El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, el Sindicato Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) piden la dimisión de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, si no rectifica sus declaraciones implicando a este colectivo profesional en el "fracaso" de la revisión de los procedimientos penales -a que obliga la ley antes del próximo 6 de junio para fijar su nivel de complejidad y el plazo de instrucción - "cuya obligación incumbe a los fiscales, sobre la base de una incierta acusación de ocultamiento de causas penales al fiscal".

Los letrados judiciales han reaccionado de este modo a las manifestaciones realizadas este miércoles por Madrigal, al decir que "sospecha" que hay causas en los juzgados cuya complejidad está pendiente de ser revisada cuya existencia les es desconocida, y que por lo tanto no podrán ser analizadas en plazo. "Tengo que decir que sospechamos que existen, pero no sabemos cuántas son", ha dicho.

En la rueda de prensa convocada por Madrigal advirtió que, por el hecho de no conocer cuáles son estos procedimientos ocultos de cuya existencia "sospecha", la Fiscalía no puede hacerse responsable de su revisión en el plazo que marca el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cuestionan la idoneidad para el cargo de Madrigal

El sector más progresista de este colectivo, el SISEJ y la UPSJ, han emitido un comunicado conjunto en el que cuestionan "la idoneidad para el cargo" de la actual fiscal general y señalan que las declaraciones de Madrigal han sido realizadas desde una perspectiva "estrictamente corporativista, alejada del interés público, inapropiada de la institución a la que representa, cuya misión constitucional es precisamente velar por ese interés y por el cumplimiento de la  legalidad".

Consideran además que las manifestaciones de la fiscal general "son un intento de desplazar una eventual responsabilidad por el sugerido incumplimiento de los plazos legales de revisión de causas penales  hacia el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, a escasos días de la  finalización del plazo".

Aluden también los secretarios progresistas a la responsabilidad institucional del Ministerio de Justicia en funciones y la falta de una adecuada gestión y previsión desde que entró en  vigor la reforma.

Se ha colaborado al máximo con los fiscales

Por su parte, el Colegio Nacional -el sector más conservador de este Cuerpo- ha emitido otro comunicado en el que recuerdan las acciones realizadas por los secretarios para ayudar en la labor de revisión de las causas y recuerda que la comunicación de cada letrado con los fiscales asignados a su juzgado viene siendo muy fluida, "por lo que cualquier incidencia que se pueda plantear es fácilmente detectable y subsanable de haberse dicho".

Afirman que se ha colaborado al máximo dándoles listados, y vista y conocimiento estos meses y masivamente de todo aquello que nos han solicitado. "A la fiscalía de siempre se les ha notificado la incoación de todo proceso de instrucción, confiando en que en sus dependencias tendrán ordenadamente toda la información necesaria para cumplir con esta obligación de control de plazos que hoy la ley les impone", señala el Colegio Nacional.

Acusación velada a los jueces

De no haberlo hecho, se preguntan qué destino han tenido las notificaciones que se le vienen realizando desde los juzgados. "Esta acusación no solo afecta a los letrados de justicia, sino a los jueces a quienes veladamente acusa de instruir procedimientos penales a espaldas del ministerio público, por lo que entendemos las asociaciones judiciales deberían igualmente reaccionar ante esta acusación sin fundamento y tan grave, concluyen.

Fuente: Europa Press