La puesta en marcha del sistema de comunicaciones electrónicas en la administración de Justicia sigue levantando polémica y, en los últimos días, solicitudes de que se aplique una moratoria a su implantación.

Si el pasado lunes el Consejo General de la Abogacía Española, anunciaba que en su pleno del próximo viernes se estudiará la solicitud de una moratoria en ese sentido, en las últimas horas sindicatos de funcionarios y trabajadores de Justicia, así como colectivos de procuradores y abogados, empiezan a reclamar idéntica medida.

SISEJ reclama a Justicia una moratoria para implantar LexNET con las "garantías adecuadas"

En este sentido, el Sindictado de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha reclamado al Ministerio de Justicia que "con carácter urgente" impulse una disposición normativa que limite la obligatoriedad de presentación telemática a través de LexNET para abrir un periodo transitorio en el que este sistema de comunicación digital se implante con las "garantías adecuadas" en todos los órganos judiciales.

En un comunicado, SISEJ ha criticado el balance que hizo este lunes el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, a quien acusa de "falta de información coherente".

Según este sindicato, “papel cero” es "un eslogan electoral" ya que, según  ellos, los juzgados y oficinas gestionados por el Ministerio de Justicia han aumentado un 30% sus pedidos de suministro de papel.

"Lejos de poder hablar de papel cero, la realidad es que a partir del 1 de enero de 2016 -fecha en la que entró en vigor LexNET-- se está imprimiendo más papel que nunca en las oficinas judiciales puesto que la presentación telemática de escritos no impide que deban incorporarse necesariamente al procedimiento", han explicado.

 SISEJ ha censurado la "improvisación" del Departamento que dirige Rafael Catalá por la "falta de adecuación" de los medios informáticos a las necesidades derivadas del sistema telemático. También ha cuestionado la "falta de una adecuada formación e información" por parte de los usuarios de LexNET.

Problemas en las CCAA

El sistema LexNET, argumenta SISEJ, se está implantando de forma "deficiente y desigual" según cada Comunidad Autónoma. "El Ministerio de Justicia eligió conscientemente un calendario precipitado y erróneo para implantar el sistema", ha sostenido.

Por este motivo, ha insistido en la necesidad de "establecer una moratoria para sincronizar la entrada en vigor" y asegurar que LexNET se aplica con garantías. SISEJ ha recordado que los jueces decanos también apostaron por una moratoria hasta que se solucionen las deficiencias, advirtiendo que "la improvisación y descoordinación provocaría graves disfunciones".

CCOO también solicita un aplazamiento del uso de sistemas telemáticos en los juzgados

El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, por su parte, se ha sumado este martes a las peticiones realizadas desde otros colectivos de este ámbito para que el ministro de Justicia aplace la implantación obligatoria de los sistemas telemáticos de intercomunicación de los juzgados, en vigor desde el pasado 1 de enero, y del expediente digital previsto para el próximo mes de julio, "ante la evidencia de que la inmensa mayoría de los órganos judiciales no disponen de los suficientes medios humanos ni tecnológicos".

El sindicato ha criticado que el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, mostrara ayer en rueda de prensa su optimismo por el funcionamiento de las comunicaciones telemáticas en el primer mes de implantación obligatoria, negando cualquier tipo de problema en las comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio y reconociendo solo que en algunos de los territorios con competencias transferidas "está siendo más difícil avanzar".

Estas afirmaciones han causado indignación en la inmensa mayoría del personal que trabaja en los órganos judiciales y fiscales, obligado a convivir con innumerables problemas en la utilización de las herramientas informáticas que, en el mejor de los casos, funcionan con una lentitud exasperante que impiden el desarrollo con normalidad del trabajo habitual, según señala el sindicato en un comunicado.

Multitud de extravíos

Frente a las afirmaciones del ministro, la realidad según CCOO es que desde la implatanción de LExNET puede observarse que el sistema es lento, se "cuelga" con frecuencia y los usuarios carecen de la suficiente información y formación para utilizarlo, no hay personal suficiente para ponerlo en práctica, el personal técnico encargado de solucionar las incidencias es insuficiente; y  multitud de documentos se extravían o llegan a destinatarios equivocados.

Además, CC OO critica que  prácticamente la totalidad de los escritos remitidos telemáticamente se imprimen a continuación en papel; las instrucciones y protocolos de utilización son "innumerables, dispersas y, en ocasiones, contradictorias" y que  la falta de seguridad de su presentación hace que los escritos lleguen en muchas ocasiones a los órganos judiciales por la doble vía de Internet y en papel.

Por otro lado, el sindicato "tampoco admite las afirmaciones del ministro que achaca toda la responsabilidad en los territorios con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia a los gobiernos de estas comunidades autónomas".

"Bien es cierto que los medios materiales y personales son responsabilidad directa de éstas, pero el Ministerio de Justicia, a sabiendas de las deficiencias existentes, nunca debió emprender la implantación obligatoria de las nuevas tecnologías hasta que no estuviese garantizada su extensión en todos los órganos judiciales y fiscales, transferidos o no", añade el comunicado.

Petición al Congreso

Por todo ello, CCOO, en escritos remitidos el pasado 25 de enero a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, solicitó que adoptasen "las iniciativas legislativas necesarias para el aplazamiento de la entrada en vigor del papel cero en los órganos judiciales prevista para el próximo 7 de julio de 2016 hasta que no se dispongan las medidas necesarias y suficientes tanto en medios personales como materiales".

CCOO apuesta por la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, "pero la misma debe hacerse de forma gradual, con la suficiente dotación de medios personales, materiales y tecnológicos, mediante experiencias piloto que permitan detectar y solucionar los errores del sistema y con la participación de todos los colectivos afectados, especialmente las trabajadoras y trabajadores que utilizan los programas y equipos informáticos", concluyen.

Los colegios de Procuradores de Sevilla y Málaga y el Consejo Andaluz de Abogados también piden una moratoria

Ante los "múltiples fallos" ocasionados por el sistema telemático Lexnet, el Colegio de Procuradores de Sevilla ha reclamado una moratoria del 'papel cero', el plan puesto en marcha hace un mes por el Ministerio de Justicia para presentar las demandas vía telemática y eliminar el papel.

En un comunicado, el Colegio de Procuradores ha reclamado la moratoria de dicho sistema telemático de forma transitoria, al menos en lo que afecta a la presentación de escritos iniciadores de un procedimiento a través del sistema telemático Lexnet, así como para las contestaciones de demanda, oposiciones, personaciones, ejecuciones y recursos de queja, "hasta que los órganos judiciales tengan los medios necesarios para la implantación del expediente digital".

En este sentido, los procuradores sevillanos solicitan dicha moratoria en tanto persistan "los múltiples defectos del sistema y sus desajustes con Adriano", el sistema informático de gestión procesal de los juzgados andaluces, según ha explicado la decana de los procuradores de Sevilla, Isabel Escartín.

Ya el pasado 4 de febrero, Escartín envió una carta dirigida a María Auxiliadora Duque, secretaria de coordinación de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que en nombre de los procuradores sevillanos solicitaba una "moratoria" del "papel 0".

De igual forma, desde el Colegio se ha pedido al Pleno del Consejo Andaluz de Procuradores, que tendrá lugar este viernes 12 de febrero, la reclamación de dicha moratoria.

A esta petición se han sumado tanto el Colegio de Procuradores de Málaga como el Consejo Andaluz de Abogados, quienes acordaron el pasado viernes solicitar al ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, su paralización hasta su correcto funcionamiento.