Según informa hoy Almudena Vigil en el diario Expansión, el Ministerio de Justicia ha decidido entregar finalmente la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles. Tan sólo unos meses después de que tomara posesión como decano Gonzalo Aguilera, el Gobierno ha logrado desbloquear una medida que ya se anunció hace un año.
La decisión se había retrasado después de que los registradores de base se opusieran en abril de 2013 a asumir la gestión del Registro Civil sin una memoria económica que clarificara las condiciones en las que se iba a llevar a cabo y asegurara la viabilidad de esta nueva función para los registradores.
Esta guerra interna del colectivo llevó incluso a adelantar las elecciones a decano, resultando ganadora la lista que incluía a los disidentes, encabezada por Gonzalo Aguilera. Sin embargo, el decano, tras su toma de posesión, matizó en una entrevista al Diario de Noticias, que los registradores estarían dispuestos a asumir la gestión del Registro Civil siempre y cuando “se busque un sistema de financiación”, es decir, que sea viable económicamente y no suponga una carga extra para este cuerpo de fedatarios públicos. “La llevanza del Registro Civil supone un coste muy alto, y lógicamente habrá que buscarle una solución a esa financiación, pero en todo caso será el Ministerio quien lo decida”, apuntaba Aguilera.
La noticia la ha comunicado el propio decano de los registradores, que en una misiva enviada a sus compañeros, anunciaba el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia. “Esta asignación se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil”. El Ministerio informó a los representantes del colectivo el pasado lunes y ya han empezado a trabajar en ello.
Desmentido del Ministerio
Sin embargo, y según han informado a Europa Press fuentes de Justicia, el Ministerio no ha adoptado todavía ninguna decisión sobre su entrega a los registradores. Las mismas fuentes han añadido que se mantendrán los puestos de trabajo de los empleados, sin que esté previsto que haya ninguna movilidad.
Además, Justicia ha garantizado que todos los trámites del Registro Civil seguirán siendo gratuitos.
El Ministerio ha explicado que la ley de 2011 aprobada por el Gobierno socialista desjudicializaba el Registro Civil, sin delimitar si su gestión sería asumida por funcionarios públicos o por secretarios judiciales. Por ello, hay que fijarlo antes de que entre en vigor esta reforma, el próximo julio.
Reacciones
Las reacciones no han tardado en llegar. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, que califica la operación de “privatización”, ha señalado que “esta decisión va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aun sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimiento, defunciones, fe de vida, etc) que hasta ahora eran gratuitas”, algo que el Ministerio ha desmentido en repetidas ocasiones.
Este sindicato incide en que “supone la privatización de un servicio público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870”. Además, advierte de que “esta decisión deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España”.
Por su parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) han destacado que el Ministerio de Justicia les planteó hace un mes que "casi con toda probabilidad" se harían cargo del Registro Civil y por eso han exigido que aclare si ha cambiado su decisión para dejar este servicio en manos de los registradores.
En el mismo sentido se ha expresado el portavoz del SISEJ, Rafael Lafuente, que ha mostrado su sorpresa porque el Ministerio "subaste" este servicio entre dos ámbitos muy diferenciados y ha demandado que aclare si serán los registradores los que asumirán el Registro Civil.
"Nos preocupa que se vaya acercando la entrada en vigor de la reforma del Registro Civil y el Ministerio no tenga todavía una decisión definitiva", ha afirmado sobre la ley que entrará en vigor el próximo mes de julio y fue aprobada por el Gobierno socialista para desjudicializar el Registro Civil.
