La Sala de lo Civil del TS (S 200/2015, Rec. 529/2013, Ponente: señor Seijas Quintana), ha dictado una sentencia de fecha 17 de abril de 2015, en la que estima el recurso de casación interpuesto por una comunidad de propietarios, que pretendía una indemnización por deficiencias constructivas, al considerar que la aseguradora no puede oponer cláusulas de exclusión de riesgos que tengan su fundamento en la causación dolosa del daño.

Afirma en su sentencia el TS que la aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por ministerio de la ley (art. 76 LCS) asume frente a la víctima (que no es parte del contrato) la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa.

Los hechos

La comunidad de propietarios demandante ejercitó acción contra la promotora, la constructora, el arquitecto y su aseguradora, al amparo del art. 1591 CC, dirigida obtener una indemnización por las deficiencias constructivas existentes en el edificio de aquella.

La sentencia de apelación, manteniendo la del Juzgado, absolvió a la aseguradora del arquitecto, porque se incluyó en la póliza la exclusión de cobertura en el caso de: "Daños producidos por la infracción o incumplimiento voluntario de las reglas del arte, normas y disposiciones en materia de medio ambiente o impacto ambiental, urbanismo, construcción o seguridad o salud que rigen las actividades profesionales aseguradas".

Se trata, dice, de una cláusula limitativa, debidamente aceptada, "que refuerza la exclusión de la cobertura con una concepción del dolo más amplia,…[] ha de estimarse la exclusión del siniestro, pues las groseras infracciones realizadas por el demandado a las normas reguladoras del urbanismo y la buena construcción no pueden sino ser tildadas de voluntarias en el sentido contractual".

El escrito de interposición del recurso de casación formalizado por la recurrente se articula en un motivo único: Infracción del art. 76 de la LCS .

El TS estima ahora el recurso de casación formulado por la demandante, casa la sentencia recurrida y condena a la aseguradora a responder solidariamente con su asegurado.

El criterio del TS

Los argumentos del TS para estimar el recurso se contienen en el fundamento de derecho Segundo en el que comienza señalando que, conforme a la doctrina jurisprudencial, frente a la acción directa del perjudicado del art. 76 LCS, la aseguradora solo puede oponer las excepciones objetivas emanadas de la Ley o de la voluntad de las partes, pero no las derivadas de la conducta del asegurado.

Y es que, al establecer dicho artículo que la acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador frente al asegurado, se ha configurado una acción especial, que deriva no solo del contrato sino de la ley, que si bien permite a la aseguradora oponer al perjudicado que el daño sufrido es la realización de un riesgo excluido en el contrato, no le autoriza a oponer aquellas cláusulas de exclusión de riesgos que tengan su fundamento en la especial gravedad de la conducta dañosa del asegurado, como es la causación dolosa del daño, "sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado"; derecho de repetición que sólo tiene sentido si se admite que el asegurador no puede oponer al perjudicado que el daño tuvo su origen en una conducta dolosa precisamente porque es obligación de la aseguradora indemnizar al tercero el daño que deriva del comportamiento doloso del asegurado.

El automático surgimiento del derecho de repetición frente al causante del daño salva el dogma de la inasegurabilidad del dolo: nadie puede asegurar las consecuencias de sus hechos intencionados. Faltaría la aleatoriedad característica el contrato de seguro.

Lo que hace la Ley, afirma el Tribunal, es introducir una norma socializadora y tuitiva (con mayor o menor acierto) que disciplina las relaciones de la aseguradora con la víctima del asegurado. La aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por ministerio de la ley (art. 76 LCS) asume frente a la víctima (que no es parte del contrato) la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa. “El asegurado que actúa dolosamente nunca se verá favorecido; pero la víctima tampoco se verá perjudicada.”

Por todo ello, el TS estima el recurso presentado por la comunidad de propietarios, casar y anular la sentencia recurrida en el sentido de condenar a la aseguradora al pago solidariamente con su asegurado.