El Ministerio de Justicia ha iniciado hoy los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que sustituya a la vigente, aprobada en 1882. El ministro Juan Carlos Campo ha ordenado esta mañana la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto y ha mantenido una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

La redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales. El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la incluyó entre sus prioridades en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero, comprometiéndose a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.

La necesidad de agilizar el proceso penal y la de dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas ha convertido la creación de un nuevo texto en una demanda ampliamente defendida entre los operadores jurídicos, los académicos y las fuerzas políticas. Las líneas generales del nuevo anteproyecto adaptarán nuestro modelo de proceso penal al de la mayoría de países de nuestro entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías. 

El nuevo sistema liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia. La futura reforma también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.    

Desde su aprobación hace 138 años, la actual ley ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La norma, con disposiciones redactadas a lo largo de tres siglos, obliga a una reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales. Sus sucesivas reformas han provocado una progresiva acumulación de deficiencias estructurales producto de su inadecuación al tiempo presente, razón por la cual urge acometer la reforma integral que posibilite su actualización.