Isabel Desviat.-  En una sentencia dictada el pasado 16 de febrero, el Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid ha estimado la demanda interpuesta por Mediapro contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Su pretensión, la de conseguir la nulidad del concurso, al considerar Mediapro que la convocatoria de una nueva licitación por parte de la RFEF en 2019, cuando ya había sido adjudicataria de la prestación del servicio en 1 de marzo de 2018 por un período de cuatro años, sería un hecho constitutivo de abuso de posición de dominio del art. 2 de la Ley de Defensa de la Competencia.

El juzgado, tras hacer un repaso de la normativa aplicable, recoge los hechos probados a través de la documentación aportada, concluyendo que la fase de implementación del VAR se concretó en un acuerdo entre ambas partes para que su vigencia fuera hasta el 30 de junio de 2019, y solo podría concluir en caso de mutuo acuerdo entre las partes. Dicho acuerdo no tuvo lugar, sino que la RFEF dio por terminada por vía de hecho dicho acuerdo al convocar la licitación.

Dicha actuación supuso un perjuicio objetivo a MEDIAPRO, que había sido designado proveedor tecnológico del VAR hasta fecha señalada. Esta actuación se vio además complementada por otras que supusieron la exclusión de la entidad del mercado, concretamente en lo relativo a las condiciones de la licitación, y en concreto al criterio de adjudicación sobre la experiencia en el sector.

Desproporción de criterios de adjudiciación

La sentencia hace una comparativa con las bases de licitación para la gestión del VAR en las ligas de fútbol francesa, inglesa y alemana. Concluye la existencia de una desproporción entre los dos criterios a tener en cuenta para la adjudicación en este caso, que daba mucho más valor en sus bases a la experiencia, y solo podía compensarse realizando una oferta económica muy por debajo del precio del mercado.

Dado que era notorio que la experiencia de la empresa Hawk-Eye por el número de ligas en que prestaba el servicio de VAR, era muy superior a la de MEDIAPRO, se concluye que la cláusula 7ª de las bases estaba preordenada para seleccionar a la empresa adjudicataria, o bien, para excluir de la adjudicación a la empresa Mediapro (tenía que haber realizado una oferta económica de casi 6 millones menos a la realizada por Hawk-Eye y casi cinco millones inferior a la realizada por ella misma).

El juez no anula el concurso

Aunque Mediapro había interesado en su demanda la declaración de nulidad del concurso de prestación del servicio de VAR, el juzgado niega dicha posibilidad. Y ello porque la sanción de nulidad no se recoge en los artículos 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 102 del TFUE, ambos relativos al abuso de posición de dominio. Aclara que no se está ante actos en sí mismo ilegales, sino de actos que, atendiendo a las circunstancias concurrentes, constituyen abuso.

Indemnización

Lo que sí estima el juzgado es la pretensión de resarcimiento de los daños y perjuicios causados a Mediapro por la actuación de la RFEF. Dicha indemnización se produce por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses. Estiman la pretensión indemnizatoria de 1.249.897 euros en atención a la reutilización de parte del material (el 70%) de la demandante que se utilizaba en la prestación del servicio, actualizándose el cálculo de lucro cesante.

A pesar de la estimación de la demanda, no hace condena en costas, debiendo cada parte abonar las suyas, y ello por presentar el caso serias dudas de derecho en lo que se refiere a la determinación del mercado de referencia. Además, la sentencia no es firme, pues cabe deducir recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.