Después de dos meses de conflicto sin cauces de diálogo abiertos, con cerca del 35% de los señalamientos suspendidos, y en los que dos derechos fundamentales como son el acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa han quedado suspendidos, la abogacía madrileña ha recibido con satisfacción el acuerdo alcanzado entre los letrados judiciales y el Ministerio de Justicia. Pero también con preocupación. “No podemos sino recibir con aplauso el final de esta huelga”, ha manifestado el decano del ICAM, al tiempo que ha solicitado al Ministerio que dote de “medios extraordinarios humanos y materiales a la Administración de justicia” para desbloquear el sistema “sin el sacrificio de la conciliación de los profesionales que siempre han estado dispuestos a seguir adelante”.
“Desde el principio”, ha recordado Eugenio Ribón, “el Colegio de la Abogacía de Madrid ha instado a ambas partes para una solución conciliatoria que, aunque tarde, por fin ha llegado”. Tras ser propuesto como mediador por parte del comité de huelga, el decano del ICAM se reunió con las asociaciones convocantes y se dirigió a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en busca de una salida dialogada. Durante este tiempo, el decano madrileño también ha trasladado a los principales grupos parlamentarios la importancia de solucionar el conflicto. Asimismo, a petición de Eugenio Ribón para evitar mayores perjuicios a la ciudadanía, desde el comité de huelga se recomendó a los letrados judiciales avisar en la medida de lo posible de las previsibles suspensiones para evitar desplazamientos innecesarios de los implicados.
“Hoy, tras un nuevo naufragio de la Justicia, toca de nuevo volver a izar las velas; la abogacía, como siempre, trabajará con ahínco por ello. Pero no es tiempo de galeotes ni de remeros forzados. Este desatino no puede encauzarse sobre los hombros de la abogacía y la procura, estableciendo juicios por la tarde que impidan la adecuada preparación de las vistas y atención de los clientes, ni habilitando periodos vacacionales que asesinen la conciliación familiar”, ha señalado Ribón.
“A nuestro cuerpo no se le puede pedir mayores sacrificios”, ha abundado el responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata. Los abogados y abogadas “ya han sufrido una enorme pérdida económica, que se puede cuantificar en varios millones de euros, y no pueden ser, igual que no puede serlo la ciudadanía, los paganos perpetuos de esta situación”.
Para el decano de la abogacía madrileña, la salida a esta crisis pasa por “la dotación de mayores recursos humanos, mejores medios materiales y, sobre todo, una altura de miras capaz de responder a las legítimas demandas de los ciudadanos sin intereses partidistas ni planes a corto plazo”.
La cuestión, ha subrayado Mata, “es cómo hacerlo”, porque el retraso acumulado, los cientos de miles de demandas y escritos sin admitir ni proveer, las miles de ejecuciones que tienen que activarse o la necesidad de señalar nuevamente un número inconmensurable de vistas y comparecencias que han sido suspendidas “implican un reto organizativo de proporciones gigantescas”.
Un desafío que podría ampliarse si los tramitadores procesales deciden replicar la estrategia de los letrados judiciales para reclamar mejoras en sus condiciones económicas y laborales, como ya se ha insinuado a través de una nota emitida por uno de los sindicatos de este colectivo. “Si esta advertencia, o amenaza, se torna realidad, volveremos en breve a sufrir las consecuencias de otra huelga en el seno de la Administración de justicia”, advierte Mata
Por todo ello, concluye el diputado del ICAM, es necesario “un pacto entre todos los operadores jurídicos para proporcionar a la ciudadanía un servicio acorde a los estándares de calidad de un estado de derecho. Si este acuerdo no se produce va a ser muy difícil recuperar la normalidad o hacerlo en un plazo que se pueda calificar como razonable”.
El Colegio de la Abogacía de Madrid, a través del área de Defensa de la Abogacía, ha venido registrando las incidencias desde el inicio del conflicto. Las denuncias de colegiados por suspensiones no notificadas han superado el centenar.
