Según el Diccionario de la Lengua Española, un estibador es un “Trabajador que se ocupa en la carga y descarga de un buque u otro medio de transporte y distribuye convenientemente los pesos en él”. Pertenecientes a un sector que hasta hace unas semanas funcionaba con normalidad sin llamar la atención de los medios y la sociedad, los trabajadores portuarios se encuentran ahora en el ojo del huracán.
El sistema de contratación portuario
Es curioso cómo se organizan algunos sectores, cuya relevancia no es visible hasta que se da una crisis. En el pasado, la minería. Hoy, los estibadores, que controlan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones que se producen en España o, lo que se puede traducir por un 20% del PIB. Por tanto, una huelga como la que planteaban los trabajadores de las decenas de puertos, convocada en días alternos con parones en las horas impares, ralentizaría el tráfico de mercancías de manera muy perjudicial, con pérdidas diarias de millones de euros.
La razón de esta convocatoria radicaba en la obligación que tiene el Estado de liberalizar la contratación de trabajadores portuarios. En la actualidad, para poder trabajar en un puerto como estibador, tienes que formar parte de una Sociedad Anónima de Gestión Estibadores Portuarios (Sagep). Las empresas que operan en los diferentes puertos, ya sea de transporte de mercancías, de descarga de barcos o de carga de camiones, entre otras, solo pueden contratar trabajadores que pertenezcan a estas Sagep, a las que solo se puede acceder si te seleccionan las representaciones sindicales correspondientes. Las empresas, además, están obligadas a participar con capital en dichas sociedades, financiando su existencia.
La vulneración del artículo 49 del TFUE
El TJUE fue tajante en su sentencia de 11 diciembre de 2014, dictada por la Sala Sexta. El único sector de España donde la contratación no está liberalizada tenía que regularse de acuerdo a las normas de la Unión Europea en el plazo de dos años. De acuerdo con el texto de la sentencia, se produce una vulneración del artículo 49 TFUE, “al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sagep y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sagep, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado”.
Esta vulneración de la libertad de contratación y, por tanto, de la libertad de establecimiento, va directamente en contra de uno de los pilares de la UEel mercado único. La Comisión Europea, parte demandante, alega reiterada jurisprudencia del TJUE que se opone a cualquier medida nacional que, aunque se aplique sin discriminación, pueda hacer menos atractivo u obstaculizar para los ciudadanos comunitarios la libertad de establecimiento. Por su parte, España entiende que existen intereses legítimos que defiende al mantener ese sistema, como la seguridad de las aguas portuarias. Sin embargo, el TFUE considera que dichos intereses no son suficientes para justificar la vulneración.
Normativa planteada por el Gobierno y las pegas de los estibadores
Durante los últimos dos años y dos meses, desde que se dictase dicha sentencia, tanto las Sagep, como los sindicatos, la patronal y el Gobierno aseguran que han estado negociando. Pero el plazo para la liberalización de la contratación ha expirado y la posibilidad de una segunda sentencia condenatoria por incumplimiento de la primera, que suponga una sanción de 134.000 euros diarios a España, está al caer. Y las partes del conflicto lo saben.
El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene previsto aprobar el Real Decreto ley que acabe con esta situación el viernes 24 de febrero en el Consejo de Ministros, dando a los estibadores un poco más de margen para negociar. La intención del gobierno es eliminar la aportación obligatoria de capital de las empresas a las Sagep, que en un periodo de transición de tres años deberán convertirse en ETT o liquidarse.
Lo único que no quieren perder los estibadores, según se desprende de sus limitaciones a la liberalización de la contratación, es el control sobre las contrataciones y los despidos, ya que entienden que esta situación va a desembocar en un ERE encubierto. Para ello, proponen la creación de un registro nacional de trabajadores portuarios, aunque no concretan la manera de acceder a las listas. Este registro, según comunica el Gobierno, ha sido denegado por la UE, al tratarse de una réplica de lo que existe hasta el momento.
Los estibadores se apoyan en el Convenio 137 de la OIT, concretamente en el artículo 3 de dicha norma, para justificar la creación del registro: “1. Deberán establecerse y llevarse registros para todas las categorías de trabajadores portuarios, en la forma que determinen la legislación o práctica nacionales. 2. Los trabajadores portuarios registrados deberán tener la prioridad para el trabajo portuario.”. Así, además de la obligación de creación de los registros, también será prioritaria la contratación de trabajadores que allí se encuentren.
Los monopolios en la UE no están permitidos. La libre competencia es un principio que se asegura en el mercado único. En el caso de la contratación de trabajadores portuarios, está claro que nos encontramos ante un monopolio controlado por las Sagep que, además, obligan a participar a las empresas con capital. Este poder ha conseguido que los salarios de este gremio sean muy beneficiosos, ya que cuentan con medidas de presión muy efectivas. En el conflicto actual, las empresas han firmado acuerdos con las Sagep apoyando la creación del registro nacional de trabajadores portuarios, sin pronunciarse en ningún aspecto más.
