El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y las fundaciones ONCE y Aequitas han realizado un importante esfuerzo de concreción jurídica a la hora de estudiar y debatir la Ley 8/2021. Este trabajo previo por parte de los expertos ha permitido impulsar esta reforma normativa, que ha contado con el consenso de todos los grupos parlamentarios", manifestó ayer Meritxell Batet, presidenta del Congreso, en la apertura de las jornadas sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Este foro, que ha celebrado en el Congreso de los Diputados el 13 y 14 de diciembre, ha sido organizado por las Fundaciones ONCE y Aequitas, el Consejo General del Notariado (CGN) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Durante dos días, políticos, notarios, fiscales, magistrados, juristas; representantes del tercer sector y del movimiento asociativo de las personas con discapacidad ponen en común sus reflexiones sobre diferentes aspectos de esta normativa, que ha transformado la realidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Potenciar la actuación preventiva

"La nueva ley modifica los instrumentos de garantía jurídica de la persona con discapacidad, subrayando la importancia de la actuación preventiva de apoyo. Asimismo, revisa la capacidad jurídica del colectivo, abordando dificultades que no procedían de las personas, sino del entorno jurídico, que a veces podía convertirse en un obstáculo", aseguró Batet.    

El acto inaugural también contó con las intervenciones de Nel González Zapico, vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Almudena Castro-Girona, directora de Aequitas; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y Aequitas.

González Zapico hizo hincapié en que "era fundamental cambiar el sistema de toma de decisiones vigente por el del respeto a la voluntad. Otro aspecto importante ha sido la revisión de las medidas de apoyo. Sin embargo-aseguró- debemos seguir trabajando intensamente para dotar a la norma de recursos, desarrollando mecanismos que la hagan efectiva, con una red de apoyos amplia y adecuada".

Para Alberto Durán, "la ley supone una reforma sin precedentes en nuestra legislación; un paso más en la capacidad de decidir del colectivo, que ahora puede asumir su derecho a acertar o a equivocarse. Los operadores jurídicos -como jueces, fiscales, abogados, notarios- han removido y revisado el derecho de las personas con discapacidad desde la mirada del siglo XXI".

Almudena Castro-Girona resaltó el éxito de convocatoria de las jornadas, "con cerca de seiscientas personas conectadas online", asegurando que "ahora toca a políticos, representantes sociales y operadores jurídicos -como los notarios- poner en marcha este nuevo sistema, que reforma la columna vertebral de nuestro ordenamiento y nos coloca como pioneros a nivel europeo y mundial."

Por último, Martínez Sanchiz señaló que "la Ley 8/2021 constituye un hito fundamental, resultado del diálogo de la sociedad civil con los políticos, que llevan años trabajando conjuntamente con las organizaciones sociales. Entre todos, debemos aprender a llevar a efecto el postulado de esta ley. Los notarios nos esforzaremos por superar las barreras que encontremos en el camino”. "Revisando la historia de la discapacidad- señaló-esta ley significa progreso y nos permite ver hacia donde tenemos que ir. Es un camino y una bandera que levantarán las barreras que limitan el ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad”.

¿Qué implica la Ley para nosotros?

El primero de los paneles de debate tuvo como epígrafe ¿Que implica la ley para nosotros?. Con la moderación de Gregorio Saravia -delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad- tuvo como protagonistas a Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena Inclusión España; Cristina Rodríguez Porrero, de la Unión Democrática de Pensionistas; Jesús García Lorente, director general de la Confederación Autismo España, y Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia de la Confederación ASPACE (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral).

Para Paredero "esta reforma permite, por primera vez, escuchar y poner el foco en las personas con discapacidad. Es un gran paso adelante, ahora somos iguales ante la Ley, algo que nunca debía haberse vulnerado". "Muchas personas con discapacidad se hacen mayores y viceversa"- señalaba Porrero- "La unión de discapacidad y edad nos hace ser más vulnerables. Estas discapacidades 'sobrevenidas' con los años se conocen menos y aparecen en momentos de vida complicados". Según Lorente, con la reforma se debe "conseguir que las personas con discapacidad sean dueños de su propia vida; algo que debiera parecer obvio". Por último, Blanco apuntó que "la nueva legislación supone el establecimiento de apoyos hechos a medida para las personas con discapacidad, incluidas aquellas que precisan de mayores necesidades, como el colectivo de afectados por la parálisis cerebral"

Mesa legislativa

Diputados y ponentes de la Ley 8/2021 integraron la siguiente mesa redonda del encuentro, como Miguel Ángel González Caballero (G. P. Socialista), Genís Boadella (G. P. Plural) y Miguel Ángel Jerez (G. P. Popular). Este coloquio tuvo como moderador a Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE y de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.

Caballero destacó la ingente tarea legislativa llevada a cabo en el arco parlamentario desde 2017 para "acometer la reforma más ambiciosa de la democracia, que llegó a tener más de 500 enmiendas". Jerez coincidió en que "difícilmente podemos ver una ley tan transversal como ésta, que haya afectado por su alta complejidad a tantas normas. En su momento, la aprobamos con ilusión y con un sentimiento de reparación y justicia". Boadella concluyó apuntando "el buen entendimiento alcanzado por todos los grupos en esta materia; este consenso es política con mayúsculas".

Entidades sociales

La primera sesión se clausuró con la voz de los representantes de las entidades sociales, como Mar Barbero, directora gerente de FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral) y moderadora; Ignacio Recondo, presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Oscar Moral, presidente del CERMI Madrid; Miguel Ángel Cabra de Luna, secretario general de la plataforma de Mayores y Pensionistas y Cristina Gómez Palomo, presidenta del CERMI Castilla-La Mancha.

Moral expresó su preocupación por "las resistencias a aplicar el nuevo ordenamiento por parte de algunas entidades o personas. Debemos apelar a la responsabilidad de todos para poner en marcha esta ley. Es una oportunidad para restaurar los derechos del colectivo, reconociendo su dignidad y su derecho a la igualdad". Recondo demandó "campañas de formación sobre la norma, que deben extenderse a todas las familias y a los diversos sectores implicados en la materia". Palomo aludió a la necesidad por parte de las familias de "respetar la voluntad y capacidad de decisión de nuestros hijos con discapacidad".

Para finalizar, Cabra de Luna resaltó el peso del colectivo de jubilados y pensionistas en el sector: "Dos terceras partes de las personas con discapacidad, más del 75%, son mayores de 65 años. Según los datos, de los 400.000 miembros del colectivo, 250.000 son mayores. Con esta nueva ley, se acabó incapacitar a un mayor para quedarse con sus bienes en una herencia preventiva". 

Apoyos Voluntarios

La segunda sesión se abrirá hoy con el análisis de los Apoyos Voluntarios: Ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones voluntarios. El presidente honorario de la Unión Internacional del Notariado (UINL), José Marqueño, dirigirá este coloquio, en el que participarán las notarias Almudena Castro-Girona (directora de Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL) y Carmen Velasco (vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco); Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y coordinador de la Red de Juristas Plena Inclusión; y Agustín Matía, director gerente de Down España.

Apoyos Judiciales

A continuación, se profundizará sobre los apoyos judiciales diseñados en la nueva normativa sobre discapacidad. Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo y moderador; María José Segarra, fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la protección de las personas con discapacidad y mayores; José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y Albino Escribano, decano del Colegio de Abogados de Albacete serán los ponentes en este capítulo.

Clausura

Almudena Castro-Girona clausurará las jornadas, poniendo en común las conclusiones alcanzadas por los participantes. En este acto intervinieron diversos diputados que han formado parte del patronato de la Fundación Aequitas a lo largo de sus más de veinte  años de existencia: Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarría y Francisco Vañó.