soliciten, acorde a la norma técnica de interoperabilidad definida en el punto f) Protocolos de intermediación de datos. Esta autorización se realizará a través del Centro de Servicios de la SGAD.
• c) Recoger la finalidad concreta por la que se realiza cada consulta y acceso a la información;
• d) Velar por la plena validez de los datos y documentos aportados por este servicio, de acuerdo con lo establecido en la normativa de aplicación;
• e) En el caso de nuevos conjuntos de datos intermediados, velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos de autenticidad, confidencialidad, integridad e interoperabilidad y realizar la correspondiente actualización de la Carta de Servicios;

4. Para la plataforma Cl@ve:

a) Poner a disposición del CGPJ una aplicación de demostración para facilitar la integración con la plataforma.

Cuarta Obligaciones generales para el CGPJ

1. Con carácter general, el CGPJ asume las siguientes obligaciones:

• a) Cumplir, dentro del ámbito de sus competencias, las especificaciones técnicas de las soluciones tecnológicas incluidas en el presente convenio que se describen en su anexo;
• b) Realizar las labores técnicas necesarias de conectividad y despliegue para el acceso a las soluciones básicas enumeradas en el presente convenio;
• c) Concertar con la SGAD la realización de pruebas de rendimiento y de monitorización de los servicios asociados para asegurar la disponibilidad de los mismos;
• d) Hacer un uso correcto de las soluciones, empleándolas exclusivamente para aquello a lo que está autorizado;
• e) Gestionar y mantener los elementos activos que forman parte de los servicios, comunicando a la SGAD las incidencias que afecten a la prestación de los mismos;
• f) Mantener los servicios de soporte necesarios para garantizar la continuidad de las soluciones, proporcionando y actualizando a la SGAD los contactos operativos tanto de los responsables correspondientes de cada solución como de los centros de soporte correspondientes;
• g) Colaborar con la SGAD en la detección, diagnóstico y resolución de las incidencias, incluyendo en su caso la realización de actuaciones que aseguren la reducción del tiempo de resolución de las incidencias;
• h) Seguir los procedimientos establecidos para armonizar los procesos de administración de aplicaciones y sistemas usuarios de las soluciones tecnológicas incluidas en el presente convenio;
• i) Adoptar y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger debidamente la información y los sistemas asociados a las soluciones tecnológicas incluidas en el presente convenio, adoptando la Política de Seguridad Común que se establezca;
• j) En ningún caso el CGPJ, o sus proveedores están obligados a asumir daños y perjuicios indirectos que provengan de la no disponibilidad de las soluciones básicas incluidas en el presente convenio por parte de la Administración General del Estado.

Quinta Obligaciones específicas para el CGPJ

1. Para la plataforma SIR:

• a) Los usuarios de la plataforma tendrán responsabilidad sobre el buen uso y gestión, en su propio ámbito, del software y plataforma utilizada, no respondiendo la SGAD de cualquier daño y perjuicio directo o indirecto que provenga del mal empleo de los componentes.
• b) Dar soporte de nivel 1 a los usuarios de la plataforma y del servicio.

2. Para la Plataforma de Intermediación de Datos:

• a) Cumplir el estándar definido en la versión vigente de la norma técnica definida en el punto f) Protocolos de intermediación de datos previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y su modelo de gobernanza;
• b) Solicitar las autorizaciones a través del centro de servicios de la SGAD.
• c) Promover la asignación de responsables del uso del servicio que determinarán las condiciones y normas aplicables a usuarios y aplicaciones;
• d) Velar por la asignación en cada entidad de un responsable del uso del servicio que determinará las condiciones y normas aplicables a usuarios y aplicaciones;
• e) Tramitar las autorizaciones que se den a los usuarios;
• f) Recabar la finalidad concreta por la que se realiza cada consulta y acceso a la información;
• g) Otorgar plena validez a los datos y documentos aportados por este servicio, de acuerdo con lo establecido en el en la normativa vigente;
• h) Para todos los datos intermediados, tanto como Emisores como Requirentes, garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos de autenticidad, confidencialidad, integridad e interoperabilidad;
• i) En el caso de ser proveedores de datos, comunicar a la SGAD los nuevos servicios para promover la actualización de la Carta de Servicios.

3. Para las plataformas @firma y cl@ve:

a) Realizar la integración según las instrucciones e interfaces definidos en el Portal de Administración Electrónica y no realizar pruebas de rendimiento de los servicios en ninguno de los entornos proporcionados por la SGAD.

Sexta Régimen económico

Este convenio no comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes. Cada parte cubrirá con cargo a sus presupuestos los costes operativos que se generen, en su caso, con ocasión de las acciones impulsadas en el marco del presente convenio.

Séptima Comisión de Seguimiento y resolución de discrepancias

Mientras se prolongue la utilización de los diferentes servicios, las partes firmantes de este convenio procurarán facilitarse el contacto pertinente, a fin de que cualquier modificación se realice de acuerdo con las necesidades operativas correspondientes.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.

La Comisión de Seguimiento, estará formada por cuatro representantes, representando dos de ellos a la SGAD, debiendo ser nombrados por su Secretario General, y los otros dos del Consejo General del Poder Judicial, debiendo ser nombrados por su Comisión Permanente que se encargarán de velar por la ejecución del presente convenio. La presidencia será rotatoria, correspondiente de forma anual a cada una de las partes firmantes.

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) y 52.3 de la citada ley.

En todo lo no previsto, se sujetará al régimen jurídico que para los órganos colegiados se establece en la sección tercera, del capítulo Segundo, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos.

Octava Vigencia

Los efectos del presente convenio tendrán una duración de cuatro años, conforme a lo establecido en el artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfeccionará con el consentimiento de las partes, mediante su firma, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Posteriormente será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Novena Consecuencias en caso de incumplimiento

En caso de incumplimiento del convenio por una de las Partes, la otra Parte podrá notificar a la Parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de diez días con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado también a la Comisión de Seguimiento que deberá hacer constar en el acta correspondiente el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento de las obligaciones recíprocas de cada Parte.

Si trascurrido el plazo de diez días desde el requerimiento persistiera el incumplimiento, la Parte que lo dirigió notificará a la otra Parte y a la Comisión de Seguimiento, la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. En este caso, la Parte incumplidora habrá de reparar los daños y perjuicios que hubiere causado a la otra Parte.

La Secretaría General de Administración Digital, ante situaciones de riesgo verosímil o inminente de ciberataque o cuando se produzca un incidente de seguridad y a la vista del daño que pueda causar a los medios y servicios bajo su ámbito de responsabilidad, podrá ordenar sin consulta o autorización previa, la desconexión del sistema o sistemas potencialmente afectados. Dicha desconexión por las circunstancias expuestas no se considerará incumplimiento por parte de la SGAD del presente convenio.

Décima Modificación

Este convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización, en el caso de la SGAD, prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Undécima Resolución y extinción

El convenio podrá resolverse por cualquiera de las causas que establece el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

• a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo;
• b) El acuerdo unánime de las partes;
• c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes;
• d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio;
• e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

Duodécima Régimen jurídico

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Decimotercera Régimen de Protección de Datos y Seguridad

El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que se desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto en el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD); en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, y demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

Asimismo, las consultas a la plataforma de intermediación de datos que se realicen por los órganos jurisdiccionales se realizarán de conformidad con lo regulado en el artículo 236 ter de la LOPJ, con fines jurisdiccionales.

Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

Por otra parte, los datos personales que se recogen en el presente convenio, y los que se deriven de su ejecución, serán incorporados a las actividades de tratamiento responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los efectos de llevar a buen fin el presente convenio. Todas las partes se comprometen a tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la, RPGD, LOPDGDD y demás normativa de desarrollo.

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, de limitación y oposición a su tratamiento, cuando procedan, en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento, o en las direcciones de los organismos firmantes:

• a) En el caso del Consejo General del Poder Judicial, a través del formulario web accesible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Proteccion-de-Datos/Ejercicio-de-derechos--formulario-/
• b) En el caso del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:https://serviciosede.mineco.gob.es/FB/Home.aspx?control=161_IG

La SGAD se reservará el derecho de denunciar a la Agencia de Protección de Datos o a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del CGPJ, los malos usos que se puedan derivar del acceso a los datos contenidos en la Plataforma de Intermediación de Datos.

Decimocuarta Confidencialidad

Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como consecuencia de la ejecución del presente convenio tendrá el tratamiento de confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser divulgada o facilitada a terceros, ni utilizada para un fin distinto del previsto en este documento, sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes se extenderá indefinidamente aunque el Acuerdo se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio público.

Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de publicidad que correspondan a las partes de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Decimoquinta Creación de la Agencia Estatal de Administración Digital

En el caso de que, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional centésima décima séptima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, durante la vigencia del convenio se produzca la constitución efectiva de la Agencia Estatal de Administración Digital, ésta asumirá la posición jurídica de la SGAD, si así lo prevé la normativa que regule dicha Agencia.