Penal

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El TS rechaza aplicar la excusa absolutoria para víctimas de trata a una mujer que transportaba droga en su cuerpo para una organización

29 de febrero de 2024 Jurisprudencia PENAL

Esta cláusula está prevista para el delito de trata de seres humanos, pero no para un delito contra la salud pública constituido por un acto aislado de cooperación, en donde lo que cabría es analizar si concurre la eximente de estado de necesidad, que también pidió la defensa de la acusada, a causa de la penuria económica y condiciones personales de la mujer

El TS se pronuncia sobre la revocación de la donación por ingratitud por el ejercicio de acciones penales por el donatario contra el donante

15 de enero de 2024 Jurisprudencia DONACIÓN

La revocación queda excluida cuando "el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario". No se puede exigir a los donatarios que permanezcan impasibles cuando son víctimas o perjudicados por el delito cometido por el donante. Sin embargo, tampoco puede ampararse en derecho una imputación falaz de un delito contra el donante por el donatario, lo que exige efectuar un juicio prudente de ponderación de las circunstancias que concurran  

El Supremo absuelve a un conductor ebrio porque empujar un coche no es conducir

El verbo empleado en los tipos penales es conducir, y no puede efectuarse una interpretación extensiva en perjuicio del reo, por lo que empujar un vehículo dirigiendo el volante desde el exterior del vehículo no es conducir porque no hubo un verdadero manejo de los mecanismos de conducción del vehículo, y por ello el Supremo absuelve al acusado del delito contra la seguridad vial  

Resolución 17 de diciembre de 2023 de la Secretaría de Estado de Justicia: Convenio en materia de acceso a la información notarial por parte de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

27 de diciembre de 2023 Noticias ORGA

En su función de gestión, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos precisa tener conocimiento de la situación notarial de los bienes gestionados, por una parte, a efectos de evitar actuaciones antieconómicas y proponer al órgano judicial la medida de administración o conservación que resulte más adecuada y garantice el máximo beneficio económico, y, por otra parte, para llevar a cabo los procedimientos de realización de los bienes de conformidad con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico