Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• T蚑ULO PRELIMINAR
  • Art韈ulo 1燨bjeto
• T蚑ULO I.�Transparencia de la actividad p鷅lica
  • CAP蚑ULO I.�羗bito subjetivo de aplicaci髇
    • Art韈ulo 2犃mbito subjetivo de aplicaci髇
    • Art韈ulo 3燨tros sujetos obligados
    • Art韈ulo 4燨bligaci髇 de suministrar informaci髇
  • CAP蚑ULO II.�Publicidad activa
    • Art韈ulo 5燩rincipios generales
    • Art韈ulo 6營nformaci髇 institucional, organizativa y de planificaci髇
    • Art韈ulo 6 bis燫egistro de actividades de tratamiento
    • Art韈ulo 7營nformaci髇 de relevancia jur韉ica
    • Art韈ulo 8營nformaci髇 econ髆ica, presupuestaria y estad韘tica
    • Art韈ulo 9燙ontrol
    • Art韈ulo 10燩ortal de la Transparencia
    • Art韈ulo 11燩rincipios t閏nicos
  • CAP蚑ULO III.�Derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
    • SECCI覰 1.�R間imen general
      • Art韈ulo 12燚erecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
      • Art韈ulo 13營nformaci髇 p鷅lica
      • Art韈ulo 14燣韒ites al derecho de acceso
      • Art韈ulo 15燩rotecci髇 de datos personales
      • Art韈ulo 16燗cceso parcial
    • SECCI覰 2.�Ejercicio del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
      • Art韈ulo 17燬olicitud de acceso a la informaci髇
      • Art韈ulo 18燙ausas de inadmisi髇
      • Art韈ulo 19燭ramitaci髇
      • Art韈ulo 20燫esoluci髇
      • Art韈ulo 21燯nidades de informaci髇
      • Art韈ulo 22燜ormalizaci髇 del acceso
    • SECCI覰 3.�R間imen de impugnaciones
      • Art韈ulo 23燫ecursos
      • Art韈ulo 24燫eclamaci髇 ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
• T蚑ULO II.�Buen gobierno
  • Art韈ulo 25犃mbito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 26燩rincipios de buen gobierno
  • Art韈ulo 27營nfracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses
  • Art韈ulo 28營nfracciones en materia de gesti髇 econ髆ico-presupuestaria
  • Art韈ulo 29營nfracciones disciplinarias
  • Art韈ulo 30燬anciones
  • Art韈ulo 31犛rgano competente y procedimiento
  • Art韈ulo 32燩rescripci髇
• T蚑ULO III.�Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • Art韈ulo 33燙onsejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • Art韈ulo 34燜ines
  • Art韈ulo 35燙omposici髇
  • Art韈ulo 36燙omisi髇 de Transparencia y Buen Gobierno
  • Art韈ulo 37燩residente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • Art韈ulo 38燜unciones
  • Art韈ulo 39燫間imen jur韉ico
  • Art韈ulo 40燫elaciones con las Cortes Generales
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燫egulaciones especiales del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica
  • Disposici髇 adicional segunda燫evisi髇 y simplificaci髇 normativa
  • Disposici髇 adicional tercera燙orporaciones de Derecho P鷅lico
  • Disposici髇 adicional cuarta燫eclamaci髇
  • Disposici髇 adicional quinta燙olaboraci髇 con la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos
  • Disposici髇 adicional sexta營nformaci髇 de la Casa de Su Majestad el Rey
  • Disposici髇 adicional s閜tima
  • Disposici髇 adicional octava
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑
  • Disposici髇 final segunda燤odificaci髇 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci髇 de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci髇 General del Estado
  • Disposici髇 final tercera燤odificaci髇 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
  • Disposici髇 final cuarta燤odificaci髇 de la disposici髇 adicional d閏ima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado
  • Disposici髇 final quinta
  • Disposici髇 final sexta燤odificaci髇 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo
  • Disposici髇 final s閜tima燚esarrollo reglamentario
  • Disposici髇 final octava燭韙ulo competencial
  • Disposici髇 final novena燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad p鷅lica, regular y garantizar el derecho de acceso a la informaci髇 relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables p鷅licos as� como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Art韈ulo 2 羗bito subjetivo de aplicaci髇

1. Las disposiciones de este t韙ulo se aplicar醤 a:

• a) La Administraci髇 General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administraci髇 Local.
• b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social as� como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
• c) Los organismos aut髇omos, las Agencias Estatales, las entidades p鷅licas empresariales y las entidades de Derecho P鷅lico que, con independencia funcional o con una especial autonom韆 reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulaci髇 o supervisi髇 de car醕ter externo sobre un determinado sector o actividad.
• d) Las entidades de Derecho P鷅lico con personalidad jur韉ica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones P鷅licas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades p鷅licas.
• e) Las corporaciones de Derecho P鷅lico, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
• f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, as� como el Banco de Espa馻, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Econ髆ico y Social y las instituciones auton髆icas an醠ogas, en relaci髇 con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
• g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participaci髇, directa o indirecta, de las entidades previstas en este art韈ulo sea superior al 50 por 100.
• h) Las fundaciones del sector p鷅lico previstas en la legislaci髇 en materia de fundaciones.
• i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este art韈ulo. Se incluyen los 髍ganos de cooperaci髇 previstos en el art韈ulo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este t韙ulo. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley ser醤 llevadas a cabo por la Administraci髇 que ostente la Secretar韆 del 髍gano de cooperaci髇.

2. A los efectos de lo previsto en este t韙ulo, se entiende por Administraciones P鷅licas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.

Art韈ulo 3 Otros sujetos obligados

Las disposiciones del cap韙ulo II de este t韙ulo ser醤 tambi閚 aplicables a:

• a) Los partidos pol韙icos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
• b) Las entidades privadas que perciban durante el per韔do de un a駉 ayudas o subvenciones p鷅licas en una cuant韆 superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan car醕ter de ayuda o subvenci髇 p鷅lica, siempre que alcancen como m韓imo la cantidad de 5.000 euros.

Art韈ulo 4 Obligaci髇 de suministrar informaci髇

Las personas f韘icas y jur韉icas distintas de las referidas en los art韈ulos anteriores que presten servicios p鷅licos o ejerzan potestades administrativas estar醤 obligadas a suministrar a la Administraci髇, organismo o entidad de las previstas en el art韈ulo 2.1a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la informaci髇 necesaria para el cumplimiento por aqu閘los de las obligaciones previstas en este t韙ulo. Esta obligaci髇 se extender� a los adjudicatarios de contratos del sector p鷅lico en los t閞minos previstos en el respectivo contrato.

Art韈ulo 5 Principios generales

1. Los sujetos enumerados en el art韈ulo 2.1 publicar醤 de forma peri骴ica y actualizada la informaci髇 cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuaci髇 p鷅lica.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este cap韙ulo se entienden sin perjuicio de la aplicaci髇 de la normativa auton髆ica correspondiente o de otras disposiciones espec韋icas que prevean un r間imen m醩 amplio en materia de publicidad.

3. Ser醤 de aplicaci髇, en su caso, los l韒ites al derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica previstos en el art韈ulo 14 y, especialmente, el derivado de la protecci髇 de datos de car醕ter personal, regulado en el art韈ulo 15. A este respecto, cuando la informaci髇 contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad s髄o se llevar� a cabo previa disociaci髇 de los mismos.

4. La informaci髇 sujeta a las obligaciones de transparencia ser� publicada en las correspondientes sedes electr髇icas o p醙inas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecer醤 los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilizaci髇 de la informaci髇 publicada as� como su identificaci髇 y localizaci髇.

Cuando se trate de entidades sin 醤imo de lucro que persigan exclusivamente fines de inter閟 social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podr� realizarse utilizando los medios electr髇icos puestos a su disposici髇 por la Administraci髇 P鷅lica de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones p鷅licas percibidas.

5. Toda la informaci髇 ser� comprensible, de acceso f醕il y gratuito y estar� a disposici髇 de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y dise駉 para todos.

Art韈ulo 6 Informaci髇 institucional, organizativa y de planificaci髇

1. Los sujetos comprendidos en el 醡bito de aplicaci髇 de este t韙ulo publicar醤 informaci髇 relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicaci髇 as� como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluir醤 un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes 髍ganos y su perfil y trayectoria profesional.

2. Las Administraciones P鷅licas publicar醤 los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, as� como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecuci髇. Su grado de cumplimiento y resultados deber醤 ser objeto de evaluaci髇 y publicaci髇 peri骴ica junto con los indicadores de medida y valoraci髇, en la forma en que se determine por cada Administraci髇 competente.

En el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluaci髇 del cumplimiento de estos planes y programas.

Art韈ulo 6 bis Registro de actividades de tratamiento

Los sujetos enumerados en el art韈ulo 77.1 de la Ley Org醤ica de Protecci髇 de Datos Personales y Garant韆 de los Derechos Digitales, publicar醤 su inventario de actividades de tratamiento en aplicaci髇 del art韈ulo 31 de la citada Ley Org醤ica.

LE0000632849_20230510Art韈ulo 6 bis introducido por el apartado uno de la disposici髇 final und閏ima de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales (獴.O.E.� 6 diciembre).Vigencia: 7 diciembre 2018

Art韈ulo 7 Informaci髇 de relevancia jur韉ica

Las Administraciones P鷅licas, en el 醡bito de sus competencias, publicar醤:

• a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 髍ganos en la medida en que supongan una interpretaci髇 del Derecho o tengan efectos jur韉icos.
• b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dict醡enes a los 髍ganos consultivos correspondientes. En el caso en que no sea preceptivo ning鷑 dictamen la publicaci髇 se realizar� en el momento de su aprobaci髇.
• c) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dict醡enes, la publicaci髇 se producir� una vez que estos hayan sido solicitados a los 髍ganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un tr醡ite de audiencia p鷅lica.
• d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboraci髇 de los textos normativos, en particular, la memoria del an醠isis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.
• e) Los documentos que, conforme a la legislaci髇 sectorial vigente, deban ser sometidos a un per韔do de informaci髇 p鷅lica durante su tramitaci髇.

Art韈ulo 8 Informaci髇 econ髆ica, presupuestaria y estad韘tica

1. Teniendo en cuenta las competencias legislativas de las Comunidades Aut髇omas, los sujetos incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de este t韙ulo deber醤 hacer p鷅lica, como m韓imo, la informaci髇 relativa a los actos de gesti髇 administrativa con repercusi髇 econ髆ica o presupuestaria que se indican a continuaci髇:LE0000733409_20220729 P醨rafo introductorio del n鷐ero 1 del art韈ulo 8 redactado por el art韈ulo 鷑ico de la Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificaci髇 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno, con el fin de regular las estad韘ticas de las microempresas, peque馻s y medianas empresas (PYME) en la contrataci髇 p鷅lica (獴.O.E.� 9 julio).Vigencia: 29 julio 2022

• a) Todos los contratos, con indicaci髇 del objeto, duraci髇, el importe de la licitaci髇 y de adjudicaci髇, el procedimiento utilizado para su celebraci髇, los instrumentos a trav閟 de los que, en su caso, se ha publicitado, el n鷐ero de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, as� como las modificaciones del contrato. Igualmente ser醤 objeto de publicaci髇 las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicaci髇 de la informaci髇 relativa a los contratos menores podr� realizarse trimestralmente.

  Asimismo, se publicar醤 datos estad韘ticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a trav閟 de cada uno de los procedimientos previstos en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico.

  Adem醩, se publicar� informaci髇 estad韘tica sobre el porcentaje de participaci髇 en contratos adjudicados, tanto en relaci髇 con su n鷐ero como en relaci髇 con su valor, de la categor韆 de microempresas, peque馻s y medianas empresas (pymes), entendidas como tal seg鷑 el anexo I del Reglamento (UE) n.^o 651/2014 de la Comisi髇, de 17 de junio de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipolog韆s previstas en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico. La publicaci髇 de esta informaci髇 se realizar� semestralmente, a partir de un a駉 de la publicaci髇 de la norma.

  LE0000733409_20220729 Letra a) del n鷐ero 1 del art韈ulo 8 redactada por el art韈ulo 鷑ico de la Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificaci髇 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno, con el fin de regular las estad韘ticas de las microempresas, peque馻s y medianas empresas (PYME) en la contrataci髇 p鷅lica (獴.O.E.� 9 julio).Vigencia: 29 julio 2022
• b) La relaci髇 de los convenios suscritos, con menci髇 de las partes firmantes, su objeto, plazo de duraci髇, modificaciones realizadas, obligados a la realizaci髇 de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones econ髆icas convenidas. Igualmente, se publicar醤 las encomiendas de gesti髇 que se firmen, con indicaci髇 de su objeto, presupuesto, duraci髇, obligaciones econ髆icas y las subcontrataciones que se realicen con menci髇 de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicaci髇 e importe de la misma.
• c) Las subvenciones y ayudas p鷅licas concedidas con indicaci髇 de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
• d) Los presupuestos, con descripci髇 de las principales partidas presupuestarias e informaci髇 actualizada y comprensible sobre su estado de ejecuci髇 y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones P鷅licas.
• e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditor韆 de cuentas y de fiscalizaci髇 por parte de los 髍ganos de control externo que sobre ellos se emitan.
• f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y m醲imos responsables de las entidades incluidas en el 醡bito de la aplicaci髇 de este t韙ulo. Igualmente, se har醤 p鷅licas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasi髇 del abandono del cargo.
• g) Las resoluciones de autorizaci髇 o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados p鷅licos as� como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administraci髇 General del Estado o asimilados seg鷑 la normativa auton髆ica o local.
• h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los t閞minos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local. Cuando el reglamento no fije los t閞minos en que han de hacerse p鷅licas estas declaraciones se aplicar� lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado. En todo caso, se omitir醤 los datos relativos a la localizaci髇 concreta de los bienes inmuebles y se garantizar� la privacidad y seguridad de sus titulares.
• i) La informaci髇 estad韘tica necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios p鷅licos que sean de su competencia, en los t閞minos que defina cada administraci髇 competente.

2. Los sujetos mencionados en el art韈ulo 3 deber醤 publicar la informaci髇 a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este art韈ulo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administraci髇 P鷅lica. Asimismo, habr醤 de publicar la informaci髇 prevista en la letra c) en relaci髇 a las subvenciones que reciban cuando el 髍gano concedente sea una Administraci髇 P鷅lica.

3. Las Administraciones P鷅licas publicar醤 la relaci髇 de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten alg鷑 derecho real.

Art韈ulo 9 Control

1. El cumplimiento por la Administraci髇 General del Estado de las obligaciones contenidas en este cap韙ulo ser� objeto de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podr� dictar resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.

3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este cap韙ulo tendr� la consideraci髇 de infracci髇 grave a los efectos de aplicaci髇 a sus responsables del r間imen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Art韈ulo 10 Portal de la Transparencia

1. La Administraci髇 General del Estado desarrollar� un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitar� el acceso de los ciudadanos a toda la informaci髇 a la que se refieren los art韈ulos anteriores relativa a su 醡bito de actuaci髇.

2. El Portal de la Transparencia incluir�, en los t閞minos que se establezcan reglamentariamente, la informaci髇 de la Administraci髇 General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.

3. La Administraci髇 General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administraci髇 Local podr醤 adoptar otras medidas complementarias y de colaboraci髇 para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este cap韙ulo.

Art韈ulo 11 Principios t閏nicos

El Portal de la Transparencia contendr� informaci髇 publicada de acuerdo con las prescripciones t閏nicas que se establezcan reglamentariamente que deber醤 adecuarse a los siguientes principios:

• a) Accesibilidad: se proporcionar� informaci髇 estructurada sobre los documentos y recursos de informaci髇 con vistas a facilitar la identificaci髇 y b鷖queda de la informaci髇.
• b) Interoperabilidad: la informaci髇 publicada ser� conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 enero, as� como a las normas t閏nicas de interoperabilidad.
• c) Reutilizaci髇: se fomentar� que la informaci髇 sea publicada en formatos que permita su reutilizaci髇, de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico y en su normativa de desarrollo.

Art韈ulo 12 Derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica

Todas las personas tienen derecho a acceder a la informaci髇 p鷅lica, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 105.b) de la Constituci髇 Espa駉la, desarrollados por esta Ley.

Asimismo, y en el 醡bito de sus respectivas competencias, ser� de aplicaci髇 la correspondiente normativa auton髆ica.

Art韈ulo 13 Informaci髇 p鷅lica

Se entiende por informaci髇 p鷅lica los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de este t韙ulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Art韈ulo 14 L韒ites al derecho de acceso

1. El derecho de acceso podr� ser limitado cuando acceder a la informaci髇 suponga un perjuicio para:

• a) La seguridad nacional.
• b) La defensa.
• c) Las relaciones exteriores.
• d) La seguridad p鷅lica.
• e) La prevenci髇, investigaci髇 y sanci髇 de los il韈itos penales, administrativos o disciplinarios.
• f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
• g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspecci髇 y control.
• h) Los intereses econ髆icos y comerciales.
• i) La pol韙ica econ髆ica y monetaria.
• j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
• k) La garant韆 de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisi髇.
• l) La protecci髇 del medio ambiente.

2. La aplicaci髇 de los l韒ites ser� justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protecci髇 y atender� a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un inter閟 p鷅lico o privado superior que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la secci髇 2.� se dicten en aplicaci髇 de este art韈ulo ser醤 objeto de publicidad previa disociaci髇 de los datos de car醕ter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del art韈ulo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.

Art韈ulo 15 Protecci髇 de datos personales

1. Si la informaci髇 solicitada contuviera datos personales que revelen la ideolog韆, afiliaci髇 sindical, religi髇 o creencias, el acceso 鷑icamente se podr� autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente p鷅licos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la informaci髇 incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos gen閠icos o biom閠ricos o contuviera datos relativos a la comisi髇 de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestaci髇 p鷅lica al infractor, el acceso solo se podr� autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

LE0000632849_20230510N鷐ero 1 del art韈ulo 15 redactado por el apartado dos de la disposici髇 final und閏ima de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales (獴.O.E.� 6 diciembre).Vigencia: 7 diciembre 2018

2. Con car醕ter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protecci髇 de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el inter閟 p鷅lico en la divulgaci髇 que lo impida, se conceder� el acceso a informaci髇 que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organizaci髇, funcionamiento o actividad p鷅lica del 髍gano.

3. Cuando la informaci髇 solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el 髍gano al que se dirija la solicitud conceder� el acceso previa ponderaci髇 suficientemente razonada del inter閟 p鷅lico en la divulgaci髇 de la informaci髇 y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la informaci髇 solicitada, en particular su derecho fundamental a la protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Para la realizaci髇 de la citada ponderaci髇, dicho 髍gano tomar� particularmente en consideraci髇 los siguientes criterios:

• a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el art韈ulo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l.
• b) La justificaci髇 por los solicitantes de su petici髇 en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condici髇 de investigadores y motiven el acceso en fines hist髍icos, cient韋icos o estad韘ticos.
• c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos 鷑icamente contuviesen datos de car醕ter meramente identificativo de aqu閘los.
• d) La mayor garant韆 de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.

4. No ser� aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efect鷄 previa disociaci髇 de los datos de car醕ter personal de modo que se impida la identificaci髇 de las personas afectadas.

5. La normativa de protecci髇 de datos personales ser� de aplicaci髇 al tratamiento posterior de los obtenidos a trav閟 del ejercicio del derecho de acceso.

Art韈ulo 16 Acceso parcial

En los casos en que la aplicaci髇 de alguno de los l韒ites previstos en el art韈ulo 14 no afecte a la totalidad de la informaci髇, se conceder� el acceso parcial previa omisi髇 de la informaci髇 afectada por el l韒ite salvo que de ello resulte una informaci髇 distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deber� indicarse al solicitante que parte de la informaci髇 ha sido omitida.

Art韈ulo 17 Solicitud de acceso a la informaci髇

1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciar� con la presentaci髇 de la correspondiente solicitud, que deber� dirigirse al titular del 髍gano administrativo o entidad que posea la informaci髇. Cuando se trate de informaci髇 en posesi髇 de personas f韘icas o jur韉icas que presten servicios p鷅licos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigir� a la Administraci髇, organismo o entidad de las previstas en el art韈ulo 2.1 a las que se encuentren vinculadas.

2. La solicitud podr� presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:

• a) La identidad del solicitante.
• b) La informaci髇 que se solicita.
• c) Una direcci髇 de contacto, preferentemente electr髇ica, a efectos de comunicaciones.
• d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la informaci髇 solicitada.

3. El solicitante no est� obligado a motivar su solicitud de acceso a la informaci髇. Sin embargo, podr� exponer los motivos por los que solicita la informaci髇 y que podr醤 ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resoluci髇. No obstante, la ausencia de motivaci髇 no ser� por si sola causa de rechazo de la solicitud.

4. Los solicitantes de informaci髇 podr醤 dirigirse a las Administraciones P鷅licas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administraci髇 en cuesti髇.

Art韈ulo 18 Causas de inadmisi髇

1. Se inadmitir醤 a tr醡ite, mediante resoluci髇 motivada, las solicitudes:

• a) Que se refieran a informaci髇 que est� en curso de elaboraci髇 o de publicaci髇 general.
• b) Referidas a informaci髇 que tenga car醕ter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, res鷐enes, comunicaciones e informes internos o entre 髍ganos o entidades administrativas.
• c) Relativas a informaci髇 para cuya divulgaci髇 sea necesaria una acci髇 previa de reelaboraci髇.
• d) Dirigidas a un 髍gano en cuyo poder no obre la informaci髇 cuando se desconozca el competente.
• e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un car醕ter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.

2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el 髍gano que acuerde la inadmisi髇 deber� indicar en la resoluci髇 el 髍gano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud.

Art韈ulo 19 Tramitaci髇

1. Si la solicitud se refiere a informaci髇 que no obre en poder del sujeto al que se dirige, 閟te la remitir� al competente, si lo conociera, e informar� de esta circunstancia al solicitante.

2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la informaci髇, se pedir� al solicitante que la concrete en un plazo de diez d韆s, con indicaci髇 de que, en caso de no hacerlo, se le tendr� por desistido, as� como de la suspensi髇 del plazo para dictar resoluci髇.

3. Si la informaci髇 solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les conceder� un plazo de quince d韆s para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deber� ser informado de esta circunstancia, as� como de la suspensi髇 del plazo para dictar resoluci髇 hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentaci髇.

4. Cuando la informaci髇 objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitir� la solicitud a 閟te para que decida sobre el acceso.

Art韈ulo 20 Resoluci髇

1. La resoluci髇 en la que se conceda o deniegue el acceso deber� notificarse al solicitante y a los terceros afectados que as� lo hayan solicitado en el plazo m醲imo de un mes desde la recepci髇 de la solicitud por el 髍gano competente para resolver.

Este plazo podr� ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la informaci髇 que se solicita as� lo hagan necesario y previa notificaci髇 al solicitante.

2. Ser醤 motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a trav閟 de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposici髇 de un tercero. En este 鷏timo supuesto, se indicar� expresamente al interesado que el acceso s髄o tendr� lugar cuando haya transcurrido el plazo del art韈ulo 22.2.

3. Cuando la mera indicaci髇 de la existencia o no de la informaci髇 supusiera la vulneraci髇 de alguno de los l韒ites al acceso se indicar� esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

4. Transcurrido el plazo m醲imo para resolver sin que se haya dictado y notificado resoluci髇 expresa se entender� que la solicitud ha sido desestimada.

5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la informaci髇 p鷅lica son recurribles directamente ante la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposici髇 de la reclamaci髇 potestativa prevista en el art韈ulo 24.

6. El incumplimiento reiterado de la obligaci髇 de resolver en plazo tendr� la consideraci髇 de infracci髇 grave a los efectos de la aplicaci髇 a sus responsables del r間imen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Art韈ulo 21 Unidades de informaci髇

1. Las Administraciones P鷅licas incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de este t韙ulo establecer醤 sistemas para integrar la gesti髇 de solicitudes de informaci髇 de los ciudadanos en el funcionamiento de su organizaci髇 interna.

V閍se el Acuerdo de 18 de noviembre de 2014, de la Comisi髇 Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el protocolo de integraci髇 en la organizaci髇 interna del Consejo General del Poder Judicial de la gesti髇 de solicitudes de informaci髇 de los ciudadanos a que se refiere el art韈ulo 21.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno y se delegan competencias (獴.O.E.� 9 diciembre).LE0000540822_20141210

2. En el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado, existir醤 unidades especializadas que tendr醤 las siguientes funciones:

• a) Recabar y difundir la informaci髇 a la que se refiere el cap韙ulo II del t韙ulo I de esta Ley.
• b) Recibir y dar tramitaci髇 a las solicitudes de acceso a la informaci髇.
• c) Realizar los tr醡ites internos necesarios para dar acceso a la informaci髇 solicitada.
• d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitaci髇 de las solicitudes de acceso a la informaci髇.
• e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la informaci髇.
• f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva p醙ina web o sede electr髇ica de la informaci髇 cuyo acceso se solicita con m醩 frecuencia.
• g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de informaci髇 que obre en poder del 髍gano.
• h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicaci髇 de las disposiciones de esta Ley.

3. El resto de las entidades incluidas en el 醡bito de aplicaci髇 de este t韙ulo identificar醤 claramente el 髍gano competente para conocer de las solicitudes de acceso.

Art韈ulo 22 Formalizaci髇 del acceso

1. El acceso a la informaci髇 se realizar� preferentemente por v韆 electr髇ica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya se馻lado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificaci髇 de la resoluci髇 deber� otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez d韆s.

2. Si ha existido oposici髇 de tercero, el acceso s髄o tendr� lugar cuando, habi閚dose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la informaci髇.

3. Si la informaci髇 ya ha sido publicada, la resoluci髇 podr� limitarse a indicar al solicitante c髆o puede acceder a ella.

4. El acceso a la informaci髇 ser� gratuito. No obstante, la expedici髇 de copias o la trasposici髇 de la informaci髇 a un formato diferente al original podr� dar lugar a la exigencia de exacciones en los t閞minos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios P鷅licos, o, en su caso, conforme a la normativa auton髆ica o local que resulte aplicable.

Art韈ulo 23 Recursos

1. La reclamaci髇 prevista en el art韈ulo siguiente tendr� la consideraci髇 de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, contra las resoluciones dictadas por los 髍ganos previstos en el art韈ulo 2.1.f) s髄o cabr� la interposici髇 de recurso contencioso-administrativo.

Art韈ulo 24 Reclamaci髇 ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

1. Frente a toda resoluci髇 expresa o presunta en materia de acceso podr� interponerse una reclamaci髇 ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con car醕ter potestativo y previo a su impugnaci髇 en v韆 contencioso-administrativa.

2. La reclamaci髇 se interpondr� en el plazo de un mes a contar desde el d韆 siguiente al de la notificaci髇 del acto impugnado o desde el d韆 siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

3. La tramitaci髇 de la reclamaci髇 se ajustar� a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Cuando la denegaci髇 del acceso a la informaci髇 se fundamente en la protecci髇 de derechos o intereses de terceros se otorgar�, previamente a la resoluci髇 de la reclamaci髇, tr醡ite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

4. El plazo m醲imo para resolver y notificar la resoluci髇 ser� de tres meses, transcurrido el cual, la reclamaci髇 se entender� desestimada.

5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicar醤, previa disociaci髇 de los datos de car醕ter personal que contuvieran, por medios electr髇icos y en los t閞minos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicar� al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicaci髇 de este art韈ulo.

6. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponder� al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Aut髇omas atribuyan dicha competencia a un 髍gano espec韋ico, de acuerdo con lo establecido en la disposici髇 adicional cuarta de esta Ley.

Art韈ulo 25 羗bito de aplicaci髇

1. En el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado las disposiciones de este t韙ulo se aplicar醤 a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administraci髇 General del Estado y de las entidades del sector p鷅lico estatal, de Derecho p鷅lico o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

A estos efectos, se considerar醤 altos cargos los que tengan tal consideraci髇 en aplicaci髇 de la normativa en materia de conflictos de intereses.

2. Este t韙ulo ser� de aplicaci髇 a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa auton髆ica o local que sea de aplicaci髇, tengan tal consideraci髇, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.

3. La aplicaci髇 a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este t韙ulo no afectar�, en ning鷑 caso, a la condici髇 de cargo electo que pudieran ostentar.

Art韈ulo 26 Principios de buen gobierno

1. Las personas comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 de este t韙ulo observar醤 en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constituci髇 Espa駉la y en el resto del ordenamiento jur韉ico y promover醤 el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades p鷅licas.

2. Asimismo, adecuar醤 su actividad a los siguientes:

• a) Principios generales:
  • 1.� Actuar醤 con transparencia en la gesti髇 de los asuntos p鷅licos, de acuerdo con los principios de eficacia, econom韆 y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el inter閟 general.
  • 2.� Ejercer醤 sus funciones con dedicaci髇 al servicio p鷅lico, absteni閚dose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
  • 3.� Respetar醤 el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo inter閟 particular.
  • 4.� Asegurar醤 un trato igual y sin discriminaciones de ning鷑 tipo en el ejercicio de sus funciones.
  • 5.� Actuar醤 con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar醤 la calidad en la prestaci髇 de servicios p鷅licos.
  • 6.� Mantendr醤 una conducta digna y tratar醤 a los ciudadanos con esmerada correcci髇.
  • 7.� Asumir醤 la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
• b) Principios de actuaci髇:
  • 1.� Desempe馻r醤 su actividad con plena dedicaci髇 y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.
  • 2.� Guardar醤 la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasi髇 del ejercicio de sus competencias.
  • 3.� Pondr醤 en conocimiento de los 髍ganos competentes cualquier actuaci髇 irregular de la cual tengan conocimiento.
  • 4.� Ejercer醤 los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitar醤 toda acci髇 que pueda poner en riesgo el inter閟 p鷅lico o el patrimonio de las Administraciones.
  • 5.� No se implicar醤 en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendr醤 de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
  • 6.� No aceptar醤 para s� regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortes韆, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se proceder� a su incorporaci髇 al patrimonio de la Administraci髇 P鷅lica correspondiente.
  • 7.� Desempe馻r醤 sus funciones con transparencia.
  • 8.� Gestionar醤, proteger醤 y conservar醤 adecuadamente los recursos p鷅licos, que no podr醤 ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicaci髇.
  • 9.� No se valdr醤 de su posici髇 en la Administraci髇 para obtener ventajas personales o materiales.

3. Los principios establecidos en este art韈ulo informar醤 la interpretaci髇 y aplicaci髇 del r間imen sancionador regulado en este t韙ulo.

Art韈ulo 27 Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas comprendidas en el 醡bito de este t韙ulo ser� sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administraci髇 General del Estado y para el resto de Administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicaci髇.

Art韈ulo 28 Infracciones en materia de gesti髇 econ髆ico-presupuestaria

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:

• a) La incursi髇 en alcance en la administraci髇 de los fondos p鷅licos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.
• b) La administraci髇 de los recursos y dem醩 derechos de la Hacienda P鷅lica sin sujeci髇 a las disposiciones que regulan su liquidaci髇, recaudaci髇 o ingreso en el Tesoro.
• c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenaci髇 de pagos sin cr閐ito suficiente para realizarlos o con infracci髇 de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.
• d) La omisi髇 del tr醡ite de intervenci髇 previa de los gastos, obligaciones o pagos, cuando 閟ta resulte preceptiva o del procedimiento de resoluci髇 de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervenci髇, regulado en la normativa presupuestaria.
• e) La ausencia de justificaci髇 de la inversi髇 de los fondos a los que se refieren los art韈ulos 78 y 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado.
• f) El incumplimiento de la obligaci髇 de destinar 韓tegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducci髇 del nivel de deuda p鷅lica de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 12.5 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligaci髇 del destino del super醰it presupuestario a la reducci髇 del nivel de endeudamiento neto en los t閞minos previstos en el art韈ulo 32 y la disposici髇 adicional sexta de la citada Ley.LE0000519104_20151101 Letra f) del art韈ulo 28 redactada por la disposici髇 final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector p鷅lico (獴.O.E.� 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013
• g) La realizaci髇 de operaciones de cr閐ito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorizaci髇 o, habi閚dola obtenido, no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los l韒ites previstos en la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, la Ley Org醤ica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas, y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
• h) La no adopci髇 en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, cuando se haya formulado la advertencia prevista en el art韈ulo 19 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril.
• i) La suscripci髇 de un Convenio de colaboraci髇 o concesi髇 de una subvenci髇 a una Administraci髇 P鷅lica que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas previsto en el art韈ulo 20.3 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril.
• j) La no presentaci髇 o la falta de puesta en marcha en plazo del plan econ髆ico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el art韈ulo 23 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril.
• k) El incumplimiento de las obligaciones de publicaci髇 o de suministro de informaci髇 previstas en la normativa presupuestaria y econ髆ico-financiera, siempre que en este 鷏timo caso se hubiera formulado requerimiento.
• l) La falta de justificaci髇 de la desviaci髇, o cuando as� se le haya requerido la falta de inclusi髇 de nuevas medidas en el plan econ髆ico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el art韈ulo 24.3 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril.
• m) La no adopci髇 de las medidas previstas en los planes econ髆ico-financieros y de reequilibrio, seg鷑 corresponda, previstos en los art韈ulos 21 y 22 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril.
• n) La no adopci髇 en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los art韈ulos 20.5.a) y 25 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, as� como la no constituci髇 del dep髎ito previsto en el citado art韈ulo 25 de la misma Ley, cuando as� se haya solicitado.LE0000519104_20151101 Letra n) del art韈ulo 28 redactada por la disposici髇 final tercera de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector p鷅lico (獴.O.E.� 21 diciembre).Vigencia: 22 diciembre 2013
• �) La no adopci髇 de un acuerdo de no disponibilidad, la no constituci髇 del dep髎ito que se hubiere solicitado o la falta de ejecuci髇 de las medidas propuestas por la Comisi髇 de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el art韈ulo 26.1 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril.
• o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el art韈ulo 26.1 de la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril.
• p) El incumplimiento de la obligaci髇 de rendir cuentas regulada en el art韈ulo 137 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria que sea aplicable.

Art韈ulo 29 Infracciones disciplinarias

1. Son infracciones muy graves:

• a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constituci髇 y a los respectivos Estatutos de Autonom韆 de las Comunidades Aut髇omas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de sus funciones.
• b) Toda actuaci髇 que suponga discriminaci髇 por raz髇 de origen racial o 閠nico, religi髇 o convicciones, discapacidad, edad u orientaci髇 sexual, lengua, opini髇, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal o social, as� como el acoso por raz髇 de origen racial o 閠nico, religi髇 o convicciones, discapacidad, edad u orientaci髇 sexual y el acoso moral, sexual y por raz髇 de sexo.
• c) La adopci髇 de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administraci髇 o a los ciudadanos.
• d) La publicaci髇 o utilizaci髇 indebida de la documentaci髇 o informaci髇 a que tengan o hayan tenido acceso por raz髇 de su cargo o funci髇.
• e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados as� por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicaci髇 o que provoque su difusi髇 o conocimiento indebido.
• f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
• g) La violaci髇 de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 醡bito.
• h) La prevalencia de la condici髇 de alto cargo para obtener un beneficio indebido para s� o para otro.
• i) La obstaculizaci髇 al ejercicio de las libertades p鷅licas y derechos sindicales.
• j) La realizaci髇 de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
• k) El acoso laboral.
• l) La comisi髇 de una infracci髇 grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del a駉 anterior contra las que no quepa recurso en la v韆 administrativa.

2. Son infracciones graves:

• a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
• b) La intervenci髇 en un procedimiento administrativo cuando se d� alguna de las causas de abstenci髇 legalmente se馻ladas.
• c) La emisi髇 de informes y la adopci髇 de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administraci髇 o a los ciudadanos y no constituyan infracci髇 muy grave.
• d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por raz髇 del cargo, cuando causen perjuicio a la Administraci髇 o se utilice en provecho propio.
• e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situaci髇 de incompatibilidad.
• f) La comisi髇 de una infracci髇 leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del a駉 anterior contra las que no quepa recurso en la v韆 administrativa.

3. Son infracciones leves:

• a) La incorrecci髇 con los superiores, compa馿ros o subordinados.
• b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuaci髇 del art韈ulo 26.2.b) cuando ello no constituya infracci髇 grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.

Art韈ulo 30 Sanciones

1. Las infracciones leves ser醤 sancionadas con una amonestaci髇.

2. Por la comisi髇 de una infracci髇 grave se impondr醤 al infractor algunas de las siguientes sanciones:

• a) La declaraci髇 del incumplimiento y su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado� o diario oficial que corresponda.
• b) La no percepci髇, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnizaci髇 para el caso de cese en el cargo.

3. En el caso de las infracciones muy graves, se impondr醤 en todo caso las sanciones previstas en el apartado anterior.

4. Los sancionados por la comisi髇 de una infracci髇 muy grave ser醤 destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podr醤 ser nombrados para ocupar ning鷑 puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez a駉s con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.

5. La comisi髇 de infracciones muy graves, graves o leves se sancionar� de acuerdo con los criterios recogidos en el art韈ulo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, y los siguientes:

• a) La naturaleza y entidad de la infracci髇.
• b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
• c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracci髇.
• d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda P鷅lica respectiva.
• e) La circunstancia de haber procedido a la subsanaci髇 de la infracci髇 por propia iniciativa.
• f) La reparaci髇 de los da駉s o perjuicios causados.

En la graduaci髇 de las sanciones se valorar� la existencia de perjuicios para el inter閟 p鷅lico, la repercusi髇 de la conducta en los ciudadanos, y, en su caso, la percepci髇 indebida de cantidades por el desempe駉 de actividades p鷅licas incompatibles.

6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administraci髇 pondr� los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendr� de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resoluci髇 que ponga fin al proceso penal.

7. Cuando los hechos est閚 tipificados como infracci髇 en una norma administrativa especial, se dar� cuenta de los mismos a la Administraci髇 competente para la instrucci髇 del correspondiente procedimiento sancionador, suspendi閚dose las actuaciones hasta la terminaci髇 de aquel. No se considerar� normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de las infracciones previstas en el art韈ulo 28, pudi閚dose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simult醤eamente al procedimiento sancionador.

8. En todo caso la comisi髇 de las infracciones previstas en el art韈ulo 28 conllevar� las siguientes consecuencias:

• a) La obligaci髇 de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
• b) La obligaci髇 de indemnizar a la Hacienda P鷅lica en los t閞minos del art韈ulo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Art韈ulo 31 觬gano competente y procedimiento

1. El procedimiento sancionador se iniciar� de oficio, por acuerdo del 髍gano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petici髇 razonada de otros 髍ganos o denuncia de los ciudadanos.

La responsabilidad ser� exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoaci髇 del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

2. El 髍gano competente para ordenar la incoaci髇 ser�:

• a) Cuando el alto cargo tenga la condici髇 de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones P鷅licas.
• b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administraci髇 General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones P鷅licas.
• c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administraci髇 auton髆ica o local, la orden de incoaci髇 del procedimiento se dar� por los 髍ganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicaci髇 del r間imen disciplinario propio de las Comunidades Aut髇omas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.

3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucci髇 de los correspondientes procedimientos corresponder� a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucci髇 corresponder� al 髍gano competente en aplicaci髇 del r間imen disciplinario propio de la Comunidad Aut髇oma o Entidad Local correspondiente.

4. La competencia para la imposici髇 de sanciones corresponder�:

• a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condici髇 de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
• b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones P鷅licas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administraci髇 General del Estado.
• c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Aut髇omas o Entidades Locales, los 髍ganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicaci髇 del r間imen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut髇oma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.

5. Las resoluciones que se dicten en aplicaci髇 del procedimiento sancionador regulado en este t韙ulo ser醤 recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Art韈ulo 32 Prescripci髇

1. El plazo de prescripci髇 de las infracciones previstas en este t韙ulo ser� de cinco a駉s para las infracciones muy graves, tres a駉s para las graves y un a駉 para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisi髇 de infracciones muy graves prescribir醤 a los cinco a駉s, las impuestas por infracciones graves a los tres a駉s y las que sean consecuencia de la comisi髇 de infracciones leves prescribir醤 en el plazo de un a駉.

3. Para el c髆puto de los plazos de prescripci髇 regulados en los dos apartados anteriores, as� como para las causas de su interrupci髇, se estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑.

Art韈ulo 33 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo p鷅lico de los previstos en la disposici髇 adicional d閏ima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado. Estar� adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas.

2. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene personalidad jur韉ica propia y plena capacidad de obrar. Act鷄 con autonom韆 y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Art韈ulo 34 Fines

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad p鷅lica, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Art韈ulo 35 Composici髇

El Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno estar� compuesto por los siguientes 髍ganos:

• a) La Comisi髇 de Transparencia y Buen Gobierno.
• b) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo ser� tambi閚 de su Comisi髇.

Art韈ulo 36 Comisi髇 de Transparencia y Buen Gobierno

1. La Comisi髇 de Transparencia y Buen Gobierno ejercer� todas las competencias que le asigna esta Ley, as� como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.

2. Dicha Comisi髇 estar� compuesta por:

• a) El Presidente.
• b) Un Diputado.
• c) Un Senador.
• d) Un representante del Tribunal de Cuentas.
• e) Un representante del Defensor del Pueblo.
• f) Un representante de la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos.
• g) Un representante de la Secretar韆 de Estado de Administraciones P鷅licas.
• h) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

3. La condici髇 de miembro de la Comisi髇 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigir� dedicaci髇 exclusiva ni dar� derecho a remuneraci髇 con excepci髇 de lo previsto en el art韈ulo siguiente.

4. Al menos una vez al a駉, la Comisi髇 de Transparencia y Buen Gobierno convocar� a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Aut髇omas en ejercicio de sus competencias. A esta reuni髇 podr� ser convocado un representante de la Administraci髇 Local propuesto por la Federaci髇 Espa駉la de Municipios y Provincias.

Art韈ulo 37 Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ser� nombrado por un per韔do no renovable de cinco a駉s mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisi髇 correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a trav閟 de la Comisi髇 competente y por acuerdo adoptado por mayor韆 absoluta, deber� refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepci髇 de la correspondiente comunicaci髇.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesar� en su cargo por la expiraci髇 de su mandato, a petici髇 propia o por separaci髇 acordada por el Gobierno, previa instrucci髇 del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su funci髇, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.

3. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno percibir� las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el r間imen retributivo de los m醲imos responsables y directivos en el sector p鷅lico empresarial y otras entidades.

Art韈ulo 38 Funciones

1. Para la consecuci髇 de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones:

• a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.
• b) Asesorar en materia de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno.
• c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de car醕ter estatal que desarrollen esta Ley o que est閚 relacionados con su objeto.
• d) Evaluar el grado de aplicaci髇 de esta Ley. Para ello, elaborar� anualmente una memoria en la que se incluir� informaci髇 sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que ser� presentada ante las Cortes Generales.
  V閍se Res. de 19 de diciembre de 2018, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci髇 P鷅lica y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2017. (獴.O.E.� 3 enero 2019).LE0000635124_20190104
• e) Promover la elaboraci髇 de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas pr醕ticas en materia de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno.
• f) Promover actividades de formaci髇 y sensibilizaci髇 para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
• g) Colaborar, en las materias que le son propias, con 髍ganos de naturaleza an醠oga.
• h) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ejercer� las siguientes funciones:

• a) Adoptar criterios de interpretaci髇 uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
• b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el cap韙ulo II del t韙ulo I de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 9 de esta Ley.
• c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicaci髇 del art韈ulo 24 de esta Ley.V閍se la Res. de 7 de julio de 2020, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la Ciudad Aut髇oma de Ceuta, por el que se atribuye al Consejo la competencia para la resoluci髇 de las reclamaciones previstas en el art韈ulo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno (獴.O.E.� 20 julio).LE0000671134_20200721
  V閍se la Res. de 30 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid para el traslado del ejercicio de la competencia para la resoluci髇 de las reclamaciones previstas en el art韈ulo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informaci髇 P鷅lica y Buen Gobierno (獴.O.E.� 16 enero 2017).LE0000589097_20161102
• d) Responder las consultas que, con car醕ter facultativo, le planteen los 髍ganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la informaci髇.
• e) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el t韙ulo II de esta Ley. El 髍gano competente deber� motivar, en su caso, su decisi髇 de no incoar el procedimiento.
• f) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
• g) Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

Art韈ulo 39 R間imen jur韉ico

1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regir�, adem醩 de por lo dispuesto en esta Ley, por:

• a) Las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que le sean de aplicaci髇. Anualmente elaborar� un anteproyecto de presupuesto con la estructura que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas para su elevaci髇 al Gobierno y su posterior integraci髇 en los Presupuestos Generales del Estado.
• b) El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico.
• c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, y, en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales.
• d) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, y las dem醩 normas aplicables al personal funcionario de la Administraci髇 General del Estado, en materia de medios personales.
• e) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, y por la normativa que le sea de aplicaci髇, en lo no dispuesto por esta Ley, cuando desarrolle sus funciones p鷅licas.

2. El Consejo de Ministros aprobar� mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se establecer� su organizaci髇, estructura, funcionamiento, as� como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

3. Con car醕ter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ser醤 desempe馻dos por funcionarios p鷅licos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, y las normas de funci髇 p鷅lica aplicables al personal funcionario de la Administraci髇 General del Estado. El personal laboral podr� desempe馻r puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de funci髇 p鷅lica de la Administraci髇 General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante los procedimientos de provisi髇 previstos en la Administraci髇 General del Estado mantendr� la condici髇 de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislaci髇 aplicable.

4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contar� para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios econ髆icos:

• a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.
• b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, as� como los productos y rentas del mismo.
• c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

Art韈ulo 40 Relaciones con las Cortes Generales

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevar� anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecer� ante la Comisi髇 correspondiente para dar cuenta de tal memoria, as� como cuantas veces sea requerido para ello.

Disposici髇 adicional primera Regulaciones especiales del derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica

1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo ser� la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condici髇 de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.

2. Se regir醤 por su normativa espec韋ica, y por esta Ley con car醕ter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un r間imen jur韉ico espec韋ico de acceso a la informaci髇.

3. En este sentido, esta Ley ser� de aplicaci髇, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la informaci髇 ambiental y a la destinada a la reutilizaci髇.

Disposici髇 adicional segunda Revisi髇 y simplificaci髇 normativa

1. La Administraci髇 General del Estado acometer� una revisi髇, simplificaci髇 y, en su caso, una consolidaci髇 normativa de su ordenamiento jur韉ico. Para ello, habr� de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboraci髇 de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, seg鷑 el rango de las normas que queden afectadas.

2. A tal fin, la Secretar韆 de Estado de Relaciones con las Cortes elaborar� un Plan de Calidad y Simplificaci髇 Normativa y se encargar� de coordinar el proceso de revisi髇 y simplificaci髇 normativa respecto del resto de Departamentos ministeriales.

3. Las Secretar韆s Generales T閏nicas de los diferentes Departamentos ministeriales llevar醤 a cabo el proceso de revisi髇 y simplificaci髇 en sus 醡bitos competenciales de actuaci髇, pudiendo coordinar su actividad con los 髍ganos competentes de las Comunidades Aut髇omas que, en ejercicio de las competencias que le son propias y en aplicaci髇 del principio de cooperaci髇 administrativa, lleven a cabo un proceso de revisi髇 de sus respectivos ordenamientos jur韉icos.

Disposici髇 adicional tercera Corporaciones de Derecho P鷅lico

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el t韙ulo I de esta Ley, las corporaciones de Derecho P鷅lico podr醤 celebrar convenios de colaboraci髇 con la Administraci髇 P鷅lica correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la representaci髇 en su 醡bito concreto de actividad.

Disposici髇 adicional cuarta Reclamaci髇

1. La resoluci髇 de la reclamaci髇 prevista en el art韈ulo 24 corresponder�, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Aut髇omas y su sector p鷅lico, y por las Entidades Locales comprendidas en su 醡bito territorial, al 髍gano independiente que determinen las Comunidades Aut髇omas.

No obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones an醠ogas al Consejo de Estado, Consejo Econ髆ico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones s髄o cabr� la interposici髇 de recurso contencioso-administrativo.

2. Las Comunidades Aut髇omas podr醤 atribuir la competencia para la resoluci髇 de la reclamaci髇 prevista en el art韈ulo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deber醤 celebrar el correspondiente convenio con la Administraci髇 General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragar� los gastos derivados de esta asunci髇 de competencias.

V閍se la燫es. de 4 de abril de 2017, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para el traslado del ejercicio de la competencia para la resoluci髇 de las reclamaciones previstas en el art韈ulo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informaci髇 P鷅lica y Buen Gobierno (獴.O.E.� 12 abril).LE0000595221_20170413

3. Las Ciudades con Estatuto de Autonom韆 podr醤 designar sus propios 髍ganos independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un Convenio en los t閞minos previstos en el apartado anterior.

Disposici髇 adicional quinta Colaboraci髇 con la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Espa駉la de Protecci髇 de Datos adoptar醤 conjuntamente los criterios de aplicaci髇, en su 醡bito de actuaci髇, de las reglas contenidas en el art韈ulo 15 de esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponderaci髇 del inter閟 p鷅lico en el acceso a la informaci髇 y la garant韆 de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Org醤ica 15/1999, de 13 de diciembre.

Disposici髇 adicional sexta Informaci髇 de la Casa de Su Majestad el Rey

La Secretar韆 General de la Presidencia del Gobierno ser� el 髍gano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la informaci髇 que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, as� como para conocer de cualquier otra cuesti髇 que pudiera surgir derivada de la aplicaci髇 por este 髍gano de las disposiciones de esta Ley.

Disposici髇 adicional s閜tima

El Gobierno aprobar� un plan formativo en el 醡bito de la transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administraci髇 General del Estado, acompa馻do, a su vez, de una campa馻 informativa dirigida a los ciudadanos. El Gobierno incorporar� al sector p鷅lico estatal en el Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa.

Disposici髇 adicional octava

El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Aut髇omas regular醤 en sus respectivos reglamentos la aplicaci髇 concreta de las disposiciones de esta Ley.

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑

Se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del Procedimiento Administrativo Com鷑, en los siguientes t閞minos:

• Uno. El art韈ulo 35.h) pasa a tener la siguiente redacci髇:
  • 玥) Al acceso a la informaci髇 p鷅lica, archivos y registros.�
  LE0000017603_20150614
• Dos. El art韈ulo 37 pasa a tener la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 37 Derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica

  Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la informaci髇 p鷅lica, archivos y registros en los t閞minos y con las condiciones establecidas en la Constituci髇, en la Ley de transparencia, acceso a la informaci髇 p鷅lica y buen gobierno y dem醩 leyes que resulten de aplicaci髇.�

  LE0000017603_20150614

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci髇 de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci髇 General del Estado

Se modifica la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci髇 de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci髇 General del Estado en los siguientes t閞minos:

El apartado 4 del art韈ulo 14 queda redactado como sigue:

LE0000228868_20131230

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que quedar� redactado como sigue:

LE0000194877_20230101

Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 de la disposici髇 adicional d閏ima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado

Se modifica el apartado 1 de la disposici髇 adicional d閏ima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci髇 y Funcionamiento de la Administraci髇 General del Estado, el cual quedar� redactado en los siguientes t閞minos:

LE0000010569_20150620

Disposici髇 final quinta

El Gobierno adoptar� las medidas necesarias para optimizar el uso de los medios t閏nicos y humanos que se adscriban al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Disposici髇 final sexta Modificaci髇 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo

Se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci髇 del blanqueo de capitales y de la financiaci髇 del terrorismo, en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se a馻de un apartado 5 al art韈ulo 2, con la redacci髇 siguiente:

  �5. Ser醤 aplicables al administrador nacional del registro de derechos de emisi髇 previsto en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r間imen de comercio de derechos de emisi髇 de gases de efecto invernadero, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, las obligaciones de informaci髇 y de control interno contenidas en los cap韙ulos III y IV de la presente Ley.�

  LE0000415825_20230630
• Dos. Se a馻de un apartado 6 al art韈ulo 7, con la redacci髇 siguiente:

  �6. Reglamentariamente podr� autorizarse la no aplicaci髇 de todas o algunas de las medidas de diligencia debida o de conservaci髇 de documentos en relaci髇 con aquellas operaciones ocasionales que no excedan de un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales.�

  LE0000415825_20230630
• Tres. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 9, con el siguiente tenor literal:

  獳rt韈ulo 9 Medidas simplificadas de diligencia debida

  Los sujetos obligados podr醤 aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se determinen reglamentariamente, medidas simplificadas de diligencia debida respecto de aquellos clientes, productos u operaciones que comporten un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo.�

  LE0000415825_20230630
• Cuatro. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 10, con el siguiente tenor literal:

  獳rt韈ulo 10 Aplicaci髇 de medidas simplificadas de diligencia debida

  La aplicaci髇 de medidas simplificadas de diligencia debida ser� graduada en funci髇 del riesgo, con arreglo a los siguientes criterios:

  • a) Con car醕ter previo a la aplicaci髇 de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de un determinado cliente, producto u operaci髇 de los previstos reglamentariamente, los sujetos obligados comprobar醤 que comporta efectivamente un riesgo reducido de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo.
  • b) La aplicaci髇 de las medidas simplificadas de diligencia debida ser� en todo caso congruente con el riesgo. Los sujetos obligados no aplicar醤 o cesar醤 de aplicar medidas simplificadas de diligencia debida tan pronto como aprecien que un cliente, producto u operaci髇 no comporta riesgos reducidos de blanqueo de capitales o de financiaci髇 del terrorismo.
  • c) Los sujetos obligados mantendr醤 en todo caso un seguimiento continuo suficiente para detectar operaciones susceptibles de examen especial de conformidad con lo prevenido en el art韈ulo 17.�
  LE0000415825_20230630
• Cinco. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 14, con el siguiente tenor literal:

  獳rt韈ulo 14 Personas con responsabilidad p鷅lica

  1. Los sujetos obligados aplicar醤 las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este art韈ulo en las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad p鷅lica.

  Se considerar醤 personas con responsabilidad p鷅lica las siguientes:

  • a) Aquellas que desempe馿n o hayan desempe馻do funciones p鷅licas importantes por elecci髇, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Uni髇 Europea o terceros pa韘es, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales, con inclusi髇 de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los 髍ganos de administraci髇, de gesti髇 o de supervisi髇 de empresas de titularidad p鷅lica.
  • b) Aquellas que desempe馿n o hayan desempe馻do funciones p鷅licas importantes en el Estado espa駉l, tales como los altos cargos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administraci髇 General del Estado; los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo; los magistrados del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, con inclusi髇 de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de Espa馻; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administraci髇, o funci髇 equivalente, de una organizaci髇 internacional, con inclusi髇 de la Uni髇 Europea.
  • c) Asimismo, tendr醤 la consideraci髇 de personas con responsabilidad p鷅lica aquellas que desempe馿n o hayan desempe馻do funciones p鷅licas importantes en el 醡bito auton髆ico espa駉l, como los Presidentes y los Consejeros y dem醩 miembros de los Consejos de Gobierno, as� como los altos cargos y los diputados auton髆icos y, en el 醡bito local espa駉l, los alcaldes, concejales y dem醩 altos cargos de los municipios capitales de provincia o de capital de Comunidad Aut髇oma de las Entidades Locales de m醩 de 50.000 habitantes, o cargos de alta direcci髇 en organizaciones sindicales o empresariales o partidos pol韙icos espa駉les.

  Ninguna de estas categor韆s incluir� empleados p鷅licos de niveles intermedios o inferiores.

  2. En relaci髇 con los clientes o titulares reales que desempe馿n o hayan desempe馻do funciones p鷅licas importantes por elecci髇, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la Uni髇 Europea o en un pa韘 tercero, los sujetos obligados, adem醩 de las medidas normales de diligencia debida, deber醤 en todo caso:

  • a) Aplicar procedimientos adecuados de gesti髇 del riesgo a fin de determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad p鷅lica. Dichos procedimientos se incluir醤 en la pol韙ica expresa de admisi髇 de clientes a que se refiere el art韈ulo 26.1.
  • b) Obtener la autorizaci髇 del inmediato nivel directivo, como m韓imo, para establecer o mantener relaciones de negocios.
  • c) Adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos.
  • d) Realizar un seguimiento reforzado y permanente de la relaci髇 de negocios.

  3. Los sujetos obligados, adem醩 de las medidas normales de diligencia debida, deber醤 aplicar medidas razonables para determinar si el cliente o el titular real desempe馻 o ha desempe馻do alguna de las funciones previstas en los p醨rafos b) y c) del apartado primero de este art韈ulo.

  Se entender� por medidas razonables la revisi髇, de acuerdo a los factores de riesgo presentes en cada caso, de la informaci髇 obtenida en el proceso de diligencia debida.

  En el caso de relaciones de negocio de riesgo m醩 elevado, los sujetos obligados aplicar醤 las medidas previstas en los p醨rafos b), c) y d) del apartado precedente.

  4. Los sujetos obligados aplicar醤 las medidas establecidas en los dos apartados anteriores a los familiares y allegados de las personas con responsabilidad p鷅lica.

  A los efectos de este art韈ulo tendr� la consideraci髇 de familiar el c髇yuge o la persona ligada de forma estable por an醠oga relaci髇 de afectividad, as� como los padres e hijos, y los c髇yuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por an醠oga relaci髇 de afectividad.

  Se considerar� allegado toda persona f韘ica de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jur韉icos conjuntamente con una persona con responsabilidad p鷅lica, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con la misma, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jur韉icos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma.

  5. Los sujetos obligados aplicar醤 medidas razonables para determinar si el beneficiario de una p髄iza de seguro de vida y, en su caso, el titular real del beneficiario, es una persona con responsabilidad p鷅lica con car醕ter previo al pago de la prestaci髇 derivada del contrato o al ejercicio de los derechos de rescate, anticipo o pignoraci髇 conferidos por la p髄iza.

  En el caso de identificar riesgos m醩 elevados, los sujetos obligados, adem醩 de las medidas normales de diligencia debida, deber醤:

  • a) Informar al inmediato nivel directivo, como m韓imo, antes de proceder al pago, rescate, anticipo o pignoraci髇.
  • b) Realizar un escrutinio reforzado de la entera relaci髇 de negocios con el titular de la p髄iza.
  • c) Realizar el examen especial previsto en el art韈ulo 17 a efectos de determinar si procede la comunicaci髇 por indicio de conformidad con el art韈ulo 18.

  6. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los apartados anteriores, cuando, por concurrir las circunstancias previstas en el art韈ulo 17, proceda el examen especial, los sujetos obligados adoptar醤 las medidas adecuadas para apreciar la eventual participaci髇 en el hecho u operaci髇 de quien ostente o haya ostentado en Espa馻 la condici髇 de cargo p鷅lico representativo o alto cargo de las Administraciones P鷅licas, o de sus familiares o allegados.

  7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 11, cuando las personas contempladas en los apartados precedentes hayan dejado de desempe馻r sus funciones, los sujetos obligados continuar醤 aplicando las medidas previstas en este art韈ulo por un periodo de dos a駉s.�

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• Seis. Se da nueva redacci髇 al apartado 4 del art韈ulo 26, con el siguiente tenor literal:

  �4. Las medidas de control interno se establecer醤 a nivel de grupo, con las especificaciones que se determinen reglamentariamente. A efectos de la definici髇 de grupo, se estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 42 del C骴igo de Comercio.�

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• Siete. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 42, con el siguiente tenor literal:

  獳rt韈ulo 42 Sanciones y contramedidas financieras internacionales

  1. Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevenci髇 y supresi髇 del terrorismo y de la financiaci髇 del terrorismo, y a la prevenci髇, supresi髇 y disrupci髇 de la proliferaci髇 de armas de destrucci髇 masiva y de su financiaci髇, ser醤 de obligada aplicaci髇 para cualquier persona f韘ica o jur韉ica en los t閞minos previstos por los reglamentos comunitarios o por acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado a propuesta del Ministro de Econom韆 y Competitividad.

  2. Sin perjuicio del efecto directo de los reglamentos comunitarios, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Econom韆 y Competitividad, podr� acordar la aplicaci髇 de contramedidas financieras respecto de pa韘es terceros que supongan riesgos m醩 elevados de blanqueo de capitales, financiaci髇 del terrorismo o financiaci髇 de la proliferaci髇 de armas de destrucci髇 masiva.

  El acuerdo de Consejo de Ministros, que podr� adoptarse de forma aut髇oma o en aplicaci髇 de decisiones o recomendaciones de organizaciones, instituciones o grupos internacionales, podr� imponer, entre otras, las siguientes contramedidas financieras:

  • a) Prohibir, limitar o condicionar los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as� como las transferencias, de o hacia el pa韘 tercero o de nacionales o residentes del mismo.
  • b) Someter a autorizaci髇 previa los movimientos de capitales y sus correspondientes operaciones de cobro o pago, as� como las transferencias, de o hacia el pa韘 tercero o de nacionales o residentes del mismo.
  • c) Acordar la congelaci髇 o bloqueo de los fondos y recursos econ髆icos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas f韘icas o jur韉icas nacionales o residentes del pa韘 tercero.
  • d) Prohibir la puesta a disposici髇 de fondos o recursos econ髆icos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas f韘icas o jur韉icas nacionales o residentes del pa韘 tercero.
  • e) Requerir la aplicaci髇 de medidas reforzadas de diligencia debida en las relaciones de negocio u operaciones de nacionales o residentes del pa韘 tercero.
  • f) Establecer la comunicaci髇 sistem醫ica de las operaciones de nacionales o residentes del pa韘 tercero o que supongan movimientos financieros de o hacia el pa韘 tercero.
  • g) Prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representaci髇 de las entidades financieras del pa韘 tercero.
  • h) Prohibir, limitar o condicionar a las entidades financieras el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representaci髇 en el pa韘 tercero.
  • i) Prohibir, limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras con el pa韘 tercero o con nacionales o residentes del mismo.
  • j) Prohibir a los sujetos obligados la aceptaci髇 de las medidas de diligencia debida practicadas por entidades situadas en el pa韘 tercero.
  • k) Requerir a las entidades financieras la revisi髇, modificaci髇 y, en su caso, terminaci髇, de las relaciones de corresponsal韆 con entidades financieras del pa韘 tercero.
  • l) Someter las filiales o sucursales de entidades financieras del pa韘 tercero a supervisi髇 reforzada o a examen o auditor韆 externos.
  • m) Imponer a los grupos financieros requisitos reforzados de informaci髇 o auditor韆 externa respecto de cualquier filial o sucursal localizada o que opere en el pa韘 tercero.

  3. Competer� al Servicio Ejecutivo de la Comisi髇 la supervisi髇 e inspecci髇 del cumplimiento de lo dispuesto en este art韈ulo.�

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• Ocho. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 52.1.u), con el siguiente tenor literal:
  • 玼) El incumplimiento de la obligaci髇 de aplicar sanciones o contramedidas financieras internacionales, en los t閞minos del art韈ulo 42.�
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Disposici髇 final s閜tima Desarrollo reglamentario

El Gobierno, en el 醡bito de sus competencias, podr� dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecuci髇 y desarrollo de lo establecido en esta Ley.

El Consejo de Ministros aprobar�, en el plazo de tres meses desde la publicaci髇 de esta Ley en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, un Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto org醤ico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Disposici髇 final octava T韙ulo competencial

La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los art韈ulos 149.1.1.�, 149.1.13.� y 149.1.18.� de la Constituci髇. Se except鷄 lo dispuesto en el segundo p醨rafo del apartado 2 del art韈ulo 6, el art韈ulo 9, los apartados 1 y 2 del art韈ulo 10, el art韈ulo 11, el apartado 2 del art韈ulo 21, el apartado 1 del art韈ulo 25, el t韙ulo III y la disposici髇 adicional segunda.

Disposici髇 final novena Entrada en vigor

La entrada en vigor de esta ley se producir� de acuerdo con las siguientes reglas:

• – Las disposiciones previstas en el t韙ulo II entrar醤 en vigor al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.
• – El t韙ulo preliminar, el t韙ulo I y el t韙ulo III entrar醤 en vigor al a駉 de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.
• – Los 髍ganos de las Comunidades Aut髇omas y Entidades Locales dispondr醤 de un plazo m醲imo de dos a駉s para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.