Artículo 1 Objeto de la ley y régimen jurídico

La presente ley tiene por objeto:

• 1. El desarrollo del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, para acceder a los servicios públicos y en la tramitación de los procedimientos administrativos.
• 2. La regulación del régimen jurídico de la administración electrónica y de los procedimientos administrativos electrónicos en dicho ámbito subjetivo.
• 3. El impulso de la plena incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad administrativa al objeto de favorecer una mayor transparencia en la actividad administrativa y la apertura de nuevos cauces a la participación ciudadana y de la sociedad civil.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. La presente ley será aplicable a:

• a) La administración de La Generalitat.
• b) Las instituciones de La Generalitat reguladas en el capítulo VI del título III del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
• c) Las entidades que integran la administración local de la Comunitat Valenciana, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éstas, entendiéndose incluidos los consorcios, con o sin participación de la administración de La Generalitat.Véase Res [COMUNIDAD VALENCIANA] 30 julio 2010, del director general de Cohesión Territorial, por la que se ordena publicar un texto de ordenanza municipal reguladora del uso de la administración electrónica («D.O.C.V.» 28 septiembre).
• d) Las corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales de la Comunitat Valenciana.

2. La ley se aplica igualmente a las actividades y relaciones jurídicas que realicen o mantengan entre sí o con la ciudadanía todas las entidades a que se refieren las letras a a d del apartado anterior de este artículo, siempre que dichas actividades o relaciones no se hallen sometidas al derecho privado.

3. Las sociedades mercantiles en las que exista participación mayoritaria de la administración de La Generalitat y las fundaciones del sector público de La Generalitat, reguladas en el título III de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de La Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, así como las asociaciones constituidas por La Generalitat y otras administraciones, además de las obligaciones establecidas en la legislación mercantil o en la de asociaciones y fundaciones, quedarán sujetas a la presente ley en los términos siguientes:

• a) Deberán disponer, como mínimo, de una dirección electrónica diferenciada en Internet que incluirá la imagen corporativa de La Generalitat, y que se sujetará a los términos y condiciones del artículo 9.3 de esta ley. Reglamentariamente se determinará y desarrollará el contenido mínimo informativo que deban ofrecer a la ciudadanía, y se regulará el grado de integración en la sede electrónica de La Generalitat.
• b) Deberán disponer de medios electrónicos que habiliten la comunicación y notificación y, en su caso, la tramitación, la contratación y el pago electrónicos.
• c) Les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 y en el capítulo II del título II de esta ley.

Lo señalado en las letras anteriores de este apartado 3 será de aplicación supletoria para el resto de sociedades mercantiles y fundaciones públicas o asociaciones dependientes, constituidas o integradas por otras administraciones distintas de La Generalitat, en defecto de normativa propia reguladora. No obstante, el artículo 16 de la presente ley será de aplicación directa a todas ellas.

4. Las personas físicas y jurídicas privadas con domicilio en la Comunitat Valenciana que suscriban convenios de financiación con las administraciones públicas (europeas, estatal, autonómicas o locales), y cuyas cuantías superen los 30.000 euros, deberán disponer de una dirección electrónica en internet, en la que además de las obligaciones que le pueda imponer la legislación específica en materia de servicios de sociedad de la información, ofrecerán información suficiente sobre el carácter y contenido fundamental del convenio, e incluir la referencia a la administración que suscribe el mismo. Todo ello en los términos y con el alcance que se determinen reglamentariamente.

5. A las empresas concesionarias de servicios públicos y, en general, a las empresas que contraten con las administraciones públicas para la realización de actividades, entrega de bienes o prestación de servicios de naturaleza pública, les será de aplicación la presente ley en los términos y con el alcance que se determinen reglamentariamente.

Las administraciones públicas recogerán, en los pliegos técnicos de las contrataciones que pretendan llevar a cabo las prescripciones de la presente ley, y en especial todo lo referido al reconocimiento de los derechos ciudadanos que en ésta se incluyen.

Artículo 3 Modelo tecnológico de administración electrónica

1. La Generalitat promueve un modelo tecnológico de la Comunitat Valenciana sustentado sobre el concepto de tecnología social que, en materia de administración electrónica, se centra en los principios generales enunciados en el presente capítulo, además de en los que con carácter básico se citan en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de trabajo y procedimientos administrativos, en los servicios públicos y en las relaciones entre las administraciones y de éstas con la ciudadanía, se sustentará sobre el respeto, protección y fomento de los derechos constitucionales de la persona, favoreciendo su desarrollo y removiendo cualquier obstáculo que impida o dificulte la plenitud de su ejercicio evitando cualquier tipo de exclusión.

3. Las políticas de administración electrónica que implemente La Generalitat dentro de su planificación estratégica en materia de tecnologías de la información y la comunicación y de sociedad del conocimiento tenderán a garantizar e impulsar el derecho de los valencianos y valencianas a la formación tecnológica y a un uso accesible, eficiente, equitativo y sostenible de las nuevas tecnologías en sus relaciones con las administraciones públicas.

4. De igual manera, dichas políticas se dirigirán a profundizar en una administración común de calidad de la Comunitat Valenciana, especializada, con empleadas y empleados públicos en permanente formación y actualización, de servicio objetivo al interés general y orientada totalmente a la ciudadanía, invirtiendo en una atención excelente a cada persona para la óptima satisfacción de sus pretensiones, intereses y derechos o para la facilitación del cumplimiento de sus deberes.

5. La Generalitat facilitará al tejido asociativo, pymes y ciudadanía en general los formularios o las herramientas de desarrollo de la comunicación electrónica con la administración, a través de sus sedes electrónicas.

Artículo 4 Principios generales de administración electrónica

1. Son principios generales de administración electrónica en la Comunitat Valenciana los siguientes:

• a) Principios de organización de la administración electrónica
  • 1.º Principio de cambio cultural organizativo, entendiendo la inmersión tecnológica como instrumental y coadyuvante de la auténtica transformación de la administración.
  • 2.º Principios de innovación, calidad, modernización y actualización permanentes de la administración electrónica.
  • 3.º Principios de cooperación interadministrativa y de participación de la ciudadanía, de las servidoras y servidores públicos y de sus organizaciones sindicales representativas dentro de las administraciones públicas, así como de los sectores y colectivos implicados en la administración electrónica.
  • 4.º Principio de fomento del capital intelectual.
  • 5.º Principio de gratuidad general de la administración electrónica, de tal manera que solo podrán establecerse por su utilización contraprestaciones económicas a cargo de la ciudadanía con carácter excepcional, y sin que éstas puedan superar el coste derivado de dicho. Además, en la medida en que la implantación de la administración electrónica vaya reduciendo el impacto económico derivado de la incorporación de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, se promoverá la correlativa reducción de los tributos o precios públicos existentes que se exijan por su utilización o acceso.
• b) Principios de orientación a la ciudadanía
  • 1.º Principio de información eficiente, es decir, accesible, usable, completa, exacta, actualizada, segura, clara, íntegra, correcta y veraz, de consulta sencilla, organización y estructuración jerarquizada, homogénea e interoperable.
  • 2.º Principio de estabilidad de la información ofrecida sobre vías electrónicas, entendido como valor de seguridad informativa y también jurídica.
  • 3.º Principio de celeridad en la tramitación y en la notificación de los actos administrativos, que promueve la reducción de los plazos máximos cuando el procedimiento se gestione por medios electrónicos.
  • 4.º Principio de responsabilidad general por los contenidos e información propios difundidos electrónicamente.
  • 5.º Principio de orientación total a la ciudadanía.
  • 6.º Principio de administración común, concibiéndose como administración integrada e integral, con vocación de servicio único, sencillo y eficiente al ciudadano o ciudadana, con independencia de qué órgano o entidad en concreto le preste los servicios o de qué medio utilice a tal efecto.
  • 7.º Principio de libertad de elección tecnológica en el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos o a procedimientos administrativos.
  • 8.º Principio de inalterabilidad de la relación jurídica administrativa mantenida a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
  • 9.º Principio de progresivo ejercicio de los derechos derivados de la relación electrónica, correlativamente a su implantación gradual en los procedimientos.

2. Los principios generales señalados en los apartados anteriores de este artículo inspirarán la interpretación normativa y la actuación de las administraciones públicas del ámbito de aplicación de la presente ley.

Artículo 5 Definiciones

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por «administraciones » o «administraciones públicas» las administraciones, instituciones, entidades y corporaciones señaladas en el apartado 1 del artículo 2 de la presente ley, salvo que por el contexto en que se mencionen se infiera un ámbito diferente, bien más estricto o más amplio.

De igual manera, y con la misma salvedad del anterior párrafo, dentro del término «entidades» que se utilice a lo largo de la presente ley, se entenderán englobadas todas las citadas o aludidas en todos los apartados del artículo 2 de la misma.

A los mismos efectos, se entenderá por sector público de La Generalitat el conjunto de entidades mencionadas en los apartados 1, letras a y b, y 3, párrafo primero, del artículo 2 de la presente ley.

2. Además, se entienden incorporados, con el sentido allí expresado, los términos que figuran relacionados en el anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. En particular, dentro del término allí recogido de «ciudadano» se comprenderá igualmente el de «ciudadanía» que se utiliza en la presente ley.