El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata ha dictado auto de procedimiento abreviado en el conocido como “caso Pescanova” y considera que hay indicios para juzgar al expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa-Faro y la excúpula de la sociedad por delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior.

En el auto en el que pone fin a la instrucción, De la Mata considera que deben ser juzgadas por estos hechos un total de 19 personas como investigadas y 12 sociedades, entre ellas la propia Pescanova SA.

La resolución archiva la causa para César Mata, exconsejero de la compañía que presentó su dimisión el 13 de febrero del año pasado.

El magistrado del tribunal nacional señala que la situación de insolvencia que atravesaba Pescanova, holding con más de cuarenta sociedades participadas, motivó que en lugar de presentar la situación real, decidiera alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado.

Para ello, la compañía empleó prácticas contables irregulares con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales amañadas no quedaran registradas en su contabilidad, ni en sus cuentas anuales, ni tampoco en los informes y documentos que venían obligados a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

“Con estas prácticas los investigados minoraron indebidamente la deuda financiera a contabilizar por el Grupo Pescanova –constituida prácticamente por deuda con entidades de crédito- en cantidades muy importantes, lo que les permitía elaborar sus cuentas anuales y demás documentos contables e informativos consignando deliberadamente en ellos resultados positivos que no se correspondían con la realidad”, afirma De la Mata.

Procedimiento fraudulento

El juez define todas las prácticas contables y de financiación irregulares manejadas por los investigados para conseguir financiación por importes millonarios, si bien esa creciente deuda financiera no se consignaba luego en los balances del Grupo.

La financiación externa fue aumentando el nivel de endeudamiento hasta límites de riesgo muy elevados, y para sortear esa situación y seguir obteniendo financiación externa algunos responsables de Pescanova “decidieron realizar ciertas prácticas comerciales irregulares aún a sabiendas de que con ellas inevitablemente agravaban su situación financiera y patrimonial, la cual habrían de ocultar a su inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador”.

Falseamiento de cuentas

El magistrado desgrana en el auto cada uno de los delitos por los que se investigan los hechos. Respecto al falseamiento de cuentas anuales explica que los hechos acreditados apuntan a una presunta falsedad de las cuentas anuales de Pescanova SA entre por lo menos 2009 y 2011, dinámica que continuaba en las cuentas preparadas para 2012.

El tribunal presume que los administradores, junto con los auditores, habrían aprobado unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las compañías, ocultando la verdadera realidad económica.

Al actuar así, apunta el magistrado, proporcionaron públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial, hasta el punto de que, entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013, varios analistas financieros recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo de aquella información. Esta actuación provocó el consiguiente perjuicio para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada.

Falseamiento de información económica y financiera

El tribunal afirma que, en el espacio de tiempo indicado en el que se produjo el flujo de información presuntamente falseada, se produjo una operación de aumento de capital de Pescanova por la que se emitieron 9.290.464 nuevas acciones por un importe total de 124.956.740,80 €.

El folleto emitido para los inversores, según el juez, no reflejaba ni la información de solvencia publicitada y divulgada ni la situación económica financiera real de la sociedad.

De la Mata se ha pronunciado en relación a este comportamiento estableciendo que existen “indicios de que no sólo se habría producido esa falsa información al inversor, sino que se habría llegado a producir el resultado lesivo para este último”, ya que los accionistas “basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos”.

Delito de estafa

En lo relativo a este punto, señala el juez que muchos bancos y entidades financieras accedieron en ese período a financiar a Pescanova plenamente confiados en su solvencia reflejada en la información económica consignada en sus cuentas, así como en la realidad de las operaciones comerciales en las que se generaban las facturas y los efectos mercantiles que les presentaban para su descuento

Estos datos se hacían constar en las remesas que se les remitían periódicamente a los accionistas, operativa controlada por los altos ejecutivos de la empresa con la ayuda de los investigados Ángel González Domínguez, desde el Departamento de Contabilidad, y José Manuel Gil González desde el área financiera.

Estas personas se pusieron de acuerdo para utilizar una red de sociedades instrumentales en España, sin vinculación aparente ni estructura suficiente para llevar a cabo actividad comercial relevante, para emitir facturas falsas que posteriormente eran presentadas al descuento en entidades financieras, previa contrapartida de dejar en cuenta depósitos en efectivo.

La familia de Sousa, investigada

En otro auto, De la Mata abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública, de acuerdo con el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero.

De acuerdo con la investigación, el 29 de octubre de 2015 se bloquearon tres cuentas de los investigados en Andbank por un total de 3.266.385 dólares, 262.887 libras y 522.045 euros, correspondientes a diversos ingresos y sus rentabilidades.

El origen de estas cuentas es desconocido, de acuerdo con el juez, y añade que “permanecieron ocultas en todos momento a la hacienda pública española”.