El administrador de comercio que pone a disposición del público una red Wi-Fi de modo gratuito, no puede ser considerado responsable de actividad ilícita realizada por un tercero a través de esa red siempre que: 1) no haya originado él mismo la transmisión, 2) no haya seleccionado al destinatario de la transmisión y 3) no haya seleccionado ni modificado los datos transmitidos.

Así lo ha declarado el TJUE en su sentencia de 15 de septiembre de 2016, asunto C?484/14 (Mc Fadden / Sony Music Entertainment).

En esta sentencia se resuelve una cuestión prejudicial presentada por un tribunal alemán, en relación con la posible responsabilidad del administrador de un comercio a través de cuya red Wi-Fi, gratuitamente abierta al público, se propuso ilícitamente la descarga de una obra musical de cuyos derechos de autor es titular Sony.

Si bien el tribunal alemán estima que dicho empresario no ha vulnerado personalmente los derechos de autor de que se trata, se plantea la posibilidad de considerar al mismo indirectamente responsable de esta vulneración porque su red Wi-Fi no estaba protegida.

La red Wi-Fi abierta como servicio de la sociedad de la información

En su sentencia, el Tribunal de Justicia constata, en primer lugar, que la puesta a disposición del público de una red Wi-Fi de modo gratuito para llamar la atención de potenciales clientes sobre los productos o servicios de un comercio constituye un «servicio de la sociedad de la información» contemplado por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

Requisitos para la exclusión de responsabilidad del titular de la red Wi-Fi

Dicha Directiva excluye la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios por una actividad ilícita iniciada por un tercero cuando su prestación consiste en una «mera transmisión» de información. Esta exclusión de responsabilidad se aplicará siempre que se cumplan tres requisitos acumulativos: que el prestador 1) no haya originado él mismo la transmisión, 2) no haya seleccionado al destinatario de la transmisión y 3) no haya seleccionado ni modificado los datos transmitidos.

En caso de que se cumplan los tres requisitos antes mencionados, un prestador de servicios que, como el titular del establecimiento en cuestión, facilita acceso a una red de comunicaciones no puede ser considerado responsable.

En consecuencia, el titular de derechos de autor no puede solicitar a ese prestador una indemnización debido a que la red ha sido utilizada por terceros para infringir sus derechos.

Y puesto que tal pretensión de indemnización no puede prosperar, también se excluye que el titular de derechos pueda solicitar el reembolso de los gastos relativos al requerimiento extrajudicial o las costas judiciales en relación con dicha pretensión.

En cambio, la Directiva no se opone a que el titular de derechos solicite a una autoridad o a un tribunal nacional que exija a dicho prestador poner fin a toda infracción de derechos de autor cometida por sus clientes o impedir tales infracciones.

Requerimiento para proteger la conexión a Internet mediante contraseña

Finalmente, el Tribunal de Justicia señala que un requerimiento judicial que ordene la protección de la conexión a Internet mediante una contraseña puede garantizar un equilibrio entre, por una parte, los derechos de propiedad intelectual de los titulares de derechos, y, por otra parte, el derecho a la libertad de empresa de los proveedores de acceso y el derecho a la libertad de información de los usuarios de la red.

El Tribunal de Justicia indica, en particular, que una medida de este tipo puede disuadir a los usuarios de una red de infringir derechos de propiedad intelectual. A este respecto, el Tribunal de Justicia observa, no obstante, que, para garantizar el logro de este efecto disuasorio, es necesario que los usuarios, para evitar que actúen de modo anónimo, estén obligados a revelar su identidad antes de poder obtener la contraseña.

Se excluye la supervisión de la información transmitida por una red concreta

En cambio, la Directiva excluye de modo expreso la adopción de una medida que tenga por objeto la supervisión de la información transmitida a través de una red concreta. Igualmente, una medida que consista en cerrar completamente la conexión a Internet, sin plantearse la adopción de medidas menos coercitivas a la libertad de empresa del proveedor de dicha conexión, no concilia los derechos concurrentes antes mencionados.