Artículo 1 Ámbito de aplicación

1. Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad, los Estados miembros de la Unión Europea se prestarán asistencia mutua y cooperarán por medio de sus administraciones aduaneras, a fin de:

Prevenir e investigar las infracciones de las normativas aduaneras nacionales, así como

Perseguir y reprimir las infracciones de las normativas aduaneras comunitarias y nacionales.

2. Sin perjuicio del artículo 3, el presente Convenio no afectará a las disposiciones relativas a la asistencia judicial en materia penal entre las autoridades judiciales ni a las disposiciones más favorables de los acuerdos bilaterales o multilaterales vigentes entre los Estados miembros que regulan la cooperación tal como se contempla en el apartado 1 entre las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes de los Estados miembros, así como de los acuerdos celebrados en el mismo ámbito sobre la base de una legislación uniforme o de un régimen particular que prevea la aplicación recíproca de las medidas de asistencia.

Artículo 2 Competencias

Las Administraciones aduaneras aplicarán el presente Convenio dentro de los límites de las competencias que se les atribuyen en virtud de disposiciones nacionales. Ninguna disposición del presente Convenio podrá interpretarse como modificación de las competencias que en virtud de las disposiciones nacionales tengan conferidas las Administraciones aduaneras a que el presente Convenio se refiere.

Artículo 3 Relación con la asistencia judicial entre las autoridades judiciales

1. El presente Convenio se aplicará a la asistencia mutua y a la cooperación en investigaciones penales relativas a infracciones de las normativas aduaneras nacionales y comunitarias siempre que, en virtud de las disposiciones nacionales del Estado miembro de que se trate, tales investigaciones sean competencia de la autoridad requirente.

2. Cuando una autoridad judicial practique o dirija una investigación penal, dicha autoridad decidirá si la presentación de solicitudes de asistencia mutua o cooperación pertinentes se hará con arreglo a las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal o con arreglo a las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 4 Definiciones

A efectos del presente Convenio se entenderá por:

1. «Normativa aduanera nacional»: Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un Estado miembro cuya aplicación es competencia total o parcial de la Administración aduanera del mismo en lo que respecta:

Al tráfico transfronterizo de mercancías sujetas a medidas de prohibición, restricción o control, en particular las contempladas en los artículos 36 y 223 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea; A los impuestos especiales no armonizados.

2. «Normativa aduanera comunitaria»:

El conjunto de disposiciones comunitarias y de disposiciones adoptadas para la aplicación de la normativa comunitaria que regulan la importación, exportación, tránsito y permanencia de mercancías que sean objeto de intercambios entre los Estados miembros y países terceros, así como entre los Estados miembros en lo que respecta a las mercancías que no tengan estatuto comunitario con arreglo al apartado 2 del artículo 9 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o a las mercancías sujetas a controles o investigaciones complementarios para la determinación de un estatuto comunitario;

El conjunto de disposiciones adoptadas a nivel comunitario en el marco de la política agrícola común y de las normativas específicas adoptadas respecto a mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas;

El conjunto de disposiciones adoptadas a nivel comunitario para los impuestos especiales armonizados y para el Impuesto sobre el Valor Añadido sobre la importación, junto con las disposiciones nacionales que los aplican.

3. «Infracciones»: Los actos contrarios a la normativa aduanera nacional o comunitaria, que abarcan, entre otras cosas:

La participación en la comisión de tales infracciones, o intento de cometerlas;

La participación en una organización delictiva que cometa tales infracciones;

El blanqueo de dinero procedente de las infracciones mencionadas en el presente apartado.

4. «Asistencia mutua»: La prestación de asistencia entre las Administraciones aduaneras con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio.

5. «Autoridad requirente»: La autoridad competente del Estado miembro que formula una solicitud de asistencia.

6. «Autoridad requerida»: La autoridad competente del Estado miembro a la que se dirige una solicitud de asistencia.

7. «Administraciones aduaneras»: Las autoridades aduaneras de los Estados miembros, así como las demás autoridades responsables de la aplicación de las disposiciones del presente Convenio.

8. «Datos personales»: Toda información relativa a una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad puede determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.

9. «Cooperación transfronteriza»: La cooperación entre las Administraciones aduaneras que trasciende las fronteras de cada Estado miembro.

Artículo 5 Servicios centrales de coordinación

1. Los Estados miembros designarán un servicio central (servicio de coordinación) en sus respectivas autoridades aduaneras. Este servicio será responsable de recibir las solicitudes de asistencia mutua en aplicación del presente Convenio y de asegurar la coordinación de la asistencia mutua, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. Será también responsable de la cooperación con las demás autoridades que participen en las medidas de asistencia en aplicación del presente Convenio. Los servicios de coordinación de los Estados miembros mantendrán entre sí el contacto directo necesario, en particular en los casos previstos en el título IV.

2. La actividad de los servicios centrales de coordinación no excluirá, particularmente en los casos urgentes, la cooperación directa entre los demás servicios de las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Por razones de eficacia y de coherencia, los servicios centrales de coordinación serán informados de toda acción que recurra a esta cooperación directa.

3. Cuando la autoridad aduanera no sea competente en la tramitación de una solicitud o sólo lo sea parcialmente, el servicio central de coordinación remitirá la solicitud a la autoridad nacional competente e informará de ello a la autoridad requiriente.

4. Si por razones de hecho o de derecho no pudiera darse curso a la solicitud, el servicio de coordinación devolverá la solicitud a la autoridad requiriente, comunicando los motivos del impedimento.

Artículo 6 Funcionarios de enlace

1. Los Estados miembros podrán acordar el intercambio de funcionarios de enlace durante un período determinado o indeterminado en las condiciones convenidas entre ellos.

2. Los funcionarios de enlace no tendrán poder de intervención en el país de acogida.

3. Para fomentar la cooperación entre las Administraciones aduaneras de los Estados miembros, los funcionarios de enlace podrán, con el acuerdo o a solicitud de las autoridades competentes de los Estados miembros:

• a) Facilitar y acelerar el intercambio de información entre los Estados miembros;
• b) Prestar asistencia a las investigaciones que afecten a su Estado de origen o al Estado miembro que representen;
• c) Participar en la tramitación de las solicitudes de asistencia;
• d) Asesorar y asistir al país de acogida en la preparación y ejecución de operaciones transfronterizas;
• e) Realizar cualquier otra función que los Estados miembros puedan acordar entre ellos.

4. Los Estados miembros podrán acordar bilateral o multilateralmente el mandato y el lugar de destino de los funcionarios de enlace. Los funcionarios de enlace podrán también representar los intereses de uno o varios otros Estados miembros.

Artículo 7 Deber de indentificación

Salvo disposición contraria del presente Convenio, los funcionarios de la autoridad requirente que se hallen en otro Estado miembro para ejercer los derechos derivados del presente Convenio deberán estar siempre en condiciones de presentar una acreditación escrita que indique su identidad y su condición oficial.