A partir del uno de enero de 2016, todas las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia, se realizarán exclusivamente por medios electrónicos.
Así lo ha declarado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un encuentro con informadores jurídicos organizado por ACIJUR y Thomson Reuters Aranzadi, en el que ha comentado las recientes reformas legislativas impulsadas por su departamento, entre las que se encuentra el proyecto de Ley de reforma de la LEC aprobado el pasado viernes, que contempla esta medida.
Preguntado sobre las dudas que en el sector despierta la viabilidad de esa propuesta, el ministro se ha declardo convencido de que los profesionales saben que es un objetivo posible, porque todos ellos ya están acostumbrados a trabajar con herramientas electrónicas.
Para ello, se ha descartado el proceso progresivo de implantación que se estaba siguiendo hasta la fecha, en distintos organismos jurisdiccionales, para pasar a una implantación generalizada a partir de esa fecha. A este respecto, el ministro ha puesto el ejemplo de la implantación del euro como nueva moneda en nuestro país, que se hizo efectiva a partir de una fecha concreta.
Y en cuanto a las dificultades de implantación que puede presentar la medida, dadas las competencias de muchas Comunidades Autónomas en la materia, y las diferencia e incompatibilidades entre los diferentes sistemas informatizados de gestión procesal implantados en algunas de ellas, Rafael Catalá ha señalado que se trata de un compromiso general de todas las Administraciones, por lo que va incluido en una ley de alcance general como es la de reforma de la LEC.
Para ello, informó que ya se está trabajando tanto en un comité técnico, en el que están presentes todas las Comunidades Autónomas, como la conferencia sectorial.
El proyecto de reforma de la LEC
Según el proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el Gobierno aprobó el pasado viernes día 27, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán obligados a emplear los medios electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos procesales. Para hacerlo efectivo, la Administración competente deberá de habilitar los medios técnicos necesarios antes de dicha fecha.
En la reunión el ministro recordó otros aspectos igualmente destacados del proyecto, como que, para reforzar la certidumbre jurídica, en los juicios verbales se introducirá la contestación escrita a la demanda, de modo que el demandante conocerá los motivos de oposición. También se contempla evitar la citación de testigos innecesarios y la viabilidad de la prueba procesal sin suspender la vista.
Y otra novedad sobre la LEC hace referencia a la valoración de la posible existencia de cláusulas abusivas en los contratos, dentro de los procesos monitorios. La existencia declarada de las mismas podrá inadmitir, de oficio, la reclamación de pagos.
