El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de la Abogacía catalana se han manifestado contrarios a la tasa judicial catalana, cuya constitucionalidad ha sido recientemente confirmada por el TC.

Oposición del CGAE

El CGAE ha hecho público un comunicado por el que reclama a la Generalidad que derogue la tasa judicial catalana, porque rechaza "que los ciudadanos que viven en Cataluña queden sometidos a una doble imposición para poder reclamar sus derechos ante la Justicia".

La Abogacía señala que es radicalmente contraria a las tasas como sistema de financiación de la Justicia,  por lo que rechaza que los justiciables que viven en Cataluña queden sometidos a una doble imposición para poder reclamar sus derechos ante la Justicia, al tener que pagar tanto el tributo estatal como el catalán.

El Consejo General de la Abogacía Española respalda así las protestas de los Colegios de Abogados de Cataluña y su petición de que la Consellería de Justicia de la Generalitat derogue una tasa que supone una doble barrera para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia del Tribunal Constitucional justifica el tributo catalán porque “a diferencia de lo que sucede con la tasa del Estado, la autonómica no está enlazada con el acceso a la jurisdicción o a los recursos, ya que el pago de la misma no constituye condición de admisibilidad de los actos procesales” sino que se refiere  a los medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, una materia cuya competencia es de la Generalitat.

Sin embargo, “la conexión de las tasas estatales con la potestad jurisdiccional es directa y resulta patente que su impago lleva ineludiblemente aparejada la inadmisión del acto procesal al que la misma se anuda (art. 8.2 Ley 10/2012), siendo así conditio sine qua non para el propio ejercicio de la tutela judicial efectiva, el abono de la tasa autonómica carece, como no puede ser de otro modo, de toda consecuencia  impeditiva o retardataria del acceso a la jurisdicción”.

Tras conocer el sentido de la sentencia, la Abogacía recuerda que el pasado mes de octubre el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, envió una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pidiendo que “se agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales” por entender que ya ha imposibilitado o dificultado a miles de ciudadanos el acceso a la tutela judicial efectiva, como señalan también todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad presentados ante el alto tribunal.

La Abogacía catalana pide resolver la doble imposición de tasas

El Consejo de la Abogacía Catalana (Cicac), que representa a los 14 colegios de abogados en Cataluña, por su parte, ha pedido reunirse con el consejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, para "resolver urgentemente la doble imposición de tasas en Catalunya".

El Cicac considera que los justiciables catalanes reciben un "doble castigo" al tener tasas estatales y autonómicas y prevén reunirse con Gordó para encontrar soluciones que igualen el acceso a la Justicia para los catalanes respecto al resto de ciudadanos del Estado.

La Abogacía catalana se opone a cualquier tasa que impida el libre acceso del ciudadano a la justicia, y el presidente del Consejo, Miquel Sàmper, ha advertido de que "las tasas estatales pueden multiplicar por más de diez la cuantía de las de Cataluña, y además, el no pagarlas impide el acceso a la justicia, lo que no pasa con las catalanas".

Los procuradores piden a la Generalitat que no aplique la tasa judicial catalana

Por su parte, el Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña han pedido a la Generalitat que no aplique la tasa judicial catalana que supondrá una "doble imposición" que perjudicará a las empresas y ciudadanos, obstaculizando aún más su acceso a la Justicia.

En un comunicado, han considerado que la aplicación de la tasa catalana "perjudicaría aún más el acceso a la tutela judicial efectiva", ya que los catalanes deberían pagar más que los ciudadanos del resto del Estado.

Por ello, piden a la Generalitat que no la aplique, al menos hasta que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre la posible inconstitucionalidad de la tasa judicial estatal, que según este Consejo, es "excesiva y desproporcionada". (EUROPA PRESS)