Artículo 19 Inspección y control

19.1 Corresponde al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y a los ayuntamientos la potestad de inspección y control de las iluminaciones que puedan ser fuente de contaminación luminosa, la cual puede ser ejercida de oficio o como consecuencia de denuncia formulada por la persona interesada.

19.2 La actuación inspectora es ejercida por personal acreditado al servicio de la Administración respectiva, que tiene la condición de autoridad en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo que establece el artículo 19.4.

19.3 Los hechos constatados en el acta de inspección levantada por el personal acreditado tienen valor probatorio y, si procede, pueden dar lugar a la incoación del procedimiento sancionador correspondiente.

19.4 Las actuaciones de inspección y de control de las iluminaciones, en cuanto al cumplimiento de este reglamento, también pueden ser llevadas a cabo por entidades colaboradoras de la Administración de la Generalidad, debidamente acreditadas y deben contar con los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

19.5 Las entidades o personas inspeccionadas están obligadas a prestar la máxima colaboración para el desarrollo de las tareas de inspección y control.

Artículo 20 Tipificación de infracciones

20.1 Son infracciones leves las acciones o las omisiones siguientes:

• a) Vulnerar hasta dos horas el horario de uso de la iluminación.
• b) Exceder hasta el 20% los valores de Flujo de hemisferio superior instalado previstos en la tabla 2 del anexo del presente Decreto, o en las disposiciones municipales reguladoras de la contaminación luminosa que no supongan una disminución del nivel de protección.
• c) Instalar o utilizar fuentes de luz que sobrepasen los valores de luminancia previstos en la tabla 10 del anexo de este Decreto.
• d) Incurrir en cualquier otra acción u omisión que infrinja las determinaciones de la Ley 6/2001 o este reglamento y que no sea calificada de infracción grave o muy grave.

20.2 Son infracciones graves las acciones o las omisiones siguientes:

• a) Vulnerar por más de dos horas el horario de uso de la iluminación.
• b) Exceder de más del 20% los valores de Flujo de hemisferio superior instalado previsto en la tabla 2 del anexo del presente Decreto, o en las disposiciones municipales reguladoras de la contaminación luminosa que no supongan una disminución del nivel de protección.
• c) Modificar la iluminación exterior autorizada de forma que altere la intensidad de flujo luminoso, el espectro de emisión de la lámpara, o el Flujo de hemisferio superior instalado de manera que dejen de cumplir las prescripciones de la Ley 6/2001 y de este reglamento.
• d) Instalar o utilizar aparatos de alumbramiento que sobrepasen los valores de luminancia regulados en las tablas 8 y 9 del anexo de este reglamento.
• e) Instalar o utilizar aparatos de alumbramiento que sobrepasen los valores de iluminación establecidos en la tabla 5 del anexo del presente reglamento.
• f) Incumplir las prescripciones relativas a iluminación ornamental del artículo 10.3 y 10.4 de este reglamento.
• g) Incumplir los artículos 9.4 y 9.5 de este reglamento, relativos a los sistemas de regulación de flujo luminoso.
• h) Las luces que disponen de un certificado de acuerdo con el artículo 8.6, pero no cumplan con los requerimientos de este reglamento.
• i) Cometer una infracción tipificada como leve dentro de una zona E1.
• j) Obstruir la actividad inspectora y de control.
• k) Cometer dos o más infracciones leves.

20.3 Son infracciones muy graves las acciones o las omisiones siguientes:

• a) Cometer una infracción grave, si causa un perjuicio importante al medio.
• b) Cometer una infracción grave dentro de una zona E1 o en un punto de referencia.
• c) Cometer dos o más infracciones graves.

Artículo 21 Responsabilidad

La responsabilidad de las infracciones de este reglamento corresponde a las personas físicas y jurídicas que han participado en la comisión del hecho infractor.

Artículo 22 Incoación y tramitación de los expedientes sancionadores

22.1 Corresponde a los órganos competentes de las entidades locales la incoación y tramitación de los expedientes sancionadores instruidos por infracciones de las normas reguladas en la Ley 6/2001 y de este Decreto, cuando se trate de infracciones tipificadas como leves y graves.

22.2 Corresponde a los Servicios Territoriales del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda la incoación y tramitación de los expedientes sancionadores instruidos por infracciones de las normas reguladoras de la Ley 6/2001 y de este reglamento, cuando se trate de infracciones tipificadas como muy graves.

22.3 La tramitación de los expedientes sancionadores debe ajustarse a lo que prevé este reglamento, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común , la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad, en su caso, y la normativa vigente reguladora del procedimiento sancionador.

Artículo 23 Inicio del expediente sancionador

Los expedientes sancionadores se inician de oficio por actos de inspección levantados por el personal acreditado, por denuncias formuladas por agentes de la autoridad, o por denuncias de usuarios, entidades, asociaciones o personas interesadas.

Artículo 24 Plazo para resolver el expediente sancionador

El plazo máximo para resolver y notificar el expediente sancionador es de seis meses. Transcurrido este plazo se produce la caducidad del procedimiento de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 25 Órganos competentes para la resolución de expedientes sancionadores

25.1 El alcalde/esa es el órgano competente para la resolución de los expedientes sancionadores incoados por infracciones a las normas reguladoras de la Ley 6/2001 y del presente reglamento, cuando se trate de infracciones tipificadas como leve y grave.

25.2 El/la director/a general de Calidad Ambiental es el órgano competente para la resolución de los expedientes sancionadores incoados por infracciones a las normas reguladoras de la Ley 6/2001 y del presente reglamento, cuando se traten de infracciones tipificadas como muy graves.

25.3 Los órganos competentes para sancionar, de conformidad con lo que establecen los párrafos anteriores, se comunicarán mutuamente las sanciones firmes que hayan impuesto.

Artículo 26 Sanciones

26.1 Las infracciones leves se sancionan con multas de 150,25 euros a 601,02 euros; las infracciones graves se sancionan con multas de 601,02 euros a 3.005,06 euros y las infracciones muy graves se sancionan con multas de 3.005,07 euros a 30.050,60 euros. El Gobierno podrá actualizar mediante decreto estas multas, de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo.

26.2 Las sanciones se gradúan teniendo en cuenta la intencionalidad de la persona infractora, el grado de participación en el hecho por otro título que el de autor y la reincidencia.

26.3 Se considera reincidencia la comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme en vía administrativa.

26.4 Las sanciones a imponer por las infracciones previstas en la Ley y en este reglamento, son independientes de la obligación de indemnización por los daños y perjuicios causados a la biodiversidad del medio.

Artículo 27 Prescripción de las infracciones y sanciones

Las infracciones y las sanciones derivadas de la aplicación del presente Decreto, prescriben de acuerdo con lo establecido por el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 28 Medidas cautelares

28.1 Si se detecta la existencia de una actuación contraria a las determinaciones de la Ley 6/2001 y de este reglamento, la Administración competente, previo trámite de audiencia, tiene que requerir al interesado su corrección fijando un plazo a tal efecto.

28.2 En el caso de que el requerimiento a que se refiere el apartado 28.1 sea desatendido, la Administración competente puede acordar, por resolución motivada, y con audiencia previa al interesado, las medidas necesarias para desconectar la instalación y, si procede, precintar el alumbrado infractor.

28.3 Las medidas cautelares determinadas por este artículo se pueden adoptar simultáneamente al acuerdo de incoación del procedimiento sancionador o en cualquier otro momento posterior de la tramitación, y no se pueden alargar más de tres meses.

Artículo 29 Multas coercitivas y reparación de daños

29.1 Se pueden imponer multas coercitivas, de una cuantía máxima de 601,01 euros, y un máximo de tres de consecutivas, para constreñir al cumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas cautelares o de las resoluciones sancionadoras que se hayan dictado.

29.2 Si una infracción de la Ley 6/2001 y de este reglamento causa un daño a la biodiversidad del medio, el responsable tiene la obligación de repararlo, y tiene que retornar prioritariamente la situación al estado originario, previo a la alteración. Si la reparación no es posible, el responsable de la infracción tiene que indemnizar por los daños y perjuicios.

29.3 La imposición de multas coercitivas y la exigencia de la reparación del daño o de la indemnización por los daños y perjuicios causados es compatible con la imposición de las sanciones que correspondan.

Primera

A partir de la entrada en vigor de este Decreto las modificaciones de las instalaciones de la iluminación exterior existentes deben cumplir los requerimientos de este reglamento.

Segunda

El Observatorio Astronómico del Montsec queda establecido como punto de referencia. Se define como área de influencia de este punto el territorio de los municipios del Consorcio del Montsec, el cual está considerado como zona de protección E1.

Tercera

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y el Departamento de Trabajo e Industria llevarán a cabo de forma coordinada la adopción de medidas para implementar sistemas de iluminación exterior que tengan presente las mejores técnicas disponibles en: prevención a la contaminación luminosa, ahorro de energía, eficiencia energética y desarrollo sostenible.

Primera

De acuerdo con el artículo 5.4, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda comunicará a cada ayuntamiento la zonificación de su término municipal según el grado de protección a la contaminación luminosa y, éste dispondrá de un año para comunicarle las propuestas razonadas de modificación de la zonificación de su municipio.

De acuerdo con el artículo 5.5, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda aprobará el mapa de la protección a la contaminación luminosa en Cataluña no más allá de dos años de la entrada en vigor del presente Decreto.

Segunda

1. Los ayuntamientos comunicarán el Plan municipal de adecuación de la iluminación exterior existentes que prevé el artículo 12, a la Oficina para la Prevención de la Contaminación Luminosa antes del 31 de diciembre del 2007.

2. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, durante el año 2005, llevará a cabo el asesoramiento para elaborar y promover planes piloto en el ámbito comarcal de proyectos de adecuación de los alumbrados existentes a los requerimientos de este Decreto.

3. De acuerdo al artículo 14 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 6/2001, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda convocará ayudas para la ejecución de los planes municipales de la adaptación de la iluminación exterior a partir de los presupuestos del 2006.

Tercera

La iluminación exterior existente en fecha a la entrada en vigor de este Decreto tanto de titularidad pública como privada debe cumplir las prescripciones de la Ley 6/2001 y del presente reglamento no más allá del 31 de agosto de 2009.

Primera

El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda constituirá una comisión de prevención de la contaminación luminosa con los diversos sectores implicados, con la finalidad de asesorar, de impulsar y de promover la aplicación del presente Decreto.

Segunda

Este Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.