El pago de los peritajes realizados de oficio es un problema endémico de la práctica pericial. No sólo por la baja cuantía sino también por el retraso en la percepción de dichas cantidades. El consejo de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana reclamó en su última reunión la revisión del convenio suscrito entre la Administración de Justicia y determinados colegios profesionales en el que se fijó el precio de las actuaciones periciales. Un precio estimado entre 120 y 150 euros por pericia cuando se da el caso que muchas de ellas por tiempo, dedicación e investigación superan los 1.000 euros de costes.

Si bien se ha reclamado en numerosas ocasiones, a través de reuniones y peticiones por escrito, revisar dichas condiciones económicas lo cierto es que la nunca se ha hecho nada por cambiar la situación. Desde la Asociación de Perito se recuerda además que dicho acuerdo no afecta a todos los colegios profesionales por lo que se generan graves situaciones de desequilibrio profesional.

Paralelamente consideran que un problema añadido es que un perito inscrito en la lista de peritos judiciales no puede negarse cuando es requerido a participar en un caso de justicia gratuita so pena de poder ser expulsado de dicha lista.

En caso de considerar que el coste de su pericia puede superar la cantidad estipulada por la Administración pueden presentarle a ésta un presupuesto, supeditando la aceptación del caso a la aprobación de dicho presupuesto aún sabiendo que tardarán tiempo en percibirlo.

Sin embargo este proceso retrasa el procedimiento judicial emprendido por lo que suele ser rechazado por jueces y afectados quienes en dichos casos buscan otro perito en la bolsa de las listas judiciales. En dichas circunstancias hay peritos desconocedores del procedimiento, y que acaban de inscribirse en la bolsa de peritos, que aceptan estos casos viviendo la experiencia sólo una vez.