Los Administradores Concursales demandan reconocimiento y una reforma concursal que no les deje de lado en la mayoría de los procedimientos de insolvencia. Así lo reclamaron en la primera edición de los Premio a la Excelencia Concursal de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), que tuvo lugar este martes en el museo Lázaro Galdiano de Madrid. Diego Comendador, presidente de la Asociación, remarcó la necesidad de que la profesión "sea reconocida por la sociedad y por el legislador".
El evento contó con el patrocinio de Wolters Kluwer y fue dirigido por el periodista Gonzalo Bans. ASPAC otorgó el Premio al desarrollo e investigación del derecho de la insolvencia a Ángel Rojo Fernández-Río, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, por su papel en la divulgación del Derecho Concursal y su figura como padre de esta disciplina. Fernando Gómez Martín recibió un reconocimiento póstumo por su aportación a la profesión del Administrador Concursal. El Premio a la mejor pieza periodística fue para Guillermo Ginés, del periódico ABC, mientras que el periodista Lalo Agustina, de La Vanguardia, consiguió la mención como finalista.
Propuestas al Gobierno
Paula Novo, secretaria técnica del Ministerio de Justicia
Al encuentro acudió Paula Novo, secretaria técnica del Ministerio de Justicia, quien tuvo la oportunidad de escuchar las propuestas de los Administradores sobre la futura reforma de la ley concursal, resultado de la transposición de las normas comunitarias. Ante las quejas de gran parte del sector, la representante del ministerio recordó que el proyecto de ley "aún está en proceso de elaboración". Llamó a la calma y aseguró que el texto "será enriquecido por las aportaciones que se han realizado desde diferentes estamentos de la profesión".
El actual borrador de la ley vio la luz en agosto. Fue una publicación sorpresiva, muy criticada por los administradores, que denunciaron que apenas contaron con margen para presentar quejas. El trámite legislativo avanza y el ministerio espera ahora los dictámenes preceptivos con la opinión del Consejo General del Poder Judicial, la CNMC, la CNMV o el Banco de España.
Estas aportaciones, aseguró Novo, harán que el anteproyecto "sea enriquecido y mejorado". En especial con la llegada de "la debida inversión", en referencia a los fondos Next Generation y al plan de Justicia 2030 para la transformación digital de los juzgados. Un colchón económico que, para la secretaria del ministerio, garantizará la "modernización de los concursos de acreedores". El Ejecutivo planea dar más autonomía a los insolventes en la gestión de su propio concurso para ganar en rapidez.
Críticas al anteproyecto
Diego Comendador, Paula Novo y Cristina Sancho
Los administradores, sin embargo, ven costuras en el plan. Advierten, más bien, una hoja de ruta para reducir de forma drástica su intervención en los concursos, algo que, auguran, aumentará el número de concursos culpables.
"En el 90 por ciento de los procedimientos pura y simplemente se prescinde del administrador concursal", subrayó Diego Comendador en su intervención, quien transmitió su esperanza de que "estos premios sirvan para que la profesión sea reconocida por la sociedad y por el legislador". "Estamos al servicio de la sociedad. No se puede concebir un procedimiento concursal sin un administrador concursal. Somos el hilo conductor entre el deudor, el insolvente y el juzgado", recordó. El presidente de ASPAC también abogó por librar a los juzgados de tareas superfluas y papeles que los saturan y derivar estas gestiones a los administradores, para "desjudicializar el concurso" y reducir listas de espera. Además, reclamó un acceso regulado a la profesión con exámenes, con el fin de garantizar que "el administrador está capacitado para desarrollar su trabajo".
En su turno, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, remarcó el compromiso con la ASPAC para colaborar en la "dignificación de la profesión de la administración concursal", en un periodo de crisis como el actual donde "se prevé una avalancha de asuntos en los juzgados de lo mercantil y en las salas especializadas de las audiencias provinciales y del Tribunal Supremo a partir de 2022", cuando termine la moratoria concursal.
En este contexto, Sancho puso de relieve las soluciones que Wolters Kluwer puede aportar en áreas de conocimiento estratégico de la profesión, para asumir las tareas de forma "más ágil y productiva". Como los cursos y webinars gratuitos organizados durante la pandemia; la obra actualizable Práctica Concursal, de Jordi Albiol; los artículos de actualidad en las secciones jurídicas de El País y Cinco Días y en Diario La Ley; las revistas de Smarteca, como la nueva La Ley Insolvencia; las bases de datos de Jurimetría y La Ley Digital; o los softwares para la gestión concursal Gioconda Administración Concursal y Gioconda Subastas y Licitaciones.
Premios a los periodistas
Guillermo Ginés, premio a la mejor pieza periodística
Seguidamente, Guillermo Ginés, del periódico ABC, recibió el Premio a la mejor pieza periodística, por su artículo La moratoria de los concursos crea una legión de empresas zombis. El redactor agradeció el reconocimiento a ASPAC y a Wolters Kluwer por valorar "la labor de los periodistas económicos", en un contexto donde, como subrayó, "hay que escribir cada vez más deprisa porque la inmediatez manda".
Por su parte, Lalo Agustina, de La Vanguardia, fue reconocido como finalista por sus reportajes Miles de autónomos y asalariados buscan ya su segunda oportunidad; No todos van al cielo: del ludópata exonerado al reincidente condenado; y No había para salvar empresas. El periodista remarcó el desafío que supone escribir sobre temas económicos y reclamó la ayuda del sector en la tarea, para "hacer pedagogía y ayudar a trasladar el mensaje de lo que es un concurso de acreedores".
Premio póstumo a Fernando Gómez Martín
Dos de los hijos de Fernando Gómez reciben el reconocimiento a su padre por su labor divulgativa en vida
Impartió decena de cursos, conferencias y seminarios y publicó más de un centenar de obras. Participó en más de 500 suspensiones de pagos y de quiebras de concursos de acreedores. Quienes lo conocieron lo definen como una persona sencilla, discreta, que no se daba importancia, pero era generoso a la hora de compartir conocimiento. Así fue Fernando Gómez Martín, a quien la ASPAC reconoció a título póstumo por su dilatada aportación a la investigación concursal. Los hijos de Gómez Martín, Alfonso e Íñigo, recogieron el galardón de las manos de Unai Olabarrieta, vicepresidente de ASPAC. Iñigo expresó que estaba "convencido" de que, a sus 86 años, su padre "seguiría al pie del cañón, porque amaba su profesión, y porque la encontraba útil y digna", agregó. Por su parte, Alfonso remarcó "la gran generosidad con los compañeros" de la que hacía gala: "Si aprendí algo de Derecho Concursal era por escucharle horas y horas hablando con compañeros, exponiendo sus dudas y ayudándoles", aseguró.
Premio al desarrollo e investigación del derecho de la insolvencia
Ángel Rojo Fernández, Premio al desarrollo e investigación del derecho de la insolvencia
Por último, el catedrático Ángel Rojo Fernández recibió el Premio al desarrollo e investigación del derecho de la insolvencia como reconocimiento a toda una vida consagrada a la divulgación y el estudio del Derecho Concursal.
Recibió el premio de las manos de Paula Novo y Diego Comendador y agradeció el reconocimiento a ASPAC. En su discurso, quiso recordar la labor de antiguos compañeros que trabajaron con él en la comisión de lo que luego fue la ley concursal, mencionando al magistrado Don Luis Vacas Medina y los catedráticos Manuel Olivencia y Jorge Carrero. "Ellos me enseñaron muchísimo", destacó.
Asimismo, Rojo aprovechó la ocasión para dirigir tres peticiones al ministerio: que no se suprima una figura tan necesaria como lo es la del administrador concursal, que se repare el error de no permitir la exoneración del crédito público y que se tenga en cuenta que “sin un buen administrador concursal, no hay concurso”, de cara a la especialización de los profesionales de la insolvencia. El catedrático demandó un examen "serio y riguroso" para garantizar el acceso a la profesión, así como una "mayor especialización" del personal de los juzgados, como fórmula para reducir la dilata duración de los procedimientos.
Opiniones tras el evento
Paula Novo, secretaria general técnica del ministerio de Justicia:
"El objetivo de la transposición de la directiva es lograr un concurso más eficiente, que consiga mayores cuotas de recuperación y que reduzca la duración del concurso para evitar la depreciación del valor de los bienes y la destrucción del tejido productivo"
"Estamos valorando las alegaciones que se han realizado. Hay que decir que no se ha entendido bien el libro tercero. El deudor no autoliquida sus bienes, sino que hay una plataforma, que es la que vende y la que paga. Pero obviamente habrá que analizar las posturas de todos los operadores jurídicos e implicados para lograr una mayor satisfacción"
"En torno al segundo trimestre del 2022 la ley debería estar en Cortes"
Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales:
"Lo mejor del anteproyecto son los procesos de restructuraciones, aunque es un poco farragoso. También la voluntad del legislador de acortar los procedimientos. Pero sin que esto compense las negativas".
"El procedimiento especial será, en realidad, general, ya que acaparará el 90 por ciento de los concursos y se prescindirá de la actuación de los administradores concursales. Se le deja al deudor que liquide su patrimonio autónomamente, lo que es un peligro para la transparencia del procedimiento. Sin duda hará que aumenten los concursos culpables".
"Los privilegios que tienen el crédito público son exagerados. Esto hará que muchos empresarios no tengan derecho a la segunda oportunidad".
Carlos Caicoya, administrador concursal:
"Ahora tenemos un periodo de incertidumbre. La ley concursal fue concebida como una fórmula para refinanciar empresas, y a su vez, para satisfacer a los acreedores de forma ordenada. Esto no se ha conseguido con el texto de 2003".
"El anteproyecto se publica el 4 de agosto y el día 25 se termina el plazo para hacer alegaciones. Esto provoca que los profesionales que generalmente están de vacaciones tengamos que hacer un esfuerzo en el estudio de un texto extraño y extenso, y el periodo de las alegaciones es escaso. No sé si obedece a un criterio de oportunismo o simplemente ha sido al azar. Me inclino por lo primero, porque la propuesta incluye medidas muy sangrantes para los acreedores y para los administradores concursales".
