Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislaci髇 civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jur韉ica

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• Art韈ulo primero燤odificaci髇 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862
• Art韈ulo segundo燤odificaci髇 del C骴igo Civil
• Art韈ulo tercero燤odificaci髇 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946
• Art韈ulo cuarto燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
• Art韈ulo quinto燤odificaci髇 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci髇 del C骴igo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad
• Art韈ulo sexto燤odificaci髇 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil
• Art韈ulo s閜timo燤odificaci髇 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci髇 Voluntaria
• Art韈ulo octavo燤odificaci髇 del C骴igo de Comercio
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燫間imen de colaboraci髇 entre la Administraci髇 de Justicia y las entidades del Tercer Sector de Acci髇 Social
  • Disposici髇 adicional segunda燜ormaci髇 en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jur韉ica
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera燩rivaciones de derechos actualmente existentes
  • Disposici髇 transitoria segunda燬ituaci髇 de tutores, curadores, defensores judiciales y guardadores de hecho. Situaci髇 de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Situaci髇 de las declaraciones de prodigalidad
  • Disposici髇 transitoria tercera燩revisiones de autotutela, poderes y mandatos preventivos
  • Disposici髇 transitoria cuarta燬ustituciones realizadas en virtud del art韈ulo 776 del C骴igo Civil
  • Disposici髇 transitoria quinta燫evisi髇 de las medidas ya acordadas
  • Disposici髇 transitoria sexta燩rocesos en tramitaci髇
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal
  • Disposici髇 final segunda燭韙ulos competenciales
  • Disposici髇 final tercera燛ntrada en vigor

Art韈ulo primero Modificaci髇 de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862

La Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica la letra a) del art韈ulo 23 con la siguiente redacci髇:
  • 玜) La afirmaci髇 de dos personas, mayores de edad, que conozcan al otorgante y sean conocidas del Notario, siendo aquellos responsables de la identificaci髇.�
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• Dos. Se a馻de un nuevo p醨rafo al final del art韈ulo 25 con la siguiente redacci髇:

  玃ara garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que comparezcan ante Notario, estas podr醤 utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes razonables que resulten precisos, incluyendo sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura f醕il, pictogramas, dispositivos multimedia de f醕il acceso, int閞pretes, sistemas de apoyos a la comunicaci髇 oral, lengua de signos, lenguaje dactilol骻ico, sistemas de comunicaci髇 t醕til y otros dispositivos que permitan la comunicaci髇, as� como cualquier otro que resulte preciso.�

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• Tres. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 54, que queda redactado como sigue:

  �1. Los c髇yuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, podr醤 acordar su separaci髇 matrimonial o divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulaci髇 de un convenio regulador en escritura p鷅lica. Deber醤 prestar su consentimiento ante el Notario del 鷏timo domicilio com鷑 o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.�

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• Cuatro. Se modifica el p醨rafo tercero del apartado 1 del art韈ulo 56, que queda redactado como sigue:

  獵uando cualquiera de los interesados fuera menor y careciera de representante legal, o fuera persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario comunicar� esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designaci髇 de un defensor judicial.�

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• Cinco. Se modifica el segundo p醨rafo del apartado 3 del art韈ulo 57, que queda redactado como sigue:

  獵uando cualesquiera de los interesados fuera menor y careciera de representante legal o persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario comunicar� esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designaci髇 de un defensor judicial.�

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• Seis. Se modifica el apartado 3 del art韈ulo 62, que queda redactado como sigue:

  �3. Cuando cualquiera de las referidas personas fuese menor y careciera de representante legal o fuese persona con discapacidad sin apoyo suficiente, el Notario comunicar� esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designaci髇 de un defensor judicial.�

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• Siete. Se modifica la letra c) del apartado 1 del art韈ulo 70, que queda redactada como sigue:
  • 玞) Las deudas de alimentos en las que est閚 interesados menores, ni las que recaigan sobre materias indisponibles u operaciones sujetas a autorizaci髇 judicial.�
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• Ocho. Se modifica la letra a) del apartado 2 del art韈ulo 81, que queda redactada como sigue:
  • 玜) Las cuestiones en las que se encuentren interesados los menores.�
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Art韈ulo segundo Modificaci髇 del C骴igo Civil

El C骴igo Civil queda modificado como sigue:

• Uno. El segundo p醨rafo del art韈ulo 9.6 pasa a tener la siguiente redacci髇:

  獿a ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con discapacidad ser� la de su residencia habitual. En el caso de cambio de residencia a otro Estado, se aplicar� la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en Espa馻 de las medidas de apoyo acordadas en otros Estados. Ser� de aplicaci髇, sin embargo, la ley espa駉la para la adopci髇 de medidas de apoyo provisionales o urgentes.�

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• Dos. El apartado 8 del art韈ulo 10 queda redactado de la siguiente forma:

  �8. En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en Espa馻, las personas f韘icas que gocen de capacidad de conformidad con la ley espa駉la solo podr醤 invocar su discapacidad resultante de la ley de otro pa韘 si, en el momento de la celebraci髇 del contrato, la otra parte hubiera conocido tal discapacidad o la hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte.�

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• Tres. El segundo p醨rafo del art韈ulo 15.1 queda redactado en los siguientes t閞minos:

  獷sta declaraci髇 de opci髇 se formular�, seg鷑 los casos, por el propio optante, solo o con los apoyos que la persona con discapacidad, en su caso, precise, o por su representante legal. Cuando la adquisici髇 de la nacionalidad se haga por declaraci髇 o a petici髇 del representante legal, la autorizaci髇 necesaria deber� determinar la vecindad civil por la que se ha de optar.�

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• Cuatro. El apartado 2 del art韈ulo 20 se redacta del siguiente modo:

  �2. La declaraci髇 de opci髇 se formular�:

  • a) Por el representante legal del optante menor de catorce a駉s. En caso de discrepancia entre los representantes legales del menor de catorce a駉s sobre la tramitaci髇 de la declaraci髇 de opci髇, se tramitar� el expediente de jurisdicci髇 voluntaria previsto al efecto.
  • b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aqu閘 sea mayor de catorce a駉s.
  • c) Por el interesado, por s� solo, si est� emancipado o es mayor de dieciocho a駉s. La opci髇 caducar� a los veinte a駉s de edad, pero si el optante no estuviera emancipado seg鷑 su ley personal al llegar a los dieciocho a駉s, el plazo para optar se prolongar� hasta que transcurran dos a駉s desde la emancipaci髇.
  • d) Por el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que, en su caso, precise.
  • e) Por el interesado, por s� solo, dentro de los dos a駉s siguientes a la extinci髇 de las medidas de apoyo que le hubieran impedido ejercitarla con anterioridad.�
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• Cinco. Se modifican las letras c) y d) del art韈ulo 21.3 con el siguiente texto:
  • 玞) El representante legal del menor de catorce a駉s. En caso de discrepancia entre los representantes legales sobre la solicitud de nacionalidad por residencia, se tramitar� el expediente de jurisdicci髇 voluntaria previsto al efecto.
  • d) El interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que, en su caso, precise.�
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• Seis. La letra c) del art韈ulo 22.2 se redacta del siguiente modo:
  • 玞) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, curatela con facultades de representaci髇 plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o instituci髇 espa駉les durante dos a駉s consecutivos, incluso si continuare en esta situaci髇 en el momento de la solicitud.�
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• Siete. Se modifica el p醨rafo primero del art韈ulo 81, que queda redactado as�:

  玈e decretar� judicialmente la separaci髇 cuando existan hijos menores no emancipados o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebraci髇 del matrimonio:�

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• Ocho. El art韈ulo 82 queda redactado con el siguiente tenor:

  �1. Los c髇yuges podr醤 acordar su separaci髇 de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebraci髇 del matrimonio mediante la formulaci髇 de un convenio regulador ante el letrado de la Administraci髇 de Justicia o en escritura p鷅lica ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequ韛oca de separarse, determinar醤 las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separaci髇 en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 90. Los funcionarios diplom醫icos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podr醤 autorizar la escritura p鷅lica de separaci髇.

  Los c髇yuges deber醤 intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el letrado de la Administraci髇 de Justicia o notario. Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deber醤 otorgar el consentimiento ante el letrado de la Administraci髇 de Justicia o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.

  2. No ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en este art韈ulo cuando existan hijos en la situaci髇 a la que se refiere el art韈ulo anterior.�

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• Nueve. Se a馻de un nuevo segundo p醨rafo al art韈ulo 91, que queda redactado as�:

  獵uando al tiempo de la nulidad, separaci髇 o divorcio existieran hijos comunes mayores de diecis閕s a駉s que se hallasen en situaci髇 de necesitar medidas de apoyo por raz髇 de su discapacidad, la sentencia correspondiente, previa audiencia del menor, resolver� tambi閚 sobre el establecimiento y modo de ejercicio de estas, las cuales, en su caso, entrar醤 en vigor cuando el hijo alcance los dieciocho a駉s de edad. En estos casos la legitimaci髇 para instarlas, las especialidades de prueba y el contenido de la sentencia se regir醤 por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil acerca de la provisi髇 judicial de medidas de apoyo a las personas con discapacidad.�

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• Diez. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 94, que queda redactado as�:

  獿a autoridad judicial determinar� el tiempo, modo y lugar en que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores podr� ejercitar el derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compa耥a.

  Respecto de los hijos con discapacidad mayores de edad o emancipados que precisen apoyo para tomar la decisi髇, el progenitor que no los tenga en su compa耥a podr� solicitar, en el mismo procedimiento de nulidad, separaci髇 o divorcio, que se establezca el modo en que se ejercitar� el derecho previsto en el p醨rafo anterior.

  La autoridad judicial adoptar� la resoluci髇 prevista en los p醨rafos anteriores, previa audiencia del hijo y del Ministerio Fiscal. As� mismo, la autoridad judicial podr� limitar o suspender los derechos previstos en los p醨rafos anteriores si se dieran circunstancias relevantes que as� lo aconsejen o se incumplieran grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resoluci髇 judicial.

  No proceder� el establecimiento de un r間imen de visita o estancia, y si existiera se suspender�, respecto del progenitor que est� incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad f韘ica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro c髇yuge o sus hijos. Tampoco proceder� cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia dom閟tica o de g閚ero. No obstante, la autoridad judicial podr� establecer un r間imen de visita, comunicaci髇 o estancia en resoluci髇 motivada en el inter閟 superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluaci髇 de la situaci髇 de la relaci髇 paternofilial.

  No proceder� en ning鷑 caso el establecimiento de un r間imen de visitas respecto del progenitor en situaci髇 de prisi髇, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el p醨rafo anterior.

  Igualmente, la autoridad judicial podr� reconocer el derecho de comunicaci髇 y visita previsto en el apartado segundo del art韈ulo 160, previa audiencia de los progenitores y de quien lo hubiera solicitado por su condici髇 de hermano, abuelo, pariente o allegado del menor o del mayor con discapacidad que precise apoyo para tomar la decisi髇, que deber醤 prestar su consentimiento. La autoridad judicial resolver� teniendo siempre presente el inter閟 del menor o la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad.�

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• Once. El art韈ulo 96 se redacta del siguiente modo:

  �1. En defecto de acuerdo de los c髇yuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponder� a los hijos comunes menores de edad y al c髇yuge en cuya compa耥a queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayor韆 de edad. Si entre los hijos menores hubiera alguno en una situaci髇 de discapacidad que hiciera conveniente la continuaci髇 en el uso de la vivienda familiar despu閟 de su mayor韆 de edad, la autoridad judicial determinar� el plazo de duraci髇 de ese derecho, en funci髇 de las circunstancias concurrentes.

  A los efectos del p醨rafo anterior, los hijos comunes mayores de edad que al tiempo de la nulidad, separaci髇 o divorcio estuvieran en una situaci髇 de discapacidad que hiciera conveniente la continuaci髇 en el uso de la vivienda familiar, se equiparan a los hijos menores que se hallen en similar situaci髇.

  Extinguido el uso previsto en el p醨rafo primero, las necesidades de vivienda de los que carezcan de independencia econ髆ica se atender醤 seg鷑 lo previsto en el T韙ulo VI de este Libro, relativo a los alimentos entre parientes.

  Cuando algunos de los hijos queden en la compa耥a de uno de los c髇yuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolver� lo procedente.

  2. No habiendo hijos, podr� acordarse que el uso de tales bienes corresponda al c髇yuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su inter閟 fuera el m醩 necesitado de protecci髇.

  3. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso haya sido atribuido conforme a los p醨rafos anteriores, se requerir� el consentimiento de ambos c髇yuges o, en su defecto, autorizaci髇 judicial. Esta restricci髇 en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se har� constar en el Registro de la Propiedad. La manifestaci髇 err髇ea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicar� al adquirente de buena fe.�

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• Doce. Se da nueva redacci髇 al p醨rafo segundo del art韈ulo 112, con el siguiente tenor:

  獷n todo caso conservar醤 su validez los actos otorgados en nombre del hijo menor por su representante legal o, en el caso de los mayores con discapacidad que tuvieran previstas medidas de apoyo, los realizados conforme a estas, antes de que la filiaci髇 hubiera sido determinada.�

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• Trece. El art韈ulo 121 se redacta con el siguiente texto:

  獷l reconocimiento otorgado por menores no emancipados necesitar� para su validez aprobaci髇 judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.

  Para la validez del reconocimiento otorgado por personas mayores de edad respecto de las que hayan establecido medidas de apoyo se estar� a lo que resulte de la resoluci髇 judicial o escritura p鷅lica que las haya establecido. Si nada se hubiese dispuesto y no hubiera medidas voluntarias de apoyo, se instruir� la correspondiente revisi髇 de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas para completarlas a este fin.�

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• Catorce. El art韈ulo 123 queda redactado as�:

  獷l reconocimiento de un hijo mayor de edad no producir� efectos sin su consentimiento expreso o t醕ito.

  El consentimiento para la eficacia del reconocimiento de la persona mayor de edad con discapacidad se prestar� por esta, de manera expresa o t醕ita, con los apoyos que requiera para ello. En caso de que exista resoluci髇 judicial o escritura p鷅lica que haya establecido medidas de apoyo, se estar� a lo all� dispuesto.�

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• Quince. El art韈ulo 124 se redacta conforme se indica a continuaci髇:

  獿a eficacia del reconocimiento del menor requerir� el consentimiento expreso de su representante legal o la aprobaci髇 judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente conocido.

  No ser� necesario el consentimiento o la aprobaci髇 si el reconocimiento se hubiere efectuado en testamento o dentro del plazo establecido para practicar la inscripci髇 del nacimiento. La inscripci髇 de paternidad as� practicada podr� suspenderse a simple petici髇 de la madre durante el a駉 siguiente al nacimiento. Si el padre solicitara la confirmaci髇 de la inscripci髇, ser� necesaria la aprobaci髇 judicial con audiencia del Ministerio Fiscal.�

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• Diecis閕s. El art韈ulo 125 se redacta del siguiente modo:

  獵uando los progenitores del menor fueren hermanos o consangu韓eos en l韓ea recta, legalmente determinada la filiaci髇 respecto de uno, solo podr� quedar determinada legalmente respecto del otro previa autorizaci髇 judicial, que se otorgar� con audiencia del Ministerio Fiscal, cuando convenga al inter閟 del menor.

  El menor podr�, alcanzada la mayor韆 de edad, invalidar mediante declaraci髇 aut閚tica esta 鷏tima determinaci髇 si no la hubiere consentido.�

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• Diecisiete. El apartado 1 del art韈ulo 133 se redacta del siguiente modo:

  �1. La acci髇 de reclamaci髇 de filiaci髇 no matrimonial, cuando falte la respectiva posesi髇 de estado, corresponder� al hijo durante toda su vida.

  Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro a駉s desde que alcanzare la mayor韆 de edad o desde que se eliminaren las medidas de apoyo que tuviera previstas a tales efectos, o durante el a駉 siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, su acci髇 corresponder� a sus herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.�

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• Dieciocho. Se da nueva redacci髇 a los apartados 1 y 2 del art韈ulo 137, que quedan del siguiente tenor:

  �1. La paternidad podr� ser impugnada por el hijo durante el a駉 siguiente a la inscripci髇 de la filiaci髇.

  Si fuere menor o persona con discapacidad con medidas de apoyo, para impugnarla, el plazo del a駉 se contar� desde la mayor韆 de edad o desde la extinci髇 de las medidas de apoyo.

  El ejercicio de la acci髇 en inter閟 del hijo que sea menor corresponder�, asimismo, durante el a駉 siguiente a la inscripci髇 de la filiaci髇, a la madre que ostente la patria potestad, a su representante legal o al Ministerio Fiscal.

  Si se tratare de persona con discapacidad, esta, quien preste el apoyo y se encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, el Ministerio Fiscal, podr醤, asimismo, ejercitar la acci髇 de impugnaci髇 durante el a駉 siguiente a la inscripci髇 de la filiaci髇.

  2. Si el hijo, pese a haber transcurrido m醩 de un a駉 desde la inscripci髇 en el registro, desde su mayor韆 de edad o desde la extinci髇 de la medida de apoyo, desconociera la falta de paternidad biol骻ica de quien aparece inscrito como su progenitor, el c髆puto del plazo de un a駉 comenzar� a contar desde que tuviera tal conocimiento.�

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• Diecinueve. Se modifica el art韈ulo 156 tal y como se indica:

  獿a patria potestad se ejercer� conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o t醕ito del otro. Ser醤 v醠idos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad.

  Dictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad f韘ica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastar� el consentimiento de este para la atenci髇 y asistencia psicol骻ica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Lo anterior ser� igualmente aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer est� recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de g閚ero, siempre que medie informe emitido por dicho servicio que acredite dicha situaci髇. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de diecis閕s a駉s se precisar� en todo caso el consentimiento expreso de estos.

  En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos podr� acudir a la autoridad judicial, quien, despu閟 de o韗 a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s, atribuir� la facultad de decidir a uno de los dos progenitores. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podr� atribuirla total o parcialmente a uno de los progenitores o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendr� vigencia durante el plazo que se fije, que no podr� nunca exceder de dos a駉s. En los supuestos de los p醨rafos anteriores, respecto de terceros de buena fe, se presumir� que cada uno de los progenitores act鷄 en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro.

  En defecto o por ausencia o imposibilidad de uno de los progenitores, la patria potestad ser� ejercida exclusivamente por el otro.

  Si los progenitores viven separados, la patria potestad se ejercer� por aquel con quien el hijo conviva. Sin embargo, la autoridad judicial, a solicitud fundada del otro progenitor, podr�, en inter閟 del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad para que la ejerza conjuntamente con el otro progenitor o distribuir entre ambos las funciones inherentes a su ejercicio.�

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• Veinte. Se suprime el art韈ulo 171.LE0000013389_20230302
• Veintiuno. Se modifica el T韙ulo IX del Libro Primero, que queda con la siguiente r鷅rica y contenido:

  玊蚑ULO IX
  De la tutela y de la guarda de los menores

  CAP蚑ULO I
  De la tutela

  Secci髇 1
  Disposiciones generales

  Art韈ulo 199

  Quedan sujetos a tutela:

  • 1.� Los menores no emancipados en situaci髇 de desamparo.
  • 2.� Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.

  Art韈ulo 200

  Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercer醤 en beneficio del tutelado y estar醤 bajo la salvaguarda de la autoridad judicial.

  Las medidas y disposiciones previstas en el art韈ulo 158 podr醤 ser acordadas tambi閚 por la autoridad judicial en todos los supuestos de tutela de menores, en cuanto lo requiera el inter閟 de estos.

  Si se tratara de menores que est閚 bajo la tutela de una entidad p鷅lica, estas medidas solo podr醤 ser acordadas por la autoridad judicial de oficio o a instancia de dicha entidad, del Ministerio Fiscal o del propio menor. La entidad p鷅lica ser� parte en el procedimiento y las medidas acordadas ser醤 comunicadas a esta, que dar� traslado de dicha comunicaci髇 al director del centro residencial o a la familia acogedora.

  Art韈ulo 201

  Los progenitores podr醤 en testamento o documento p鷅lico notarial designar tutor, establecer 髍ganos de fiscalizaci髇 de la tutela, as� como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier otra disposici髇 sobre la persona o bienes de sus hijos menores.

  Art韈ulo 202

  Las designaciones a que se refiere el art韈ulo anterior vincular醤 a la autoridad judicial al constituir la tutela, salvo que el inter閟 superior del menor exija otra cosa, en cuyo caso dictar� resoluci髇 motivada.

  Art韈ulo 203

  Cuando existieren disposiciones de los progenitores hechas en testamento o documento p鷅lico notarial de los progenitores, se aplicar醤 unas y otras conjuntamente, en cuanto fueran compatibles. De no serlo, se adoptar醤 por la autoridad judicial, en decisi髇 motivada, las que considere m醩 convenientes para el inter閟 superior del menor.

  Art韈ulo 204

  Ser醤 ineficaces las disposiciones hechas en testamento o documento p鷅lico notarial sobre la tutela si, en el momento de adoptarlas, el disponente hubiese sido privado de la patria potestad.

  Art韈ulo 205

  El que disponga de bienes a t韙ulo gratuito en favor de un menor podr� establecer las reglas de administraci髇 y disposici髇 de los mismos y designar la persona o personas que hayan de ejercitarlas. Las funciones no conferidas al administrador corresponden al tutor.

  Art韈ulo 206

  Estar醤 obligados a promover la constituci髇 de la tutela, desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona f韘ica o jur韉ica bajo cuya guarda se encuentre el menor y, si no lo hicieren, ser醤 responsables solidarios de la indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios causados.

  Art韈ulo 207

  Cualquier persona podr� poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela, a fin de que se d� inicio al expediente a que se refiere el art韈ulo siguiente.

  Art韈ulo 208

  La autoridad judicial constituir� la tutela mediante un expediente de jurisdicci髇 voluntaria, siguiendo los tr醡ites previstos legalmente.

  Art韈ulo 209

  La tutela se ejercer� bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuar� de oficio o a instancia de la persona menor de edad o de cualquier interesado.

  En cualquier momento podr� exigir del tutor que le informe sobre la situaci髇 del menor y del estado de la administraci髇 de la tutela.

  Art韈ulo 210

  La autoridad judicial podr� establecer, en la resoluci髇 por la que se constituya la tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime adecuadas, en beneficio del tutelado. Asimismo, en cualquier momento podr� exigir del tutor que informe sobre la situaci髇 del menor y del estado de la administraci髇.

  Secci髇 2
  De la delaci髇 de la tutela y del nombramiento del tutor

  Art韈ulo 211

  Podr醤 ser tutores todas las personas f韘icas que, a juicio de la autoridad judicial, cumplan las condiciones de aptitud suficientes para el adecuado desempe駉 de su funci髇 y en ellas no concurra alguna de las causas de inhabilidad establecidas en los art韈ulos siguientes.

  Art韈ulo 212

  Podr醤 ser tutores las fundaciones y dem醩 personas jur韉icas sin 醤imo de lucro, p鷅licas o privadas, entre cuyos fines figure la protecci髇 y asistencia de menores.

  Art韈ulo 213

  Para el nombramiento de tutor se preferir�:

  • 1.� A la persona o personas designadas por los progenitores en testamento o documento p鷅lico notarial.
  • 2.� Al ascendiente o hermano que designe la autoridad judicial.

  Excepcionalmente, en resoluci髇 motivada, se podr� alterar el orden del p醨rafo anterior o prescindir de todas las personas en 閘 mencionadas, si el inter閟 superior del menor as� lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integraci髇 en la vida de familia del tutor.

  Art韈ulo 214

  En defecto de las personas mencionadas en el art韈ulo anterior, la autoridad judicial designar� tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en el inter閟 superior de este, considere m醩 id髇eo.

  Art韈ulo 215

  Si hubiere que designar tutor para varios hermanos, se procurar� que el nombramiento recaiga en una misma persona.

  Art韈ulo 216

  No podr醤 ser tutores:

  • 1.� Los que por resoluci髇 judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y protecci髇.
  • 2.� Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior.

  Art韈ulo 217

  La autoridad judicial no podr� nombrar a las personas siguientes:

  • 1.� A quien haya sido excluido por los progenitores del tutelado.
  • 2.� A quien haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempe馻r� bien la tutela.
  • 3.� Al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de administraci髇 durante la tramitaci髇 del procedimiento concursal.
  • 4.� A quien le sea imputable la declaraci髇 como culpable de un concurso, salvo que la tutela lo sea solo de la persona.
  • 5.� A quien tenga conflicto de intereses con la persona sujeta a tutela.

  Art韈ulo 218

  La tutela se ejercer� por un solo tutor salvo:

  • 1.� Cuando, por concurrir circunstancias especiales en la persona del tutelado o en su patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes, cada uno de los cuales actuar� independientemente en el 醡bito de su competencia, si bien las decisiones que conciernan a ambos deber醤 tomarlas conjuntamente.
  • 2.� Si se designa a alguna persona tutor de los hijos de su hermano y se considera conveniente que ejerza tambi閚 la tutela el c髇yuge del tutor o la persona que se halle en an醠oga relaci髇 de afectividad.
  • 3.� Cuando los progenitores del tutelado hayan designado en testamento o documento p鷅lico notarial m醩 de un tutor para que ejerzan la tutela conjuntamente.

  Art韈ulo 219

  En el caso del numeral 3.� del art韈ulo anterior, si los progenitores lo hubieren dispuesto de modo expreso, se podr� resolver, al efectuar el nombramiento de tutores, que estos puedan ejercitar las facultades de la tutela con car醕ter solidario.

  De no mediar tal clase de nombramiento y, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1.� del art韈ulo anterior, las facultades de la tutela encomendadas a varios tutores habr醤 de ser ejercitadas por estos conjuntamente, pero valdr� lo que se haga con el acuerdo del mayor n鷐ero. A falta de tal acuerdo, la autoridad judicial, despu閟 de o韗 a los tutores y al tutelado si tuviere suficiente madurez, resolver� sin ulterior recurso lo que estime conveniente. Para el caso de que los desacuerdos fueran reiterados y entorpeciesen gravemente el ejercicio de la tutela, podr� la autoridad judicial reorganizar su funcionamiento e incluso nombrar nuevo tutor.

  Art韈ulo 220

  Si los tutores tuvieren sus facultades atribuidas conjuntamente y hubiere incompatibilidad u oposici髇 de intereses en alguno de ellos para un acto o contrato, podr� este ser realizado por el otro tutor o, de ser varios, por los dem醩 en forma conjunta.

  Art韈ulo 221

  En los casos de que por cualquier causa cese alguno de los tutores, la tutela subsistir� con los restantes a no ser que al hacer el nombramiento se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.

  Art韈ulo 222

  La tutela de los menores que se encuentren en situaci髇 de desamparo corresponder� por ministerio de la ley a la entidad p鷅lica a la que en el respectivo territorio est� encomendada la protecci髇 de menores.

  No obstante, se proceder� al nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias cuando existan personas f韘icas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela en inter閟 de este.

  En el supuesto del p醨rafo anterior, previamente a la designaci髇 judicial de tutor, o en la misma resoluci髇, deber� acordarse la suspensi髇 o la privaci髇 de la patria potestad o la remoci髇 del tutor, en su caso.

  Estar醤 legitimados para ejercer las acciones de privaci髇 de patria potestad, promover la remoci髇 del tutor y solicitar el nombramiento de tutor de los menores en situaci髇 de desamparo, el Ministerio Fiscal, la entidad p鷅lica y los llamados al ejercicio de la tutela.

  Art韈ulo 223

  Las causas y procedimientos de remoci髇 y excusa de la tutela ser醤 los mismos que los establecidos para la curatela.

  La autoridad judicial podr� decretar la remoci髇 a solicitud de la persona menor de edad si tuviere suficiente madurez. En todo caso ser� tenida en cuenta su opini髇 y se le dar� audiencia si fuere mayor de doce a駉s.

  Declarada la remoci髇, se proceder� al nombramiento de nuevo tutor en la forma establecida en este C骴igo.

  Secci髇 3
  Del ejercicio de la tutela

  Art韈ulo 224

  Ser醤 aplicables a la tutela, con car醕ter supletorio, las normas de la curatela.

  Art韈ulo 225

  El tutor es el representante del menor, salvo para aquellos actos que este pueda realizar por si solo o para los que 鷑icamente precise asistencia.

  Art韈ulo 226

  Se proh韇e al tutor:

  • 1.� Recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes, mientras no se haya aprobado definitivamente su gesti髇.
  • 2.� Representar al tutelado cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses.
  • 3.� Adquirir por t韙ulo oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual t韙ulo.

  Art韈ulo 227

  Los tutores ejercer醤 su cargo en inter閟 del menor, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos.

  Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podr醤 recabar el auxilio de la autoridad.

  Art韈ulo 228

  El tutor est� obligado a velar por el tutelado y, en particular:

  • 1.� A velar por 閘 y a procurarle alimentos.
  • 2.� A educar al menor y procurarle una formaci髇 integral.
  • 3.� A promover su mejor inserci髇 en la sociedad.
  • 4.� A administrar el patrimonio del menor con la diligencia debida.
  • 5.� A informar a la autoridad judicial anualmente sobre la situaci髇 del menor y a rendirle cuenta anual de su administraci髇.
  • 6.� A o韗 al menor antes de adoptar decisiones que le afecten.

  Art韈ulo 229

  El tutor tiene derecho a una retribuci髇, siempre que el patrimonio del menor lo permita, as� como al reembolso de los gastos justificados, cantidades que ser醤 satisfechas con cargo a dicho patrimonio.

  Salvo que los progenitores hubieran establecido otra cosa, y sin perjuicio de que dichas previsiones puedan modificarse por la autoridad judicial si lo estimase conveniente para el inter閟 del menor, corresponde a la autoridad judicial fijar su importe y el modo de percibirla, para lo cual tendr� en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes.

  Podr� tambi閚 establecerse que el tutor haga suyos los frutos de los bienes del tutelado a cambio de prestarle los alimentos, si as� lo hubieren dispuesto los progenitores. La autoridad judicial podr� dejar sin efecto esta previsi髇 o establecerla aun cuando nada hubiesen dispuesto los progenitores, si lo estimase conveniente para el inter閟 del menor.

  Art韈ulo 230

  La persona que en el ejercicio de una funci髇 tutelar sufra da駉s y perjuicios, sin culpa por su parte, tendr� derecho a la indemnizaci髇 de estos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.

  Secci髇 4
  De la extinci髇 de la tutela y de la rendici髇 final de cuentas

  Art韈ulo 231

  La tutela se extingue:

  • 1.� Por la mayor韆 de edad, emancipaci髇 o concesi髇 del beneficio de la mayor韆 de edad al menor.
  • 2.� Por la adopci髇 del menor.
  • 3.� Por muerte o declaraci髇 de fallecimiento del menor.
  • 4.� Cuando, habi閚dose originado por privaci髇 o suspensi髇 de la patria potestad, el titular de esta la recupere, o cuando desaparezca la causa que imped韆 al titular de la patria potestad ejercitarla de hecho.

  Art韈ulo 232

  El tutor, sin perjuicio de la obligaci髇 de rendici髇 anual de cuentas, al cesar en sus funciones deber� rendir ante la autoridad judicial la cuenta general justificada de su administraci髇 en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.

  La acci髇 para exigir la rendici髇 de esta cuenta prescribe a los cinco a駉s, contados desde la terminaci髇 del plazo establecido para efectuarla.

  Antes de resolver sobre la aprobaci髇 de la cuenta, la autoridad judicial oir� tambi閚, en su caso, al nuevo tutor y a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus herederos.

  La aprobaci髇 judicial de las cuentas no impedir� el ejercicio de las acciones que rec韕rocamente puedan asistir al tutor y al menor o a sus causahabientes por raz髇 de la tutela.

  Art韈ulo 233

  Los gastos necesarios de la rendici髇 de cuentas ser醤 a cargo del patrimonio de quien estuvo sometido a tutela.

  El saldo de la cuenta general devengar� el inter閟 legal, a favor o en contra del tutor. Si el saldo es a favor del tutor, el inter閟 legal se devengar� desde el requerimiento para el pago, previa restituci髇 de los bienes a su titular. Si es en contra del tutor, devengar� el inter閟 legal una vez transcurridos los tres meses siguientes a la aprobaci髇 de la cuenta.

  Art韈ulo 234

  El tutor responder� de los da駉s que hubiese causado al menor por su culpa o negligencia.

  La acci髇 para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres a駉s contados desde la rendici髇 final de cuentas.

  CAP蚑ULO II
  Del defensor judicial del menor

  Art韈ulo 235

  Se nombrar� un defensor judicial del menor en los casos siguientes:

  • 1.� Cuando en alg鷑 asunto exista conflicto de intereses entre los menores y sus representantes legales, salvo en los casos en que la ley prevea otra forma de salvarlo.
  • 2.� Cuando, por cualquier causa, el tutor no desempe馻re sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona.
  • 3.� Cuando el menor emancipado requiera el complemento de capacidad previsto en los art韈ulos 247 y 248 y a quienes corresponda prestarlo no puedan hacerlo o exista con ellos conflicto de intereses.

  Art韈ulo 236

  Ser醤 aplicables al defensor judicial del menor las normas del defensor judicial de las personas con discapacidad. El defensor judicial del menor ejercer� su cargo en inter閟 del menor, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos.

  CAP蚑ULO III
  De la guarda de hecho del menor

  Art韈ulo 237

  1. Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podr� requerirle para que informe de la situaci髇 de la persona y los bienes del menor y de su actuaci髇 en relaci髇 con los mismos, pudiendo establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

  Cautelarmente, mientras se mantenga la situaci髇 de guarda de hecho y hasta que se constituya la medida de protecci髇 adecuada, si procediera, se podr醤 otorgar judicialmente facultades tutelares a los guardadores. Igualmente se podr� constituir un acogimiento temporal, siendo acogedores los guardadores.

  2. Proceder� la declaraci髇 de situaci髇 de desamparo de los menores cuando, adem醩 de esta circunstancia, se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados en el art韈ulo 172.

  En los dem醩 casos, el guardador de hecho podr� promover la privaci髇 o suspensi髇 de la patria potestad, remoci髇 de la tutela o el nombramiento de tutor.

  Art韈ulo 238

  Ser醤 aplicables a la guarda de hecho del menor, con car醕ter supletorio, las normas de la guarda de hecho de las personas con discapacidad.�

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• Veintid髎. Se modifica el T韙ulo X del Libro Primero, que queda con la siguiente r鷅rica y contenido:

  玊蚑ULO X
  De la mayor edad y de la emancipaci髇

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  Art韈ulo 239

  La emancipaci髇 tiene lugar:

  • 1.� Por la mayor edad.
  • 2.� Por concesi髇 de los que ejerzan la patria potestad.
  • 3.� Por concesi髇 judicial.

  Art韈ulo 240

  La mayor edad empieza a los dieciocho a駉s cumplidos.

  Para el c髆puto de los a駉s de la mayor韆 de edad se incluir� completo el d韆 del nacimiento.

  Art韈ulo 241

  Para que tenga lugar la emancipaci髇 por concesi髇 de quienes ejerzan la patria potestad, se requiere que el menor tenga diecis閕s a駉s cumplidos y que la consienta. Esta emancipaci髇 se otorgar� por escritura p鷅lica o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil.

  Art韈ulo 242

  La concesi髇 de la emancipaci髇 habr� de inscribirse en el Registro Civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros.

  Concedida la emancipaci髇 no podr� ser revocada.

  Art韈ulo 243

  Se reputar� para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de diecis閕s a駉s que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de estos. Los progenitores podr醤 revocar este consentimiento.

  Art韈ulo 244

  La autoridad judicial podr� conceder la emancipaci髇 de los hijos mayores de diecis閕s a駉s si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores:

  • 1.� Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor.
  • 2.� Cuando los progenitores vivieren separados.
  • 3.� Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.

  Art韈ulo 245

  Tambi閚 podr� la autoridad judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de diecis閕s a駉s que lo solicitare.

  Art韈ulo 246

  El mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este C骴igo.

  Art韈ulo 247

  La emancipaci髇 habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegue a la mayor edad no podr� el emancipado tomar dinero a pr閟tamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus progenitores y, a falta de ambos, sin el de su defensor judicial.

  El menor emancipado podr� por s� solo comparecer en juicio.

  Lo dispuesto en este art韈ulo es aplicable tambi閚 al menor que hubiere obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad.

  Art韈ulo 248

  Para que el casado menor de edad pueda enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor que sean comunes, basta, si es mayor el otro c髇yuge, el consentimiento de los dos; si tambi閚 es menor, se necesitar� adem醩 el de los progenitores o defensor judicial de uno y otro.�

• Veintitr閟. Se modifica el T韙ulo XI del Libro Primero, que queda con la siguiente r鷅rica y contenido:

  玊蚑ULO XI
  De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jur韉ica

  CAP蚑ULO I
  Disposiciones generales

  Art韈ulo 249

  Las medidas de apoyo a las personas mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jur韉ica tendr醤 por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jur韉ico en condiciones de igualdad. Estas medidas de apoyo deber醤 estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Las de origen legal o judicial solo proceder醤 en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate. Todas ellas deber醤 ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.

  Las personas que presten apoyo deber醤 actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Igualmente procurar醤 que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, inform醤dola, ayud醤dola en su comprensi髇 y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Asimismo, fomentar醤 que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jur韉ica con menos apoyo en el futuro.

  En casos excepcionales, cuando, pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las medidas de apoyo podr醤 incluir funciones representativas. En este caso, en el ejercicio de esas funciones se deber� tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, as� como los factores que ella hubiera tomado en consideraci髇, con el fin de tomar la decisi髇 que habr韆 adoptado la persona en caso de no requerir representaci髇.

  La autoridad judicial podr� dictar las salvaguardas que considere oportunas a fin de asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo se ajuste a los criterios resultantes de este precepto y, en particular, atienda a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera.

  Art韈ulo 250

  Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jur韉ica de las personas que lo precisen son, adem醩 de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial.

  La funci髇 de las medidas de apoyo consistir� en asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jur韉ica en los 醡bitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.

  Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son las establecidas por la persona con discapacidad, en las que designa qui閚 debe prestarle apoyo y con qu� alcance. Cualquier medida de apoyo voluntaria podr� ir acompa馻da de las salvaguardas necesarias para garantizar en todo momento y ante cualquier circunstancia el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

  La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se est閚 aplicando eficazmente.

  La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicar� a quienes precisen el apoyo de modo continuado. Su extensi髇 vendr� determinada en la correspondiente resoluci髇 judicial en armon韆 con la situaci髇 y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo.

  El nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo proceder� cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente.

  Al determinar las medidas de apoyo se procurar� evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida.

  No podr醤 ejercer ninguna de las medidas de apoyo quienes, en virtud de una relaci髇 contractual, presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza an醠oga a la persona que precisa el apoyo.

  Art韈ulo 251

  Se proh韇e a quien desempe馿 alguna medida de apoyo:

  • 1.� Recibir liberalidades de la persona que precisa el apoyo o de sus causahabientes, mientras que no se haya aprobado definitivamente su gesti髇, salvo que se trate de regalos de costumbre o bienes de escaso valor.
  • 2.� Prestar medidas de apoyo cuando en el mismo acto intervenga en nombre propio o de un tercero y existiera conflicto de intereses.
  • 3.� Adquirir por t韙ulo oneroso bienes de la persona que precisa el apoyo o transmitirle por su parte bienes por igual t韙ulo.

  En las medidas de apoyo voluntarias estas prohibiciones no resultar醤 de aplicaci髇 cuando el otorgante las haya excluido expresamente en el documento de constituci髇 de dichas medidas.

  Art韈ulo 252

  El que disponga de bienes a t韙ulo gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo podr� establecer las reglas de administraci髇 y disposici髇 de aquellos, as� como designar la persona o personas a las que se encomienden dichas facultades. Las facultades no conferidas al administrador corresponder醤 al favorecido por la disposici髇 de los bienes, que las ejercitar�, en su caso, con el apoyo que proceda.

  Igualmente podr醤 establecer los 髍ganos de control o supervisi髇 que se estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas.

  Art韈ulo 253

  Cuando una persona se encuentre en una situaci髇 que exija apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica de modo urgente y carezca de un guardador de hecho, el apoyo se prestar� de modo provisional por la entidad p鷅lica que en el respectivo territorio tenga encomendada esta funci髇. La entidad dar� conocimiento de la situaci髇 al Ministerio Fiscal en el plazo de veinticuatro horas.

  CAP蚑ULO II
  De las medidas voluntarias de apoyo

  Secci髇 1
  Disposiciones generales

  Art韈ulo 254

  Cuando se prevea razonablemente en los dos a駉s anteriores a la mayor韆 de edad que un menor sujeto a patria potestad o a tutela pueda, despu閟 de alcanzada aquella, precisar de apoyo en el ejercicio de su capacidad jur韉ica, la autoridad judicial podr� acordar, a petici髇 del menor, de los progenitores, del tutor o del Ministerio Fiscal, si lo estima necesario, la procedencia de la adopci髇 de la medida de apoyo que corresponda para cuando concluya la minor韆 de edad. Estas medidas se adoptar醤 si el mayor de diecis閕s a駉s no ha hecho sus propias previsiones para cuando alcance la mayor韆 de edad. En otro caso se dar� participaci髇 al menor en el proceso, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias.

  Art韈ulo 255

  Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsi髇 o apreciaci髇 de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jur韉ica en igualdad de condiciones con las dem醩, podr� prever o acordar en escritura p鷅lica medidas de apoyo relativas a su persona o bienes.

  Podr� tambi閚 establecer el r間imen de actuaci髇, el alcance de las facultades de la persona o personas que le hayan de prestar apoyo, o la forma de ejercicio del apoyo, el cual se prestar� conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 249.

  Asimismo, podr� prever las medidas u 髍ganos de control que estime oportuno, las salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida y los mecanismos y plazos de revisi髇 de las medidas de apoyo, con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias.

  El Notario autorizante comunicar� de oficio y sin dilaci髇 el documento p鷅lico que contenga las medidas de apoyo al Registro Civil para su constancia en el registro individual del otorgante.

  Solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria, y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podr� la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias.

  Secci髇 2
  De los poderes y mandatos preventivos

  Art韈ulo 256

  El poderdante podr� incluir una cl醬sula que estipule que el poder subsista si en el futuro precisa apoyo en el ejercicio de su capacidad.

  Art韈ulo 257

  El poderdante podr� otorgar poder solo para el supuesto de que en el futuro precise apoyo en el ejercicio de su capacidad. En este caso, para acreditar que se ha producido la situaci髇 de necesidad de apoyo se estar� a las previsiones del poderdante. Para garantizar el cumplimiento de estas previsiones se otorgar�, si fuera preciso, acta notarial que, adem醩 del juicio del Notario, incorpore un informe pericial en el mismo sentido.

  Art韈ulo 258

  Los poderes a que se refieren los art韈ulos anteriores mantendr醤 su vigencia pese a la constituci髇 de otras medidas de apoyo en favor del poderdante, tanto si estas han sido establecidas judicialmente como si han sido previstas por el propio interesado.

  Cuando se hubieren otorgado a favor del c髇yuge o de la pareja de hecho del poderdante, el cese de la convivencia producir� su extinci髇 autom醫ica, salvo que medie voluntad contraria del otorgante o que el cese venga determinado por el internamiento de este.

  El poderdante podr� establecer, adem醩 de las facultades que otorgue, las medidas u 髍ganos de control que estime oportuno, condiciones e instrucciones para el ejercicio de las facultades, salvaguardas para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida y los mecanismos y plazos de revisi髇 de las medidas de apoyo, con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias. Podr� tambi閚 prever formas espec韋icas de extinci髇 del poder.

  Cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisi髇 de apoyos y el curador, si lo hubiere, podr醤 solicitar judicialmente la extinci髇 de los poderes preventivos, si en el apoderado concurre alguna de las causas previstas para la remoci髇 del curador, salvo que el poderdante hubiera previsto otra cosa.

  Art韈ulo 259

  Cuando el poder contenga cl醬sula de subsistencia para el caso de que el poderdante precise apoyo en el ejercicio de su capacidad o se conceda solo para ese supuesto y, en ambos casos, comprenda todos los negocios del otorgante, el apoderado, sobrevenida la situaci髇 de necesidad de apoyo, quedar� sujeto a las reglas aplicables a la curatela en todo aquello no previsto en el poder, salvo que el poderdante haya determinado otra cosa.

  Art韈ulo 260

  Los poderes preventivos a que se refieren los art韈ulos anteriores habr醤 de otorgarse en escritura p鷅lica.

  El Notario autorizante los comunicar� de oficio y sin dilaci髇 al Registro Civil para su constancia en el registro individual del poderdante.

  Art韈ulo 261

  El ejercicio de las facultades representativas ser� personal, sin perjuicio de la posibilidad de encomendar la realizaci髇 de uno o varios actos concretos a terceras personas. Aquellas facultades que tengan por objeto la protecci髇 de la persona no ser醤 delegables.

  Art韈ulo 262

  Lo dispuesto en este cap韙ulo se aplicar� igualmente al caso de mandato sin poder.

  CAP蚑ULO III
  De la guarda de hecho de las personas con discapacidad

  Art韈ulo 263

  Quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuar� en el desempe駉 de su funci髇 incluso si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, siempre que estas no se est閚 aplicando eficazmente.

  Art韈ulo 264

  Cuando, excepcionalmente, se requiera la actuaci髇 representativa del guardador de hecho, este habr� de obtener la autorizaci髇 para realizarla a trav閟 del correspondiente expediente de jurisdicci髇 voluntaria, en el que se oir� a la persona con discapacidad. La autorizaci髇 judicial para actuar como representante se podr� conceder, previa comprobaci髇 de su necesidad, en los t閞minos y con los requisitos adecuados a las circunstancias del caso. La autorizaci髇 podr� comprender uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la funci髇 de apoyo y deber� ser ejercitada de conformidad con la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.

  En todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deber� recabar autorizaci髇 judicial conforme a lo indicado en el p醨rafo anterior para prestar consentimiento en los actos enumerados en el art韈ulo 287.

  No ser� necesaria autorizaci髇 judicial cuando el guardador solicite una prestaci髇 econ髆ica a favor de la persona con discapacidad, siempre que esta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona, o realice actos jur韉icos sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia econ髆ica y carezcan de especial significado personal o familiar.

  La autoridad judicial podr� acordar el nombramiento de un defensor judicial para aquellos asuntos que por su naturaleza lo exijan.

  Art韈ulo 265

  A trav閟 de un expediente de jurisdicci髇 voluntaria, la autoridad judicial podr� requerir al guardador en cualquier momento, de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal o a instancia de cualquier interesado, para que informe de su actuaci髇, y establecer las salvaguardias que estime necesarias.

  Asimismo, podr� exigir que el guardador rinda cuentas de su actuaci髇 en cualquier momento.

  Art韈ulo 266

  El guardador tiene derecho al reembolso de los gastos justificados y a la indemnizaci髇 por los da駉s derivados de la guarda, a cargo de los bienes de la persona a la que presta apoyo.

  Art韈ulo 267

  La guarda de hecho se extingue:

  • 1.� Cuando la persona a quien se preste apoyo solicite que este se organice de otro modo.
  • 2.� Cuando desaparezcan las causas que la motivaron.
  • 3.� Cuando el guardador desista de su actuaci髇, en cuyo caso deber� ponerlo previamente en conocimiento de la entidad p鷅lica que en el respectivo territorio tenga encomendada las funciones de promoci髇 de la autonom韆 y asistencia a las personas con discapacidad.
  • 4.� Cuando, a solicitud del Ministerio Fiscal o de quien se interese por ejercer el apoyo de la persona bajo guarda, la autoridad judicial lo considere conveniente.

  CAP蚑ULO IV
  De la curatela

  Secci髇 1
  Disposiciones generales

  Art韈ulo 268

  Las medidas tomadas por la autoridad judicial en el procedimiento de provisi髇 de apoyos ser醤 proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise, respetar醤 siempre la m醲ima autonom韆 de esta en el ejercicio de su capacidad jur韉ica y atender醤 en todo caso a su voluntad, deseos y preferencias.

  Las medidas de apoyo adoptadas judicialmente ser醤 revisadas peri骴icamente en un plazo m醲imo de tres a駉s. No obstante, la autoridad judicial podr�, de manera excepcional y motivada, en el procedimiento de provisi髇 o, en su caso, de modificaci髇 de apoyos, establecer un plazo de revisi髇 superior que no podr� exceder de seis a駉s.

  Sin perjuicio de lo anterior, las medidas de apoyo adoptadas judicialmente se revisar醤, en todo caso, ante cualquier cambio en la situaci髇 de la persona que pueda requerir una modificaci髇 de dichas medidas.

  Art韈ulo 269

  La autoridad judicial constituir� la curatela mediante resoluci髇 motivada cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad.

  La autoridad judicial determinar� los actos para los que la persona requiere asistencia del curador en el ejercicio de su capacidad jur韉ica atendiendo a sus concretas necesidades de apoyo.

  S髄o en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible por las circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determinar� en resoluci髇 motivada los actos concretos en los que el curador habr� de asumir la representaci髇 de la persona con discapacidad.

  Los actos en los que el curador deba prestar el apoyo deber醤 fijarse de manera precisa, indicando, en su caso, cu醠es son aquellos donde debe ejercer la representaci髇. El curador actuar� bajo los criterios fijados en el art韈ulo 249.

  En ning鷑 caso podr� incluir la resoluci髇 judicial la mera privaci髇 de derechos.

  Art韈ulo 270

  La autoridad judicial establecer� en la resoluci髇 que constituya la curatela o en otra posterior las medidas de control que estime oportunas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que precisa el apoyo, as� como para evitar los abusos, los conflictos de intereses y la influencia indebida. Tambi閚 podr� exigir en cualquier momento al curador que, en el 醡bito de sus funciones, informe sobre la situaci髇 personal o patrimonial de aquella.

  Sin perjuicio de las revisiones peri骴icas de estas resoluciones, el Ministerio Fiscal podr� recabar en cualquier momento la informaci髇 que considere necesaria a fin de garantizar el buen funcionamiento de la curatela.

  Secci髇 2
  De la autocuratela y del nombramiento del curador Subsecci髇 1.� De la autocuratela

  Art韈ulo 271

  Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsi髇 de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jur韉ica en igualdad de condiciones con las dem醩, podr� proponer en escritura p鷅lica el nombramiento o la exclusi髇 de una o varias personas determinadas para el ejercicio de la funci髇 de curador.

  Podr� igualmente establecer disposiciones sobre el funcionamiento y contenido de la curatela y, en especial, sobre el cuidado de su persona, reglas de administraci髇 y disposici髇 de sus bienes, retribuci髇 del curador, obligaci髇 de hacer inventario o su dispensa y medidas de vigilancia y control, as� como proponer a las personas que hayan de llevarlas a cabo.

  Art韈ulo 272

  La propuesta de nombramiento y dem醩 disposiciones voluntarias a que se refiere el art韈ulo anterior vincular醤 a la autoridad judicial al constituir la curatela.

  No obstante, la autoridad judicial podr� prescindir total o parcialmente de esas disposiciones voluntarias, de oficio o a instancia de las personas llamadas por ley a ejercer la curatela o del Ministerio Fiscal y, siempre mediante resoluci髇 motivada, si existen circunstancias graves desconocidas por la persona que las estableci� o alteraci髇 de las causas expresadas por ella o que presumiblemente tuvo en cuenta en sus disposiciones.

  Art韈ulo 273

  Si al establecer la autocuratela se propone el nombramiento de sustitutos al curador y no se concreta el orden de la sustituci髇, ser� preferido el propuesto en el documento posterior. Si se proponen varios en el mismo documento, ser� preferido el propuesto en primer lugar.

  Art韈ulo 274

  Se podr� delegar en el c髇yuge o en otra persona la elecci髇 del curador de entre los relacionados en escritura p鷅lica por la persona interesada.

  Subsecci髇 2
  Del nombramiento del curador

  Art韈ulo 275

  1. Podr醤 ser curadores las personas mayores de edad que, a juicio de la autoridad judicial, sean aptas para el adecuado desempe駉 de su funci髇.

  Asimismo, podr醤 ser curadores las fundaciones y dem醩 personas jur韉icas sin 醤imo de lucro, p鷅licas o privadas, entre cuyos fines figure la promoci髇 de la autonom韆 y asistencia a las personas con discapacidad.

  2. No podr醤 ser curadores:

  • 1.� Quienes hayan sido excluidos por la persona que precise apoyo.
  • 2.� Quienes por resoluci髇 judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y protecci髇.
  • 3.� Quienes hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior.

  3. La autoridad judicial no podr� nombrar curador, salvo circunstancias excepcionales debidamente motivadas, a las personas siguientes:

  • 1.� A quien haya sido condenado por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempe馻r� bien la curatela.
  • 2.� A quien tenga conflicto de intereses con la persona que precise apoyo.
  • 3.� Al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de administraci髇 durante la tramitaci髇 del procedimiento concursal.
  • 4.� A quien le sea imputable la declaraci髇 como culpable de un concurso, salvo que la curatela lo sea solamente de la persona.

  Art韈ulo 276

  La autoridad judicial nombrar� curador a quien haya sido propuesto para su nombramiento por la persona que precise apoyo o por la persona en quien esta hubiera delegado, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el p醨rafo segundo del art韈ulo 272. La autoridad judicial estar� tambi閚 a lo dispuesto en el art韈ulo 275.

  En defecto de tal propuesta, la autoridad judicial nombrar� curador:

  • 1.� Al c髇yuge, o a quien se encuentre en una situaci髇 de hecho asimilable, siempre que convivan con la persona que precisa el apoyo.
  • 2.� Al hijo o descendiente. Si fueran varios, ser� preferido el que de ellos conviva con la persona que precisa el apoyo.
  • 3.� Al progenitor o, en su defecto, ascendiente. Si fueren varios, ser� preferido el que de ellos conviva con la persona que precisa el apoyo.
  • 4.� A la persona o personas que el c髇yuge o la pareja conviviente o los progenitores hubieran dispuesto en testamento o documento p鷅lico.
  • 5.� A quien estuviera actuando como guardador de hecho.
  • 6.� Al hermano, pariente o allegado que conviva con la persona que precisa la curatela.
  • 7.� A una persona jur韉ica en la que concurran las condiciones indicadas en el p醨rafo segundo del apartado 1 del art韈ulo anterior.

  La autoridad judicial podr� alterar el orden del apartado anterior, una vez o韉a la persona que precise apoyo.

  Cuando, una vez o韉a, no resultare clara su voluntad, la autoridad judicial podr� alterar el orden legal, nombrando a la persona m醩 id髇ea para comprender e interpretar su voluntad, deseos y preferencias.

  Art韈ulo 277

  Se puede proponer el nombramiento de m醩 de un curador si la voluntad y necesidades de la persona que precisa el apoyo lo justifican. En particular, podr醤 separarse como cargos distintos los de curador de la persona y curador de los bienes.

  Cuando la curatela sea confiada a varias personas, la autoridad judicial establecer� el modo de funcionamiento, respetando la voluntad de la persona que precisa el apoyo.

  Art韈ulo 278

  Ser醤 removidos de la curatela los que, despu閟 del nombramiento, incurran en una causa legal de inhabilidad, o se conduzcan mal en su desempe駉 por incumplimiento de los deberes propios del cargo, por notoria ineptitud de su ejercicio o cuando, en su caso, surgieran problemas de convivencia graves y continuados con la persona a la que prestan apoyo.

  La autoridad judicial, de oficio o a solicitud de la persona a cuyo favor se estableci� el apoyo o del Ministerio Fiscal, cuando conociere por s� o a trav閟 de cualquier interesado circunstancias que comprometan el desempe駉 correcto de la curatela, podr� decretar la remoci髇 del curador mediante expediente de jurisdicci髇 voluntaria.

  Durante la tramitaci髇 del expediente de remoci髇 la autoridad judicial podr� suspender al curador en sus funciones y, de considerarlo necesario, acordar� el nombramiento de un defensor judicial.

  Declarada judicialmente la remoci髇, se proceder� al nombramiento de nuevo curador en la forma establecida en este C骴igo, salvo que fuera pertinente otra medida de apoyo.

  Art韈ulo 279

  Ser� excusable el desempe駉 de la curatela si resulta excesivamente gravoso o entra馻 grave dificultad para la persona nombrada para el ejercicio del cargo. Tambi閚 podr� excusarse el curador de continuar ejerciendo la curatela cuando durante su desempe駉 le sobrevengan los motivos de excusa.

  Las personas jur韉icas privadas podr醤 excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempe駉 de la curatela o las condiciones de ejercicio de la curatela no sean acordes con sus fines estatutarios.

  El interesado que alegue causa de excusa deber� hacerlo dentro del plazo de quince d韆s a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la causa fuera sobrevenida podr� hacerlo en cualquier momento.

  Mientras la autoridad judicial resuelva acerca de la excusa, el nombrado estar� obligado a ejercer su funci髇. Si no lo hiciera y fuera necesaria una actuaci髇 de apoyo, se proceder� a nombrar un defensor judicial que sustituya al curador, quedando el sustituido responsable de los gastos ocasionados por la excusa, si esta fuera rechazada.

  Admitida la excusa, se proceder� al nombramiento de nuevo curador.

  Art韈ulo 280

  El curador nombrado en atenci髇 a una disposici髇 testamentaria que se excuse de la curatela por cualquier causa, perder� lo que en consideraci髇 al nombramiento le hubiere dejado el testador.

  Art韈ulo 281

  El curador tiene derecho a una retribuci髇, siempre que el patrimonio de la persona con discapacidad lo permita, as� como al reembolso de los gastos justificados y a la indemnizaci髇 de los da駉s sufridos sin culpa por su parte en el ejercicio de su funci髇, cantidades que ser醤 satisfechas con cargo a dicho patrimonio.

  Corresponde a la autoridad judicial fijar su importe y el modo de percibirlo, para lo cual tendr� en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes.

  En ning鷑 caso, la admisi髇 de causa de excusa o la decisi髇 de remoci髇 de las personas f韘icas o jur韉icas designadas para el desempe駉 de los apoyos podr� generar desprotecci髇 o indefensi髇 a la persona que precisa dichos apoyos, debiendo la autoridad judicial actuar de oficio, mediante la colaboraci髇 necesaria de los llamados a ello, o bien, de no poder contar con estos, con la inexcusable colaboraci髇 de los organismos o entidades p鷅licas competentes y del Ministerio Fiscal.

  No concurrir� causa de excusa cuando el desempe駉 de los apoyos haya sido encomendado a entidad p鷅lica.

  Secci髇 3
  Del ejercicio de la curatela

  Art韈ulo 282

  El curador tomar� posesi髇 de su cargo ante el letrado de la Administraci髇 de Justicia.

  Una vez en el ejercicio de la curatela, estar� obligado a mantener contacto personal con la persona a la que va a prestar apoyo y a desempe馻r las funciones encomendadas con la diligencia debida.

  El curador asistir� a la persona a la que preste apoyo en el ejercicio de su capacidad jur韉ica respetando su voluntad, deseos y preferencias.

  El curador procurar� que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones.

  El curador procurar� fomentar las aptitudes de la persona a la que preste apoyo, de modo que pueda ejercer su capacidad con menos apoyo en el futuro.

  Art韈ulo 283

  Cuando quien desempe馿 la curatela est� impedido de modo transitorio para actuar en un caso concreto, o cuando exista un conflicto de intereses ocasional entre 閘 y la persona a quien preste apoyo, el letrado de la Administraci髇 de Justicia nombrar� un defensor judicial que lo sustituya. Para este nombramiento se oir� a la persona que precise el apoyo y se respetar� su voluntad, deseos y preferencias.

  Si, en el caso previsto en el p醨rafo anterior, fueran varios los curadores con funciones homog閚eas, estas ser醤 asumidas por quien de entre ellos no est� afectado por el impedimento o el conflicto de intereses.

  Si la situaci髇 de impedimento o conflicto fuera prolongada o reiterada, la autoridad judicial de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal, de cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisi髇 de apoyos o de cualquier persona que est� desempe馻ndo la curatela y previa audiencia a la persona con discapacidad y al Ministerio Fiscal, podr� reorganizar el funcionamiento de la curatela, e incluso proceder al nombramiento de un nuevo curador.

  Art韈ulo 284

  Cuando la autoridad judicial lo considere necesario por concurrir razones excepcionales, podr� exigir al curador la constituci髇 de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones y determinar� la modalidad y cuant韆 de la misma. Una vez constituida, la fianza ser� objeto de aprobaci髇 judicial.

  En cualquier momento la autoridad judicial podr� modificar o dejar sin efecto la garant韆 que se hubiese prestado.

  Art韈ulo 285

  El curador con facultades representativas estar� obligado a hacer inventario del patrimonio de la persona en cuyo favor se ha establecido el apoyo dentro del plazo de sesenta d韆s, a contar desde aquel en que hubiese tomado posesi髇 de su cargo.

  El inventario se formar� ante el letrado de la Administraci髇 de Justicia, con citaci髇 de las personas que estime conveniente.

  El letrado de la Administraci髇 de Justicia podr� prorrogar el plazo previsto en el p醨rafo primero si concurriere causa para ello.

  El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio del letrado de la Administraci髇 de Justicia, no deban quedar en poder del curador ser醤 depositados en un establecimiento destinado a este efecto.

  Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correr醤 a cargo de los bienes de la persona en cuyo apoyo se haya establecido la curatela.

  Art韈ulo 286

  En el caso de que el curador no incluya en el inventario los cr閐itos que tenga contra la persona a la que presta apoyo, se entender� que renuncia a ellos.

  Art韈ulo 287

  El curador que ejerza funciones de representaci髇 de la persona que precisa el apoyo necesita autorizaci髇 judicial para los actos que determine la resoluci髇 y, en todo caso, para los siguientes:

  • 1.� Realizar actos de transcendencia personal o familiar cuando la persona afectada no pueda hacerlo por s� misma, todo ello a salvo lo dispuesto legalmente en materia de internamiento, consentimiento informado en el 醡bito de la salud o en otras leyes especiales.
  • 2.� Enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes o derechos de especial significado personal o familiar, bienes muebles de extraordinario valor, objetos preciosos y valores mobiliarios no cotizados en mercados oficiales de la persona con medidas de apoyo, dar inmuebles en arrendamiento por t閞mino inicial que exceda de seis a駉s, o celebrar contratos o realizar actos que tengan car醕ter dispositivo y sean susceptibles de inscripci髇. Se except鷄 la venta del derecho de suscripci髇 preferente de acciones. La enajenaci髇 de los bienes mencionados en este p醨rafo se realizar� mediante venta directa salvo que el Tribunal considere que es necesaria la enajenaci髇 en subasta judicial para mejor y plena garant韆 de los derechos e intereses de su titular.
  • 3.� Disponer a t韙ulo gratuito de bienes o derechos de la persona con medidas de apoyo, salvo los que tengan escasa relevancia econ髆ica y carezcan de especial significado personal o familiar.
  • 4.� Renunciar derechos, as� como transigir o someter a arbitraje cuestiones relativas a los intereses de la persona cuya curatela ostenta, salvo que sean de escasa relevancia econ髆ica. No se precisar� la autorizaci髇 judicial para el arbitraje de consumo.
  • 5.� Aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o repudiar esta o las liberalidades.
  • 6.� Hacer gastos extraordinarios en los bienes de la persona a la que presta apoyo.
  • 7.� Interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuant韆. No ser� precisa la autorizaci髇 judicial cuando la persona con discapacidad inste la revisi髇 de la resoluci髇 judicial en que previamente se le hubiesen determinado los apoyos.
  • 8.� Dar y tomar dinero a pr閟tamo y prestar aval o fianza.
  • 9.� Celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros an醠ogos, cuando estos requieran de inversiones o aportaciones de cuant韆 extraordinaria.

  Art韈ulo 288

  La autoridad judicial, cuando lo considere adecuado para garantizar la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, podr� autorizar al curador la realizaci髇 de una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referidos a la misma actividad econ髆ica, especificando las circunstancias y caracter韘ticas fundamentales de dichos actos.

  Art韈ulo 289

  No necesitar醤 autorizaci髇 judicial la partici髇 de herencia o la divisi髇 de cosa com鷑 realizada por el curador representativo, pero una vez practicadas requerir醤 aprobaci髇 judicial. Si hubiese sido nombrado un defensor judicial para la partici髇 deber� obtener tambi閚 la aprobaci髇 judicial, salvo que se hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.

  Art韈ulo 290

  Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los art韈ulos anteriores, la autoridad judicial oir� al Ministerio Fiscal y a la persona con medidas de apoyo y recabar� los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.

  Secci髇 4
  De la extinci髇 de la curatela

  Art韈ulo 291

  La curatela se extingue de pleno derecho por la muerte o declaraci髇 de fallecimiento de la persona con medidas de apoyo.

  Asimismo, la curatela se extingue por resoluci髇 judicial cuando ya no sea precisa esta medida de apoyo o cuando se adopte una forma de apoyo m醩 adecuada para la persona sometida a curatela.

  Art韈ulo 292

  El curador, sin perjuicio de la obligaci髇 de rendici髇 peri骴ica de cuentas que en su caso le haya impuesto la autoridad judicial, al cesar en sus funciones deber� rendir ante ella la cuenta general justificada de su administraci髇 en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.

  La acci髇 para exigir la rendici髇 de esta cuenta prescribe a los cinco a駉s, contados desde la terminaci髇 del plazo establecido para efectuarla.

  Antes de resolver sobre la aprobaci髇 de la cuenta, la autoridad judicial oir� tambi閚 en su caso al nuevo curador, a la persona a la que se prest� apoyo, o a sus herederos.

  La aprobaci髇 judicial de las cuentas no impedir� el ejercicio de las acciones que rec韕rocamente puedan asistir al curador y a la persona con discapacidad que recibe el apoyo o a sus causahabientes por raz髇 de la curatela.

  Art韈ulo 293

  Los gastos necesarios de la rendici髇 de cuentas ser醤 a cargo del patrimonio de la persona a la que se prest� apoyo.

  El saldo de la cuenta general devengar� el inter閟 legal, a favor o en contra del curador. Si el saldo es a favor del curador, el inter閟 legal se devengar� desde el requerimiento para el pago, previa restituci髇 de los bienes a su titular. Si es en contra del curador, devengar� el inter閟 legal una vez transcurridos los tres meses siguientes a la aprobaci髇 de la cuenta.

  Art韈ulo 294

  El curador responder� de los da駉s que hubiese causado por su culpa o negligencia a la persona a la que preste apoyo.

  La acci髇 para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres a駉s contados desde la rendici髇 final de cuentas.

  CAP蚑ULO V
  Del defensor judicial de la persona con discapacidad

  Art韈ulo 295

  Se nombrar� un defensor judicial de las personas con discapacidad en los casos siguientes:

  • 1.� Cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona.
  • 2.� Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la que haya de prestarle apoyo.
  • 3.� Cuando, durante la tramitaci髇 de la excusa alegada por el curador, la autoridad judicial lo considere necesario.
  • 4.� Cuando se hubiere promovido la provisi髇 de medidas judiciales de apoyo a la persona con discapacidad y la autoridad judicial considere necesario proveer a la administraci髇 de los bienes hasta que recaiga resoluci髇 judicial.
  • 5.� Cuando la persona con discapacidad requiera el establecimiento de medidas de apoyo de car醕ter ocasional, aunque sea recurrente.

  Una vez o韉a la persona con discapacidad, la autoridad judicial nombrar� defensor judicial a quien sea m醩 id髇eo para respetar, comprender e interpretar la voluntad, deseos y preferencias de aquella.

  Art韈ulo 296

  No se nombrar� defensor judicial si el apoyo se ha encomendado a m醩 de una persona, salvo que ninguna pueda actuar o la autoridad judicial motivadamente considere necesario el nombramiento.

  Art韈ulo 297

  Ser醤 aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusa y remoci髇 del curador, as� como las obligaciones que a este se atribuyen de conocer y respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona a la que se preste apoyo.

  Art韈ulo 298

  En el nombramiento se podr� dispensar al defensor judicial de la venta en subasta p鷅lica, fijando un precio m韓imo, y de la aprobaci髇 judicial posterior de los actos.

  El defensor judicial, una vez realizada su gesti髇, deber� rendir cuentas de ella.

  CAP蚑ULO VI
  Responsabilidad por da駉s causados a otros

  Art韈ulo 299

  La persona con discapacidad responder� por los da駉s causados a otros, de acuerdo con el Cap韙ulo II del T韙ulo XVI del Libro Cuarto, sin perjuicio de lo establecido en materia de responsabilidad extracontractual respecto a otros posibles responsables.�

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• Veinticuatro. Se suprime el actual T韙ulo XII del Libro Primero.
• Veinticinco. Se introduce un nuevo T韙ulo XII en el Libro Primero, con la siguiente r鷅rica y contenido:

  玊蚑ULO XII
  Disposiciones comunes

  Art韈ulo 300

  Las resoluciones judiciales y los documentos p鷅licos notariales sobre los cargos tutelares y medidas de apoyo a personas con discapacidad habr醤 de inscribirse en el Registro Civil.�

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• Veintis閕s. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 443, con el siguiente texto:

  玊oda persona puede adquirir la posesi髇 de las cosas.

  Los menores necesitan de la asistencia de sus representantes leg韙imos para usar de los derechos que de la posesi髇 nazcan a su favor.

  Las personas con discapacidad a cuyo favor se hayan establecido medidas de apoyo pueden usar de los derechos derivados de la posesi髇 conforme a lo que resulte de estas.�

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• Veintisiete. El art韈ulo 663 se redacta como se indica a continuaci髇:

  玁o pueden testar:

  • 1.� La persona menor de catorce a駉s.
  • 2.� La persona que en el momento de testar no pueda conformar o expresar su voluntad ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello.�
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• Veintiocho. El art韈ulo 665 se redacta con el siguiente texto:

  獿a persona con discapacidad podr� otorgar testamento cuando, a juicio del Notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. El Notario procurar� que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones apoy醤dole en su comprensi髇 y razonamiento y facilitando, con los ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias.�

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• Veintinueve. El art韈ulo 695 pasa a tener la redacci髇 que se indica:

  獷l testador expresar� oralmente, por escrito o mediante cualquier medio t閏nico, material o humano su 鷏tima voluntad al Notario. Redactado por este el testamento con arreglo a ella y con expresi髇 del lugar, a駉, mes, d韆 y hora de su otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por s�, lo leer� el Notario en alta voz para que el testador manifieste si est� conforme con su voluntad. Si lo estuviere, ser� firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y dem醩 personas que deban concurrir.

  Si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo har� por 閘 y a su ruego uno de los testigos.

  Cuando el testador tenga dificultad o imposibilidad para leer el testamento o para o韗 la lectura de su contenido, el Notario se asegurar�, utilizando los medios t閏nicos, materiales o humanos adecuados, de que el testador ha entendido la informaci髇 y explicaciones necesarias y de que conoce que el testamento recoge fielmente su voluntad.�

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• Treinta. Se suprime el ordinal 2.� del art韈ulo 697, pasando el ordinal 3.� a ser 2.�LE0000013389_20230302
• Treinta y uno. Se da nueva redacci髇 al p醨rafo tercero del art韈ulo 706, del modo siguiente:

  玈i estuviese escrito por cualquier medio t閏nico o por otra persona a ruego del testador, este pondr� su firma en todas sus hojas y al pie del testamento. Si el testamento se ha redactado en soporte electr髇ico, deber� firmarse con una firma electr髇ica reconocida.�

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• Treinta y dos. El art韈ulo 708 se redacta con el siguiente tenor:

  玁o pueden hacer testamento cerrado las personas que no sepan o no puedan leer.

  Las personas con discapacidad visual podr醤 otorgarlo, utilizando medios mec醤icos o tecnol骻icos que les permitan escribirlo y leerlo, siempre que se observen los restantes requisitos de validez establecidos en este C骴igo.�

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• Treinta y tres. Se modifica el inciso inicial del art韈ulo 709 y se a馻de un 鷏timo p醨rafo, en los t閞minos siguientes:

  獿as personas que no puedan expresarse verbalmente, pero s� escribir, podr醤 otorgar testamento cerrado, observ醤dose lo siguiente:�

  獿as personas con discapacidad visual, al hacer la presentaci髇 del testamento, deber醤 haber expresado en la cubierta, por medios mec醤icos o tecnol骻icos que les permitan leer lo escrito, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando el medio empleado y que el testamento est� firmado por ellas.�

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• Treinta y cuatro. Se modifica el segundo p醨rafo del art韈ulo 742 con el sentido que se indica a continuaci髇:

  獷l testamento ser�, sin embargo, v醠ido cuando se probare haber ocurrido el desperfecto sin voluntad ni conocimiento del testador o hall醤dose este afectado por alteraciones graves en su salud mental; pero si apareciere rota la cubierta o quebrantados los sellos, ser� necesario probar adem醩 la autenticidad del testamento para su validez.�

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• Treinta y cinco. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 753, con el siguiente texto:

  玊ampoco surtir� efecto la disposici髇 testamentaria en favor de quien sea tutor o curador representativo del testador, salvo cuando se haya hecho despu閟 de la extinci髇 de la tutela o curatela.

  Ser� nula la disposici髇 hecha por las personas que se encuentran internadas por razones de salud o asistencia, a favor de sus cuidadores que sean titulares, administradores o empleados del establecimiento p鷅lico o privado en el que aquellas estuvieran internadas. Tambi閚 ser� nula la disposici髇 realizada a favor de los citados establecimientos.

  Las dem醩 personas f韘icas que presten servicios de cuidado, asistenciales o de naturaleza an醠oga al causante, solo podr醤 ser favorecidas en la sucesi髇 de este si es ordenada en testamento notarial abierto.

  Ser醤, sin embargo, v醠idas las disposiciones hechas en favor del tutor, curador o cuidador que sea pariente con derecho a suceder ab intestato.�

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• Treinta y seis. Se da nueva redacci髇 al p醨rafo tercero del ordinal 2.� y al ordinal 7.� del art韈ulo 756, que quedan redactados as�:

  玊ambi閚 el privado por resoluci髇 firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o del ejercicio de la curatela de una persona con discapacidad por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo.�

  �7.� Trat醤dose de la sucesi髇 de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las reguladas en los art韈ulos 142 y 146 del C骴igo Civil.�

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• Treinta y siete. Se suprime el art韈ulo 776.LE0000013389_20230302
• Treinta y ocho. El art韈ulo 782 se redacta conforme se indica a continuaci髇:

  獿as sustituciones fideicomisarias nunca podr醤 gravar la leg韙ima, salvo cuando se establezcan, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 808, en beneficio de uno o varios hijos del testador que se encuentren en una situaci髇 de discapacidad.

  Si la sustituci髇 fideicomisaria recayere sobre el tercio destinado a mejora, solo podr� establecerse a favor de los descendientes.�

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• Treinta y nueve. Se suprime el tercer p醨rafo del art韈ulo 808, pasando el actual cuarto p醨rafo a ocupar el tercer lugar, y se a馻den a continuaci髇 dos nuevos p醨rafos, de forma que queda con la siguiente redacci髇:

  獵onstituyen la leg韙ima de los hijos y descendientes las dos terceras partes del haber hereditario de los progenitores.

  Sin embargo, podr醤 estos disponer de una parte de las dos que forman la leg韙ima, para aplicarla como mejora a sus hijos o descendientes.

  La tercera parte restante ser� de libre disposici髇.

  Cuando alguno o varios de los legitimarios se encontraren en una situaci髇 de discapacidad, el testador podr� disponer a su favor de la leg韙ima estricta de los dem醩 legitimarios sin discapacidad. En tal caso, salvo disposici髇 contraria del testador, lo as� recibido por el hijo beneficiado quedar� gravado con sustituci髇 fideicomisaria de residuo a favor de los que hubieren visto afectada su leg韙ima estricta y no podr� aquel disponer de tales bienes ni a t韙ulo gratuito ni por acto mortis causa.

  Cuando el testador hubiere hecho uso de la facultad que le concede el p醨rafo anterior, corresponder� al hijo que impugne el gravamen de su leg韙ima estricta acreditar que no concurre causa que la justifique.�

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• Cuarenta. Se da nueva redacci髇 al segundo p醨rafo del art韈ulo 813, seg鷑 se indica:

  玊ampoco podr� imponer sobre ella gravamen, ni condici髇, ni sustituci髇 de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del viudo y lo establecido en los art韈ulos 782 y 808.�

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• Cuarenta y uno. Se da nueva redacci髇 a los p醨rafos primero y segundo del art韈ulo 822, con el siguiente texto:

  獿a donaci髇 o legado de un derecho de habitaci髇 sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario que se encuentre en una situaci髇 de discapacidad, no se computar� para el c醠culo de las leg韙imas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella.

  Este derecho de habitaci髇 se atribuir� por ministerio de la ley en las mismas condiciones al legitimario que se halle en la situaci髇 prevista en el p醨rafo anterior, que lo necesite y que estuviere conviviendo con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no podr� impedir que contin鷈n conviviendo los dem醩 legitimarios mientras lo necesiten.�

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• Cuarenta y dos. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 996, que queda redactado as�:

  獿a aceptaci髇 de la herencia por la persona con discapacidad se prestar� por esta, salvo que otra cosa resulte de las medidas de apoyo establecidas.�

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• Cuarenta y tres. Se redacta el art韈ulo 1041 con el siguiente tenor:

  玁o estar醤 sujetos a colaci髇 los gastos de alimentos, educaci髇, curaci髇 de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de costumbre.

  Tampoco estar醤 sujetos a colaci髇 los gastos realizados por los progenitores y ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes requeridas por su situaci髇 de discapacidad.�

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• Cuarenta y cuatro. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 1052 seg鷑 se indica a continuaci髇:

  玊odo coheredero que tenga la libre administraci髇 y disposici髇 de sus bienes podr� pedir en cualquier tiempo la partici髇 de la herencia. Lo har醤 sus representantes legales si el coheredero est� en situaci髇 de ausencia. Si el coheredero contase con medidas de apoyo por raz髇 de discapacidad, se estar� a lo que se disponga en estas.�

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• Cuarenta y cinco. Se modifica el p醨rafo tercero y se a馻de un cuarto p醨rafo al art韈ulo 1057, con la siguiente redacci髇:

  獿o dispuesto en este art韈ulo y en el anterior se observar� aunque entre los coherederos haya alguno sujeto a patria potestad o tutela; pero el contador-partidor deber� en estos casos inventariar los bienes de la herencia, con citaci髇 de los representantes legales de dichas personas.

  Si el coheredero tuviera dispuestas medidas de apoyo, se estar� a lo establecido en ellas.�

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• Cuarenta y seis. Se redacta el art韈ulo 1060 como se indica a continuaci髇:

  獵uando los menores est閚 legalmente representados en la partici髇, no ser� necesaria la intervenci髇 ni la autorizaci髇 judicial, pero el tutor necesitar� aprobaci髇 judicial de la ya efectuada. El defensor judicial designado para representar a un menor en una partici髇, deber� obtener la aprobaci髇 de la autoridad judicial, si el Letrado de la Administraci髇 de Justicia no hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.

  Tampoco ser� necesaria autorizaci髇 ni intervenci髇 judicial en la partici髇 realizada por el curador con facultades de representaci髇. La partici髇 una vez practicada requerir� aprobaci髇 judicial.

  La partici髇 realizada por el defensor judicial designado para actuar en la partici髇 en nombre de un menor o de una persona a cuyo favor se hayan establecido medidas de apoyo, necesitar� la aprobaci髇 judicial, salvo que se hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.�

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• Cuarenta y siete. Se sustituye el primer p醨rafo del art韈ulo 1163 por el que se indica a continuaci髇:

  獷l pago hecho a una persona menor de edad ser� v醠ido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. Esta regla tambi閚 ser� aplicable a los pagos realizados a una persona con discapacidad con medidas de apoyo establecidas para recibirlo y que act鷈 sin dichos apoyos, en caso de que el deudor o la persona que realice el pago conociera de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la contrataci髇 o se hubiera aprovechado de otro modo de la situaci髇 de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.�

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• Cuarenta y ocho. El art韈ulo 1263 se redacta con el siguiente tenor:

  獿os menores de edad no emancipados podr醤 celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por s� mismos o con asistencia de sus representantes y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales.�

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• Cuarenta y nueve. Se da nueva redacci髇 al ordinal 1.� del art韈ulo 1291, con el siguiente tenor:

  �1.� Los contratos que hubieran podido celebrar sin autorizaci髇 judicial los tutores o los curadores con facultades de representaci髇, siempre que las personas a quienes representen hayan sufrido lesi髇 en m醩 de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos.�

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• Cincuenta. Se sustituye el segundo p醨rafo del art韈ulo 1299 por el que figura a continuaci髇:

  玃ara los menores sujetos a tutela, para las personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo que establezcan facultades de representaci髇 y para los ausentes, los cuatro a駉s no empezar醤 a computarse hasta que se extinga la tutela o la medida representativa de apoyo, o cese la situaci髇 de ausencia legal.�

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• Cincuenta y uno. El art韈ulo 1301 se redacta conforme se indica a continuaci髇:

  獿a acci髇 de nulidad caducar� a los cuatro a駉s. Ese tiempo empezar� a correr:

  • 1.� En los casos de intimidaci髇 o violencia, desde el d韆 en que estas hubiesen cesado.
  • 2.� En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumaci髇 del contrato.
  • 3.� Cuando la acci髇 se refiera a los contratos celebrados por los menores, desde que salieren de la patria potestad o la tutela.
  • 4.� Cuando la acci髇 se refiera a los contratos celebrados por personas con discapacidad prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueran precisas, desde la celebraci髇 del contrato.
  • 5.� Si la acci髇 se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados por uno de los c髇yuges sin consentimiento del otro, cuando este consentimiento fuere necesario, desde el d韆 de la disoluci髇 de la sociedad conyugal o del matrimonio salvo que antes hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato.�
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• Cincuenta y dos. El art韈ulo 1302 se redacta con el siguiente tenor:

  �1. Pueden ejercitar la acci髇 de nulidad de los contratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos.

  2. Los contratos celebrados por menores de edad podr醤 ser anulados por sus representantes legales o por ellos cuando alcancen la mayor韆 de edad. Se except鷄n aquellos que puedan celebrar v醠idamente por s� mismos.

  3. Los contratos celebrados por personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad de contratar prescindiendo de dichas medidas cuando fueran precisas, podr醤 ser anulados por ellas, con el apoyo que precisen. Tambi閚 podr醤 ser anulados por sus herederos durante el tiempo que faltara para completar el plazo, si la persona con discapacidad hubiere fallecido antes del transcurso del tiempo en que pudo ejercitar la acci髇.

  Los contratos mencionados en el p醨rafo anterior tambi閚 podr醤 ser anulados por la persona a la que hubiera correspondido prestar el apoyo. En este caso, la anulaci髇 solo proceder� cuando el otro contratante fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la contrataci髇 o se hubiera aprovechado de otro modo de la situaci髇 de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.

  4. Los contratantes no podr醤 alegar la minor韆 de edad ni la falta de apoyo de aquel con el que contrataron; ni los que causaron la intimidaci髇 o violencia o emplearon el dolo o produjeron el error, podr醤 fundar su acci髇 en estos vicios del contrato.�

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• Cincuenta y tres. El art韈ulo 1304 se redacta con el siguiente tenor:

  獵uando la nulidad proceda de la minor韆 de edad, el contratante menor no estar� obligado a restituir sino en cuanto se enriqueci� con la prestaci髇 recibida. Esta regla ser� aplicable cuando la nulidad proceda de haber prescindido de las medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, siempre que el contratante con derecho a la restituci髇 fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la contrataci髇 o se hubiera aprovechado de otro modo de la situaci髇 de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.�

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• Cincuenta y cuatro. El art韈ulo 1314 queda redactado como sigue:

  玊ambi閚 se extinguir� la acci髇 de nulidad de los contratos cuando la cosa, objeto de estos, se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquella.

  Si la causa de la acci髇 fuera la minor韆 de edad de alguno de los contratantes, la p閞dida de la cosa no ser� obst醕ulo para que la acci髇 prevalezca, a menos que hubiese ocurrido por dolo o culpa del reclamante despu閟 de haber alcanzado la mayor韆 de edad.

  Si la causa de la acci髇 fuera haber prescindido el contratante con discapacidad de las medidas de apoyo establecidas cuando fueran precisas, la p閞dida de la cosa no ser� obst醕ulo para que la acci髇 prevalezca, siempre que el otro contratante fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la contrataci髇 o se hubiera aprovechado de otro modo de la situaci髇 de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.�

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• Cincuenta y cinco. Se suprime el art韈ulo 1330.LE0000013389_20230302
• Cincuenta y seis. El art韈ulo 1387 se redacta con el siguiente tenor:

  獿a administraci髇 y disposici髇 de los bienes de la sociedad de gananciales se transferir� por ministerio de la ley al c髇yuge nombrado curador de su consorte con discapacidad, cuando le hayan sido atribuidas facultades de representaci髇 plena.�

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• Cincuenta y siete. Se da nueva redacci髇 al ordinal 1.� del art韈ulo 1393, en los siguientes t閞minos:

  �1.� Si respecto del otro c髇yuge se hubieren dispuesto judicialmente medidas de apoyo que impliquen facultades de representaci髇 plena en la esfera patrimonial, si hubiere sido declarado ausente o en concurso, o condenado por abandono de familia. Para que la autoridad judicial acuerde la disoluci髇 bastar� que el c髇yuge que la pidiere presente la correspondiente resoluci髇 judicial.�

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• Cincuenta y ocho. El ordinal 1.� del art韈ulo 1459 se sustituye por el que figura a continuaci髇:

  �1.� Los que desempe馿n el cargo de tutor o funciones de apoyo, los bienes de la persona o personas a quienes representen.�

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• Cincuenta y nueve. El art韈ulo 1548 se redacta con el siguiente tenor:

  獿os progenitores o tutores, respecto de los bienes de los menores, y los administradores de bienes que no tengan poder especial, no podr醤 dar en arrendamiento las cosas por t閞mino que exceda de seis a駉s.�

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• Sesenta. Se da nueva redacci髇 al ordinal 3� del art韈ulo 1700, se a馻de un nuevo ordinal 5� y se modifica el p醨rafo final, en los siguientes t閞minos:

  �3.� Por muerte o concurso de cualquiera de los socios y en el caso previsto en el art韈ulo 1699.�

  �5.� Cuando respecto de alguno de los socios se hubieren dispuesto medidas de apoyo que impliquen facultades de representaci髇 plena en la esfera patrimonial.

  Se except鷄n de lo dispuesto en los n鷐eros 3.�, 4.� y 5.� de este art韈ulo las sociedades a que se refiere el art韈ulo 1670, en los casos en que deban subsistir con arreglo al C骴igo de Comercio.�

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• Sesenta y uno. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 1732, con el texto que se indica:

  獷l mandato se acaba:

  • 1.� Por su revocaci髇.
  • 2.� Por renuncia del mandatario.
  • 3.� Por muerte o por concurso del mandante o del mandatario.
  • 4.� Por el establecimiento en relaci髇 al mandatario de medidas de apoyo que incidan en el acto en que deba intervenir en esa condici髇.
  • 5.� Por la constituci髇 en favor del mandante de la curatela representativa como medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica, a salvo lo dispuesto en este C骴igo respecto de los mandatos preventivos.�
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• Sesenta y dos. El art韈ulo 1764 se redacta con el siguiente tenor:

  獷l dep髎ito hecho por un menor o por persona con discapacidad sin contar con la medida de apoyo prevista vincular� al depositario a todas las obligaciones que nacen del contrato de dep髎ito.�

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• Sesenta y tres. El art韈ulo 1765 se redacta del siguiente modo:

  玈i el dep髎ito ha sido hecho en un menor, el depositante solo tendr� acci髇 para reivindicar la cosa depositada mientras exista en poder del depositario, o a que este le abone la cantidad en que se hubiese enriquecido con la cosa o con el precio. Esta regla tambi閚 resultar� de aplicaci髇 cuando el dep髎ito haya sido hecho en una persona con discapacidad que haya prescindido de las medidas de apoyo previstas cuando fueran precisas y el depositante fuera conocedor de la existencia de medidas de apoyo en el momento de la contrataci髇 o se hubiera aprovechado de otro modo de la situaci髇 de discapacidad obteniendo de ello una ventaja injusta.�

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• Sesenta y cuatro. El art韈ulo 1773 se redacta con el siguiente tenor:

  獵uando el depositante, despu閟 de hacer el dep髎ito, contara con medidas de apoyo, la devoluci髇 del dep髎ito se ajustar� a lo que resulte de aquellas.�

  LE0000013389_20230302
• Sesenta y cinco. El art韈ulo 1811 se redacta conforme se indica a continuaci髇:

  獷l tutor y el curador con facultades de representaci髇 necesitar醤 autorizaci髇 judicial para transigir sobre cuestiones relativas a los intereses de la persona cuya representaci髇 ostentan, salvo que se trate de asuntos de escasa relevancia econ髆ica.�

  LE0000013389_20230302
• Sesenta y seis. Se modifica el p醨rafo tercero del art韈ulo 1903 y se introduce un p醨rafo cuarto, con el texto que se indica a continuaci髇:

  獿os tutores lo son de los perjuicios causados por los menores que est醤 bajo su autoridad y habitan en su compa耥a.

  Los curadores con facultades de representaci髇 plena lo son de los perjuicios causados por la persona a quien presten apoyo, siempre que convivan con ella.�

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• Sesenta y siete. Se modifica la disposici髇 adicional cuarta, que queda redactada como sigue:

  獿a referencia a la discapacidad que se realiza en los art韈ulos 96, 756 n鷐ero 7.�, 782, 808, 822 y 1041, se entender� hecha al concepto definido en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci髇 del C骴igo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, y a las personas que est醤 en situaci髇 de dependencia de grado II o III de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia.

  A los efectos de los dem醩 preceptos de este C骴igo, salvo que otra cosa resulte de la dicci髇 del art韈ulo de que se trate, toda referencia a la discapacidad habr� de ser entendida a aquella que haga precisa la provisi髇 de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jur韉ica.�

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Art韈ulo tercero Modificaci髇 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946

La Ley Hipotecaria queda modificada como sigue:

• Uno. El ordinal cuarto del art韈ulo 2 queda redactado del siguiente modo:

  獵uarto. Las resoluciones judiciales en que se declaren la ausencia o el fallecimiento o afecten a la libre disposici髇 de bienes de una persona, y las resoluciones a las que se refiere el p醨rafo segundo del art韈ulo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las inscripciones de resoluciones judiciales sobre medidas de apoyo realizadas en virtud de este apartado se practicar醤 exclusivamente en el Libro sobre administraci髇 y disposici髇 de bienes inmuebles.�

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• Dos. Se suprime el art韈ulo 28.LE0000007630_20220926
• Tres. El apartado quinto del art韈ulo 42 se redacta con el siguiente tenor:

  玅uinto. El que instare ante el 髍gano judicial competente demanda de alguna de las resoluciones expresadas en el apartado cuarto del art韈ulo 2, salvo las relativas a medidas de apoyo a personas con discapacidad.�

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• Cuatro. Se modifica el art韈ulo 165, dando nueva redacci髇 al p醨rafo inicial e introduciendo una nueva regla sexta con el siguiente tenor:

  玃ara constituir o ampliar judicialmente y a instancia de parte cualquier hipoteca legal, se proceder� con sujeci髇 a las reglas siguientes:�

  玈exta. Trat醤dose de hipoteca legal por raz髇 de la fianza de tutores, la competencia para decretar la hipoteca legal y la tramitaci髇 de la misma corresponder� al Juzgado en el que se tramite el nombramiento de los tutores, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 192, aplic醤dose lo dispuesto en las reglas anteriores en lo que no se opongan a dicho precepto.�

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• Cinco. El supuesto cuarto del art韈ulo 168 queda redactado del siguiente modo:

  獵uarto. Los menores de edad sujetos a tutela sobre los bienes de los tutores, por raz髇 de la responsabilidad en que pudieran incurrir, siempre que la autoridad judicial considere necesario que presten fianza y sin perjuicio de los casos en que se ofrezca otra garant韆 real o personal que sea suficiente a juicio de la autoridad judicial.�

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• Seis. El art韈ulo 192 queda redactado del siguiente modo:

  獿a fianza hipotecaria que deber醤 prestar los tutores, conforme al n鷐ero cuarto del art韈ulo 168, se decretar� de oficio por la autoridad judicial o a instancia del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente con inter閟 leg韙imo, siempre que la autoridad judicial considere necesaria la prestaci髇 de la fianza y no se haya propuesto otra clase de garant韆. En la resoluci髇 judicial se expresar� la cuant韆 de la fianza y la obligaci髇 de aportar al Juzgado la escritura p鷅lica de hipoteca unilateral de m醲imo. Dicha escritura, junto con la aprobaci髇 judicial, se presentar� en el Registro o Registros competentes por raz髇 de la situaci髇 de los bienes hipotecados y ser� objeto de calificaci髇 e inscripci髇 de acuerdo con los requisitos establecidos en esta ley.

  La hipoteca legal podr� cancelarse cuando la autoridad judicial lo decrete por haber aceptado la sustituci髇 por otra garant韆 personal o real. Asimismo, se cancelar� cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela de que se trate y, en todo caso, cuando hayan transcurrido tres a駉s desde la rendici髇 final de cuentas sin que conste en el Registro ninguna reclamaci髇 por raz髇 de las mismas.�

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• Siete. El apartado 9 del art韈ulo 222 queda redactado como sigue:

  �9. Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en este art韈ulo, se dispondr� de los instrumentos necesarios para proporcionar a todos ellos informaci髇 por telefax o comunicaci髇 electr髇ica, a elecci髇 del solicitante y con el valor de nota simple informativa, sobre el contenido del Libro Diario, en su caso, del Libro de Entrada, del Libro de Inscripciones y del Libro sobre administraci髇 y disposici髇 de bienes inmuebles, salvo en lo atinente a las resoluciones judiciales que establezcan medidas de apoyo a personas con discapacidad.�

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• Ocho. El 鷏timo p醨rafo del apartado 5 del art韈ulo 222 bis se redacta con el siguiente tenor:

  獵uando la consulta se refiera a las fichas del 蚽dice de Personas se har醤 constar solamente las circunstancias de la letra a) anterior. Lo mismo se observar� respecto del Libro sobre administraci髇 y disposici髇 de bienes inmuebles.�

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• Nueve. Se incorpora un art韈ulo 242 bis, que queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 242 bis

  1. En el Libro sobre administraci髇 y disposici髇 de bienes inmuebles a que se refiere el n鷐ero cuarto del art韈ulo 2 ser醤 objeto de asiento las resoluciones dictadas en los expedientes de declaraci髇 de ausencia y fallecimiento, las de concurso establecidas en la legislaci髇 concursal, as� como las dem醩 resoluciones y medidas previstas en las leyes que afecten a la libre administraci髇 y disposici髇 de los bienes de una persona. Podr醤 ser objeto de asiento tambi閚 en este libro las resoluciones sobre personas con discapacidad a las que se refiere el art韈ulo 755.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  2. El asiento en el Libro sobre administraci髇 y disposici髇 de bienes inmuebles expresar� las circunstancias contenidas en la resoluci髇 correspondiente. En el caso de las medidas de apoyo, el asiento 鷑icamente expresar� la existencia y el contenido de las medidas.

  3. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Espa馻 llevar� a sus expensas y bajo la dependencia del Ministerio de Justicia un 蚽dice Central Informatizado con la informaci髇 remitida por los diferentes Registros relativa a los asientos practicados en el Libro sobre administraci髇 y disposici髇 de bienes inmuebles, que estar� relacionado electr髇icamente con los datos correspondientes, si los hubiera, del actual fichero localizador de titularidades inscritas.�

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Art韈ulo cuarto Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del art韈ulo 7, que quedan redactados como sigue:

  �1. Podr醤 comparecer en juicio todas las personas.

  2. Las personas menores de edad no emancipadas deber醤 comparecer mediante la representaci髇, asistencia o autorizaci髇 exigidos por la ley. En el caso de las personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica, se estar� al alcance y contenido de estas.�

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• Dos. Se introduce un nuevo art韈ulo 7 bis con la siguiente r鷅rica y contenido:

  獳rt韈ulo 7 bis Ajustes para personas con discapacidad

  1. En los procesos en los que participen personas con discapacidad, se realizar醤 las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participaci髇 en condiciones de igualdad.

  Dichas adaptaciones y ajustes se realizar醤, tanto a petici髇 de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicaci髇. Las adaptaciones podr醤 venir referidas a la comunicaci髇, la comprensi髇 y la interacci髇 con el entorno.

  2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuaci髇 que deba llevarse a cabo. A tal fin:

  • a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se har醤 en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus caracter韘ticas personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura f醕il. Si fuera necesario, la comunicaci髇 tambi閚 se har� a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jur韉ica.
  • b) Se facilitar� a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluir� la interpretaci髇 en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicaci髇 oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
  • c) Se permitir� la participaci髇 de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptaci髇 y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
  • d) La persona con discapacidad podr� estar acompa馻da de una persona de su elecci髇 desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.�
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• Tres. Se modifica la redacci髇 del ordinal 5.� del art韈ulo 52.1, seg鷑 se indica a continuaci髇:

  �5.� En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a las medidas judiciales de apoyo de personas con discapacidad ser� competente el Tribunal del lugar en que resida la persona con discapacidad, conforme se establece en el apartado 3 del art韈ulo 756.�

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• Cuatro. Se da nueva redacci髇 al apartado 3 del art韈ulo 162, seg鷑 se indica a continuaci髇:

  �3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dict醡enes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior solo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podr醤, no obstante, ser presentados en soporte electr髇ico mediante im醙enes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los art韈ulos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el Tribunal en los procesos de familia, provisi髇 de medidas judiciales de apoyo o filiaci髇, o el Ministerio Fiscal, as� lo solicitasen, habr醤 de aportarse aquellos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se se馻le.�

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• Cinco. Se da nueva redacci髇 al segundo p醨rafo del apartado 3 del art韈ulo 222, seg鷑 se indica a continuaci髇:

  獷n las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiaci髇, paternidad, maternidad y medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jur韉ica, la cosa juzgada tendr� efectos frente a todos a partir de su inscripci髇 o anotaci髇 en el Registro Civil.�

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• Seis. Se modifica la r鷅rica del T韙ulo I del Libro IV como se indica:

  獶e los procesos sobre provisi髇 de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, filiaci髇, matrimonio y menores�

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• Siete. Queda modificado el ordinal 1.� del art韈ulo 748 con el siguiente tenor:

  �1.� Los que versen sobre la adopci髇 de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.�

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• Ocho. Los apartados 1 y 2 del art韈ulo 749 se redactan como se indica a continuaci髇:

  獳rt韈ulo 749 Intervenci髇 del Ministerio Fiscal

  1. En los procesos sobre la adopci髇 de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, en los de nulidad matrimonial, en los de sustracci髇 internacional de menores y en los de determinaci髇 e impugnaci髇 de la filiaci髇, ser� siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido promotor de los mismos ni deba, conforme a la ley, asumir la defensa de alguna de las partes.

  El Ministerio Fiscal velar� a lo largo de todo el procedimiento por la salvaguarda de la voluntad, deseos, preferencias y derechos de las personas con discapacidad que participen en dichos procesos, as� como por el inter閟 superior del menor.

  2. En los dem醩 procesos a que se refiere este t韙ulo ser� preceptiva la intervenci髇 del Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, persona con discapacidad o est� en situaci髇 de ausencia legal.�

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• Nueve. El ordinal 1.� del art韈ulo 751.2 se redacta como se indica a continuaci髇:

  �1.� En los procesos que se refieran a filiaci髇, paternidad y maternidad, siempre que no existan menores, personas con discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas o ausentes interesados en el procedimiento.�

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• Diez. Los apartados 1 y 3 del art韈ulo 753 se redactan con el siguiente tenor:

  �1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, los procesos a que se refiere este t韙ulo se sustanciar醤 por los tr醡ites del juicio verbal. El letrado de la Administraci髇 de Justicia dar� traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, cuando proceda, y a las dem醩 personas que, conforme a la ley, deban ser parte en el procedimiento, hayan sido o no demandados, emplaz醤doles para que la contesten en el plazo de veinte d韆s, conforme a lo establecido en el art韈ulo 405.�

  �3. Los procesos a los que se refiere este t韙ulo ser醤 de tramitaci髇 preferente siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea menor, persona con discapacidad con medidas judiciales de apoyo en las que se designe un apoyo con funciones representativas, o est� en situaci髇 de ausencia legal.�

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• Once. El art韈ulo 755 queda redactado con el siguiente texto:

  獳rt韈ulo 755 Acceso de las sentencias a Registros p鷅licos

  El letrado de la Administraci髇 de Justicia acordar� que las sentencias y dem醩 resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este T韙ulo se comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la pr醕tica de los asientos que correspondan.

  A petici髇 de parte, se comunicar醤 tambi閚 al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil, al Registro de Bienes Muebles o a cualquier otro Registro p鷅lico a los efectos que en cada caso correspondan. En el caso de medidas de apoyo, la comunicaci髇 se har� 鷑icamente a petici髇 de la persona en favor de la cual el apoyo se ha constituido.�

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• Doce. Se modifica la r鷅rica del Libro IV, T韙ulo I, Cap韙ulo II, como sigue:

  獶e los procesos sobre la adopci髇 de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.�

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• Trece. El art韈ulo 756 queda redactado con el siguiente texto:

  獳rt韈ulo 756 羗bito de aplicaci髇 y competencia

  1. En los supuestos en los que, de acuerdo con la legislaci髇 civil aplicable, sea pertinente el nombramiento de curador y en el expediente de jurisdicci髇 voluntaria dirigido a tal efecto se haya formulado oposici髇, o cuando el expediente no haya podido resolverse, la adopci髇 de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad se regir� por lo establecido en este Cap韙ulo.

  2. Ser� competente para conocer de las demandas sobre la adopci髇 de medidas de apoyo a personas con discapacidad la autoridad judicial que conoci� del previo expediente de jurisdicci髇 voluntaria, salvo que la persona a la que se refiera la solicitud cambie con posterioridad de residencia, en cuyo caso lo ser� el juez de primera instancia del lugar en que esta resida.

  3. Si antes de la celebraci髇 de la vista se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona a que se refiera el proceso, se remitir醤 las actuaciones al Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.�

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• Catorce. El art韈ulo 757 se redacta como se indica a continuaci髇:

  獳rt韈ulo 757 Legitimaci髇 e intervenci髇 procesal

  1. El proceso para la adopci髇 judicial de medidas de apoyo a una persona con discapacidad puede promoverlo la propia persona interesada, su c髇yuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situaci髇 de hecho asimilable, su descendiente, ascendiente o hermano.

  2. El Ministerio Fiscal deber� promover dicho proceso si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no hubieran presentado la correspondiente demanda, salvo que concluyera que existen otras v韆s a trav閟 de las que la persona interesada pueda obtener los apoyos que precisa.

  3. Cuando con la demanda se solicite el inicio del procedimiento de provisi髇 de apoyos, las medidas de apoyo correspondientes y un curador determinado, se le dar� a este traslado de aquella a fin de que pueda alegar lo que considere conveniente sobre dicha cuesti髇.

  4. Las personas legitimadas para instar el proceso de adopci髇 de medidas judiciales de apoyo o que acrediten un inter閟 leg韙imo podr醤 intervenir a su costa en el ya iniciado, con los efectos previstos en el art韈ulo 13.�

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• Quince. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 758, con el siguiente tenor:

  獳rt韈ulo 758 Certificaci髇 registral y personaci髇 del demandado

  1. Admitida la demanda, el letrado de la Administraci髇 de Justicia recabar� certificaci髇 del Registro Civil y, en su caso, de otros Registros p鷅licos que considere pertinentes sobre las medidas de apoyo inscritas.

  2. Una vez notificada la demanda por medio de remisi髇 o entrega, o por edictos cuando la persona interesada no hubiera podido ser notificada personalmente, si transcurrido el plazo previsto para la contestaci髇 a la demanda la persona interesada no compareciera ante el Juzgado con su propia defensa y representaci髇, el letrado de la Administraci髇 de Justicia proceder� a designarle un defensor judicial, a no ser que ya estuviera nombrado o su defensa corresponda al Ministerio Fiscal por no ser el promotor del procedimiento. A continuaci髇, se le dar� al defensor judicial un nuevo plazo de veinte d韆s para que conteste a la demanda si lo considera procedente.

  El letrado de la Administraci髇 de Justicia llevar� a cabo las actuaciones necesarias para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad y los tr醡ites del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 7 bis.�

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• Diecis閕s. El art韈ulo 759 se redacta como se indica a continuaci髇:

  獳rt韈ulo 759 Pruebas preceptivas en primera y segunda instancia

  1. En los procesos sobre adopci髇 de medidas de apoyo a las que se refiere este Cap韙ulo, adem醩 de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 752, el Tribunal practicar� las siguientes:

  • 1.� Se entrevistar� con la persona con discapacidad.
  • 2.� Dar� audiencia al c髇yuge no separado de hecho o legalmente o a quien se encuentre en situaci髇 de hecho asimilable, as� como a los parientes m醩 pr髕imos de la persona con discapacidad.
  • 3.� Acordar� los dict醡enes periciales necesarios o pertinentes en relaci髇 con las pretensiones de la demanda, no pudiendo decidirse sobre las medidas que deben adoptarse sin previo dictamen pericial acordado por el Tribunal. Para dicho dictamen preceptivo se contar� en todo caso con profesionales especializados de los 醡bitos social y sanitario, y podr� contarse tambi閚 con otros profesionales especializados que aconsejen las medidas de apoyo que resulten id髇eas en cada caso.

  2. En los casos en que la demanda haya sido presentada por la propia persona con discapacidad, el Tribunal podr�, previa solicitud de esta y de forma excepcional, no practicar las audiencias preceptivas, si as� resultara m醩 conveniente para la preservaci髇 de su intimidad.

  3. Cuando el nombramiento de curador no estuviera propuesto, sobre esta cuesti髇 se oir� a la persona con discapacidad, al c髇yuge no separado de hecho o legalmente o a quien se encuentre en situaci髇 de hecho asimilable, a sus parientes m醩 pr髕imos y a las dem醩 personas que el Tribunal considere oportuno, siendo tambi閚 de aplicaci髇 lo dispuesto en el apartado anterior.

  4. Si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se ordenar� tambi閚 de oficio en la segunda instancia la pr醕tica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de este art韈ulo.�

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• Diecisiete. El art韈ulo 760 se modifica como se indica a continuaci髇:

  獳rt韈ulo 760 Sentencia

  Las medidas que adopte la autoridad judicial en la sentencia deber醤 ser conformes a lo dispuesto sobre esta cuesti髇 en las normas de derecho civil que resulten aplicables.�

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• Dieciocho. El art韈ulo 761 se redacta con el siguiente tenor:

  獳rt韈ulo 761 Revisi髇 de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas

  Las medidas contenidas en la sentencia dictada ser醤 revisadas de conformidad con lo previsto en la legislaci髇 civil, debiendo seguirse los tr醡ites previstos a tal efecto en la Ley de Jurisdicci髇 Voluntaria.

  En caso de que se produjera oposici髇 en el expediente de jurisdicci髇 voluntaria de revisi髇 a que se refiere el p醨rafo anterior, o si dicho expediente no hubiera podido resolverse, se deber� instar el correspondiente proceso contencioso conforme a lo previsto en el presente Cap韙ulo, pudiendo promoverlo cualquiera de las personas mencionadas en el apartado 1 del art韈ulo 757, as� como quien ejerza el apoyo de la persona con discapacidad.�

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• Diecinueve. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 762, con el siguiente texto:

  獳rt韈ulo 762 Medidas cautelares

  1. Cuando el Tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de una persona en una situaci髇 de discapacidad que requiera medidas de apoyo, adoptar� de oficio las que estime necesarias para la adecuada protecci髇 de aquella o de su patrimonio y pondr� el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, si lo estima procedente, un expediente de jurisdicci髇 voluntaria.

  2. El Ministerio Fiscal podr� tambi閚, en las mismas circunstancias, solicitar del Tribunal la inmediata adopci髇 de las medidas a que se refiere el apartado anterior.

  Tales medidas podr醤 adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento.

  3. Siempre que la urgencia de la situaci髇 no lo impida, las medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordar醤 previa audiencia de las personas con discapacidad. Para ello ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en los art韈ulos 734, 735 y 736 de esta Ley.�

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• Veinte. En el art韈ulo 765 se modifica la r鷅rica y se da nueva redacci髇 al apartado 1 con el texto que se indica:

  獳rt韈ulo 765 Ejercicio de las acciones que correspondan al hijo menor o hijo con discapacidad que precise apoyo. Sucesi髇 procesal

  �1. Las acciones de determinaci髇 o de impugnaci髇 de la filiaci髇 que, conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 civil, correspondan al hijo menor de edad, podr醤 ser ejercitadas por su representante legal o por el Ministerio Fiscal, indistintamente.

  Si fuere persona con discapacidad con medidas de apoyo para su ejercicio, dichas acciones podr醤 ser ejercitadas por ella, por quien preste el apoyo y se encuentre expresamente facultado para ello o, en su defecto, por el Ministerio Fiscal.�

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• Veintiuno. En el art韈ulo 770 se modifica la regla 4.� y se introduce una nueva regla 8.� con la redacci髇 que se indica:

  �4.� Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicar醤 dentro del plazo que el Tribunal se馻le, que no podr� exceder de treinta d韆s.

  Durante este plazo, el Tribunal podr� acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el C骴igo Civil para decretar la nulidad, separaci髇 o divorcio, as� como las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a los hijos menores o a los mayores con discapacidad que precisen apoyo, de acuerdo con la legislaci髇 civil aplicable.

  Si el procedimiento fuere contencioso y se estimare necesario de oficio o a petici髇 del fiscal, partes o miembros del equipo t閏nico judicial o de los propios hijos, podr醤 ser o韉os cuando tengan menos de doce a駉s, debiendo ser o韉os en todo caso si hubieran alcanzado dicha edad. Tambi閚 habr醤 de ser o韉os cuando precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica y este sea prestado por los progenitores, as� como los hijos con discapacidad, cuando se discuta el uso de la vivienda familiar y la est閚 usando.

  En las audiencias con los hijos menores o con los mayores con discapacidad que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica se garantizar� por la autoridad judicial que sean realizadas en condiciones id髇eas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario.换

  �8.� En los procesos matrimoniales en que existieran hijos comunes mayores de diecis閕s a駉s que se hallasen en situaci髇 de necesitar medidas de apoyo por raz髇 de su discapacidad, se seguir醤, en su caso, los tr醡ites establecidos en esta ley para los procesos para la adopci髇 judicial de medidas de apoyo a una persona con discapacidad.�

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• Veintid髎. Se da nueva redacci髇 al apartado 2 del art韈ulo 771, seg鷑 se indica a continuaci髇:

  �2. A la vista de la solicitud, el letrado de la Administraci髇 de Justicia citar� a los c髇yuges y, si hubiere hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia en la que se intentar� un acuerdo de las partes, que se馻lar� el letrado de la Administraci髇 de Justicia y que se celebrar� en los diez d韆s siguientes. A dicha comparecencia deber� acudir el c髇yuge demandado asistido por su abogado y representado por su procurador.

  De esta resoluci髇 dar� cuenta en el mismo d韆 al Tribunal para que pueda acordar de inmediato, si la urgencia del caso lo aconsejare, los efectos a los que se refiere el art韈ulo 102 del C骴igo Civil y lo que considere procedente en relaci髇 con la custodia de los hijos y uso de la vivienda y ajuar familiares. Contra esta resoluci髇 no se dar� recurso alguno.�

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• Veintitr閟. Se modifica la redacci髇 del apartado 1 del art韈ulo 775 en el sentido que se indica:

  �1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores y, en todo caso, los c髇yuges, podr醤 solicitar del Tribunal que acord� las medidas definitivas, la modificaci髇 de las medidas convenidas por los c髇yuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.�

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• Veinticuatro. Los apartados 5, 8 y 10 del art韈ulo 777 se redactan con el siguiente texto:

  �5. Si hubiera hijos menores o hijos mayores con discapacidad y medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, el Tribunal recabar� informe del Ministerio Fiscal sobre los t閞minos del convenio relativos a los hijos y ser醤 o韉os cuando se estime necesario de oficio o a petici髇 del fiscal, partes o miembros del equipo t閏nico judicial o del propio hijo. Estas actuaciones se practicar醤 durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si este no se hubiera abierto, en el plazo de cinco d韆s.�

  �8. La sentencia que deniegue la separaci髇 o el divorcio y el auto que acuerde alguna medida que se aparte de los t閞minos del convenio propuesto por los c髇yuges podr醤 ser recurridos en apelaci髇. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas no suspender� la eficacia de estas, ni afectar� a la firmeza de la sentencia relativa a la separaci髇 o al divorcio.

  La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio solo podr醤 ser recurridos, en inter閟 de los hijos menores o en aras de la salvaguarda de la voluntad, preferencias y derechos de los hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores, por el Ministerio Fiscal.�

  �10. Si la competencia fuera del letrado de la Administraci髇 de Justicia por no existir hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores ni menores no emancipados, inmediatamente despu閟 de la ratificaci髇 de los c髇yuges ante el letrado de la Administraci髇 de Justicia, este dictar� decreto pronunci醤dose sobre el convenio regulador.

  El decreto que formalice la propuesta del convenio regulador declarar� la separaci髇 o divorcio de los c髇yuges.

  Si considerase que, a su juicio, alguno de los acuerdos del convenio pudiera ser da駉so o gravemente perjudicial para uno de los c髇yuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertir� a los otorgantes y dar� por terminado el procedimiento. En este caso, los c髇yuges solo podr醤 acudir ante el juez para la aprobaci髇 de la propuesta de convenio regulador.

  El decreto no ser� recurrible.�

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• Veinticinco. Se da nueva redacci髇 al apartado 4 del art韈ulo 783 en el sentido que se indica:

  �4. El letrado de la Administraci髇 de Justicia convocar� tambi閚 al Ministerio Fiscal para que represente a los interesados en la herencia que sean menores y no tengan representaci髇 leg韙ima y a los ausentes cuyo paradero se ignore. La representaci髇 del Ministerio Fiscal cesar� una vez que los menores est閚 habilitados de representante legal y, respecto de los ausentes, cuando se presenten en el juicio o puedan ser citados personalmente, aunque vuelvan a ausentarse.�

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• Veintis閕s. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 790 en el sentido que se indica:

  獳rt韈ulo 790 Aseguramiento de los bienes de la herencia y de los documentos del difunto

  1. Siempre que el Tribunal tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de testamento, ni de ascendientes, descendientes o c髇yuge del finado o persona que se halle en una situaci髇 de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptar� de oficio las medidas m醩 indispensables para el enterramiento del difunto si fuere necesario y para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracci髇 u ocultaci髇.

  De la misma forma proceder� cuando las personas de que habla el p醨rafo anterior estuvieren ausentes o cuando alguno de ellos sea menor y no tenga representante legal.

  2. En los casos a que se refiere este art韈ulo, luego que comparezcan los parientes, o se nombre representante legal a los menores, se les har� entrega de los bienes y efectos pertenecientes al difunto, cesando la intervenci髇 judicial, salvo lo dispuesto en el art韈ulo siguiente, debiendo acudir al Notario a fin de que proceda a la incoaci髇 del expediente de declaraci髇 de herederos.�

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• Veintisiete. El ordinal 5.� del art韈ulo 793.3 se redacta como se indica a continuaci髇:

  �5.� El Ministerio Fiscal, siempre que pudiere haber parientes desconocidos con derecho a la sucesi髇 leg韙ima, o que alguno de los parientes conocidos con derecho a la herencia o de los herederos o legatarios de parte al韈uota no pudiere ser citado personalmente por no ser conocida su residencia, o cuando cualquiera de los interesados sea menor y no tenga representante legal.�

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• Veintiocho. El ordinal 4.� del art韈ulo 795 se redacta con el siguiente tenor:

  �4.� Los herederos y legatarios de parte al韈uota podr醤 dispensar al administrador del deber de prestar cauci髇. No habiendo acerca de esto conformidad, la cauci髇 ser� proporcionada al inter閟 en el caudal de los que no otorguen su relevaci髇. Se constituir� cauci髇, en todo caso, respecto de la participaci髇 en la herencia de los menores que no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero.�

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• Veintinueve. Se da nueva redacci髇 al apartado 2 del art韈ulo 796 en el sentido que se indica a continuaci髇:

  �2. Durante la sustanciaci髇 del procedimiento de divisi髇 judicial de la herencia podr醤 pedir los herederos, de com鷑 acuerdo, que cese la intervenci髇 judicial. El letrado de la Administraci髇 de Justicia as� lo acordar� mediante decreto, salvo cuando alguno de los interesados sea menor y no tenga representante legal o cuando haya alg鷑 heredero ausente al que no haya podido citarse por ignorarse su paradero.�

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Art韈ulo quinto Modificaci髇 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci髇 del C骴igo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci髇 del C骴igo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 1, que queda redactado como sigue:

  �2. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad se regir� por lo establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicaci髇 tendr� car醕ter preferente sobre lo dispuesto en el T韙ulo XI del Libro I del C骴igo Civil.�

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• Dos. Se modifica el art韈ulo 2, que queda redactado como sigue:

  �1. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendr� como beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo inter閟 se constituya, que ser� su titular.

  2. A los efectos de esta Ley 鷑icamente tendr醤 la consideraci髇 de personas con discapacidad:

  • a) Las que presenten una discapacidad ps韖uica igual o superior al 33 por ciento.
  • b) Las que presenten una discapacidad f韘ica o sensorial igual o superior al 65 por ciento.

  3. El grado de discapacidad se acreditar� mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resoluci髇 judicial firme.�

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• Tres. Se modifica el art韈ulo 3, que queda redactado como sigue:

  �1. Podr醤 constituir un patrimonio protegido:

  • a) La propia persona con discapacidad beneficiaria.
  • b) Quienes presten apoyo a las personas con discapacidad.
  • c) La persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria, cuando est� prevista en la legislaci髇 civil, autorizada al respecto por el constituyente de la misma.

  2. Cualquier persona con inter閟 leg韙imo podr� solicitar de la persona con discapacidad, con el apoyo que requiera, la constituci髇 de un patrimonio protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportaci髇 de bienes y derechos adecuados, suficiente para ese fin.

  En caso de negativa injustificada de la persona encargada de prestar aquel apoyo, el solicitante podr� acudir al Ministerio Fiscal, quien instar� de la autoridad judicial lo que proceda atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Si la autoridad judicial autorizara la constituci髇 del patrimonio protegido, la resoluci髇 judicial determinar� el contenido a que se refiere el apartado siguiente. El cargo de administrador no podr� recaer, salvo justa causa, en la persona encargada de prestar el apoyo que se hubiera negado injustificadamente a la constituci髇 del patrimonio protegido.

  3. El patrimonio protegido se constituir� en documento p鷅lico, o por resoluci髇 judicial en el supuesto contemplado en el apartado anterior.

  Dicho documento p鷅lico o resoluci髇 judicial tendr�, como m韓imo, el siguiente contenido:

  • a) El inventario de los bienes y derechos que inicialmente constituyan el patrimonio protegido.
  • b) La determinaci髇 de las reglas de administraci髇 y, en su caso, de fiscalizaci髇, incluyendo los procedimientos de designaci髇 de las personas que hayan de integrar los 髍ganos de administraci髇 o, en su caso, de fiscalizaci髇. Dicha determinaci髇 se realizar� conforme a lo establecido en el art韈ulo 5 de esta Ley.
  • c) Cualquier otra disposici髇 que se considere oportuna respecto a la administraci髇 o conservaci髇 del patrimonio protegido.

  Asimismo, el documento p鷅lico o resoluci髇 judicial podr� establecer las medidas u 髍ganos de control que estime oportunos para garantizar el respeto de los derechos, deseos, voluntad y preferencias del beneficiario, as� como las salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses e influencia indebida.

  Los Notarios comunicar醤 inmediatamente la constituci髇 y contenido de un patrimonio protegido por ellos autorizado al fiscal de la circunscripci髇 correspondiente al domicilio de la persona con discapacidad, mediante firma electr髇ica avanzada. Igual remisi髇 efectuar醤 de las escrituras relativas a las aportaciones de toda clase, que se realicen con posterioridad a su constituci髇.

  El fiscal que reciba la comunicaci髇 de la constituci髇 de un patrimonio protegido y no se considere competente para su fiscalizaci髇 lo remitir� al fiscal que designe el Fiscal General del Estado, de acuerdo con su Estatuto Org醤ico.�

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• Cuatro. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 4, que queda redactado como sigue:

  �2. Cualquier persona con inter閟 leg韙imo, con el consentimiento de la persona con discapacidad con el apoyo que requiera, podr� aportar bienes o derechos al patrimonio protegido. Estas aportaciones de bienes o derechos deber醤 realizarse siempre a t韙ulo gratuito, incluso a trav閟 de pacto sucesorio en aquellas legislaciones civiles vigentes que la permitan, y no estar醤 sujetas a t閞mino. Las aportaciones podr醤 efectuarse por la persona comisaria o titular de una fiducia sucesoria en nombre del comitente ya fallecido, en los supuestos regulados en las legislaciones civiles vigentes que lo permitan.�

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• Cinco. Se modifica el art韈ulo 5, que queda redactado como sigue:

  �1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario del mismo, su administraci髇, cualquiera que sea la procedencia de los bienes y derechos que lo integren, se sujetar� a las reglas establecidas en el documento p鷅lico de constituci髇.

  2. En los dem醩 casos, las reglas de administraci髇 quedar醤 sujetas a lo dispuesto en el documento p鷅lico de constituci髇 o aportaci髇, pudiendo establecerse los apoyos o salvaguardas que se consideren convenientes, ya sea por el propio constituyente o aportante o por la autoridad judicial, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de aquellas personas legitimadas para promover la adopci髇 de medidas de apoyo respecto del titular del patrimonio protegido.

  En ning鷑 caso ser� necesaria la subasta p鷅lica para la enajenaci髇 de los bienes o derechos que integran el patrimonio protegido.

  En todo caso, y en consonancia con la finalidad propia de los patrimonios protegidos de satisfacci髇 de las necesidades vitales de sus titulares, con los mismos bienes y derechos en 閘 integrados, as� como con sus frutos, productos y rendimientos, no se considerar醤 actos de disposici髇 el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.

  3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los constituyentes o el administrador podr醤 instar al Ministerio Fiscal que solicite de la autoridad judicial competente la excepci髇 de la autorizaci髇 judicial en determinados supuestos, en atenci髇 a la composici髇 del patrimonio, las circunstancias personales de su beneficiario, las necesidades derivadas de su discapacidad, la solvencia del administrador o cualquier otra circunstancia de an醠oga naturaleza.

  4. Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, as� como sus frutos, rendimientos o productos, deber醤 destinarse a la satisfacci髇 de las necesidades vitales de su beneficiario o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido.

  5. En ning鷑 caso podr醤 ser administradores las personas o entidades que no puedan ser curadores, conforme a lo establecido en el C骴igo Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial que, en su caso, fueran aplicables.

  6. Cuando no se pudiera designar administrador conforme a las reglas establecidas en el documento p鷅lico o resoluci髇 judicial de constituci髇, la autoridad judicial competente proveer� lo que corresponda, a solicitud del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta los deseos, voluntad y preferencias del beneficiario.�

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• Seis. Se modifica el art韈ulo 7, que queda redactado como sigue:

  �1. La supervisi髇 de la administraci髇 del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, quien instar� del juez lo que proceda respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, incluso la sustituci髇 del administrador, el cambio de las reglas de administraci髇, el establecimiento de medidas especiales de fiscalizaci髇, la adopci髇 de cautelas, la extinci髇 del patrimonio protegido o cualquier otra medida de an醠oga naturaleza.

  El Ministerio Fiscal actuar� de oficio o a solicitud de cualquier persona y ser� o韉o en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido.

  2. Cuando no sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del patrimonio, el administrador del patrimonio protegido deber� rendir cuentas de su gesti髇 al Ministerio Fiscal cuando lo determine este y, en todo caso, anualmente, mediante la remisi髇 de una relaci髇 de su gesti髇 y un inventario de los bienes y derechos que lo formen, todo ello justificado documentalmente.

  El Ministerio Fiscal podr� requerir documentaci髇 adicional y solicitar cuantas aclaraciones estime pertinentes.

  3. Como 髍gano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de las funciones previstas en este art韈ulo, se crea la Comisi髇 de Protecci髇 Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio competente en materia de servicios sociales y en la que participar醤, en todo caso, el Ministerio Fiscal y representantes de la asociaci髇 de utilidad p鷅lica m醩 representativa en el 醡bito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.

  La composici髇, funcionamiento y funciones de esta Comisi髇 se determinar醤 reglamentariamente.�

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Art韈ulo sexto Modificaci髇 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, queda modificada como sigue:

• Uno. Se modifica la redacci髇 de los ordinales 10.� a 14.� del art韈ulo 4 con el tenor que se indica, pasando a identificarse con el ordinal 15.� el actual supuesto 14.� y con el ordinal 16.� el actual supuesto 15.�:

  �10.� Los poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de curador y las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de s� misma o de sus bienes.

  11.� Las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de provisi髇 de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad.

  12.� Los actos relativos a la constituci髇 y r間imen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.

  13.� La tutela del menor y la defensa judicial del menor emancipado.

  14.� Las declaraciones de concurso de las personas f韘icas y la intervenci髇 o suspensi髇 de sus facultades.�

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• Dos. La letra i) del art韈ulo 11 se redacta como se indica a continuaci髇:
  • 玦) El derecho a promover la inscripci髇 de determinados hechos y actos dirigidos a la protecci髇 de los menores, las personas mayores y otras personas respecto de las cuales la inscripci髇 registral supone una particular garant韆 de sus derechos.�
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• Tres. Se modifica la redacci髇 del primer p醨rafo del art韈ulo 44.7 con el siguiente texto:

  �7. El reconocimiento de la filiaci髇 no matrimonial con posterioridad a la inscripci髇 de nacimiento podr� hacerse en cualquier tiempo con arreglo a las formas establecidas en la legislaci髇 civil aplicable. Si se realizare mediante declaraci髇 del padre ante el encargado del Registro Civil, se requerir� el consentimiento expreso de la madre y del representante legal si fuera menor de edad o de la persona a la que se reconoce si fuera mayor. Si se tratare de personas con discapacidad respecto de las cuales se hubiesen establecido medidas de apoyo, se estar� a lo que resulte de la resoluci髇 judicial que las haya establecido o del documento notarial en el que se hayan previsto o acordado. Para que sea posible la inscripci髇 deber醤 concurrir, adem醩, los requisitos para la validez o eficacia del reconocimiento exigidos por la legislaci髇 civil.�

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• Cuatro. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 71, que queda redactado como sigue:

  �2. Tambi閚 se inscribir� la extinci髇, privaci髇, suspensi髇 y recuperaci髇 de la patria potestad.�

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• Cinco. Se modifica el t韙ulo y el apartado 1 del art韈ulo 72:

  獳rt韈ulo 72 Resoluci髇 judicial de provisi髇 de apoyos y declaraci髇 del concurso de persona f韘ica

  1. La resoluci髇 judicial dictada en un procedimiento de provisi髇 de apoyos, as� como la que la deje sin efecto o la modifique, se inscribir醤 en el registro individual de la persona con discapacidad. La inscripci髇 expresar� la extensi髇 y l韒ites de las medidas judiciales de apoyo.

  Asimismo, se inscribir� cualquier otra resoluci髇 judicial sobre las medidas de apoyo a personas con discapacidad.�

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• Seis. El art韈ulo 73 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 73 Oponibilidad de las resoluciones

  Las resoluciones a que se refiere el art韈ulo anterior solo ser醤 oponibles frente a terceros cuando se hayan practicado las oportunas inscripciones.�

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• Siete. Se modifica el texto del art韈ulo 75 con el tenor que se indica a continuaci髇:

  玈e inscribir� en el registro individual del menor en situaci髇 de desamparo la sujeci髇 a la tutela por la entidad p鷅lica a la que, en el respectivo territorio, est� encomendada la protecci髇 de los menores por la legislaci髇 que resulte aplicable.�

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• Ocho. El art韈ulo 77 queda modificado como sigue:

  獳rt韈ulo 77 Inscripci髇 de medidas de apoyo voluntarias

  Es inscribible en el registro individual del interesado el documento p鷅lico que contenga las medidas de apoyo previstas por una persona respecto de s� misma o de sus bienes.�

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• Nueve. Se introduce un nuevo literal b) en el apartado 1 del art韈ulo 83 con la siguiente redacci髇, pasando las actuales letras b) a e) a ser c) a f):
  • 玝) La discapacidad y las medidas de apoyo.�
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• Diez. El primer p醨rafo del art韈ulo 84 queda modificado como sigue:

  玈髄o el inscrito o sus representantes legales, quien ejerza el apoyo y que est� expresamente autorizado, el apoderado preventivo general o el curador en el caso de una persona con discapacidad podr醤 acceder o autorizar a terceras personas la publicidad de los asientos que contengan datos especialmente protegidos en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan. Las Administraciones P鷅licas y los funcionarios p鷅licos podr醤 acceder a los datos especialmente protegidos del apartado 1.b) del art韈ulo 83 cuando en el ejercicio de sus funciones deban verificar la existencia o el contenido de medidas de apoyo.�

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Art韈ulo s閜timo Modificaci髇 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci髇 Voluntaria

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci髇 Voluntaria queda modificada como sigue:

• Uno. Se a馻de un nuevo art韈ulo 7 bis con el contenido siguiente:

  獳rt韈ulo 7 bis Ajustes para personas con discapacidad

  1. En los procesos a los que se refiere esta Ley en los que participen personas con discapacidad se realizar醤 las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participaci髇 en condiciones de igualdad.

  Dichas adaptaciones y ajustes se realizar醤, tanto a petici髇 de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicaci髇. Las adaptaciones podr醤 venir referidas a la comunicaci髇, la comprensi髇 y la interacci髇 con el entorno.

  2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuaci髇 que deba llevarse a cabo. A tal fin:

  • a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se har醤 en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus caracter韘ticas personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura f醕il. Si fuera necesario, la comunicaci髇 tambi閚 se har� a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jur韉ica.
  • b) Se facilitar� a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluir� la interpretaci髇 en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicaci髇 oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
  • c) Se permitir� la participaci髇 de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptaci髇 y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
  • d) La persona con discapacidad podr� estar acompa馻da de una persona de su elecci髇 desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.�
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• Dos. Se da nueva redacci髇 al art韈ulo 27, que queda del siguiente tenor:

  �1. Se aplicar醤 las disposiciones de este cap韙ulo en los casos en que proceda conforme a la ley el nombramiento de un defensor judicial de menores o personas con discapacidad.

  2. Tambi閚 se aplicar醤 las disposiciones de este cap韙ulo en los casos en que proceda la habilitaci髇 y ulterior nombramiento de defensor judicial. Se instar� la habilitaci髇 cuando el menor no emancipado o la persona con discapacidad, siendo demandado o sigui閚dosele gran perjuicio de no promover la demanda, se encuentre en alguno de los casos siguientes:

  • a) Hallarse los progenitores, tutor o persona designada para ejercer el apoyo ausentes ignor醤dose su paradero, sin que haya motivo racional bastante para creer pr髕imo su regreso.
  • b) Negarse ambos progenitores, tutor o persona designada para ejercer el apoyo a representar o asistir en juicio al menor o persona con discapacidad.
  • c) Hallarse los progenitores, tutor o persona designada para ejercer el apoyo en una situaci髇 de imposibilidad de hecho para la representaci髇 o asistencia en juicio.

  3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se nombrar� defensor judicial al menor o persona con discapacidad, sin necesidad de habilitaci髇 previa, para litigar contra sus progenitores, tutor o curador, o para instar expedientes de jurisdicci髇 voluntaria, o cuando se hallare legitimado para ello cuando se inste por el Ministerio Fiscal un procedimiento para la adopci髇 de medidas de apoyo respecto de la persona con discapacidad. No proceder� la solicitud si el otro progenitor o tutor, si lo hubiere, no tuviera un inter閟 opuesto al menor o persona con discapacidad.�

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• Tres. Se incorpora un nuevo Cap韙ulo III bis al T韙ulo II con la siguiente r鷅rica y contenido:

  獵AP蚑ULO III bis
  Del expediente de provisi髇 de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad

  Art韈ulo 42 bis a 羗bito de aplicaci髇, competencia, legitimaci髇 y postulaci髇

  1. Cuando sea pertinente la provisi髇 de alguna medida judicial de apoyo de car醕ter estable a una persona con discapacidad, se seguir醤 los tr醡ites previstos en el presente cap韙ulo.

  2. Ser� competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde resida la persona con discapacidad.

  Si antes de la celebraci髇 de la comparecencia se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona a que se refiera el expediente, se remitir醤 las actuaciones al Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.

  3. Podr� promover este expediente el Ministerio Fiscal, la propia persona con discapacidad, su c髇yuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situaci髇 de hecho asimilable y sus descendientes, ascendientes o hermanos.

  Cualquier persona est� facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de una situaci髇 que requiera la adopci髇 judicial de medidas de apoyo. Las autoridades y funcionarios p鷅licos que, por raz髇 de sus cargos, conocieran la existencia de dichos hechos respecto de cualquier persona, deber醤 ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. En ambos casos, este iniciar� el presente expediente.

  4. La persona con discapacidad podr� actuar con su propia defensa y representaci髇. Si no fuera previsible que proceda a realizar por s� misma tal designaci髇, con la solicitud se pedir� que se le nombre un defensor judicial, quien actuar� por medio de Abogado y Procurador.

  5. El letrado de la Administraci髇 de Justicia realizar� las adaptaciones y los ajustes necesarios para que la persona con discapacidad comprenda el objeto, la finalidad y los tr醡ites del expediente que le afecta, conforme a lo previsto en el art韈ulo 7 bis de esta Ley.

  Art韈ulo 42 bis b Procedimiento

  1. A la solicitud se acompa馻r醤 los documentos que acrediten la necesidad de la adopci髇 de medidas de apoyo, as� como un dictamen pericial de los profesionales especializados de los 醡bitos social y sanitario, que aconsejen las medidas de apoyo que resulten id髇eas en cada caso. Asimismo, se propondr醤 aquellas pruebas que se considere necesario practicar en la comparecencia.

  2. Admitida a tr醡ite la solicitud por el letrado de la Administraci髇 de Justicia, este convocar� a la comparecencia al Ministerio Fiscal, a la persona con discapacidad y, en su caso, a su c髇yuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situaci髇 de hecho asimilable y a sus descendientes, ascendientes o hermanos. Los interesados podr醤 proponer en el plazo de cinco d韆s desde la recepci髇 de la citaci髇 aquellas diligencias de prueba que consideren necesario practicar en la comparecencia. Tambi閚 se recabar� certificaci髇 del Registro Civil y, en su caso, de otros Registros p鷅licos que se consideren pertinentes, sobre las medidas de apoyo inscritas.

  La autoridad judicial antes de la comparecencia podr� recabar informe de la entidad p鷅lica que, en el respectivo territorio, tenga encomendada la funci髇 de promoci髇 de la autonom韆 y asistencia a las personas con discapacidad, o de una entidad del tercer sector de acci髇 social debidamente habilitada como colaboradora de la Administraci髇 de Justicia. La entidad informar� sobre las eventuales alternativas de apoyo y sobre las posibilidades de prestarlo sin requerir la adopci髇 de medida alguna por la autoridad judicial.

  Asimismo, la autoridad judicial podr� ordenar antes de la comparecencia un dictamen pericial, cuando as� lo considere necesario atendiendo a las circunstancias del caso.

  3. En la comparecencia se proceder� a celebrar una entrevista entre la autoridad judicial y la persona con discapacidad, a quien, a la vista de su situaci髇, podr� informar acerca de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precisa, bien sea mediante su entorno social o comunitario, o bien a trav閟 del otorgamiento de medidas de apoyo de naturaleza voluntaria.

  Asimismo, se practicar醤 aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y resulten admitidas y, en todo caso, se oir� a las personas que hayan comparecido y manifiesten su voluntad de ser o韉as.

  4. Si, tras la informaci髇 ofrecida por la autoridad judicial, la persona con discapacidad opta por una medida alternativa de apoyo, se pondr� fin al expediente.

  5. La oposici髇 de la persona con discapacidad a cualquier tipo de apoyo, la oposici髇 del Ministerio Fiscal o la oposici髇 de cualquiera de los interesados en la adopci髇 de las medidas de apoyo solicitadas pondr� fin al expediente, sin perjuicio de que la autoridad judicial pueda adoptar provisionalmente las medidas de apoyo de aquella o de su patrimonio que considere convenientes. Dichas medidas podr醤 mantenerse por un plazo m醲imo de treinta d韆s, siempre que con anterioridad no se haya presentado la correspondiente demanda de adopci髇 de medidas de apoyo en juicio contencioso.

  No se considerar� oposici髇 a los efectos se馻lados en el p醨rafo anterior la relativa 鷑icamente a la designaci髇 como curador de una persona concreta.

  Art韈ulo 42 bis c). Auto y posterior revisi髇 de las medidas judicialmente acordadas

  1. Las medidas que se adopten en el auto que ponga fin al expediente deber醤 ser conformes a lo dispuesto en la legislaci髇 civil aplicable sobre esta cuesti髇. Tales medidas ser醤 objeto de revisi髇 peri骴ica en el plazo y la forma en que disponga el auto que las hubiera acordado, debiendo seguirse el tr醡ite contemplado en este art韈ulo.

  Cualquiera de las personas mencionadas en el apartado 3 del art韈ulo 42 bis a), as� como quien ejerza el apoyo, podr� solicitar la revisi髇 de las medidas antes de que transcurra el plazo previsto en el auto.

  2. El Juzgado que dict� las medidas ser� tambi閚 competente para conocer de la citada revisi髇, siempre que la persona con discapacidad permanezca residiendo en la misma circunscripci髇. En caso contrario, el Juzgado de la nueva residencia habr� de pedir un testimonio completo del expediente al Juzgado que anteriormente conoci� del mismo, que lo remitir� en los diez d韆s siguientes a la solicitud.

  3. En la revisi髇 de las medidas, la autoridad judicial recabar� un dictamen pericial cuando as� lo considere necesario atendiendo a las circunstancias del caso, se entrevistar� con la persona con discapacidad y ordenar� aquellas otras actuaciones que considere necesarias. A estos efectos, la autoridad judicial podr� recabar informe de las entidades a las que se refiere el apartado 2 del art韈ulo 42 bis b). Del resultado de dichas actuaciones se dar� traslado a la persona con discapacidad, a quien ejerza las funciones de apoyo, al Ministerio Fiscal y a los interesados personados en el expediente previo, a fin de que puedan alegar lo que consideren pertinente en el plazo de diez d韆s, as� como aportar la prueba que estimen oportuna. Si alguno de los mencionados formulara oposici髇, se pondr� fin al expediente y se podr� instar la revisi髇 de las medidas conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  4. Recibidas las alegaciones y practicada la prueba, la autoridad judicial dictar� nuevo auto con el contenido que proceda atendiendo a las circunstancias concurrentes.�

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• Cuatro. Se modifica el texto del art韈ulo 43 en los siguientes t閞minos:

  �1. Ser� competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con discapacidad.

  2. El 髍gano judicial que haya conocido de un expediente sobre tutela, curatela o guarda de hecho, ser� competente para conocer de todas las incidencias, tr醡ites y adopci髇 de medidas o revisiones posteriores, siempre que el menor o persona con discapacidad resida en la misma circunscripci髇. En caso contrario, para conocer de alguna de esas incidencias, ser� preciso que se pida testimonio completo del expediente al Juzgado que anteriormente conoci� del mismo, el cual lo remitir� en los diez d韆s siguientes a la solicitud.

  3. En estos expedientes no ser� preceptiva la intervenci髇 de abogado y procurador, salvo en los relativos a la remoci髇 del tutor o curador y a la extinci髇 de poderes preventivos, en los que ser� necesaria la intervenci髇 de abogado.�

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• Cinco. Se modifica la redacci髇 del art韈ulo 44 con el texto que se indica:

  獳rt韈ulo 44 羗bito de aplicaci髇

  1. Se aplicar� lo dispuesto en esta secci髇 para la tramitaci髇 de los expedientes relativos a la tutela y la curatela.

  2. El expediente al que se refiere el art韈ulo siguiente solamente ser� aplicable a la curatela cuando, tras la tramitaci髇 de un proceso sobre la adopci髇 de medidas judiciales de apoyo a una persona con discapacidad, sea procedente el nombramiento de un nuevo curador, en sustituci髇 de otro removido o fallecido.�

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• Seis. En el art韈ulo 45, se modifican el apartado 1, el segundo p醨rafo del apartado 2, el segundo p醨rafo del apartado 4, el apartado 5 y el segundo p醨rafo del apartado 6, con el texto que se indica a continuaci髇:

  �1. El expediente se iniciar� mediante solicitud presentada por el Ministerio Fiscal o por cualquiera de las personas legalmente indicadas para promover la tutela o curatela. En ella deber� expresarse el hecho que d� lugar a una u otra, acompa馻ndo los documentos acreditativos de la legitimaci髇 para promover el expediente e indicando los parientes m醩 pr髕imos de la persona respecto a la que deba constituirse la tutela o curatela y sus domicilios. Igualmente deber� acompa馻rse certificado de nacimiento de esta y, en su caso, el certificado de 鷏timas voluntades de los progenitores, el testamento o documento p鷅lico notarial otorgado por estos en los que se disponga sobre la tutela o curatela de sus hijos menores, o el documento p鷅lico notarial otorgado por la propia persona con discapacidad en el que se hubiera dispuesto en previsi髇 sobre su propia curatela u otras medidas de apoyo voluntarias.�

  �2. (...)

  Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuar醤 de oficio en inter閟 del menor y respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad en lo que conste, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias, informes periciales y pruebas que estimen oportunas.�

  �4. (...)

  Cuando corresponda de acuerdo con la legislaci髇 civil aplicable, en la resoluci髇 por la que se constituya la tutela o curatela u otra posterior, el Juez podr� acordar las medidas de vigilancia y control oportunas, as� como exigir al tutor o curador informe sobre la situaci髇 personal del menor o persona con discapacidad y el estado de la administraci髇 de sus bienes. Si se adoptaren en resoluci髇 posterior, se oir� previamente al tutor o curador, al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s, a la persona respecto a la que deba constituirse la curatela y al Ministerio Fiscal.�

  �5. El Juez, en la resoluci髇 por la que constituya la tutela o curatela o en otra posterior, podr� exigir al tutor o curador de modo excepcional la constituci髇 de fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo determinar, en tal caso, la modalidad y cuant韆 de la misma.

  Tambi閚 podr� con posterioridad, de oficio o a instancia de parte interesada, dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la fianza que se hubiera prestado, tras haber o韉o al tutor o curador, a la persona con discapacidad que precise medidas de apoyo, al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si tuviere m醩 de doce a駉s, y al Ministerio Fiscal.�

  �6. (...)

  Durante la sustanciaci髇 del recurso, e incluso si se instara un proceso ordinario posterior sobre el mismo objeto, quedar� a cargo del tutor o curador electo, en su caso, el cuidado del menor o persona con discapacidad y la administraci髇 de su caudal, seg鷑 proceda, bajo las garant韆s que parecieren suficientes al Juez.�

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• Siete. En el art韈ulo 46 se modifican el apartado 2, el apartado 3 y el apartado 4, con el texto que se indica:

  �2. Prestada la fianza, si se hubiera exigido, el Juez la declarar� suficiente y acordar� en la misma resoluci髇 las inscripciones, dep髎itos, medidas o diligencias que considere conveniente para la eficacia de la fianza y conservaci髇 de los bienes del menor o persona con discapacidad.�

  3. Practicadas todas las diligencias acordadas, el nombrado aceptar� en acta otorgada ante el letrado de la Administraci髇 de Justicia la obligaci髇 de cumplir los deberes de su cargo conforme a las leyes y este acordar� dar posesi髇 del cargo, le conferir� las facultades establecidas en la resoluci髇 judicial que acord� su nombramiento y le entregar� certificaci髇 de esta.

  4. Cuando el nombrado lo fuera para el cargo de tutor o administrador de los bienes, le requerir� para que presente el inventario de los bienes de la persona afectada en el plazo de los sesenta d韆s siguientes. Hasta que se apruebe el inventario de bienes, en su caso, la persona nombrada quedar� a cargo del cuidado del menor o persona con discapacidad y de la administraci髇 de su caudal, seg鷑 proceda, bajo las garant韆s que parecieren suficientes al Juez.�

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• Ocho. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 48 con la siguiente redacci髇:

  �1. Una vez firme la resoluci髇 por la que se constituya la tutela o se haya dictado sentencia en el procedimiento de provisi髇 de apoyos, si el tutor o curador solicitare la retribuci髇 a que tienen derecho, el Juez la acordar�, fijando su importe y el modo de percibirla tomando en consideraci髇 la complejidad y la extensi髇 de las funciones encomendadas y el valor y la rentabilidad de los bienes del interesado. La decisi髇 se adoptar� despu閟 de o韗 al solicitante, a la persona con discapacidad, al menor si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s, al Ministerio Fiscal y a cuantas personas considere oportuno. Tanto el Juez como los interesados o el Ministerio Fiscal podr醤 proponer las diligencias, informes periciales y pruebas que estimen oportunas.

  El auto a que se refiere este art韈ulo se ejecutar� sin perjuicio del recurso de apelaci髇, que no producir� efectos suspensivos.�

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• Nueve. Se modifica el p醨rafo primero del apartado 1 del art韈ulo 49:

  �1. En los casos previstos por la legislaci髇 civil aplicable, de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal, del tutelado, del sujeto a curatela o de otra persona interesada, se podr� acordar la remoci髇 del tutor o del curador, previa celebraci髇 de comparecencia. En esta se oir� al tutor o curador, a las personas que puedan sustituirle en el cargo, a la persona con discapacidad, al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce a駉s, y al Ministerio Fiscal.�

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• Diez. Los apartados 1, 2 y 3 del art韈ulo 51 se modifican con el texto que se indica:

  �1. De acuerdo con la legislaci髇 civil aplicable o con la resoluci髇 judicial correspondiente, el tutor o curador presentar�, en su caso, informes sobre la situaci髇 personal del menor o persona con discapacidad, o de rendiciones de cuentas.

  2. Presentados los informes, el letrado de la Administraci髇 de Justicia los trasladar� a la persona con discapacidad, al menor si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce a駉s, a aquellos que aparecieran como interesados en el expediente y al Ministerio Fiscal. Si alguno de los anteriormente mencionados lo solicitara en el plazo de diez d韆s, se citar� a todos ellos a una comparecencia, pudi閚dose proponer de oficio o a instancia de parte las diligencias y pruebas que se estimen oportunas.

  Tambi閚 podr� ordenar el Juez de oficio, a costa del patrimonio del tutelado o asistido, una prueba pericial contable o de auditor韆 aun cuando nadie haya solicitado la comparecencia, si en el informe se describieran operaciones complejas o que requieran una justificaci髇 t閏nica.

  3. Celebrada o no la comparecencia, el juez resolver� por medio de auto sobre los informes y la rendici髇 de cuentas.�

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• Once. Se a馻de un art韈ulo 51 bis con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 51 bis Extinci髇 de los poderes preventivos

  1. Cualquier persona legitimada para instar el procedimiento de provisi髇 de apoyos y el curador, si lo hubiere, podr醤 instar la extinci髇 de los poderes preventivos otorgados por la persona con discapacidad, si en el apoderado concurre alguna de las causas previstas para la remoci髇 del curador.

  2. Admitida la solicitud, se citar� a la comparecencia al solicitante, al apoderado, a la persona con discapacidad que precise apoyo y al Ministerio Fiscal. Si se suscitare oposici髇, el expediente se har� contencioso y el letrado de la Administraci髇 de Justicia citar� a los interesados a una vista, continuando la tramitaci髇 con arreglo a lo previsto en el juicio verbal.�

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• Doce. En el art韈ulo 52, se modifican los apartados 1 y 2 y se a馻de un nuevo apartado 3, seg鷑 se indica a continuaci髇:

  �1. A instancia del Ministerio Fiscal, de la persona que precise medidas de apoyo o de cualquiera que tenga un inter閟 leg韙imo, la autoridad judicial que tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podr� requerirle para que informe de la situaci髇 de la persona y bienes del menor o de la persona con discapacidad y de su actuaci髇 en relaci髇 con los mismos.

  2. El Juez podr� establecer las medidas de control y de vigilancia que estime oportunas, sin perjuicio de promover expediente para la constituci髇 de la tutela en el caso de los menores, si procediera. Tales medidas se adoptar醤, previa comparecencia, citando a la persona a quien afecte la guarda de hecho, al guardador y al Ministerio Fiscal.

  3. En los casos en que, de acuerdo con la legislaci髇 civil aplicable, el guardador de hecho de una persona con discapacidad deba solicitar autorizaci髇 judicial, antes de tomar una decisi髇, la autoridad judicial entrevistar� por s� misma a la persona con discapacidad y podr� solicitar un informe pericial para acreditar la situaci髇 de esta. Tambi閚 podr� citar a la comparecencia a cuantas personas considere necesario o韗 en funci髇 del acto cuya autorizaci髇 se solicite.�

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• Trece. Se modifica el art韈ulo 61 con el texto que se indica a continuaci髇:

  獳rt韈ulo 61. 羗bito de aplicaci髇.

  Se aplicar醤 las disposiciones de este Cap韙ulo en todos los casos en que el representante legal del menor o la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad o el administrador de un patrimonio protegido necesite autorizaci髇 o aprobaci髇 judicial para la validez de actos de disposici髇, gravamen u otros que se refieran a sus bienes o derechos o al patrimonio protegido, salvo que hubiera establecida una tramitaci髇 espec韋ica.�

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• Catorce. Se modifica el art韈ulo 62 con el siguiente texto:

  獳rt韈ulo 62 Competencia, legitimaci髇 y postulaci髇

  1. Ser� competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera Instancia de la residencia del menor o persona con discapacidad. Si antes de la celebraci髇 de la comparecencia se produjera un cambio de la residencia habitual de la persona a que se refiera el expediente, se remitir醤 las actuaciones al Juzgado correspondiente en el estado en que se hallen.

  2. Podr醤 promover este expediente quienes ostenten la representaci髇 legal del menor o ejerzan el apoyo a la persona con discapacidad a los fines de realizar el acto jur韉ico de que se trate, as� como la propia persona con discapacidad de conformidad con las medidas de apoyo establecidas.

  Cuando se trate de la administraci髇 de bienes o derechos determinados, con facultades concretas sobre los mismos, conferida por su transmitente a t韙ulo gratuito a favor de quien no ostente la representaci髇 legal, o cuando se ejerzan separadamente la tutela o curatela de la persona y la de los bienes deber� solicitar la autorizaci髇, si fuere precisa, el administrador designado por el transmitente o el tutor de los bienes.

  Si el acto fuera respecto a los bienes del patrimonio protegido, el legitimado ser� su administrador.

  3. No ser� preceptiva la intervenci髇 de abogado ni procurador siempre que el valor del acto para el que se inste el expediente no supere los 6.000 euros. Cuando lo supere, la solicitud inicial podr� realizarse sin necesidad de ambos profesionales, sin perjuicio de que el Juez pueda ordenar la actuaci髇 de todos los interesados por medio de abogado cuando la complejidad de la operaci髇 as� lo requiera o comparezcan sujetos con intereses enfrentados.�

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• Quince. Se modifica el art韈ulo 64, con el siguiente texto:

  獳rt韈ulo 64 Tramitaci髇

  1. Admitida a tr醡ite la solicitud por el letrado de la Administraci髇 de Justicia, este citar� a comparecencia al Ministerio Fiscal, as� como a todas las personas que, seg鷑 los distintos casos, exijan las leyes y, en todo caso, a la persona con discapacidad y al menor que tenga suficiente madurez y, en todo caso, cuando sea mayor de doce a駉s.

  2. Cuando proceda dictamen pericial, se acordar� de oficio o a instancia de parte, y se emitir� antes de celebrarse la comparecencia, debiendo citarse a ella al perito o peritos que lo hubiesen emitido, si as� se acordara, para responder a las cuestiones que le planteen tanto los intervinientes como el Juez.�

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• Diecis閕s. Se suprime el apartado 2 y se modifica el apartado 4 del art韈ulo 65, con el texto que se indica:

  �4. Si se autorizare la realizaci髇 de alg鷑 acto de gravamen sobre bienes o derechos que pertenezcan al menor o persona con discapacidad o la extinci髇 de derechos reales a ellos pertenecientes, se ordenar� seguir las mismas formalidades establecidas para la venta, con exclusi髇 de la subasta.�

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• Diecisiete. Se da nueva redacci髇 a la Secci髇 3.� del Cap韙ulo II del T韙ulo III con el texto que se indica:

  玈ecci髇 3
  De las medidas de protecci髇 relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administraci髇 de los bienes del menor o persona con discapacidad

  Art韈ulo 87 羗bito de aplicaci髇, competencia y legitimaci髇

  1. Se aplicar醤 las disposiciones de esta Secci髇 para adoptar medidas en relaci髇 al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de menores o personas con discapacidad o a la administraci髇 de sus bienes en los casos a que se refieren los art韈ulos 158, 164, 165, 167, 200 y 249 del C骴igo Civil o a las disposiciones an醠ogas de la legislaci髇 civil aplicable. Y en concreto:

  • a) Para la adopci髇 de las medidas de protecci髇 de los menores establecidas en el art韈ulo 158 del C骴igo Civil.
  • b) Para la adopci髇 de las medidas previstas en el art韈ulo 249, 鷏timo p醨rafo, del C骴igo Civil en relaci髇 con las personas con discapacidad.
  • c) Para el nombramiento de un administrador judicial para la administraci髇 de los bienes adquiridos por el hijo por sucesi髇 en la que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad y no se hubiera designado por el causante persona para ello, ni pudiera tampoco desempe馻r dicha funci髇 el otro progenitor.
  • d) Para atribuir a los progenitores que carecieren de medios la parte de los frutos que en equidad proceda de los bienes adquiridos por el hijo por t韙ulo gratuito cuando el disponente hubiere ordenado de manera expresa que no fueran para los mismos, as� como de los adquiridos por sucesi髇 en que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad y de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educaci髇 o carrera.
  • e) Para la adopci髇 de las medidas necesarias para asegurar y proteger los bienes de los hijos, exigir cauci髇 o fianza para continuar los progenitores con su administraci髇 o incluso nombrar un administrador cuando la administraci髇 de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo.

  2. Ser� competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con discapacidad. No obstante, ser� competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que hubiera conocido del inicial:

  • a) Si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores o la atribuci髇 de la guarda y custodia de los hijos hubiera sido establecido por resoluci髇 judicial, as� como cuando estuvieran sujetos a tutela.
  • b) Cuando la medida de apoyo de la persona con discapacidad hubiera sido provista judicialmente.

  3. Las medidas a que se refiere este Cap韙ulo se adoptar醤 de oficio o a instancia del propio menor o persona con discapacidad, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal. Cuando se soliciten respecto de una persona con discapacidad, podr醤 adoptarse asimismo a instancia de cualquier interesado.

  Art韈ulo 88 Resoluci髇

  Si el Juez estimare procedente la adopci髇 de medidas, resolver� lo que corresponda designando persona o instituci髇 que, en su caso, haya de encargarse de la custodia del menor o del apoyo a la persona con discapacidad, adoptar� las medidas procedentes en el caso conforme a lo establecido en la legislaci髇 civil aplicable y podr� nombrar, si procediere, un defensor judicial.

  Art韈ulo 89 Actuaci髇 en casos de tutela y curatela

  En los casos de tutela del menor o curatela de la persona con discapacidad, el Juez que haya conocido del expediente remitir� testimonio de la resoluci髇 definitiva al que hubiese conocido del nombramiento de tutor o del curador, respectivamente, cuando sea uno distinto.�

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• Dieciocho. Se modifica la letra b) del art韈ulo 93.2 como sigue:
  • 玝) Los tutores, los curadores representativos y, en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos.�
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• Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 94 como sigue:

  �2. Podr醤 promover este expediente los llamados a la herencia y los acreedores del heredero que hubiera repudiado la herencia.

  Si los llamados fueran menores, podr醤 promoverlo quienes ostenten su representaci髇 y, en su defecto, el Ministerio Fiscal.

  Si se tratara de personas con discapacidad provistas de medidas de apoyo representativo para este tipo de actos podr醤 promoverlo los que ejerzan el apoyo.

  Asimismo, podr� promoverlo el defensor judicial si no se le hubiera dado la autorizaci髇 en el nombramiento.�

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• Veinte. Sustituci髇 de t閞minos.
  • 1. En el apartado X, p醨rafo 10 de la Exposici髇 de Motivos, en la r鷅rica del Cap韙ulo VII del T韙ulo II y en los art韈ulos 4, 18.2.4.�, 19, 23, 26, 40.2, 59, 60, 65.1 y 85, las expresiones 玴ersona con capacidad modificada judicialmente� y 玴ersona con la capacidad modificada judicialmente� se sustituyen por 玴ersona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica�.LE0000555976_20230302
  • 2. En los art韈ulos 28, 29 y 30 la expresi髇 玴ersonas con capacidad modificada judicialmente o a modificar� se sustituye por 玴ersona con discapacidad�.LE0000555976_20230302
  • 3. En la r鷅rica del Cap韙ulo VIII del T韙ulo II y en los art韈ulos 2.3, 5, y 90.5, la expresi髇 玴ersonas con capacidad modificada judicialmente� se sustituye por 玴ersonas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica�.LE0000555976_20230302
  • 4. En el art韈ulo 139.2 la expresi髇 玴ersonas con capacidad modificada judicialmente para la libre administraci髇 de sus bienes� se sustituye por 玴ersonas con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jur韉ica.�LE0000555976_20230302

Art韈ulo octavo Modificaci髇 del C骴igo de Comercio

El C骴igo de Comercio queda modificado como sigue:

• Uno. El art韈ulo 4 queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 4

  Tendr醤 capacidad para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores de edad y que tengan la libre disposici髇 de sus bienes.�

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• Dos. El art韈ulo 5 queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 5

  Los menores de dieciocho a駉s podr醤 continuar, por medio de sus guardadores, el comercio que hubieran ejercido sus padres o sus causantes. Si los guardadores carecieren de capacidad para comerciar, o tuvieran alguna incompatibilidad, estar醤 obligados a nombrar uno o m醩 factores que re鷑an las condiciones legales, quienes les suplir醤 en el ejercicio del comercio.�

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• Tres. El art韈ulo 234 queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 234

  En la liquidaci髇 de sociedades mercantiles en que tengan inter閟 personas menores de edad, obrar醤 el padre, madre o tutor de estas, seg鷑 los casos, con plenitud de facultades como en negocio propio, y ser醤 v醠idos e irrevocables, sin beneficio de restituci髇, todos los actos que dichos representantes otorgaren o consintieren por sus representados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquellos contraigan para con estos por haber obrado con dolo o negligencia.�

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Disposici髇 adicional primera R間imen de colaboraci髇 entre la Administraci髇 de Justicia y las entidades del Tercer Sector de Acci髇 Social

1. El Ministerio de Justicia o las Comunidades Aut髇omas que tengan transferidos los servicios en materia de administraci髇 de justicia podr醤 reconocer como entidades del Tercer Sector de Acci髇 Social colaboradoras de la Administraci髇 de Justicia a aquellas organizaciones o entidades que re鷑an los siguientes requisitos:

• a) Estar legalmente constituidas como entidades de 醡bito estatal o auton髆ico y, cuando proceda, debidamente inscritas en el correspondiente Registro administrativo de 醡bito estatal o auton髆ico en funci髇 del tipo de entidad de que se trate.
• b) Carecer de fines de lucro o invertir la totalidad de sus beneficios en el cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales.
• c) Desarrollar actividades de inter閟 general, considerando como tales, a estos efectos, el impulso del reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, as� como de los derechos econ髆icos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusi髇 social, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 2.1 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acci髇 Social.
• d) Cualquier otro que se disponga legal o reglamentariamente.

2. Las entidades del Tercer Sector de Acci髇 Social colaboradoras con la Administraci髇 de Justicia podr醤 desempe馻r las siguientes actuaciones:

• a) Informar, auxiliar, asistir, aportar conocimiento experto y, en general, cooperar con la Administraci髇 de Justicia en las materias propias de su 醡bito, en los t閞minos que se determine reglamentariamente.
• b) Actuar como interlocutores ante el departamento ministerial o auton髆ico responsable de la Justicia a trav閟 de sus 髍ganos de participaci髇 y consulta, en los t閞minos previstos en la normativa que resulte de aplicaci髇.
• c) Colaborar con la Administraci髇 de Justicia en el dise駉, desarrollo y aplicaci髇 de todo tipo de iniciativas, programas, medidas y acciones que redunden en la mejora del servicio p鷅lico de la Justicia y de la percepci髇 que la ciudadan韆 tiene del mismo.
• d) Cualquier otra que se determine reglamentariamente.

3. El procedimiento para el reconocimiento como entidades del Tercer Sector de Acci髇 Social colaboradoras de la Administraci髇 de Justicia y la concreci髇 de los derechos y obligaciones que dicho reconocimiento comporta se regular� reglamentariamente.

En todo caso, la resoluci髇 de reconocimiento como entidad del Tercer Sector de Acci髇 Social colaboradora con la Administraci髇 de Justicia, as� como su revocaci髇 ser醤 objeto de publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado� o en el diario oficial de la Comunidad Aut髇oma correspondiente.

Disposici髇 adicional segunda Formaci髇 en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jur韉ica

1. El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal韆 General del Estado, las Comunidades Aut髇omas y las entidades locales, en el 醡bito de sus respectivas competencias, asegurar醤 una formaci髇 general y espec韋ica, en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jur韉ica, en los cursos de formaci髇 de jueces y magistrados, fiscales, letrados de la Administraci髇 de Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, m閐icos forenses, personal al servicio de la Administraci髇 de Justicia y, en su caso, funcionarios de la Administraci髇 General del Estado, de las Comunidades Aut髇omas o de las entidades locales que desempe馿n funciones en esta materia.

2. Los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales impulsar醤 la formaci髇 y sensibilizaci髇 de sus colegiados en las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jur韉ica. Asimismo, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Espa馻 impulsar醤 la formaci髇 y sensibilizaci髇 en dichas medidas de Notarios y Registradores respectivamente.

Disposici髇 transitoria primera Privaciones de derechos actualmente existentes

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad, o de su ejercicio, quedar醤 sin efecto.

Disposici髇 transitoria segunda Situaci髇 de tutores, curadores, defensores judiciales y guardadores de hecho. Situaci髇 de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Situaci髇 de las declaraciones de prodigalidad

Los tutores, curadores, con excepci髇 de los curadores de los declarados pr骴igos, y defensores judiciales nombrados bajo el r間imen de la legislaci髇 anterior ejercer醤 su cargo conforme a las disposiciones de esta Ley a partir de su entrada en vigor. A los tutores de las personas con discapacidad se les aplicar醤 las normas establecidas para los curadores representativos, a los curadores de los emancipados cuyos progenitores hubieran fallecido o estuvieran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley y de los menores que hubieran obtenido el beneficio de la mayor edad se les aplicar醤 las normas establecidas para el defensor judicial del menor.

Quienes vinieran actuando como guardadores de hecho sujetar醤 su actuaci髇 a las disposiciones de esta Ley.

Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada continuar醤 ejerci閚dola hasta que se produzca la revisi髇 a la que se refiere la disposici髇 transitoria quinta.

Las medidas derivadas de las declaraciones de prodigalidad adoptadas de acuerdo con la legislaci髇 anterior continuar醤 vigentes hasta que se produzca la revisi髇 prevista en la disposici髇 transitoria quinta. Hasta ese momento, los curadores de los declarados pr骴igos continuar醤 ejerciendo sus cargos de conformidad con la legislaci髇 anterior.

Disposici髇 transitoria tercera Previsiones de autotutela, poderes y mandatos preventivos

Las previsiones de autotutela se entender醤 referidas a la autocuratela y se regir醤 por la presente Ley.

Los poderes y mandatos preventivos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley quedar醤 sujetos a esta. No obstante, cuando, en virtud del art韈ulo 259, se apliquen al apoderado las reglas establecidas para la curatela, quedar醤 excluidas las correspondientes a los art韈ulos 284 a290 del C骴igo Civil.

Cuando la persona otorgante quiera modificarlos o completarlos, el Notario, en el cumplimiento de sus funciones, si fuera necesario, habr� de procurar que aquella desarrolle su propio proceso de toma de decisiones ayud醤dole en su comprensi髇 y razonamiento y facilitando que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias.

Disposici髇 transitoria cuarta Sustituciones realizadas en virtud del art韈ulo 776 del C骴igo Civil

Cuando se hubiera nombrado sustituto en virtud del art韈ulo 776 del C骴igo Civil, en el caso de que la persona sustituida hubiera fallecido con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se aplicar� lo previsto en esta y, en consecuencia, la sustituci髇 dejar� de ser ejemplar, sin que pueda suplir el testamento de la persona sustituida. No obstante, la sustituci髇 se entender� como una sustituci髇 fideicomisaria de residuo en cuanto a los bienes que el sustituyente hubiera transmitido a t韙ulo gratuito a la persona sustituida.

Disposici髇 transitoria quinta Revisi髇 de las medidas ya acordadas

Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pr骴igos, los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podr醤 solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisi髇 de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta. La revisi髇 de las medidas deber� producirse en el plazo m醲imo de un a駉 desde dicha solicitud.

Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud mencionada en el p醨rafo anterior, la revisi髇 se realizar� por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo m醲imo de tres a駉s.

Disposici髇 transitoria sexta Procesos en tramitaci髇

Los procesos relativos a la capacidad de las personas que se est閚 tramitando a la entrada en vigor de la presente Ley se regir醤 por lo dispuesto en ella, especialmente en lo que se refiere al contenido de la sentencia, conservando en todo caso su validez las actuaciones que se hubieran practicado hasta ese momento.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley.

2. En particular, queda derogada toda regulaci髇 de la prodigalidad contenida en cualquier norma del ordenamiento jur韉ico.

3. As� mismo, quedan derogados expresamente los art韈ulos 299 bis y 301 a324 del C骴igo Civil.

LE0000013389_20230302

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal

Se modifica la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el primer p醨rafo de la regla 1.� del art韈ulo 118, que queda redactado como sigue:

  �1.� En los casos de los n鷐eros 1.� y 3.�, son tambi閚 responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal, quienes ejerzan su apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los inimputables.�

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• Dos. Se modifica el ordinal 1.� del art韈ulo 120, que queda redactado como sigue:

  �1.� Los curadores con facultades de representaci髇 plena que convivan con la persona a quien prestan apoyo, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.�

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• Tres. Se modifica la disposici髇 adicional primera, que queda redactada como sigue:

  獵uando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir alguna de las causas previstas en los n鷐eros 1.� y 3.� del art韈ulo 20, el Ministerio Fiscal evaluar�, atendiendo a las circunstancias del caso, la procedencia de promover un proceso para la adopci髇 judicial de medidas de apoyo a la persona con discapacidad o, en el supuesto de que tales medidas hubieran sido ya anteriormente acordadas, para su revisi髇.�

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Disposici髇 final segunda T韙ulos competenciales

La presente Ley se dicta al amparo de los siguientes t韙ulos competenciales:

Los art韈ulos primero, tercero y sexto se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de ordenaci髇 de los registros e instrumentos p鷅licos, conforme al art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇.

Los art韈ulos segundo y quinto y las disposiciones transitoria primera, segunda y tercera se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de legislaci髇 civil, conforme al art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇.

Los art韈ulos cuarto y s閜timo, as� como las disposiciones transitorias quinta y sexta se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de legislaci髇 procesal, de acuerdo con el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇.

Las disposiciones adicionales se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de Administraci髇 de Justicia, de acuerdo con el 149.1.5.� de la Constituci髇.

La disposici髇 final primera se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de legislaci髇 penal, de acuerdo con el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇.

Disposici髇 final tercera Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor a los tres meses de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.