Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero

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Sumario

L.O. 1/2004, 28 diciembre, rectificada por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 12 abril 2005). LE0000212454

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org醤ica.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La violencia de g閚ero no es un problema que afecte al 醡bito privado. Al contrario, se manifiesta como el s韒bolo m醩 brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos m韓imos de libertad, respeto y capacidad de decisi髇.

Nuestra Constituci髇 incorpora en su art韈ulo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad f韘ica y moral, sin que en ning鷑 caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Adem醩, contin鷄 nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes p鷅licos y s髄o por ley puede regularse su ejercicio.

La Organizaci髇 de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoci� ya que la violencia contra las mujeres es un obst醕ulo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Adem醩 la define ampliamente como una manifestaci髇 de las relaciones de poder hist髍icamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definici髇 t閏nica del s韓drome de la mujer maltratada que consiste en 玪as agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que act鷄n sobre el g閚ero masculino y femenino, situ醤dola en una posici髇 de subordinaci髇 al hombre y manifestadas en los tres 醡bitos b醩icos de relaci髇 de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresi髇 sexual en la vida social y acoso en el medio laboral�.

En la realidad espa駉la, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en 閜ocas anteriores sobre 閟ta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de g閚ero. Ya no es un 玠elito invisible�, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social.

II

Los poderes p鷅licos no pueden ser ajenos a la violencia de g閚ero, que constituye uno de los ataques m醩 flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminaci髇 proclamados en nuestra Constituci髇. Esos mismos poderes p鷅licos tienen, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 9.2 de la Constituci髇, la obligaci髇 de adoptar medidas de acci髇 positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obst醕ulos que impiden o dificultan su plenitud.

En los 鷏timos a駉s se han producido en el derecho espa駉l avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de g閚ero, tales como la Ley Org醤ica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Dom閟tica e Integraci髇 Social de los Extranjeros; la Ley Org醤ica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protecci髇 de las V韈timas de la Violencia Dom閟tica; adem醩 de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Aut髇omas, dentro de su 醡bito competencial. Todas ellas han incidido en distintos 醡bitos civiles, penales, sociales o educativos a trav閟 de sus respectivas normativas.

La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto se puede citar la Convenci髇 sobre la eliminaci髇 de todas las formas de discriminaci髇 sobre la mujer de 1979; la Declaraci髇 de Naciones Unidas sobre la eliminaci髇 de la violencia sobre la mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la 鷏tima Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pek韓 en septiembre de 1995; la Resoluci髇 WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud p鷅lica proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resoluci髇 de la Comisi髇 de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaraci髇 de 1999 como A駉 Europeo de Lucha Contra la Violencia de G閚ero, entre otros. Muy recientemente, la Decisi髇 n.� 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acci髇 comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los j髒enes y las mujeres y proteger a las v韈timas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la posici髇 y estrategia de los representantes de la ciudadan韆 de la Uni髇 al respecto.

El 醡bito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atenci髇 posterior a las v韈timas, como la normativa civil que incide en el 醡bito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, as� como el principio de subsidiariedad en las Administraciones P鷅licas. Igualmente se aborda con decisi髇 la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula.

La violencia de g閚ero se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socializaci髇 y educaci髇.

La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socializaci髇.

La Ley establece medidas de sensibilizaci髇 e intervenci髇 en al 醡bito educativo. Se refuerza, con referencia concreta al 醡bito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las v韈timas a trav閟 del reconocimiento de derechos como el de la informaci髇, la asistencia jur韉ica gratuita y otros de protecci髇 social y apoyo econ髆ico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formaci髇 de los operadores sanitarios, policiales y jur韉icos responsables de la obtenci髇 de pruebas y de la aplicaci髇 de la ley.

Se establecen igualmente medidas de sensibilizaci髇 e intervenci髇 en el 醡bito sanitario para optimizar la detecci髇 precoz y la atenci髇 f韘ica y psicol骻ica de las v韈timas, en coordinaci髇 con otras medidas de apoyo.

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan tambi閚 a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, v韈timas directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla tambi閚 su protecci髇 no s髄o para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protecci髇 adoptadas respecto de la mujer.

III

La Ley se estructura en un t韙ulo preliminar, cinco t韙ulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y siete disposiciones finales.

En el t韙ulo preliminar se recogen las disposiciones generales de la Ley que se refieren a su objeto y principios rectores.

En el t韙ulo I se determinan las medidas de sensibilizaci髇, prevenci髇 y detecci髇 e intervenci髇 en diferentes 醡bitos. En el educativo se especifican las obligaciones del sistema para la transmisi髇 de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la educaci髇 es el de proporcionar una formaci髇 integral que les permita conformar su propia identidad, as� como construir una concepci髇 de la realidad que integre a la vez el conocimiento y valoraci髇 閠ica de la misma.

En la Educaci髇 Secundaria se incorpora la educaci髇 sobre la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de g閚ero como contenido curricular, incorporando en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer.

En el campo de la publicidad, 閟ta habr� de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicaci髇 p鷅licos como en los privados. De otro lado, se modifica la acci髇 de cesaci髇 o rectificaci髇 de la publicidad legitimando a las instituciones y asociaciones que trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio.

En el 醡bito sanitario se contemplan actuaciones de detecci髇 precoz y apoyo asistencial a las v韈timas, as� como la aplicaci髇 de protocolos sanitarios ante las agresiones derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se remitir醤 a los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisi髇 encargada de apoyar t閏nicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley.

En el t韙ulo II, relativo a los derechos de las mujeres v韈timas de violencia, en su cap韙ulo I, se garantiza el derecho de acceso a la informaci髇 y a la asistencia social integrada, a trav閟 de servicios de atenci髇 permanente, urgente y con especializaci髇 de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Con el fin de coadyuvar a la puesta en marcha de estos servicios, se dotar� un Fondo al que podr醤 acceder las Comunidades Aut髇omas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial.

Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jur韉ica gratuita, con el fin de garantizar a aquellas v韈timas con recursos insuficientes para litigar una asistencia letrada en todos los procesos y procedimientos, relacionados con la violencia de g閚ero, en que sean parte, asumiendo una misma direcci髇 letrada su asistencia en todos los procesos. Se extiende la medida a los perjudicados en caso de fallecimiento de la v韈tima.

Se establecen, asimismo, medidas de protecci髇 en el 醡bito social, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las v韈timas de la violencia de g閚ero, posibilitar su movilidad geogr醘ica, la suspensi髇 con reserva del puesto de trabajo y la extinci髇 del contrato.

En id閚tico sentido se prev閚 medidas de apoyo a las funcionarias p鷅licas que sufran formas de violencia de las que combate esta Ley, modificando los preceptos correspondientes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci髇 P鷅lica.

Se regulan, igualmente, medidas de apoyo econ髆ico, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para que las v韈timas de la violencia de g閚ero generen derecho a la situaci髇 legal de desempleo cuando resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de trabajo.

Para garantizar a las v韈timas de violencia de g閚ero que carezcan de recursos econ髆icos unas ayudas sociales en aquellos supuestos en que se estime que la v韈tima debido a su edad, falta de preparaci髇 general especializada y circunstancias sociales no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad, se prev� su incorporaci髇 al programa de acci髇 espec韋ico creado al efecto para su inserci髇 profesional. Estas ayudas, que se modular醤 en relaci髇 a la edad y responsabilidades familiares de la v韈tima, tienen como objetivo fundamental facilitarle unos recursos m韓imos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor; dichas ayudas ser醤 compatibles con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las V韈timas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual.

En el t韙ulo III, concerniente a la Tutela Institucional, se procede a la creaci髇 de dos 髍ganos administrativos. En primer lugar, la Delegaci髇 Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que corresponder�, entre otras funciones, proponer la pol韙ica del Gobierno en relaci髇 con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia, que necesariamente habr醤 de comprender todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garant韆 de los derechos de las mujeres. Tambi閚 se crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un 髍gano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendr� como principales funciones servir como centro de an醠isis de la situaci髇 y evoluci髇 de la violencia sobre la mujer, as� como asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboraci髇 de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia.

En su t韙ulo IV la Ley introduce normas de naturaleza penal, mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos agravados de lesiones, uno espec韋ico que incremente la sanci髇 penal cuando la lesi髇 se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que est� o haya estado ligada a 閘 por una an醠oga relaci髇 de afectividad, aun sin convivencia. Tambi閚 se castigar醤 como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase cometidas contra las mujeres mencionadas con anterioridad.

Para la ciudadan韆, para los colectivos de mujeres y espec韋icamente para aquellas que sufren este tipo de agresiones, la Ley quiere dar una respuesta firme y contundente y mostrar firmeza plasm醤dolas en tipos penales espec韋icos.

En el t韙ulo V se establece la llamada Tutela Judicial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situaci髇 jur韉ica, familiar y social de las v韈timas de violencia de g閚ero en las relaciones intrafamiliares.

Desde el punto de vista judicial nos encontramos ante un fen髆eno complejo en el que es necesario intervenir desde distintas perspectivas jur韉icas, que tienen que abarcar desde las normas procesales y sustantivas hasta las disposiciones relativas a la atenci髇 a las v韈timas, intervenci髇 que s髄o es posible a trav閟 de una legislaci髇 espec韋ica.

Una Ley para la prevenci髇 y erradicaci髇 de la violencia sobre la mujer ha de ser una Ley que recoja medidas procesales que permitan procedimientos 醙iles y sumarios, como el establecido en la Ley 27/2003, de 31 de julio, pero, adem醩, que compagine, en los 醡bitos civil y penal, medidas de protecci髇 a las mujeres y a sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con car醕ter de urgencia.

La normativa actual, civil, penal, publicitaria, social y administrativa presenta muchas deficiencias, debidas fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta cuesti髇 una respuesta global y multidisciplinar. Desde el punto de vista penal la respuesta nunca puede ser un nuevo agravio para la mujer.

En cuanto a las medidas jur韉icas asumidas para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situaci髇 jur韉ica, familiar y social de las v韈timas de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, se han adoptado las siguientes: conforme a la tradici髇 jur韉ica espa駉la, se ha optado por una f髍mula de especializaci髇 dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucci髇, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y excluyendo la posibilidad de creaci髇 de un orden jurisdiccional nuevo o la asunci髇 de competencias penales por parte de los Jueces Civiles. Estos Juzgados conocer醤 de la instrucci髇, y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, as� como de aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean objeto de tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la mediaci髇 garantista del debido proceso penal en la intervenci髇 de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo m醩 m韓imo las posibilidades legales que esta Ley dispone para la mayor, m醩 inmediata y eficaz protecci髇 de la v韈tima, as� como los recursos para evitar reiteraciones en la agresi髇 o la escalada en la violencia.

Respecto de la regulaci髇 expresa de las medidas de protecci髇 que podr� adoptar el Juez de Violencia sobre la Mujer, se ha optado por su inclusi髇 expresa, ya que no est醤 recogidas como medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que s髄o regula la prohibici髇 de residencia y la de acudir a determinado lugar para los delitos recogidos en el art韈ulo 57 del C骴igo Penal (art韈ulo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley Org醤ica 14/1999, de 9 de junio, de modificaci髇 del C骴igo Penal de 1995, en materia de protecci髇 a las v韈timas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Adem醩 se opta por la delimitaci髇 temporal de estas medidas (cuando son medidas cautelares) hasta la finalizaci髇 del proceso. Sin embargo, se a馻de la posibilidad de que cualquiera de estas medidas de protecci髇 pueda ser utilizada como medida de seguridad, desde el principio o durante la ejecuci髇 de la sentencia, incrementando con ello la lista del art韈ulo 105 del C骴igo Penal (modificado por la Ley Org醤ica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal), y posibilitando al Juez la garant韆 de protecci髇 de las v韈timas m醩 all� de la finalizaci髇 del proceso.

Se contemplan normas que afectan a las funciones del Ministerio Fiscal, mediante la creaci髇 del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisi髇 y coordinaci髇 del Ministerio Fiscal en este aspecto, as� como mediante la creaci髇 de una Secci髇 equivalente en cada Fiscal韆 de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales a las que se adscribir醤 Fiscales con especializaci髇 en la materia. Los Fiscales intervendr醤 en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia est� atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, adem醩 de intervenir en los procesos civiles de nulidad, separaci髇 o divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores en los que se aleguen malos tratos al c髇yuge o a los hijos.

En sus disposiciones adicionales la Ley lleva a cabo una profunda reforma del ordenamiento jur韉ico para adaptar las normas vigentes al marco introducido por el presente texto. Con objeto de armonizar las normas anteriores y ofrecer un contexto coordinado entre los textos legales, parte de la reforma integral se ha llevado a cabo mediante la modificaci髇 de normas existentes. En este sentido, las disposiciones adicionales desarrollan las medidas previstas en el articulado, pero integr醤dolas directamente en la legislaci髇 educativa, publicitaria, laboral, de Seguridad Social y de Funci髇 P鷅lica; asimismo, dichas disposiciones afectan, en especial, al reconocimiento de pensiones y a la dotaci髇 del Fondo previsto en esta Ley para favorecer la asistencia social integral a las v韈timas de violencia de g閚ero.

En materia de r間imen transitorio se extiende la aplicaci髇 de la presente Ley a los procedimientos en tramitaci髇 en el momento de su entrada en vigor, aunque respetando la competencia judicial de los 髍ganos respectivos.

Por 鷏timo, la presente Ley incluye en sus disposiciones finales las habilitaciones necesarias para el desarrollo normativo de sus preceptos.