Tras el anuncio de la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de reforma del Código Penal, se han sucedido las reacciones en los ámbitos políticos y juridicales.

Ruíz-Gallardón ve "valiosa y avanzada" la prisión permanente revisable y defiende su constitucionalidad

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha puesto el foco en la defensa de una de las novedades más cuestionadas de la reforma, la prisión permanente revisable. Y en este sentido, ha defendido su "constitucionalidad". "Es una incorporación valiosa y avanzada en nuestra legislación penal", ha añadido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha defendido que esta pena de carácter "excepcional" ya forma parte de la legislación de terceros países y ha sido avalada por el Consejo de Estado y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según ha dicho, esta figura, dirigida a terroristas y casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima, es "plenamente compatible" con la reinserción y con el reproche del Estado ante una "agresión a la convivencia". Ello es así porque una vez cumplido un abanico de entre 25 a 35 años, se podrá revisar la situación del recluso.

La prisión permanente revisable, cuya constitucionalidad fue avalada por el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal aunque suscitó dudas en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se aplicará a homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros, así como en casos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad con homicidio.

Se reserva esta figura a asesinatos especialmente graves, como aquellos en los que la víctima sea menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los asesinatos múltiples o en aquellos cometidos por miembros de un grupo criminal.

"El mero cumplimiento del tiempo es condición necesaria, pero no suficiente", ha destacado Ruiz-Gallardón, en referencia a la necesidad de cumplir condena durante un abanico de 25 a 35 años de cárcel en función del delito y la peligrosidad del recluso.

Torres-Dulce señala que la reforma es necesaria y espera se haya corregido los defectos detectados en sus textos previos

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que la reforma del Código Penal era "necesaria" y espera que con la misma se hayan corregido los "defectos" que puso de manifiesto el Consejo Fiscal en su informe.

Torres-Dulce ha indicado que la reforma es "de un calibre importantísimo tanto en la parte general como en la especial".

Ha recordado que el Consejo Fiscal ya hizo un informe en el que "hacíamos ver las virtudes, pero también los defectos". "Espero, porque no conozco el texto final del Gobierno, que se hayan corregido", ha apostillado.
"Se trata del Código Penal que rige los aspectos más controvertidos, más conflictivos del pacto social y es preciso que cualquier reforma se haga pensando exclusivamente en que debe reflejar la realidad, pero no ser utilizado como el único instrumento para corregir defectos sociales que mediante una buena prevención del delito y mediante una buena actividad de las administraciones públicas e incluso el apoyo de los ciudadanos así se contemple", ha dicho. 

La portavoz del CGPJ lamenta que el proyecto incluya cambios sustanciales de los que el Consejo no ha sido informado

Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se ha quejado de que el proyecto de ley de reforma del Código Penal aprobado "haya introducido cambios sustanciales en el proyecto" sobre los que el CGPJ "no ha podido emitir informe".

En declaraciones a Europa Press, Bravo ha señalado que las nuevas figuras delictivas para la piratería o el aumento de la edad para el consentimiento sexual no figuraban en el anteproyecto que pudo estudiar el CGPJ. "Del texto que se remitió al CGPJ al que se pasó al Consejo de Estado hay una diferencia muy notable", ha asegurado.

"Se han introducido muchísimos cambios, nuevas cuestiones jurídicas, nuevos tipos sobre los que el CGPJ no ha podido opinar. Tratándose de temas que afectan a la política criminal del Estado, hubiera sido muy interesante que el Consejo hubiera podido dar su opinión", ha afirmado la magistrada.

Gabriela Bravo ha reconocido que "no es habitual" que "haya cambios tan importantes en el anteproyecto" tras pasar por el CGPJ, y ha atribuido esta decisión el Gobierno de Rajoy. "Quien tiene la autoridad sobre esta materia es el poder ejecutivo, que ha entendido que no era necesario remitirlo de nuevo al consejo", ha subrayado.

"Lo que siempre digo sobre el aumento de las penas, es que el Código Penal no va a resolver nunca los problemas a los que se enfrenta la sociedad", en opinión de Bravo, que prefiere crear "mecanismos para actuar preventivamente" contra la corrupción.

"El problema de la corrupción en nuestro país no se va a solucionar sólo aumentando las penas, sino que necesitamos un rearme moral de la sociedad", según la portavoz del CGPJ, para quien "en términos generales tenemos un Código Penal muy duro".

La Asociación Francisco de Vitoria ve en la reforma aspectos "populistas" y cuestiones "innecesarias"

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ve en la propuesta de modificación del Código Penal presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuestiones "claramente innecesarias", que responden a aspectos "populistas".

"Tiene luces y sombras. Hay cuestiones interesantes y otras que son claramente superfluas y claramente innecesarias y responden a aspectos meramente populistas", ha manifestado Armengol este viernes, en declaraciones a Europa Press.

En relación con la posible creación del delito de financiación ilegal de partidos políticos, ha afirmado que "todo lo que afecta a la corrupción se reguló en el año 2010 en el Código Penal, donde se incrementaron las penas y se amplió el plazo para prescribir hasta diez años".

"Lo que necesitamos los juzgados son mayores medios, mayor planta, mayor número de jueces, para poder investigar convenientemente todo este tipo de delitos, pero no es necesario, no es imprescindible la modificación del Código Penal", ha zanjado.

JpD ve una reforma "con tintes autoritarios y populistas" y que retrotrae a tiempos preconstitucionales

El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha afirmado este viernes que la propuesta de modificación del Código Penal presentada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es "una reforma con tintes autoritarios y populistas" que además "retrotrae a tiempos anteriores a la Constitución".

"No creemos que vaya a solucionar los problemas de fondo de nuestra sociedad", ha manifestado Bosch en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha explicado que España "se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia del ámbito europeo", mientras que "está a la cabeza en el porcentaje de presos por habitante y en el tiempo de cumplimiento de las condenas".

Por ello, según ha señalado el portavoz de JpD, "está claro que en todas las encuestas se detecta que no existe un problema de percepción de inseguridad ciudadana" en España y que, por tanto, "no existe justificación para el endurecimiento de penas que se practica o para la incorporación de medidas como la prisión permanente revisable", que, en su opinión, es "de dudosa constitucionalidad".

"Plantea una concepción autoritaria sobre el modelo de Estado y sobre el Derecho. Además, la reforma pone mucho énfasis en criminalizar formas de disidencia, a través de la introducción de nuevas conductas que se castigan y del incremento de penas de otras", ha denunciado.

A su juicio, aunque España se encuentra "en una situación de cierta conflictividad social", el Gobierno "lo que tendría que hacer es convencer a la ciudadanía con argumentos sobre la gestión que está realizando y no utilizar el Código Penal para castigar a los disconformes". (EUROPA PRESS)