Bajo el lema "Unidos por el servicio público" la ciudad de Córdoba acogió durante los días 26 y 27 de octubre el primer Congreso de la Abogacía Pública organizado conjuntamente por la Asociación de Abogados del Estado, el Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas, y la Asociación de Letrados de Entidades Locales. Un evento que contó con la estimable colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, así como de la empresa municipal de aguas de Córdoba (EMACSA), y el impulso de Aranzadi LA LEY. Más de doscientos letrados y letradas analizaron la actual situación de la abogacía pública, los retos a los que se enfrentan y las perspectivas de futuro en el desarrollo de las funciones de asesoramiento, representación y defensa de las Administraciones Públicas y sus entes instrumentales.
La inauguración oficial comenzó con la bienvenida de José María Bellido Roche, Alcalde de Córdoba, y las palabras de apertura y agradecimiento de los presidentes de las tres asociaciones organizadoras: Fernando Bertrán Girón, por la Abogacía del Estado, Luis Moll Fernández Fígares, por los Letrados de CCAA, y Jesús María Royo Crespo por los Letrados de Entidades Locales.
Tras esta apertura, la primera mesa se centró en la Intervención letrada en la contratación pública: incidencias durante la preparación, adjudicación y ejecución del contrato. Especial referencia en las empresas públicas de gestión de aguas, presentada por Jesús Manuel Coca López, Presidente EMACSA, y moderada por Irene Bonet Tous, Abogada del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Energía. Una mesa que contó con las ponencias de Mª Concepción Ordiz Fuertes, Presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; de Jorge González Cortade, Abogado del Estado (exc.) y responsable del área de Derecho Público y Regulatorio en Madrid en Écija; Francisco Javier Vázquez Matilla, Abogado especializado en Contratación Pública; y Joaquín María Barrón Tous, Presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
La segunda mesa del congreso se centró en conflictos y dudas en materia de tratamiento de datos: canal de denuncias, compliance y la prueba procesal en las administraciones públicas y sus sociedades mercantiles. Moderada por Lucía Pedreño Navarro, Abogada del Estado de la Subdirección General de los Servicios Contenciosos del Ministerio de Justicia. Contó con la participación de José María Ayala de la Torre. Abogado del Estado (exc.) y socio director de Ayala de la Torre Abogados; de Edmundo Bal Francés, Abogado del Estado del Departamento de lo Social de la Abogacía del Estado; Juan Vega Felgueroso, de la Agencia Valenciana Antifraude; y Leopoldo Gómez Zamora, Director adjunto Asesoría Jurídica Universidad Rey Juan Carlos.
La sesión vespertina fue eminentemente práctica y se reservó a los peligros del contrato menor, como evitarlos en las administraciones y sus entes instrumentales. Bajo la dirección de Pablo Enrique Ramírez Pino, Letrado de la Región de Murcia, contó con la participación de Isabel Santapau Martí, Letrada Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Gandía; de Rafael Domínguez Olivera, Abogado del Estado-Jefe Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Juan Carlos Gómez Condado, Interventor Delegado en la Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional; y Luis Manent Alonso, Abogado de la Generalitat, Coordinador en la Conselleria de Sanidad.
La jornada primera concluyó en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, lugar elegido para hacer la entrega de reconocimientos a las trayectorias profesionales más destacadas y que recayeron en Javier Vázquez Matilla, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba y Francisco Javier Zamora Zaragoza, Letrado de la Región de Murcia. Seguidamente y para confraternizar en un ambiente más distendido, se sirvió una Cena cocktail en las Caballerizas Reales.
Las intervenciones del segundo día de congreso se centraron en dar a conocer los retos de la asistencia letrada a empleados públicos, autoridades y personal de las sociedades públicas. Un diálogo moderado por Enrique Soler Santos, Letrado de la Comunidad de Madrid, y que contó con las ponencias de Eva Gutiérrez Casbas, Letrada en Diputación de Alicante; Fernando Bertrán Girón, Presidente de la Asociación de Abogados del Estado; y Diego García Paz, Letrado Jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid.
La segunda mesa del viernes se reservó para hablar sobre la relación procesal entre las abogacías públicas: colaboración vs enfrentamiento, contando con la participación de Víctor Ernesto Alonso Prada, Letrado coord. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; María Dorronsoro Alberdi, Abogada del Estado Jefe del área contencioso-administrativo; y José Luis Espelosín Audera, Letrado del Ayuntamiento de Zaragoza. Una conferencia arbitrada por Ana Barrachina Andrés. Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Finalmente, la última mesa se reservó para exponer las conclusiones del I Congreso de la Abogacía Pública, exposición que corrió a cargo de Francisco Javier Durán García, Letrado del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, y de Diego Pérez Martínez, Abogado del Estado, Director de la División Jurídico-Institucional de la AIReF. Tras lo cual, con las palabras de cierre de Miguel Aguilar Jiménez, Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, se puso de manifiesto no sólo el éxito de la convocatoria sino también el ánimo de que sea en un foro periódico en beneficio de la función pública y del servicio que presta a la ciudadanía.
