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LEY 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD VALENCIANA
  • Publicado en DOCV núm. 6296 de y BOE núm. 178 de
  • Vigencia desde 14 de Julio de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2014

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones Generales

Artículo 1 Entidades locales

1. La Comunitat Valenciana se organiza en municipios, comarcas y provincias a las que se garantiza la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

2. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales, las entidades locales menores, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios.

Artículo 2 Legislación sobre régimen local

1. Las entidades locales valencianas se regirán por lo dispuesto en la presente ley y en la normativa que la desarrolle, sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica estatal.

2. Los reglamentos orgánicos de cada entidad local serán de aplicación en todo lo no previsto por la legislación básica, por la presente ley y, en su caso, por los reglamentos que la desarrollen.

Artículo 3 Registro de Entidades Locales

Se crea el Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana, que estará adscrito a la Consellería competente en materia de régimen local. En él se inscribirán todas las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

Los datos del Registro de las Entidades Locales de la Comunitat Valenciana serán públicos. Su organización y funcionamiento se regulará mediante reglamento.

Véase D [COMUNIDAD VALENCIANA] 15/2011, 18 febrero, del Consell, por el que se regula el Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana («D.O.C.V.» 22 febrero 2011). Ir a Norma

Artículo 4 Lengua oficial de las entidades locales

El valenciano, como lengua propia de la Comunitat Valenciana, lo es también de la administración local y de cuantas corporaciones e instituciones públicas dependan de aquélla.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, toda la ciudadanía tiene derecho a escoger la lengua oficial, valenciano o castellano con que relacionarse con las entidades locales, y éstas tienen el deber correlativo de atenderla en la lengua escogida, en los términos establecidos en la legislación sobre uso del valenciano.